LAS FFAA EN LABORES POLICIALES.

Por Fernando Thauby García

Seguimos dando vueltas sin resolver el problema.
El meollo de este asunto es que las fuerzas de carabineros “normales”, (policía de proximidad) que son diseñadas, entrenadas y equipadas para labores policiales anti-delincuencia, requieren ser numerosas y funcionan desde la “cercanía, confianza y conocimiento mutuo” con la ciudadanía. Su empleo en situaciones excepcionales de violencia y enfrentamiento contra saqueadores, turbas violentas o destructivas o bandas de criminales organizados, conspiran contra su identidad y actitud educadora, controladora y de protección ciudadana y las alejan de su misión principal

Una alternativa es la concurrencia -previo proceso de declaración de Estado de Emergencia Constitucional- de fuerzas militares armadas, adoctrinadas y entrenadas para el combate con fuerzas militares regulares.
Su empleo contra grupos civiles, agresivos y violentos siempre parecerá desproporcionado y su presencia desde la inactividad e impotencia, las hará perder el respeto de sus oponentes y eliminar el efecto disuasivo.

En breve, la potencia de combate de Carabineros es insuficiente y la de las FFAA es considerada excesiva.

Esta disyuntiva ha sido enfrentada en España con las Unidades de Intervención Policial, en Alemania con la Policía Federal y en Francia con las Compagnies Républicaines de Sécurité.

Son órganos móviles de seguridad pública encuadrados en la Policía Nacional y actúan bajo el mando operativo del Ministerio del Interior cuando el mando político estima que el manejo de una situación requiere un control más cercano y el empleo de unidades con capacidades especiales, entrenadas en las técnicas del caso.

Su principal objetivo es la actuación en episodios graves de alteración de la seguridad ciudadana debido a concentraciones, manifestaciones y otros eventos públicos, como espectáculos masivos, deportivos, accidentes y catástrofes. Lanzamientos y recuperación de “tomas”. Notificaciones a grupos peligrosos y otras actuaciones judiciales. Protección de edificios gubernamentales, embajadas, tribunales, rescate de rehenes, antiterrorismo, motines carcelarios y protección de objetivos de importancia crítica.

El Ministerio del Interior mantiene siempre un porcentaje variable de estas unidades en reserva listas para enfrentar situaciones inesperadas.

En Chile se necesitarían aproximadamente 1800 personas organizadas en tres grupos dotados de alta movilidad (Santiago, Valparaíso, Concepción).

Las FFAA actúan en situaciones de crisis mayores, equivalentes a los Estados de Excepción Constitucional que tenemos en Chile y siempre desde su condición de fuerzas de combate o en configuraciones de apoyo a organismos de control de emergencias no violentas.

Melosilla, 3 de abril de 2024

La responsabilidad política y de la cadena de mando militar y policial

Los soldados Robledo y los comandantes Crespo de Chile demandan a sus máximas autoridades de gobierno y mandos institucionales respectivos asumir las responsabilidades que corresponden, y que no sean las manos de ellos las que se tienen que meter al fuego para sacar las castañas.

por Richard Kouyoumdjian10 abril, 2024

Les anticipo que esta no es una columna neutra y con el avanzar de los párrafos entenderán por qué digo eso. En las últimas semanas se ha avanzado como nunca en la sensibilización de la opinión pública sobre la suerte que han corrido integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros producto de haber sido acusados por supuestos crímenes realizados por ellos como agentes del Estado durante los estados de emergencia o en el control del orden público del 2019 al 2021.

El caso del soldado conscripto Robledo, o bien el caso del comandante Crespo, el que está muy reflejado en el libro que el mismo publica bajo el título de “G3, Honor y Traición”, el cual fue motivo de un acalorado debate en el capítulo 13 de la temporada 4 de Sin Filtros, han puesto sobre la mesa lo solos que se sienten muchos de los que integran o integraron las instituciones de la defensa y las policías. Sienten abandono y sienten rabia. Abandono por parte del Estado y las instituciones a las que pertenecieron, y rabia con quienes ahora están en el gobierno y en esa época lideraban los desórdenes públicos, mal llamados por algunos como el “estallido social”, y correctamente por otros, como un intento de derrocamiento de un gobierno legítimamente establecido.

El cómo llegamos a que los buenos estén en la cárcel o siendo procesados y los malos gozando de libertad y pensiones de gracia está ampliamente detallado en la columna “Jaque mate de la izquierda o autogol de la derecha”.

La situación del soldado Robledo o del comandante Crespo no es muy distinta a la que viven quienes están presos por acciones realizadas durante el gobierno militar, con los cuales la izquierda no ha mostrado ninguna piedad a pesar de que no sólo no recibieron una correcta justicia, sino que además están bastante mayores y en muchos casos, con una salud resentida por el paso de los años.

