HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN MILITAR CHILENA 1973-1990 (I, II y III)

PRÓLOGO

              Como testigo presencial y habitual comentarista de los hechos que culminaron en Chile un 11 de septiembre de 1973, y de los acontecidos en el subsecuente gobierno que ejerció hasta el 11 de marzo de 1990, me he abismado durante los siguientes veintisiete años de cuán apartadas de la verdad han sido las versiones predominantes en el país y en el resto del mundo acerca de lo ocurrido en esos 16 años y medio. En efecto, meras consignas han prevalecido ampliamente sobre la verdad histórica.

El único historiador contemporáneo de renombre que ha reparado en ello ha sido el británico Paul Johnson, quien ha escrito al efecto: “… aplaudí el pronunciamiento del general Pinochet, obedeciendo órdenes del Congreso, y aún más su éxito en revivir la economía y transformarla en la más sólida de América Latina. Pero al impedir la transformación de Chile en un satélite comunista, el general se ganó el odio furioso de la Unión Soviética, cuya máquina de propaganda tuvo éxito en demonizarlo entre las élites habladoras del mundo. Fue el último triunfo del KGB antes de que desapareciera en el basurero de la historia. Pero, para mí, Pinochet sigue siendo un héroe, porque yo conozco los hechos” (1).

Este libro es mi esfuerzo por hacer prevalecer la verdad sobre las consignas. No creo que tenga éxito, porque siempre ha sido más fácil repetir las segundas que acreditar la primera. El último cuarto de siglo en Chile lo ha corroborado. Pero al escribir estas líneas se encuentra cerca de ser aprobado un proyecto de ley que penalizará con presidio menor en su grado máximo a quien divulgue una versión contraria a hechos establecidos en sentencias sobre violaciones a los derechos humanos, entre las cuales abundan las fundadas en consignas falsas más que en verdades. Por eso me apresuro en publicar este libro antes de que ello sea constitutivo de delito.

Una verdad que deseo establecer de partida es que el proceso iniciado el 11 de septiembre de 1973, que en Chile es descrito como “pronunciamiento” por sus partidarios y “golpe” por sus adversarios, y cuyo régimen derivado cada vez mayor número de ambos describen como “dictadura”, en realidad fue una Revolución con mayúscula y en todo el sentido de la palabra.

Creo, aunque parezca exagerado, que ella tuvo no sólo trascendencia nacional sino mundial, lo que puede parecer una hipérbole, tratándose de una experiencia vivida en un país que está lejos de ser una gran potencia. Pero se demostrará que el modelo socio-económico instaurado por la Revolución Militar chilena fue imitado o influyó sobremanera en el resto del mundo y que el leit motiv en que se basó la propaganda soviética para denigrarla universalmente, y con éxito, las “violaciones a los derechos humanos”, fue una verdadera bomba de tiempo que estalló entre las manos de quienes la blandían contra la Junta y terminó por abrir un forado en la Cortina de Hierro y su Muro de Berlín, arrasando con ambos y con los socialismos reales en el mundo contemporáneo.

La Revolución Militar Chilena objetivamente alcanzó, entonces, una trascendencia histórica tan importante como la Francesa en su tiempo o la Rusa en el suyo; y por eso el establecimiento de la verdad en torno a ella no sólo es un objetivo que debe interesar a los chilenos sino a todos los estudiosos de la realidad contemporánea.

 

 

CAPÍTULO I

1973: Una revolución imposible de evitar

 

El peso de las circunstancias

              Se ha dicho y escrito abundantemente que la intervención militar del 11 de septiembre de 1973 fue no sólo ilegal e inconstitucional, sino injustificada. El examen objetivo de los hechos señala, por el contrario, que era no sólo justificada, sino inevitable. No había circunstancia racional ni legal alguna que pudiera impedirla:

Primero, la mayoría democrática de representantes del pueblo, en su Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973, les había pedido a las Fuerzas Armadas poner término a la situación existente, lo que justamente hicieron el 11 de septiembre de ese año.

