FF.AA. y Carabineros:



FF.AA. y Carabineros:

Generales después de la batalla

Por Gonzalo Ibáñez S.M. Señor Director: Con motivo de cumplirse 51 años desde el pronunciamiento militar de 1973, la directiva de la Juventud del Partido Republicano publicó un video donde reconoce la importancia del paso dado por nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros…

24 septiembre, 2024

Señor Director:

Con motivo de cumplirse 51 años desde el pronunciamiento militar de 1973, la directiva de la Juventud del Partido Republicano publicó un video donde reconoce la importancia del paso dado por nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros y les agradece haber puesto término al experimento marxista que entonces destruía al país.

Como era de esperar, este video provocó de inmediato diversas controversias con personeros del actual marxismo criollo y sus compañeros de ruta. Pero, también las ha provocado con algunos miembros de un partido distante de ese marxismo, como es Evópoli. Gonzalo Blumel, Ignacio Briones, María Emilia Undurraga, Luz Poblete y Hernán Larraín M., adherentes a él y exministros en los gobiernos de Sebastián Piñera, protestaron, en reciente carta a la prensa, alegando que a través de ese video se ponía en peligro la democracia y se aplaudía la violación de los derechos humanos. Y ello, a pesar de reconocer cuán desastroso fue el régimen de Salvador Allende. En carta posterior aceptaron que, incluso, podría haber sido legítimo el paso de ese día, pero sólo para haber llamado de inmediato a elecciones y entregar el poder a los civiles.

Es decir, aceptaron que el poder militar haya hecho el trabajo “sucio” de derrocar el poder entonces instalado, pero sólo eso. Para lo demás, los civiles. Con todo, no está de más recordar cómo esos “civiles” fueron también responsables de la caída en que se encontraba el país. Ellos, Democracia Cristiana y partidos de la derecha política, habían, en su momento, pavimentado el camino para que los comunistas se hicieran del poder. ¿Era del caso llamarlos de retorno?

Es importante recordar, a este propósito, que del quiebre democrático no fue causa el pronunciamiento militar, sino la intentona marxista de apoderarse del poder total para imponer su propia dictadura inocentemente disfrazada como “del proletariado”. El paso dado por los militares fue una consecuencia de ese quiebre, nunca su causa. De hecho, hasta el final los militares quisieron evitarlo y sólo la evidencia del desastre en que se encontraba el país, más un clamor ciudadano ya ensordecedor, los inclinó a darlo. Ese clamor se expresó en el Acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de ese año y fue reconocido por el ex Presidente Eduardo Frei M. cuando días después del 11 de septiembre, en entrevista al diario español ABC, declaraba: “Los militares han salvado al país”.

El gobierno militar tuvo luces y sombras, como bien se sabe. Pero, de ellas asimismo no están libres los gobiernos denominados democráticos. Basta pensar cómo bajo muchos de estos se practica, casi sin restricciones, un crimen tan abominable como es el que se comete al matar a seres humanos en la primera etapa de sus vidas, en el vientre de sus madres, para advertir que la violación de los derechos humanos no es monopolio de aquellos otros regímenes.

Por eso, a la hora de enumerar los requisitos para que nunca más perdamos nuestro orden democrático, el primero de todos ellos no es el de recordar a los militares sus deberes de obediencia y de no deliberación, sino el de recordar al gobierno de turno, cualquiera sea este, que su deber es el de gobernar bien y con prudencia, ajustándose a los requerimientos del bien común y dejando de lado todas las ideologías que, como el marxismo en su momento, pretenden traer el paraíso a la tierra a costa de masacrar a la humanidad.

De hecho, es muy importante no poner de nuevo a nuestros uniformados frente a un dilema como el de 1973 y para eso es primordial preocuparse, antes que nada, de evitar que el mal gobierno se instale en el país como sucedió entonces. Y como está sucediendo ahora cuando, bajo el disfraz de democracia, sufrimos la peor de las dictaduras como es la de la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Las posibilidades del país de soportar una agresión como esta que sufrimos ahora son limitadas y al límite estamos llegando. De hecho, para no quejarnos después de las consecuencias negativas, no podemos permitir que las cosas lleguen a un extremo como aquel al que el régimen marxista condujo al país en 1973.

