Extractado de El Mercurio de Santiago, 17 DIC 2015

En el último informe que la ministra en visita Mireya López, entregó a la Corte Suprema con los avances de la investigación del caso de los falsos exonerados políticos que asumió el 6 de junio de 2013, se ha constatado que hubo parlamentarios que extendieron cientos de certificados, con los cuales se acreditó que exonerados trabajaron con diversos empleadores, y que podrían ser irregulares por cuanto excedían el ámbito de su competencia, que era la política, no la laboral. “El tribunal ha advertido que hubo parlamentarios (nueve) que extendieron masivamente certificados políticos (más de cien documentos cada uno) para acreditar la relación laboral de los exonerados con diversos empleadores, que no tenían relación con el ámbito político propio del parlamentario”, dice la magistrada.

Esto gatilló que se les pidieran informes y que en algunos casos debieran concurrir al tribunal para declarar, renunciando al fuero. Esto ocurrió con la senadora Isabel Allende (PS) -que colaboró con la investigación- “dado el volumen de certificados emitidos”, más de 600.

Los parlamentarios que se encuentran en esta situación son: Isabel Allende Bussi (PS); el diputado Carlos Jarpa Webar (PR); el diputado Sergio Ojeda Uribe (DC); el diputado Enrique Jaramillo Becker (PPD), el ex senador y embajador en Brasil Jaime Gazmuri Mujica (PS). Además el ex senador Jaime Naranjo Ortiz (PS), y los ex diputados Edmundo Villouta Concha (DC), Francisco Encina Moriamez (PS) y José Miguel Hernández Saffirio (DC).

La magistrada informó al máximo tribunal que en estos casos se está investigando la configuración del delito del artículo 203 del Código Penal, que sanciona al empleado público que librare certificación falsa de mérito o servicios, de buena conducta, de pobreza, o de otras circunstancias semejantes de recomendación. Sin embargo, “aún no se ha adoptado una decisión por existir diligencias pendientes en el proceso”, sostiene la jueza.

La magistrada busca aclarar cómo podía constar a los políticos efectivamente lo aseverado en tales documentos.

Según el informe, la relevancia de estos certificados extendidos de manera masiva es que “sirvieron de sustento para que el Programa de Exonerados Políticos otorgara la calidad de exonerados a los solicitantes de beneficios y se les concediera una pensión no contributiva. Incluso en muchos casos, la única prueba a considerar fue este tipo de certificados”.

Lo que viene

Hasta ahora, la magistrada sostiene que los exonerados “no tienen responsabilidad penal en los hechos por cuanto se han limitado a aportar una prueba en apoyo de sus pretensiones, sin advertir de su parte el empleo de un ardid tendiente a defraudar”.

Respecto al Programa de Exonerados Políticos del Ministerio del Interior, la ministra dice que “no fue posible concluir la configuración de un delito por cuanto la ponderación de tal antecedente (certificado de parlamentario) obedeció a un criterio que en su oportunidad adoptó el programa, y que tuvo respaldo en la propia Contraloría General de la República al tomar razón de estas resoluciones”.

Sin embargo, la jueza hace ver que se logró determinar que ciertos funcionarios del programa solicitaban a las oficinas parlamentarias “certificados tendientes a acreditar la relación laboral, el tiempo servido y la exoneración, proporcionando los datos con los que debían confeccionarse tales documentos”. Este proceder que en un principio fue negado, logró demostrarse producto de la investigación.