Cuando Emile Zola escribió su famoso artículo “Yo Acuso”, denunciando el juicio amañado, fundado en testimonios y documentos falsos, mediante el cual se había condenado al capitán Dreyfus, la sociedad francesa reaccionó e impuso la verdad y la justicia, exigiendo y obteniendo la liberación y el reintegro a las filas del oficial, preso en la Isla del Diablo. Es que en la sociedad francesa de fines del siglo XIX prevalecía una fibra moral sólida.

La sociedad chilena actual carece de ella y se ha rendido al veredicto de magistrados prevaricadores y juicios amañados contra los oficiales y soldados que la libraron de un destino totalitario impuesto por terroristas de izquierda. Así, la inmoralidad ha pasado a reinar en la justicia chilena y los sucesivos Presidentes y la mayoría política la han cohonestado. El Ejecutivo actual ha pasado a ser cómplice activo de la prevaricación judicial, al haber interpuesto, durante la primera administración Piñera, dos tercios de las querellas contrarias a derecho con que se ha perseguido  a quienes plantaron cara —a pedido de la mayoría civil— al terrorismo armado.

Por eso un “Yo Acuso” ante las condenas en los juicios confesamente amañados del brigadier (r) Krassnoff no tiene destino en un país moralmente trucho como el Chile de hoy, que hace la vista gorda ante currículos inaceptables, boletas falsas, sobornos visibles y mentiras oficiales compartidas.

En el programa “El Informante” de TVN unos años atrás yo mismo obtuve la confesión del ministro sumariante Alejandro Solís, que ha impuesto la mayor parte de las condenas por 668 años y en 71 procesos amañados al brigadier Krassnoff, en el sentido de que las había fundado en “ficciones jurídicas”.

Esta confesión fue escandalosa, puesto que el primer deber de un juez es fundar en pruebas reales y no ficticias el delito y la responsabilidad del acusado. En los indebidos procesos que han condenado a Krassnoff, quien ya ha cumplido 18 años de presidio injusto, se han pasado a llevar todos los fundamentos del derecho penal universal: la presunción de inocencia, el principio de legalidad, el principio pro reo, la ley de amnistía, la prescripción, la cosa juzgada, las leyes regulatorias de la prueba y la igualdad ante la ley. Esto último porque Kassnoff y sus compañeros de infortunio han sido juzgados mediante un procedimiento distinto y considerado parcial e injusto, reemplazado por el hoy garantizado a los demás chilenos.

Por eso el hecho de que llame a escándalo que el hijo, hoy coronel en servicio activo y en trámite de retiro, de Miguel Krassnoff, haya agradecido un gesto de reconocimiento de sus pares a su padre, es en sí mismo escandaloso y revelador de que en Chile los cánones morales están gravemente menoscabados.

Por lo mismo es increíble que el ministro de Defensa, Alberto Espina, declare “inaceptable” ese gesto y llame al Ejército a la imposición de sanciones. Más increíble aún es que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, califique a Miguel Krassnoff como autor de “delitos de lesa humanidad”, tipo jurídico introducido al país en 2009, habiendo los actos que se le imputan ocurrido en 1973 – 1976 y siendo que la Constitución garantiza que “ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración”. Es que acá ya no imperan ni el derecho ni la moral.

Entonces el “Yo Acuso”, que permitió la reacción contra la injusticia y la mentira en una sociedad francesa de fines del siglo XIX regida por la moral, no puede cumplir ese fin rectificador en otra como la chilena actual, regida por la mentira oficial, con un gobernante cómplice de las consignas extremistas y dedicado a concretar la venganza que la justicia de izquierda ha practicado eficazmente, ya durante 28 años, contra los militares que salvaron al país del triunfo del proyecto totalitario marxista.

Hermógenes Pérez de Arce