Segundo, había antecedentes indicadores de que, si los militares no actuaban, sobrevendría un golpe armado de la izquierda que neutralizaría a los altos mandos uniformados y entregaría a la Unidad Popular la totalidad del poder.

Tercero, la frecuentemente citada “doctrina legalista de Schneider” de 1970 y que, se suponía, obligaba al Ejército a respetar el ordenamiento legal, contemplaba expresamente como excepción la situación de ilegalidad, como la que un poder público, el Ejecutivo, había creado en Chile hacia 1973.

            Se citaba frecuentemente esta doctrina, conocida con el nombre del Comandante en Jefe (muerto en 1970 a raíz de un atentado para impedir el ascenso de Allende al poder) para excluir la posibilidad de que el Ejército, la principal rama armada, interviniera en la vida política.

Esa doctrina se había instituido en el Consejo de Generales presidido por Schneider y celebrado el 23 de julio de 1970, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Al mismo habían asistido dos futuros Comandantes en Jefe, los generales Carlos Prats y Augusto Pinochet.

Allí Schneider comentó que algunos estimaban a las Fuerzas Armadas como “una alternativa de poder”; sin embargo, señaló en seguida, “hacer uso de las armas para asignarse una opción implica una traición al país”. Eso quedó escrito y acordado y se conoce como Doctrina Legalista de Schneider.

Pero casi nunca se cita el párrafo final del mismo acuerdo y que forma parte de la misma Doctrina Legalista, párrafo que rescató en un libro el periodista Manuel Fuentes Wendling y que decía así:

“La única limitación de este pensamiento legalista está en que los poderes del Estado abandonen su propia posición legal. En tal caso, las Fuerzas Armadas, que se deben a la nación –que es lo permanente— más que al Estado –que es lo temporal— quedan en libertad para resolver una situación absolutamente anormal y que sale de los marcos jurídicos en que se sustenta la conducción del país” (1).

 

¿De quién fue la culpa?

           La principal figura política democrática de Chile en 1973, Eduardo Frei Montalva, a la sazón Presidente del Senado, escribió poco después del 11 de septiembre de ese año una carta al dirigente máximo de la Democracia Cristiana Internacional, el ex primer ministro italiano Mariano Rumor, en que le dijo:

“Este país ha vivido 160 años de democracia prácticamente ininterrumpida. Es de preguntarse entonces cuál es la causa y quiénes son los responsables de su quiebre.

“A nuestro juicio la responsabilidad íntegra de esta situación –y lo decimos sin eufemismo alguno–  corresponde al régimen de la Unidad Popular instaurado en el país”.

Ni siquiera le adjudicaba la culpa principal, sino la “responsabilidad íntegra”. Y más adelante añadía que “hombres conocidos en el continente por sus actividades guerrilleras eran de inmediato ocupados en Chile con cargos en la Administración, pero dedicaban su tiempo, muchos de ellos, al adiestramiento paramilitar e instalaban escuelas de guerrillas que incluso ocupaban parte del territorio nacional, en que no podían penetrar ni siquiera representantes del Cuerpo de Carabineros o de las Fuerzas Armadas”.

Y sobre sus armas decía: “Las armas hasta ahora recogidas (y se estima que no son aún el 40 por ciento) permitirían dotar a más de 15 regimientos… Se había establecido así un verdadero ejército paralelo” (2).

 

El llamado de la mayoría civil

El Acuerdo de la Cámara había descrito casi exactamente las condiciones que, dentro de la antedicha Doctrina Legalista de Schneider, dejaban a las Fuerzas Armadas “en libertad para resolver una situación absolutamente anormal”.

En efecto, el Acuerdo había dicho que el Gobierno de la UP “se fue empeñando en conquistar el poder total” y que, “para lograr ese fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta”, enumerando los derechos y garantías violados: igualdad ante la ley, libertad de expresión, derecho de reunión, libertad de enseñanza, derecho de propiedad, libertad personal, derechos laborales y libertad para salir del país.