Si las personalidades de Evópoli están en política, me parece que esa, y no otra, es la tarea que el país espera que cumplan: prevenir futuras crisis, extrayendo de las anteriores las debidas lecciones. Pero no que vengan ahora, más de 50 años después, a enseñar pomposamente cuál debió haber sido el otro camino para resolver, en su tiempo, la crisis de 1973. Así, no hacen sino ser generales después de la batalla. Muy fácil, pero, para eso, no los necesitamos.

Gonzalo Ibáñez S.M. – Abogado

 3 Comentarios

  1. Adolfodice:

23 septiembre, 2024 en 21:27

El hecho cierto es que las FF.AA. y Carabineros evitaron una guerra civil; salvaron a Chile de caer bajo una tiranía comunista; restablecieron la democracia, la economía, el orden y el Estado de Derecho que habían sido destruidos por el gobierno de la Unidad Popular; y entregaron a las nuevas autoridades civiles en 1990 un país en pleno auge, cuyo estado floreciente nadie discutía.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política

  1. Christian Slater Escanilladice:

23 septiembre, 2024 en 21:34

Sr. Abogado Gonzalo Ibáñez Santa María.

Esa carta escrita por una desprestigiada Casta Política es una burla a las inocentes víctimas asesinadas en manos de grupos extremistas. Un portazo a la historia, los Poderes del Estado y a las Instituciones de esa época que declararon al Presidente Allende fuera de la Constitución. Muchos de aquellos aún viven y gozan de buena salud, sabiendo además que el 11 de septiembre de 1973 fue un Pronunciamiento Militar solicitado a gritos, por ellos mismos. También saben, perfectamente, que los actos de octubre de 2019, sí fue un verdadero Golpe de Estado que no logró su objetivo final, solo por la intervención de las Fuerzas Armadas y de Orden. Del mismo modo, no pueden negar, que la firma del acuerdo por la paz, fue un acto de cobardía, rendición y traidora colusión frente a un estallido delictual para derrocar al Gobierno de Piñera. Si hubo otras razones más poderozas para ese acuerdo –algo que todo Chile sospecha– entonces, sería importante que se conozcan.

https://patriotaslater.blogspot.com/2023/07/oct2019-golpe-de-estado.html?m=1

 

Carlos Souper Quinterosdice:

24 septiembre, 2024 en 00:37

Excelente carta. Esos mismos Evopoli no fueron capaces de contener la asonada comunista de octubre 2019, y después su tambor mayor Blumel, se permite lucrar con un libro justificando lo injustificable. Vean el centro de Santiago, antiguo “barrio cívico “, ese es el legado de comunistas, violentistas y de autoridades COBARDES Y PUSILÁNIMES

 

 

 

Vea a la diputada de venganza…:

 

 

 

 

 

 

La seguridad y las Fuerzas Armadas

Por : Guillermo PickeringAbogado, exsubsecretario del Interior y de Obras Públicas.

Las Fuerzas Armadas no existen para solucionar los problemas que los políticos no han sido y no son capaces de resolver, los mismos políticos de todos los sectores que después se lavarán las manos, como ya ha ocurrido varias veces en la historia de Chile.

De tiempo en tiempo, algunos –casi siempre de derecha– buscan en las Fuerzas Armadas la conservación de su imagen de Chile y la protección de sus intereses, que generalmente confunden con los intereses del país.

Ese clamor por “restaurar el orden” viene desde la Patria Nueva, continúa con Portales, se subleva contra Balmaceda, se desboca en el período llamado “parlamentarismo”, se vuelve a presentar en la dictación y aplicación de la Ley de Defensa de la Democracia de González Videla y, en forma extrema, se encuentra presente antes, durante y después del golpe civil militar de 1973.

Cabe recordar que detrás del llamado al quiebre democrático y derrocamiento del Gobierno de Allende también estuvieron vastos sectores de centro y de la Democracia Cristiana.

Tampoco son totalmente inocentes de esta tentación los sectores de izquierda que, aunque con menos frecuencia, también sucumbieron a pedir la intervención de las Fuerzas Armadas durante la llamada “anarquía militar” de principios del siglo XX, así como en el silencio cómplice ante el amotinamiento del Regimiento Tacna en las postrimerías del gobierno de Frei Montalva y en los llamados de algunos personeros de la UP (no del Presidente) a la desobediencia de los soldados frente a sus oficiales, antes del 11 de septiembre de 1973.