Estamos en una situación crítica, ya que de producirse un levantamiento similar al de octubre de 2019, o un incremento de la actividad violenta del crimen organizado, Carabineros, la primera línea de defensa, como bien dice el comandante Crespo en su entrevista en el programa Sin Filtros, no se va a inmolar como lo hicieron en esa oportunidad a no ser que las cosas cambien, haya respaldo político y judicial a su actuar, y no vean en el Ministerio Público y en Tribunales a su peor enemigo. Lo mismo aplica a las Fuerzas Armadas y representa a mi entender su sentir en esto.

Sin una disposición a actuar de las policías y las Fuerzas Armadas, cosa que se puede cambiar si reciben los respaldos legales necesarios, las cosas no se ven muy bien para Chile y los chilenos.

Estando lo anterior meridianamente claro, los uniformados tampoco van a actuar si es que no ven que sus mandos están dispuestos a asumir la responsabilidad por las acciones que les ordenan realizar, y estos a su vez, lo mismo respecto de las autoridades políticas que lideran el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Defensa Nacional, y el mismísimo Presidente de la República. Esto es algo que aplica a la realidad actual como a las ocurridas en el pasado.

Las policías y las Fuerzas Armadas son buenos ejemplos de que el hilo se corta por lo más delgado. Los que están en la cárcel o siendo procesados son o eran oficiales subalternos, suboficiales, clases y gente de mar cuando ocurrieron las acciones por las cuales se les acusa o privó de libertad.

La excepción la constituye el caso de los generales Rozas y Yáñez, a quienes el Ministerio Público va a formalizar el 7 de mayo por su responsabilidad de mando durante los desórdenes públicos de fines del 2019 y comienzos del 2020. En este caso, ellos cumplieron la orden del Presidente de la República de controlar el orden público, algo que hicieron, hicieron bien, y es la razón por la cual aún somos una democracia y no nos fuimos al desfiladero o terminamos como una colonia de Venezuela, ya que fueron los Carabineros los que se llevaron la peor parte y el esfuerzo mayor.

Los subalternos afectados quieren ver a sus oficiales generales saliéndolos a defender como en su minuto lo hizo el contraalmirante Parga con los infantes de marina acusados incorrectamente por matar a un insurgente mapuche en Cañete, o el ejemplo de otro almirante que asumió completamente la responsabilidad por lo que pudo haber ocurrido cuando se desempeñó como Jedena durante el estado de emergencia que se decretó en octubre de 2019. No quieren que los dejen caer como muchas veces sucede en Carabineros, que a la primera los sacan y dejan en la más completa indefensión.

Si alguien no está en condiciones de hacerse responsable por las órdenes que da, entonces que no las dé, o bien da un paso al costado y deja que otro asuma el mando. Esto aplica desde el Presidente de la República y hacia abajo en toda la cadena de mando.

Sabemos que las Fuerzas Armadas y las policías han representado al Poder Ejecutivo la inconveniencia de las reglas de uso de la fuerza (RUF) que se quieren implementar, o bien lo poco efectivo que es el proyecto de infraestructura crítica cuando no hay amenazas a la infraestructura como tal, o bien de la necesidad de usar la justicia militar a todo evento en que un militar o un policía esté involucrado en cuanto esté cumpliendo con su consigna, o la inconveniencia de emplear fuerzas militares para el control del orden público o en acciones anti-delincuencia.

Desconozco si han representado a las autoridades la necesidad imperiosa de que las defensas de los militares y policías sea asumida por sus instituciones, y no en forma particular, o con colectas realizadas por terceros. Claudio Crespo lleva gastados $160 millones entre abogados y peritos, y de no ser por su suegra, estaría totalmente perdido. Otros deben su suerte a organizaciones nobles como son la Fundación Nos Importan.

Es muy posible que la situación de Chile requiera de posiciones más firmes por parte de los comandantes en jefe o los directores generales de las policías. Es correcto que han representado al Poder Ejecutivo sus opiniones y puntos de vistas técnicos en las materias que nos preocupan, pero al final del día, las autoridades políticas hacen lo que quieren, dejándoles claro a las instituciones que son obedientes, jerarquizadas y no deliberantes, no dejando espacios para opiniones que, aunque muy bien fundamentadas, no calzan con lo que ellas desean y las responsabilidades que no quieren asumir.

Los soldados Robledo y los comandantes Crespo de Chile demandan a sus máximas autoridades de gobierno y mandos institucionales respectivos asumir las responsabilidades que corresponden, y que no sean las manos de ellos las que se tienen que meter al fuego para sacar las castañas.