El mismo Acuerdo señaló aparte y como de especial gravedad la formación de “organismos sediciosos” y la de “grupos armados… destinados a enfrentarse con las Fuerzas Armadas.”

Por eso concluyó formulando un explícito llamado a los más altos mandos de las Fuerzas Armadas “a poner inmediato término a las situaciones de hecho referidas”.

El Acuerdo de la Cámara no tenía fuerza obligatoria. No podría haber habido tampoco un Acuerdo del Senado, porque en la Constitución de 1925 el Senado carecía (y ahora también carece) de facultades fiscalizadoras del Ejecutivo. Sólo las tiene la Cámara. No había obligación de llamar a elecciones a raíz del Acuerdo, ni nada de eso. Sólo era simbólico, pero una mayoría parlamentaria llamaba a las Fuerzas Armadas “a poner término a las situaciones de hecho referidas”. Esa mayoría representaba, a su vez, a la mayoría del pueblo. Ésa fue su fuerza.

¿Qué más podía faltar, si estaba la evidencia de que se cumplían las condiciones para que las Fuerzas Armadas quedaran “en libertad para resolver una situación absolutamente anormal”? El estado de ruina económica nacional no hacía sino confirmar la urgencia de esa solución.

El presidente del principal partido, la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin, reconocía días después del 11:

“La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros no vino a ser sino una medida preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado, que con la ayuda de las milicias armadas con enorme poder militar de que disponía el Gobierno y con la colaboración de no menos de diez mil extranjeros que había en este país, pretendían o habrían consumado una dictadura comunista” (3).

Como lo dijo el Presidente checo Vaclav Havel, años después: “El mal debe ser confrontado en su cuna y, si no hay ninguna otra manera de hacerlo, entonces tiene que hacerse con el uso de la fuerza” (4).

 

Una advertencia desoída

        Justo dos meses antes del 11 de septiembre, el 11 de julio de 1973, el senador Patricio Aylwin, Presidente de la DC, entonces el mayor partido chileno, había pronunciado un discurso en el Senado que anticipaba lo que iba a pasar, a fuerza de probar lo insostenible de cuanto estaba pasando. Dijo:

“Los acontecimientos de los últimos días han puesto de relieve, con brutal crudeza, a qué extremos angustiosos ha llegado la crisis integral de Chile. Pareciera que el país ha perdido su identidad histórica, los rasgos definitorios de su personalidad como nación (…) Nuestra vieja inferioridad económica (…) recrudece hoy con más crueldad que nunca (…) Nuestro tradicional respeto a la ley, a las autoridades y a las instituciones del Estado, bases de nuestra institucionalidad republicana, parecen recuerdos legendarios. Ahora las leyes son despreciadas como estorbos, a menudo burladas por los propios encargados de su ejecución y reemplazadas por los hechos consumados; las autoridades oficiales son abiertamente desobedecidas, cuando no simplemente sobrepasadas, por individuos o grupos que se arrogan sus funciones, y los Poderes del Estado son públicamente denigrados y sus atribuciones impunemente desconocidas por agentes subalternos (…) Nuestra ya clásica convivencia democrática (…) ha sido sustituida por el sectarismo totalitario, caracterizado por la injuria personal al que discrepa, la mentira habitual, el menosprecio por la opinión mayoritaria democráticamente expresada y el afán de imponer el criterio propio, aunque sea minoritario, a toda costa y por cualquier medio. En nombre de la lucha de clases se ha envenenado a los chilenos por el odio y desencadenado toda clase de violencias (…) Compañeros de trabajo o de estudio, y hasta familiares, se pelean diariamente en una lucha fratricida cada vez más cruenta (…) El sentido de nuestra nacionalidad sufre la mella de la abrupta división entre los chilenos, el recelo y la desconfianza recíproca, cuando no el odio desembozado, prevalecen sobre toda solidaridad y una creciente degradación moral rompe las jerarquías de valores (…) Nadie puede negar la verdad de estos hechos. Constituyen una realidad que ha llevado a los obispos católicos a decir que ‘Chile parece un país azotado por la guerra’; una realidad que está destruyendo al país y poniendo en peligro su seguridad; una realidad que tiene quebrantada nuestra institucionalidad democrática; una realidad que parece amenazarnos con el terrible dilema de dejarse avasallar por la imposición totalitaria o dejarse arrastrar a un enfrentamiento sangriento entre chilenos.

