– Actualmente, cualquier chileno que se defienda de una agresión ilegítima cuenta con la figura legal de la legítima defensa. La coyuntura política, empero, amenaza con despojar a los chilenos de ese derecho.

El país latinoamericano se encuentra a la espera de una propuesta de texto constitucional que en el transcurso de 2022 debería ser redactada por la Convención Constituyente, mayoritariamente de izquierda.

En los próximos días, el plazo para que la ciudadanía incorpore propuestas para la nueva constitución vencerá. Varios miles de propuestas fueron recibidas en las últimas semanas  por la Convención para ser publicadas y votadas en línea por la ciudadanía.

Sin embargo, a una semana del vencimiento del plazo, el organismo redactor de la Constitución rechazó todas aquellas propuestas que las organizaciones civiles plantearon relacionadas con el derecho a la defensa, sea con armas de fuego o no.

De este modo, el derecho humano a la defensa personal y familiar ante una agresión ilegítima podría desaparecer de Chile.

El argumento de la Unidad de Transparencia e Integración Pública de la Convención para rechazar las propuestas señala que éstas contravendrían tratados internacionales, en particular los artículos 4° y 5° de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Las posibilidades de que el derecho a la defensa personal y familiar se discuta y, de hecho exista en la nueva Constitución chilena, es ínfimo.

Al mismo tiempo, otras propuestas, en particular, algunas que pretenden la prohibición constitucional sobre la posesión de armas de fuego, sí han sido aceptadas por la mencionada Unidad de la Convención, y han sido abiertas al público para la recepción de apoyos.

Las políticas anti armas en Chile no son nuevas. La Ley que actualmente rige su control está por cumplir 50 años de existencia, desde su promulgación en 1972, la que incorporó la prohibición para civiles de posesión y uso de armas de fuego automáticas.

En los últimos 30 años, producto del endurecimiento de la normas para la posesión legal de armas, la venta de Chile se redujo 15 veces. Paralelamente, organismos internacionales alertan sobre la existencia de dos millones de armas ilegales en el país, cifra que triplica las armas legalmente inscritas.

La curva de homicidios en el mismo período muestra la tendencia contraria, creciendo con consistencia hasta alcanzar 5,7 homicidios por cada cien mil habitantes en 2021, superando a todos los países de la OCDE, todos con tasas de armas legales muy superiores a Chile, y superando incluso a los Estados Unidos, con treinta veces más armas legales por habitante.

La histeria anti armas impera actualmente en los medios de comunicación chilenos. Sólo en 2022 se han registrado cuatro asesinatos en la zona roja del territorio de la Araucanía, en la que grupos separatistas emplean armamento automático, parte del cual fue ingresado al país por movimientos violentos de extrema izquierda durante los años de la dictadura militar.

A ello se suma la muerte, ya por décadas, de decenas de agricultores de la zona sur del país cuyas tierras son del interés de los movimientos separatistas, y la quema de cientos de iglesias y casas, camiones, maquinaria, instalaciones, el robo de madera y ganado además de la propagación de incendios forestales en área de cultivo forestal.

Al mismo tiempo, se han multiplicado los asesinatos sicarios, a plena luz del día y sin contemplaciones, en las grandes ciudades del país. Se ha informado, además, de la instalación de mafias extranjeras dedicadas al narco tráfico, al tráfico de armas y la trata de personas.

La pandillas armadas en algunos barrios del país han superado en potencia de fuego a las mismas policías chilenas  poco habituadas a enfrentar modus operandi propios de tradiciones criminales importadas.

El uso de armas ilegales en zonas urbanas ha producido feroces tragedias con la muerte de inocentes y niños, sin que exista en el país una estrategia efectiva para desarmar, sea a los grupos insurgentes que perpetran actos terroristas en el sur del país, sea a las mafias de narcotraficantes que se han apoderado de numerosos barrios de las ciudades chilenas impartiendo su Ley por sobre el malherido Estado de Derecho de ese país.

Cerrando el escenario, a poco más de un mes de dejar el gobierno, el presidente Sebastián Piñera promulgará nuevas modificaciones que endurecen aún más el uso y propiedad de armas de fuego por parte de civiles. Junto a ello, su gobierno impulsa una propuesta de modificación del código penal chileno restringiendo aún más las circunstancias en que un ciudadano tiene derecho a defenderse.

El argumento de que las armas usadas para el crimen y el terrorismo provienen del mundo legal ha sido desacreditado por fuentes del mismo Estado, sin embargo, el poder ejecutivo chileno se ha empecinado en seguir las estrategias de desarme que emanan de las Naciones Unidas, sin reparar en los resultados de dos décadas de aplicación de políticas similares.

Actualmente, la Ley chilena contempla el derecho a la legítima defensa a través de los medios racionales para ejercerla, sean éstos armas de fuego o no. Ningún civil  – o quizás un puñado de ellos – posee autorización para portar armas y defenderse con ellas llegado el caso. De manera administrativa, los ex policías y ex miembros de las fuerzas armadas, también perdieron recientemente esa autorización.

Sin embargo, hasta hoy, todo chileno que cumpla con la exigente Ley de Control de Armas y sus requerimientos posee el derecho de defender su hogar y a su familia en él.

Se trata de un derecho que está por desaparecer en Chile.