¿Los militares al paredón?

Carabineros logró resistir, pero es fundamental que los miembros de las FF.AA. y la ciudadanía tengan a la vista su experiencia posterior a los tiempos de caos ahora que se quiere a los militares en la calle.

por Vanessa Kaiser18 marzo, 2024

Imagine que en Chile hay varios alcaldes pidiendo al gobierno que los militares salgan de sus cuarteles y pasen tiempo en las calles para colaborar con Carabineros en funciones de orden público. Imagine también que uno de esos alcaldes twitteaba el 23 de octubre lo siguiente: “Cuesta dormirse viendo tanto video de abusos de poder y violencia de parte de carabineros. Velar por la defensa de DD.HH. debe ser nuestro foco principal hoy. No podemos permitir que se siga normalizando esta situación”.

La situación era ni más ni menos que un golpe de Estado dado por dos titanes: cierto sector político que intentó derrocar al fallecido Presidente Piñera en el Congreso mientras apoyaba la violencia y el crimen organizado. Este último actuó volando bajo el radar del derecho gracias al estallido social que se desató en paralelo. La pregunta sobre cuál es el vínculo entre los dos titanes se ha silenciado sistemáticamente. Otro interrogante que se silencia es por qué los comunistas, frenteamplistas y medios de comunicación necesitaban desprestigiar a las fuerzas de Orden y Seguridad Públicas. Siempre en el mundo imaginario del que hablamos al principio de esta columna, creo que el desprestigio de Carabineros era clave para derrocar al gobierno por la fuerza del caos, puesto que contaban con la negativa de las FF.AA. a inmiscuirse en la medida de que se trataba de un “estallido social”. El trabajo fue de joyería. Como nunca se habló de un golpe de Estado (y hasta hoy pocos quieren asumir la verdad, aunque muchos tiritaban de miedo en las semanas posteriores al 18-O), las FF.AA. no tenían espacio para la acción. Sólo quedó una delgada línea verde entre la caída del gobierno, su reemplazo por algún miembro del grupo golpista y la imposición de un proceso constituyente bolivariano muy bien diseñado por ciertos intelectuales de la nueva izquierda que todos conocemos.

Carabineros logró resistir, pero es fundamental que los miembros de las FF.AA. y la ciudadanía tengan a la vista su experiencia posterior a los tiempos de caos ahora que se quiere a los militares en la calle. No sólo porque tras su sacrificio para salvar la República han sido perseguidos -por ejemplo, el INDH interpuso querellas en contra de más de 3.000 efectivos- y, algunos, ya están tras las rejas sentenciados por jueces y fiscales con claro sesgo ideológico, sino porque quienes ahora piden militares en las calles podrían estar jugando un doble juego que sirva al golpe final del proceso revolucionario iniciado el 18-O. Para entender a qué me refiero es necesario preguntarse: ¿qué significa la introducción hecha por la ministra Tohá a la ley que se discute sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), estableciendo especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en caso de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores?

¡Ideología! Gritan muchos, como si con eso se libraran de sus efectos prácticos e implicancias políticas. Por ideología se apoyó el golpe de Estado, se retiraron las querellas por Ley de Seguridad Interior, se indultó y dieron pensiones de gracia a criminales, se puso freno a todas las leyes que dificultaban el avance del crimen organizado, se firmó un acuerdo de “seguridad” con una narcodictadura, se ha perseguido a carabineros y militares violando principios fundamentales como la igualdad ante la ley y se trajo en líneas aéreas a miles de haitianos de forma ilegal. También, “por ideología” se dejan las fronteras abiertas y se autoriza, pocos días antes del comienzo de los incendios en la Quinta Región, a criminales de la Cárcel de Alta Seguridad a hacer videollamadas. Podría seguir ad infinitum desde los asesores cubanos de Manuel Monsalve hasta el intento de desarme de la población civil que ha cumplido con todos los requisitos que exige la ley para tener un arma.