“De ahí que las Fuerzas Armadas permanezcan ajenas a la contienda política y, en nuestra tradición republicana, hayan adquirido el papel de ser garantes de nuestra convivencia democrática, asegurando el respeto a la Constitución y las leyes (…) Los chilenos no podemos aceptar en ningún caso y bajo ningún pretexto, el establecimiento de hecho de un supuesto poder popular, formado por cordones industriales, consejos comunales o cualquier otro tipo de organizaciones o grupos (…) Tampoco podemos aceptar que, con participación o complicidad de autoridades o funcionarios del Estado, a aun sin ellos, se distribuyan armas entre quienes se arrogan tal poder de hecho (…) No creo necesario (…) hacer referencia al papel jugado por este tipo de organizaciones armadas, pretextando movilización de masas, en el establecimiento de las dictaduras comunistas en algunos países de Europa oriental. El famoso ‘Golpe de Praga’ en Checoslovaquia, en mayo de 1968, es profundamente revelador” (5).

 

Todo el mundo se daba cuenta

El británico Brian Crozier, fundador del London’s Institute for the Study of Conflict, escribió:

“Durante sus tres años en el poder, Allende transformó su país, de hecho, en un satélite cubano, y por lo tanto en una adición incipiente al Imperio Soviético (…) Para entonces Chile podía ser francamente descrito como un estado marxista en términos ideológicos y económicos (…) Desde una perspectiva estratégica se le había transformado en una importante base para operaciones subversivas soviéticas y cubanas, incluyendo el terrorismo para toda América Latina (…) el KGB soviético estaba reclutando miembros para cursos de entrenamiento en terrorismo (…) especialistas de Corea del Norte estaban enseñando a miembros jóvenes del Partido Socialista de Allende” (6).

La URSS participaba activamente: “Los primeros contactos con Salvador Allende antes de su elección como Presidente de Chile en 1970 y con Juan e Isabel Perón antes de su retorno a Argentina en 1973 también fueron hechos por el KGB en vez de la diplomacia soviética”. El propio Brezhnev reconocía: “En resumen nos arreglamos para convencer a la jefatura del KGB de que América Latina representaba un trampolín donde fuera que hubiera un sentir anti-norteamericano fuerte” (7). Allende era manejado por el KGB desde 1969 a través del agente “Leonid”, que era Stanislav Fyodorovich Kuznetsov:

En 1970 “Allende hizo una personal apelación, probablemente vía Kuznetsov, para obtener fondos soviéticos. Como otros ‘partidos fraternales’ alrededor del mundo, los comunistas chilenos recibían subsidios anuales de Moscú, secretamente transferidos a ellos por el KGB. A lo largo de los 1960s fueron pagados más que cualquier Partido Comunista de América Latina. (…) (El KGB) también aprobó un subsidio personal de US$ 50.000 para ser entregado directamente a Allende. El Partido Comunista de Chile proveyó a Allende de otros US$ 100.000 de sus propios fondos. El KGB también dio US$ 18.000 a un senador de izquierda para persuadirlo de no presentarse como candidato presidencial y permanecer en la coalición de la Unidad Popular. Dada la estrechez de los resultados, aun los pocos votos que él pudiera haber atraído podrían haber inclinado la balanza contra Allende. Ésa era, al menos, la visión del KGB” (8).

“En octubre de 1971, bajo instrucciones del Politburó, Allende recibió US$ 30.000 ‘en orden a solidificar las confiables relaciones’ con él. Allende también mencionó a Kuznetsov su deseo de adquirir ‘uno o dos íconos’ para su colección privada de arte. Le fueron entregados dos íconos, valorizados por el Centro en 150 rublos, como regalo” (9).