En resumen, aunque con distinta frecuencia y contenido, ningún sector político del pasado y del presente de Chile ha dejado de llamar a los militares cuando hay dificultades.

Hoy no es la excepción, a propósito del importante y casi insostenible aumento de la inseguridad y del crimen organizado, que tiene a los chilenos atemorizados y saturados.

Se trata de un problema creciente en las últimas décadas, independientemente de los signos políticos de los gobiernos de turno.

Sin embargo, el llamado a los militares se parece, en la versión siglo XXI, a otros llamados en épocas anteriores, resultando siempre, todos ellos, en un fracaso completo, en una polarización de los chilenos y en un estigma para las FF.AA.

La respetable frase de O’Higgins que sobre la creación de la Escuela Militar reza “en esta Academia Militar está basado el porvenir del Ejército y sobre este Ejército la grandeza de Chile”, habla sobre un rol de los militares que puede prestarse a equívocos y, por eso, hay que interpretarlo con cuidado y buena fe, especialmente y a la luz de los tiempos actuales.

Ello, entre otras cosas fundamentales, porque siempre los que pierden son los militares, a quienes se utiliza como brazo armado por parte de los fanáticos del orden y de la mano dura, que, además, sospechosamente siempre desaparecen cuando llega la hora de asumir responsabilidades penales por los excesos que inevitablemente se cometen y cometerán, aunque esté regulado el uso de la fuerza.

En efecto, si llegara a haber muertos en el combate al crimen organizad, ¿cuántos políticos asumirían su corresponsabilidad, aunque los muertos fueran delincuentes, narcotraficantes o extranjeros?

Todos los instigadores, aquellos que tiraron la piedra, rápidamente esconderán la mano. Eso lo saben a ciencia cierta los militares y por eso es por lo que no quieren ni les corresponde ejercer tareas policiales.

Las Fuerzas Armadas pertenecen a todo el país y las necesitamos limpias, prestigiadas, no deliberantes, jerarquizadas, disciplinadas, subordinadas al poder civil democrático.

Es tan antigua y sabia esa medida precautoria.

Durante la República romana las legiones tenían prohibido cruzar el Rubicón y, por tanto, no podían entrar en Roma. Solo la guardia pretoriana (una especie de policía) podía portar armas y ser una fuerza armada en la ciudad. Julio César, que puso fin a la República, cruzó el Rubicón y desató la guerra civil.

Las Fuerzas Armadas no existen para solucionar los problemas que los políticos no han sido y no son capaces de resolver, los mismos políticos de todos los sectores que después se lavarán las manos, como ya ha ocurrido varias veces en la historia de Chile.

De paso, se les pretende utilizar bajo el eufemismo de “la protección de la infraestructura crítica”. ¿Qué significa eso? ¿Acaso no son las empresas las primeras llamadas a contratar seguridad para sus instalaciones? ¿Qué van a proteger? ¿Bancos? ¿Puentes? ¿Empresas de agua potable? ¿Instalaciones de telefonía móvil? ¿Acaso no es esa responsabilidad de las empresas?

¿Qué va a hacer un par de conscriptos de 20 años en una estación del metro contra una turba de comerciantes ambulantes que los agrede? (Que ciertamente los van a agredir cuando rápidamente sepan que tienen orden de no disparar). Y si disparan, ¿quién será culpable de esas muertes?

Si el reglamento de uso de la fuerza es tan exigente como entrar a la Compañía de Jesús, todo Chile sabrá que están atados de manos y, por tanto, estarán indefensos, al no tener ni los medios ni la experiencia de Carabineros. Blancos. Eso serán: blancos.

Los campeones del Estado de Emergencia saben que ese Estado de Excepción Constitucional entrega a las Fuerzas Armadas, no el cuidado de la infraestructura solamente, sino la jefatura y coordinación de todas las fuerzas del Estado presentes en la zona respectiva. Eso en casi todo el país, así como en La Araucanía.

¿Qué es esto sino llamar a las Fuerzas Armadas? De ahí a la deliberación, hay un paso.

El tema de la criminalidad y la inseguridad no es competencia de las FF.AA., ni debe serlo.

