𝑷𝑬𝑵𝑨𝑳 𝑪𝑶𝑳𝑰𝑵𝑨 𝑰: 𝑮𝑬𝑹𝑰𝑨́𝑻𝑹𝑰𝑪𝑰𝑫𝑰𝑶 𝑪𝑨𝑹𝑪𝑬𝑳𝑨𝑹𝑰𝑶 𝑬𝑵 𝑬𝑳 𝑺𝑰𝑮𝑳𝑶 𝑿𝑿𝑰

Escribe: Gabriel Fuentes Campusano, Abogado.

Me referiré al penal Colina I, pero iguales o peores condiciones tiene el penal de Punta Peuco, ambas cárceles para militares, policías y civiles que integraron el Gobierno Militar en el período 1973-1990.

Sabían ustedes que la capacidad de Colina I es de 90 reclusos y alberga a 210, por lo que existe un hacinamiento increíble, agravando la situación el hecho que la edad promedio de los internos es de 80 años, con enfermedades complejas como diabetes, cáncer de colon, próstata, piel y bucal, enfermedades terminales, dependientes de oxígeno (EPOC), colostomía, asma, ceguera, incontinencia urinaria y fecal, hipoacusia (sordera), etc.

El hacinamiento, a falta de celdas, ha obligado a instalar adultos mayores en los comedores, baños y pasillos, sufriendo frío y malas condiciones de vida.

Se les ha restringido el ingreso de probióticos y líquidos no azucarados, permitiéndoles sólo 3 litros semanales cuando lo normal para una persona sana es de 2 litros diarios.

Dadas las condiciones indignantes que viven estos internos mayores en el día a día, la abogada Carla Fernández Montero interpuso en junio de 2024, un recurso protección ante la Exma. Corte Suprema (Rol CS 249.389-23) la que ordenó a Gendarmería de Chile, dar solución a las observaciones que la propia Corte Suprema acreditó, no obstante, hasta el día de hoy no se corrigen, encontrándose Gendarmería en desacato.

No es posible que personas de la tercera y cuarta edad no sólo se encuentran privados de libertad, sino que además son castigados al ser sometidos a una vida indigna, toda vez que en su mayoría fueron condenados por hechos ocurridos hace más de 50 años y en aquel entonces eran jóvenes de bajo grado o responsabilidad que cumplieron órdenes o fueron condenados por presunciones judiciales que no cumplían los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, art 488.

NARCOTRAFICO Y FFAA

Por ing. Jorge Sepúlveda Haugen

En las profundidades del Estado, allí donde se resguarda el poder legítimo de las armas, comienza a gestarse una inquietud silenciosa. No es visible a simple vista, ni estalla en escándalos cotidianos. Es más sutil, más estructural, más peligrosa. Se infiltra no por asalto, sino por ausencia. No es que las Fuerzas Armadas hayan sido conquistadas por el crimen organizado, sino que han sido lentamente rodeadas por un vacío: vacío de propósito, de comunidad, de resguardo simbólico. En ese vacío, la tentación crece.

Las instituciones armadas, por definición, representan el último muro entre el orden civilizatorio y la disolución. Su ethos se funda en la disciplina, la jerarquía, el sacrificio y la noción de pertenencia a algo superior. Pero esos pilares, sostenidos históricamente por valores compartidos y entornos de contención moral, han comenzado a erosionarse bajo el peso de una cultura que relativiza todo: la verdad, la autoridad, el mérito, incluso la patria. El resultado no es una traición abierta, sino una lenta descomposición que permite la entrada de un nuevo orden paralelo: el narcotráfico.

Allí donde el Estado se vuelve intermitente, el narco se instala como continuidad. Donde la logística oficial no llega con recursos, llega el incentivo en efectivo. Donde el sistema exige rotación sin soporte, aparece la red que promete estabilidad. Donde la familia está ausente y la sociedad no reconoce el esfuerzo, se ofrece un reconocimiento inmediato, aunque siniestramente distorsionado. No es necesario que la estructura militar colapse; basta con que algunos nodos estratégicos se desconecten emocional y simbólicamente de su misión original. Lo demás opera solo: desmotivación, ambigüedad ética, normalización de atajos, abandono interior.