“El 7 de diciembre, en un memorándum al Politburó personalmente firmado por Andropov, el KGB propuso darle a Allende otros US$ 60.000 para lo que fue eufemísticamente llamado ‘su trabajo con (es decir, soborno de) líderes de partidos políticos, jefes militares, y parlamentarios’” (10).

El mismo libro presenta a los soviéticos desilusionados con la incapacidad de Allende para planificar con anticipación su defensa ante un golpe de Estado, y citan a Regis Debray, que lo conocía bien, diciendo que “él nunca planificaba nada con más de cuarenta y ocho horas de anticipación” (11).

 

El “Acta Rivera”

             Si podía haber un barómetro del estado de ánimo de la mayoría nacional a mediados de 1973 debía ser la opinión del presidente del Senado y ex Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva. He aquí esa opinión, reflejada en el Acta Rivera, levantada por el abogado Rafael Rivera Sanhueza el 6 de julio de 1973 tras una reunión con el ex Presidente, posteriormente autentificada e incluida en la obra La Casa Dividida, de José Piñera Echenique:

          “Hoy viernes 6 de julio de 1973, día frío de invierno, al anochecer, la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril concurrió a entrevistarse con el presidente del Senado, don Eduardo Frei Montalva, quien había accedido a recibirla en las dependencias de la Cámara Alta, a las 18.30 horas.

          “Integraban el grupo Raúl Sahli Watterman, en su calidad de presidente subrogante, ya que el titular, Orlando Sáenz Rojas, se encontraba en el extranjero; Eugenio Ipinza Poblete, segundo vicepresidente; Sergio López Vásquez, tesorero; Fernando Agüero Garcés, gerente general, y Rafael Rivera Sanhueza, asesor jurídico.

           “Frei se demoró en recibirnos. Hubo que esperarlo en el salón de la presidencia alrededor de 45 minutos. Al ingresar, se excusó, expresando que había sostenido una reunión de emergencia con los senadores de oposición ante la grave situación que aquejaba al país.

          “Los representantes de Fomento Fabril le manifestaron su inquietud por el giro que habían tomado los acontecimientos a raíz del ‘tanquetazo’ del 29 de junio último (alzamiento frustrado del regimiento Blindados N° 2, comandado por el teniente coronel Souper), que había originado una toma masiva de industrias.

         “Se le dijo a Frei que el país estaba desintegrándose y que si no se tomaban urgentes medidas rectificatorias fatalmente se caería en una cruenta dictadura marxista, a la cubana.

        “Frei oyó en silencio, cabizbajo. Se le veía abrumado. Se paró de su sillón, abrió una caja de plata y ofreció cigarros ‘Partagas’ a los asistentes. Luego se sentó, arrellanándose en forma pausada y solemne y dijo que agradecía la visita, pero que estaba convencido de que nada se sacaba con acudir a los parlamentarios y a las directivas políticas contrarias a la Unidad Popular, ya que la situación era tan crítica que los había sobrepasado. 

        “Claramente añadió, casi textualmente: ‘Nada puedo hacer yo, ni el Congreso ni ningún civil. Desgraciadamente, este problema sólo se arregla con fusiles’, de manera que en vez de ir al Congreso deberíamos ir a los regimientos. ‘Les aconsejo plantear crudamente sus aprensiones, las que comparto plenamente, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, ojalá hoy mismo’.

         “Acto seguido contó que un alto oficial de Ejército le había confidenciado que tanto él como su familia corrían serio peligro en el barrio alto, al cual le había respondido que si él y su familia eran 12 personas y que en el barrio alto vivían decenas de miles de personas, razón por la cual su situación era en el fondo irrelevante, agregándole que él, como senador, había sido elegido por el pueblo para legislar, deber que estaba cumpliendo, ‘Ustedes, en cambio, tienen las bayonetas y deberían saber lo que tienen que hacer para salvar al país’.

      “Nos despedimos, sorprendidos por lo que oyéramos de labios de Frei. Nos llamó la atención su claridad y su decisión, ajenas a su natural dubitativo y cauteloso.