Cuando Chile se una para combatir este flagelo, cuando los municipios tengan los recursos que les ha negado el Congreso al no pronunciarse a favor de la reforma tributaria, cuando sea posible que los jóvenes tengan un trabajo mejor que ser soldados del narcotráfico, cuando se multipliquen los efectivos reales de Carabineros, cuando se intervengan las bandas que operan desde las cárceles, cuando la ciudadanía sea parte activa en esta tarea e importemos las mejores prácticas de otros países en el combate a la delincuencia, cuando tengamos de verdad una política migratoria que funcione, entre otras cosas, entonces nos habremos hecho cargo todos del problema y no habrá llamados a las FF.AA. porque, al igual que las tareas policiales, enfrentar el crimen no es ni será nunca su tarea, por el bien de Chile y de las propias Fuerzas Armadas.

Publicado por El Mostrador

 

 

Lectura obligada del Daily Telegraph

Es raro que un periódico británico publique una explicación tan moralmente sólida y sincera de la situación actual, por lo que la comparto con ustedes para que la lean y la transmitan.

18 de septiembre de 2024
Por Allister Heath

Despojado de sus fundamentos morales, desprovisto de cualquier sentido del bien y del mal, incapaz de distinguir a los héroes de los villanos, Occidente ya no puede celebrar cuando el bien triunfa sobre el mal.

La brillante y audaz colocación de trampas explosivas por parte de Israel de miles de buscapersonas de Hezbolá, seguida de la explosión de los walkie-talkies del grupo terrorista, es un estímulo sorprendente para las fuerzas de la civilización en todo el mundo.

Israel, una pequeña nación de apenas 9,3 millones de habitantes, de los cuales 7,2 millones son judíos, que vive en un país del tamaño de Gales y se recupera de los peores pogromos antisemitas desde el Holocausto, está liderando la guerra contra la barbarie, y sus jóvenes reclutas realizan un trabajo que antes habría requerido la intervención de una coalición occidental que actuara como policía global.

El hecho de que tantos en Gran Bretaña, Europa y Estados Unidos, especialmente los jóvenes, ya no estén del lado de Israel en este combate existencial ejemplifica nuestra degeneración cultural, intelectual y ética.

La administración Biden está obsesionada con prevenir la “escalada”, aunque eso es lo que se requiere si se quiere impedir que Irán obtenga los medios para librar una Tercera Guerra Mundial nuclear. Como era de esperar, Estados Unidos, aparentemente decidido a garantizar la supervivencia de todos los grupos terroristas regionales, pareció molesto por el exitoso ataque a Hezbolá. David Lammy, nuestro secretario de Asuntos Exteriores, está pronunciando discursos en los que afirma que el cambio climático es una amenaza peor que el terrorismo; En un mundo racional, Lammy estaría felicitando en privado a sus homólogos israelíes por la operación quirúrgica más exitosa jamás realizada contra una organización terrorista, con pocas víctimas civiles, y prometiendo la ayuda de Gran Bretaña.

En cambio, Keir Starmer se ha vuelto contra Israel, prohibiendo la venta de algunas armas –una política que Alemania parece decidida a seguir– y negándose a oponerse a las demandas contra el Estado judío, en una inversión moral imperdonable.

El Partido Laborista ha colocado a Gran Bretaña del lado de esos nihilistas disfrazados de abogados de derechos humanos que niegan la distinción esencial entre víctimas y agresores, entre democracias regidas por reglas y desesperadas por minimizar las víctimas civiles, y dictaduras sedientas de sangre para las cuales sus pueblos son peones que deben ser sacrificados.

Hezbolá está financiado y controlado por el régimen iraní, una tiranía oscurantista, fascista y milenarista que persigue a las minorías, las mujeres y los disidentes. La razón de ser de Hezbolá es la violación de los derechos humanos y la conspiración para cometer crímenes de guerra: sus 150.000 misiles apuntan a centros civiles y, como Hamás y el propio Irán, busca la liquidación de Israel, garantizando la masacre, expulsión o subyugación de los judíos. Hezbolá ha obligado a unos 63.473 israelíes a huir de sus hogares desde el 7 de octubre. Esto es insostenible y explica por qué se avecina una gran respuesta israelí; obscenamente, esto provocará una condena generalizada del Estado judío.