El narcotráfico no entra con fusil. Entra con sentido. O mejor dicho, con una oferta de sentido donde el anterior ya no enciende. La seducción no ocurre por necesidad, sino por desconexión. Un miembro de las Fuerzas Armadas en un destacamento fronterizo no cae por debilidad moral individual, sino porque su estructura emocional ha sido sometida a una presión acumulativa: distancia de sus afectos, tareas civiles que no le competen, promesas incumplidas del Estado y una vida que transcurre entre lo olvidado y lo funcional.

En esa fisura, lo ilegal no irrumpe con estridencia, sino con suavidad. No se presenta como amenaza, sino como solución. Una entrega de información, un desvío menor, un transporte sin preguntas. Todo parece fragmentado, aislado, incluso justificado. Pero la lógica que se activa es sistémica. Lo que comienza como una excepción termina estructurando una red. Y cuando esa red se alimenta de la propia logística militar —vehículos, rutas, horarios, grados de confianza—, lo que se construye no es un caso aislado, sino una arquitectura invisible de colaboración no declarada.

Esa arquitectura no puede desmantelarse con más vigilancia. No existe cámara que disuada a quien ya ha perdido su vínculo con el propósito original. No hay ley que alcance si lo simbólico ya ha sido corroído. El problema, entonces, no es la debilidad normativa, sino la desintegración del lazo profundo entre el individuo y su rol. Allí donde el uniforme se convierte en rutina sin trascendencia, la lealtad es reemplazada por transacción.

Por eso, la respuesta no puede ser solamente punitiva. Lo que está en juego es el alma estructural de la defensa nacional. No se trata de agregar protocolos, sino de restaurar comunidad. No de aumentar castigos, sino de reconstruir sentido. Cada puesto fronterizo, cada regimiento aislado, cada destinación crítica debe ser observado no como un eslabón logístico, sino como un ecosistema emocional. Donde hay aislamiento, debe haber acompañamiento. Donde hay desgaste moral, debe haber refuerzo simbólico. Donde hay rutina vacía, debe haber narrativa viva.

La integridad institucional no nace del reglamento, sino del relato. Un soldado no se defiende solo con armas, sino con propósito. La pertenencia no se impone, se cultiva. Y eso requiere una transformación de fondo: dotar a las Fuerzas Armadas no solo de recursos materiales, sino de una reconfiguración de su rol en esta nueva etapa histórica. Un rol que combine el resguardo territorial con la custodia espiritual del país. Un rol que vuelva a despertar en sus miembros la convicción de que lo que hacen importa, que lo que representan trasciende, que lo que defienden es algo más que una línea en el mapa.

Mientras eso no ocurra, el narcotráfico seguirá avanzando no como enemigo, sino como sustituto. Y ese es el verdadero peligro. Porque cuando lo ilegal comienza a parecer más eficaz, más presente, más coherente que lo legal, no estamos ante una crisis institucional. Estamos ante una transición de régimen encubierta. Y si eso ocurre en las Fuerzas Armadas, no solo habremos perdido una institución: habremos perdido la posibilidad de sostener un país.

¡CUANTO VALE EL SHOW!

¡Aquí se paró el burro a …!

    Si bien suena algo prosaica la expresión que encabeza esta columna, aunque mis lectores no lo crean tiene un origen bíblico, pero no exactamente en el sentido que le damos nosotros. Un profeta no judío, Bilam, recibió instrucciones del rey Moab, para detener el avance de los judíos. Montado en una burra, en el camino el animal se detuvo tres veces ante la presencia de un ángel del Señor, negándose a continuar…la historia es larga. En Chile, la jerga popular lo dice cuanto la cuestión ya no da para más y se ha llegado al colmo de la estupidez, del despelote y del “acabose,” tal como con declaraciones de los ministros de Justicia y de Seguridad, del Fiscal Nacional, Corte Suprema y Gendarmería, que han sido incapaces de dar una respuesta creíble ante el grotesco espectáculo del poder judicial, más propio del “Jappening con Ja”, “Detrás el Muro o del Bombo Fica”. Que un sicario, a minutos de su formalización por el asesinato del “Rey del Meiggs” y puesto en prisión preventiva, se le deje en libertad por un supuesto error de tipeo de nombre y más tarde, por un nuevo documento se ordena mantener en prisión cuando ya se había hecho humo; y sin que a nadie en Gendarmería le pareciere extraño, es de no creerlo.