     “Siguiendo el consejo de Frei, nos dirigimos a pie por la calle Morandé en dirección al Ministerio de Defensa. Serían alrededor de las 20 horas o más. Las puertas del ministerio estaban entornadas. Consultamos a la guardia si estaba alguno de los tres comandantes en jefe, manifestándole que deseábamos ser recibidos por alguno de ellos.

“Tras las consultas de rigor, se informó que ninguno de ellos permanecía en el edificio.”

 

Subversión dentro de las FF. AA.

El sentido de urgencia se acentuó porque empezó a repartirse a los soldados del Ejército regular una propaganda induciéndolos a desobedecer a sus oficiales. En carta al diario Clarín un dirigente estudiantil de izquierda reconocía:

“…Los compañeros detenidos por oficiales del Ejército son militantes del Movimiento Universitario de Izquierda (…) que la propaganda que los compañeros (…) estaban repartiendo a los soldados tenía como consigna central: Soldado: desobedece a los oficiales que incitan al golpe (…) que notificamos a los oficiales golpistas, a los Frei y los Jarpa, que los revolucionarios continuaremos con un trabajo en el seno de las Fuerzas Armadas tendiente a que conozcan y desobedezcan a los oficiales que llaman al golpe y a los intentos de los sectores que a toda costa tratan de imponerle al Gobierno un programa que signifique una claudicación de las medidas que en favor de éste ha tomado”. Firma la carta Mario Ricardi, dirigente de la Universidad de Concepción. Publicada en Punto Final N° 190 de 14 de agosto de 1973 (12).

El diplomático norteamericano James Theberge, en su libro sobre la presencia soviética en América Latina, sostenía que había testimonios múltiples de la embestida armada guerrillera: “A  fines de 1970, Chile y Corea del Norte acordaron establecer relaciones diplomáticas. Corea del Norte abrió en Santiago una Misión Comercial en mayo de 1971; y en consecuencia, una misión de entrenamiento de guerrilleros de Corea del Norte, que estaba instalada en Cuba desde 1970, fue transferida a Chile. Los norcoreanos convinieron en entrenar las fuerzas militares del Partido Socialista (parte de la coalición de la Unidad Popular gobernante), quienes eran diferentes de las fuerzas más numerosas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Los extremistas del MIR y los del Partido Socialista fueron comprometidos a crear una situación revolucionaria irreversible, para luego forzar a una confrontación con las fuerzas de seguridad. A lo largo de 1973, las brigadas de choque del Partido Socialista emplearon la violencia en una escala creciente para intimidar a la oposición democrática. Este fue uno de los factores principales que llevaron al pronunciamiento militar” (13).

 

El Pronunciamiento

          El 9 de septiembre el contralmirante Sergio Huidobro y el capitán de fragata Ariel González habían llevado personalmente a los Comandantes en Jefe del Ejército y de la Fuerza Aérea, reunidos en la casa del primero, el siguiente documento manuscrito del almirante José Toribio Merino, en un papel sin membrete:

“9 Sept/73

“Gustavo y Augusto

“Bajo mi palabra de honor el día D será el 11 y la hora H 06.00.

“Si ustedes no pueden cumplir esta fase con el total de las fuerzas que manden en Santiago explicarlo al reverso.

“El almirante Huidobro está autorizado para traer y discutir cualquier tema con Uds.

“Los saluda con esperanzas de comprensión

“T. Merino.”

Al reverso está manuscrito:

“Gustavo: Es la última oportunidad.

“J.T.

“Augusto: Si no pones toda la fuerza de Santiago desde el primer momento, no viviremos p. ver el futuro.

“Pepe” 

Luego hay una línea trazada a lo ancho de la página y bajo ella dice, manuscrito:

“Conforme”.

Debajo aparece a la izquierda una firma ilegible, bajo la cual está manuscrito “Gustavo Leigh”, y a la derecha está la firma legible “A. Pinochet U.”