Echarle la culpa de lo que hacen quienes detentan el poder a sus convicciones ideológicas, como si con eso los aliviáramos de la responsabilidad por haber convertido a Chile en la tumba no sólo del neoliberalismo, sino, además, de la seguridad, la educación, la salud y de la moral y las buenas costumbres, no sólo es irresponsable; es poco inteligente. ¿Se imagina que uno fuera a decirle a un cubano preso político, o sumido en la eterna miseria, que Fidel Castro igual era buena persona, lo que pasa es que, en realidad, el problema era su ideología? Eso es exactamente lo que está sucediendo en Chile y es patético. ¡Justamente de ideología se trata la política! Y si, siguiendo en nuestro mundo imaginario, tenemos un sector político que avanza su proyecto de destrucción del país, aunque fue rechazado y ha hecho alianzas con una narcodictadura y sus secuaces, entonces, ¿cómo podemos entender el llamado a que los militares salgan de su cuartel?

Voy a ser malpensada porque estoy aburrida de la cerrazón, genuflexión y buenismo de quienes debiesen estar denunciando todo lo que sabemos y guardan incómodo silencio. Una imaginación muy nutrida me lleva a creer que quizás no es tan descabellado pensar que el propósito de sacar a los militares de sus cuarteles no tenga nada qué ver con la seguridad de los ciudadanos, sobre todo teniendo a la vista la indicación de la ministra Tohá a las RUF. Y es que no hay que ser muy inteligente o imaginativo para juntar algunas piezas del puzle.

Primero, si salen a la calle no tendrán respaldo político para hacer nada. Segundo, si hacen algo, terminarán presos, basta con tener a la vista el nombramiento del Presidente Boric de 95 jueces octubristas en la Corte de Apelaciones y de 12 en la Corte Suprema. En consecuencia, si son agredidos por miembros del crimen organizado tendrán dos opciones, o se dejan asesinar o terminan tras las rejas. En otras palabras, sacar a los militares a la calle bajo este gobierno sólo puede significar una cosa: su neutralización definitiva. Y no sería extraño, dado que, a diferencia de otros lugares del mundo, nuestras FF.AA. no han sido penetradas por esa “ideología” culpable de tantas cosas malas que hacen los niños “puros” y “buenos”, tan faltos de experiencia política. La verdad, es que tienen el país como sartén por el mango. Solo les falta desarmar definitivamente a la población civil, saber en qué casa hay miembros de las FF.AA. y de Orden, terminar de socavar las relaciones con Israel para pasar a ser miembros de la esfera iraní -cuyos líderes están estrechamente vinculados con Bolivia y Venezuela- y el golpe de gracia: llevar a los militares al paredón que integran jueces y fiscales activistas. Una vez neutralizados, el camino quedará libre de cualquier obstáculo para cumplir con el sueño de una “vanguardia” tan mal comprendida por el pueblo. Lo más grave del asunto es que, quienes debiesen oponer resistencia, denunciar y hacer uso de todos los instrumentos legales de que aún disponemos, están convencidos de que el octubrismo fracasó.

Y otra vez llegamos tarde: ¿militares a la calle?

Por : Jorge Gatica BórquezInvestigador y Docente de ANEPE

¿Es la solución emplear a las Fuerzas Armadas para este propósito?

En primera línea del debate político nacional ha estado la posibilidad de desplegar a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para combatir el problema que causa mayor preocupación en nuestra sociedad en estos días: la seguridad pública. Qué duda cabe de que este es un derecho humano, tal como lo consagra nuestra propia Constitución en su artículo 19, numeral 7°. Tampoco hay duda de que el crimen organizado es una de las mayores preocupaciones del ciudadano común; a lo menos, es la de mayor sensibilidad en la percepción social.

Es conveniente recordar que la Declaración sobre Seguridad en las Américas, firmada en Ciudad de México en el año 2003, estableció en su diagnóstico que la seguridad regional se ve afectada por desafíos de naturaleza diversa, tales como “el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos”. Tanto es así que, explícitamente, se condenó “la delincuencia organizada transnacional, porque atenta contra las instituciones de los Estados y tiene efectos nocivos sobre nuestras sociedades” (párrafo II, literal m). Y se asumió “el compromiso de combatirla fortaleciendo el marco jurídico interno, el Estado de derecho y la cooperación multilateral…” (Compromiso 25).