    Que el propio Fiscal de la causa, solo se informara días después por el defensor de los otros colegas del sicario, preguntando por qué aún se les mantenía a ellos en prisión, es para agarrarse la cabeza a dos manos; y peor aún, que la noticia trascendió solo cuatro días después. “A otro perro con ese hueso.” La jueza Rodríguez, apodada la “tuto Rodríguez” de quien se dice que se habría quedado dormida en la audiencia y las autoridades de la Justicia, además de las sanciones correspondientes a los responsables y de corregir las graves falencias evidenciadas, deben dar garantías que este chiste de pésimo gusto no se vuelva a repetir, además de agotar todas las instancias para volverlo a la cárcel. Cabe señalar que no es un caso aislado, raya para la suma, agregar el entuerto del abogado Hermosilla; los cinco miembros del cartel Los Gallegos, del Tren de Aragua. La jueza de garantía de Los Vilos, cambió la medida cautelar por arresto domiciliario, arraigo nacional y firma mensual, pero se “pegaron el pollo”; el caso del juez Urrutia que permitió la video conferencia a delincuentes similares, etc., etc.

    A Toribio no le sorprenden estos hechos, pues en numerosas oportunidades se ha sumado a críticas de otros columnistas, las que sin embargo son vedadas en la prensa y en la TV, dando cuenta de la putrefacción que envuelve a jueces y ministros de Cortes que han hecho de la falta del debido proceso, omisión de leyes tanto nacionales como internacionales, su modus operandi, en una abierta prevaricación en los procesos que afectan a ex miembros de las FF.AA. y policías ocurridas hace 50 años. Corroborando a un conocido periodista chileno, los señores ministros de Cortes se creen reyecitos, como en Versalles, pretendiendo llegar a los 75 años con sueldos super millonarios y autos de alto costo.

    Pero no saben que salió otra “super woman,” como Dorothy Pérez -tienen que ser mujeres- Carla Fernández es la nueva heroína, quien presentó una querella contra el ministro de la Corte de Temuco, Álvaro Mesa por abierta prevaricación, al condenar a cuatro ex miembros uniformados, sin pruebas concretas –conducta permanente de dicho ministro, a quien le ha bastado que una persona haya pertenecido al Ejército para sancionar en primera instancia-. El juzgado de garantía de Temuco que la había declarado admisible y publicada en el sistema judicial, al día siguiente junto con retirar de la página su resolución, resolvió inexplicablemente su inadmisibilidad, confirmando una vez más la opacidad y felonía de la justicia. Este hecho no pasó desapercibido para el abogado Rodrigo Cooper Cortés, acusando una operación de encubrimiento institucional para blindar al ministro querellado. No obstante, Carla Fernández insistió ante la Corte Suprema, quien dio lugar al recurso presentado por la abogada, lo que significó además que los otros ministros de la corte se vieran obligados inhabilitarse por sus vínculos con Álvaro Mesa. Sería oportuno, para mejorar la triste imagen del sistema judicial en Chile, que esta vez la Corte Suprema de Justicia, actúe haciéndole honor a su nombre y destituye al ministro Álvaro Mesa.

    La abogado Fernández, además presentó un recurso de protección ante la Corte Suprema en representación de 134 camaradas recluidos en Punta Peuco, por no reunir los requisitos mínimos para ser un Establecimiento de Larga Estadía para adultos mayores y que el Estado chileno está violando los derechos humamos de la población penal.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)