En una declaración notarial dada en Valparaíso el 2 de febrero de 1996, el almirante Merino refiere el origen del anterior documento. Dice en ella:

“El Gobierno de Allende es la peor catástrofe que ha sufrido Chile desde su Independencia. Éste logra en menos de mil días destruir todo lo que este pueblo esforzado había construido desde el dieciocho de septiembre de mil ochocientos diez. Es así como después de un almuerzo en La Moneda, invitado por el Presidente, en que debí sacar mi pistola y ponerla sobre la mesa al alcance de mi mano mientras almorzaba, regreso a Valparaíso, convencido de que esto no puede seguir y que este Gobierno debe terminar. Viene a corroborar lo dicho el hecho de que siendo yo Juez de la causa por intento de Sublevación de la Marina, los responsables Garretón y Altamirano, no podían ser habidos por Investigaciones, a pesar de que había orden de arresto contra ellos; sin embargo, el domingo nueve a las 11.00 hrs. estaban ambos en Televisión Nacional, incitando al pueblo a la revolución. Al oír esto, tomé mi lapicera y le escribí el Mensaje, ya conocido, al General Pinochet y al General Leigh, Comandantes en Jefe del Ejército y de la FACH, respectivamente, diciendo: ‘EL DÍA D SERÁ EL ONCE Y LA HORA A LAS SEIS” (14).

Pinochet, hasta que recibió el papel de Merino, no se había pronunciado, pero ya sabía todo, porque el día anterior el general Sergio Arellano se lo había referido. Arellano había encabezado un “Grupo de los 15”, compuesto por generales de las diferentes ramas. Se habían reunido por meses y recibido ya la notificación de Patricio Aylwin, presidente del Partido Demócrata Cristiano, a través del hijo de Arellano, Sergio, militante de ese partido, de que no habría más conversaciones con Allende.

Pero tampoco Pinochet se pronunció al enterarse a través de Arellano, porque en eso basaba su sabiduría. Sin embargo, golpeó el brazo del sillón con fuerza y dijo enigmáticamente:

–Yo no soy marxista, mierda…

Y nada más. Arellano lo interpretó como aquiescencia y se dio por satisfecho. Según afirma el libro de su hijo (15), creía que el Pronunciamiento debía encabezarlo el Comandante en Jefe, pues había otros generales partidarios de apartar a Pinochet, así como en la Armada se apartaría a Montero y en Carabineros a Sepúlveda.

El mismo domingo 9 de septiembre Allende había citado en su mansión de Tomás Moro a los generales Pinochet y Urbina y les había informado que tenía pensado convocar a un plebiscito, ante lo cual Pinochet le habría dicho: “Eso cambia toda la situación… Ahora va a ser posible resolver el conflicto con el Parlamento” (16).

Aún no había recibido la antes reproducida notificación de Merino, que le llevarían el almirante Huidobro y el comandante González esa misma noche a su casa. Pero ya estaban hechos bajo sus órdenes los planes de contingencia que había autorizado el propio ministro de Defensa, Orlando Letelier, a instancias del mismo Pinochet, ante la alarma por posibles insubordinaciones derivadas del explosivo discurso de Carlos Altamirano, el jefe socialista, el día anterior en el Teatro Caupolicán, anunciando el surgimiento en Chile de “múltiples Vietnams”.

Los generales responsables de esos planes de contingencia, el mismo día 10, habían jurado fidelidad a la ejecución de los mismos, que (no necesitaba el Comandante en Jefe ser explícito ni estaba en su naturaleza serlo) todos sabían a dónde conducían realmente.

 

Se instala la Junta y hay uno al mando

La Junta Militar de Gobierno, integrada por Augusto Pinochet, Comandante en Jefe del Ejército; José Toribio Merino, Comandante en Jefe de la Armada; Gustavo Leigh, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea; y César Mendoza, General Director de Carabineros, asumió el poder tras anunciarlo así por cadena nacional de emisoras a alrededor de las ocho horas del 11 de septiembre de 1973.

Roberto Kelly, oficial retirado de la Armada y después hombre clave del Gobierno Militar, sostiene que ese primer comunicado fue redactado por dos oficiales de la Armada, el auditor general Sergio Vío y el capitán de navío, abogado, Sergio Rillon (17).