La política exterior occidental es una mezcolanza de cobardía, engaño y contradicciones. Irán es una amenaza para el mundo; su alianza con Rusia se está profundizando. Turquía, liderada por el déspota Recep Tayyip Erdoğan, ha amenazado a Israel con una invasión, pero sigue siendo parte de la OTAN. Qatar, que aloja a los principales terroristas de Hamás en hoteles de lujo, es un importante aliado no perteneciente a la OTAN de Estados Unidos, sede de una base militar occidental crucial y un importante inversor en Londres. Egipto, un país que recibe ayuda de Estados Unidos, ha tolerado la construcción de innumerables túneles hacia el sur de Gaza, se ha negado a dejar entrar a ningún palestino y, curiosamente, no es responsable de abastecer a Gaza con provisiones, tarea que recae en Israel. Ninguno de los tres últimos regímenes enfrenta sanciones: la ira mundial está reservada para Israel.

Una de las razones por las que las élites occidentales se han vuelto tan israelofóbicas es que, infectadas por la conciencia progresista, detestan cada vez más la historia y las tradiciones de Europa y Estados Unidos, y ven al Estado judío como un ejemplo destacado de un modelo occidental que rechazan.

Winston Churchill sería condenado hoy por crímenes contra la humanidad, al igual que Franklin D. Roosevelt y Harry Truman. El Día D sería declarado ilegítimo porque tantos civiles franceses murieron durante la Batalla de Normandía.

Las democracias bien podrían no molestarse en tener armas nucleares, porque detonar una, incluso en represalia por un ataque no provocado, sería considerado un crimen de guerra. Estoy a favor de unas normas mucho más estrictas que las que regían la Segunda Guerra Mundial, de hacer todo lo posible para proteger a los civiles, pero esto es una locura.

La guerra justa es un principio fundamental. Los Estados tienen derecho a defenderse. Cada vida civil perdida como daño colateral es una tragedia, pero el pacifismo es una utopía ilusoria que no logra captar la realidad de la condición humana. Es una locura criminalizar todas las guerras, y despreciable centrarse en las que llevan a cabo las democracias e ignorar las que promueven nuestros enemigos.

Es igualmente estúpido confiar tanto poder a activistas legales. Gran parte del antisemitismo histórico ha sido ratificado por tribunales irregulares, incluso durante la década de 1930. El Juicio del Talmud tuvo lugar en Francia en 1240, y los rabinos se vieron obligados a defender textos religiosos contra acusaciones falsas de blasfemia y obscenidad.

Otros festivales de intolerancia disfrazados de juicios ordinarios incluyen las Disputas de Barcelona y Tortosa, el Caso de Damasco, el caso Dreyfus que motivó el influyente J’accuse de Emile Zola y el juicio a Mendel Beilis en Ucrania en 1913. Es un modelo bien establecido que no ha pasado de moda en los sectores de extrema izquierda. Ya no singularizan explícitamente creencias religiosas o individuos, sino que utilizan la guerra jurídica para deslegitimar lo que resulta ser el único Estado judío.

El hecho de que la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia tengan la apariencia de un marco jurídico legítimo no significa necesariamente que encarnen la justicia. El hecho de que sus fallos sean considerados legítimos por las élites de izquierda no los convierte automáticamente en tales. El hecho de que los libelos de sangre de hoy adopten el lenguaje de los “derechos humanos” no los hace menos monstruosos. El hecho de que sea posible que un país tan injustamente gobernado como Sudáfrica presente una demanda de genocidio contra Israel demuestra que todo el sistema está podrido. La demanda cuenta con el apoyo de Irán, el presidente de extrema izquierda de Brasil, Irlanda y Egipto: debemos haber sido transportados a un universo alternativo, kafkiano.

Israel es la encarnación suprema de la soberanía nacional y democrática regida por la ley, de la condición de pueblo, de la equiparación de una nación a un Estado, del postimperialismo, del capitalismo y la tecnología, y de la continua relevancia de las religiones monoteístas. Si se derriba a Israel, se destruyen las ideas mismas que sustentan a Occidente, el orden internacional implosiona y las autocracias triunfan.

Lo que está en juego es, pues, increíblemente importante. Debemos apoyar a Israel y permitirle que termine la tarea de aniquilar a Hamás y derrotar a Hezbolá.