Cabe la pregunta entonces: ¿qué ha pasado en los últimos 20 años? Una respuesta plausible sería que se minimizó la amenaza, asumiendo que Chile ha sido un Estado institucionalmente estable, con bajos índices de corrupción y criminalidad. Pero no es el momento de buscar culpables, seguramente todos tenemos una cuota de responsabilidad. Ahora debemos buscar soluciones y, al respecto, dos reflexiones:

• Falta de Anticipación Estratégica: Hace tres años, me referí en este mismo medio a la incapacidad de Chile para posicionarse virtualmente en el futuro y recordaba a Maquiavelo que nos dijo que “…los Romanos hacían en estos casos lo que todo príncipe sabio debe hacer: no preocuparse solo de los desórdenes del presente, sino también de los del futuro, y evitarlos por todos los medios; porque cuando los males se prevén es fácil ponerles remedio, pero si se espera hasta que están cerca, la medicina ya no surte efecto, porque la enfermedad se ha vuelto incurable” (Vea columna aquí) . El año pasado, a propósito de la situación del virus sincicial, volví a insistir sobre el punto (ver aquí). Hoy se ve una luz de esperanza, en un trabajo serio que se desarrolla entre el Ejecutivo y el Legislativo con la colaboración de expertos externos, consistente en una propuesta para modernizar y robustecer el Sistema de Inteligencia del Estado. Aunque falta aún, ya que se necesita capacidad de hacer Estudios de Futuro (la Inteligencia Estratégica es solo una parte), sin duda es un gran avance.

• ¿Es la solución emplear a las Fuerzas Armadas para este propósito? Ciertamente las FF.AA. son uno de los instrumentos de poder del Estado y no pueden permanecer inmóviles, mientras persisten graves problemas de seguridad. Claras demostraciones de esto han sido las operaciones en la macrozona norte bajo el Decreto 265 y en la macrozona sur bajo sucesivos EEC. Por supuesto, es fundamental hacerlas operar bajo una clara normativa jurídica, debidamente entrenadas y convenientemente equipadas, entre otros supuestos básicos. Pero, por otra parte, ¿qué certeza tenemos sobre si sus capacidades convencionales tradicionales (que sin duda podrían verse afectadas) no van a ser requeridas en los próximos años? Es una realidad y podemos afirmar que hoy Chile vive en un estado de paz y normalidad, en cuanto a su seguridad exterior; pero eso en parte es porque se ha logrado una capacidad disuasiva que le otorga fuerza y respalda el imperio del derecho internacional. Sin embargo, la historia es cíclica y, precisamente para evitar situaciones indeseadas como las vividas en el pasado, no podemos permitirnos perder una capacidad disuasiva mínima que nos otorga una necesaria estatura estratégica.

El llamado en esta columna, entonces, no es a no emplear las FF.AA. en tareas de seguridad interior; de hecho, ya se está haciendo. Pero es imperativo hacer una seria y completa evaluación acerca de la naturaleza del fenómeno en su globalidad, cuál será el rol y el propósito que se persigue con la fuerza militar, cómo se implementaría esta medida, con cuántos medios y por cuánto tiempo; además, muy importante, los costes de oportunidad. ¿Qué y cuánto dejan de hacer las Fuerzas Armadas por asumir una nueva tarea? Una capacidad disuasiva convencional no se improvisa; por el contrario, es difícil lograrla y mantenerla.

En consecuencia, la dosis del remedio a administrar debe ser cuidadosamente estudiada. Podría ocurrirnos que, si no logramos desarrollar una prolija Anticipación Estratégica y tampoco mantener un instrumento militar suficientemente disuasivo, en unos años más debamos enfrentar otra amenaza, que ponga en riesgo la soberanía, los intereses nacionales y la integridad territorial.

• El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Tiene que ver con DDHH de militares y policías:

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-julio-leiva-y-john-griffiths-las-ruf-y-el-descalabro-de-las-ffaa/HELV4WSEG5HJJDSY53GOVPH4WM/