Se trató de una decisión colegiada, de cuatro mandos simultáneamente y de instituciones organizadas y jerarquizadas. Eso implicaba que había detrás equipos y capacidades. De hecho, sus equipos técnicos, apoyados por uniformados, ya en la madrugada de ese día se habían hecho cargo de controlar casi todas las radioemisoras del país.

 

Puestos de mando

           Poco después de las siete de la mañana del 11 Pinochet llegó al Puesto de Mando N° 1, en la Central de Comunicaciones del Ejército, en la comuna de Peñalolén.

El Puesto N° 2 estaba en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, en la comuna de Las Condes, y lo encabezaba el general Gustavo Leigh.

El Puesto N° 3 estaba a cargo de radioaficionados civiles, instalado en la Escuela Militar, pero no se conectaba con el Puesto N° 4, de Carabineros, en el edificio institucional del centro de Santiago, sino con el 1 y el 2, pues la situación del cuerpo policial sólo se define el mismo día 11, cuando el General Director titular, José María Sepúlveda Galindo, partidario del Gobierno, es notificado de que su cargo lo ha asumido el general César Mendoza Durán, que será parte de la Junta.

Ese Puesto N° 3 de los civiles fue el responsable, años después, de filtrar las grabaciones de las conversaciones, principalmente entre Pinochet, el almirante Carvajal y Leigh. De ellas se desprende inmediatamente que la autoridad máxima desde el primer instante siempre fue Pinochet. Carvajal le consultaba los aspectos cruciales a éste. Por ejemplo:

“Carvajal: Es José Tohá y me dice que espere un momento para convencer al Presidente.

“Pinochet: Negativo.

“Carvajal: Está en este momento en el teléfono. Voy a hablar con él.

“Pinochet: Negativo.

“Carvajal: Conforme, mi general. Conforme, mi general”.

Y la instrucción de Pinochet a Leigh: “Gustavo, nosotros no podemos aparecer con debilidad de carácter. Y es nefasto dar plazos y aceptar parlamentos”.

Se ha abusado de frases grabadas a Pinochet, coloquiales o de humor rudo, pero él creía estar hablando a salvo de infidencias:

“Más vale matar la perra y se acaba la leva, viejo”, o “se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país, pero el avión se cae, viejo, cuando vaya volando” (18).

Todo mando supremo está afirmado en dos pilares: la decisión del que lo ejerce y la fuerza objetiva en que se apoya. La decisión de Pinochet de asumir el mando de la situación quedó en evidencia desde el primer momento. Y los demás, unos de buen grado (Merino y Mendoza) y otro de mal grado (Leigh), la acataron. Y la fuerza estaba en evidencia merced al sentido común. Como le oí comentar a Jaime Guzmán, más de una vez, Pinochet había ponderado este aspecto: “La Armada puede llegar hasta Casablanca; y los aviones tienen que bajar a reabastecerse”.

Esta realidad se puso de manifiesto también después, en 1978, cuando el general Leigh intentó rebelarse y se encontró sin teléfono en su oficina, aislado y sin ni siquiera poder enterarse de que todas las bases aéreas del país habían sido rodeadas por el Ejército.

Entonces, no dejaba de tener razón Stalin cuando, a la amenaza de que el Vaticano lo condenaría, respondía con una pregunta: “¿Cuántas divisiones tiene el Vaticano?”

REFERENCIAS DE ESTA PRIMERA ENTREGA:

 Prólogo

(1)Paul Johnson: “Heroes: From Alexander the Great and Julius Caesar to Churchill and De Gaulle”. Harper Collins Publishers, New York, 2007, p. 279.

 

CAPÍTULO I

1973: Una revolución imposible de evitar

(1) Vial Correa, Gonzalo: “Alrededor de la Doctrina Schneider”, por Gonzalo Vial Correa, “La Segunda”, Santiago, 24 de octubre de 2000.

(2) Frei Montalva, Eduardo: Carta a Mariano Rumor: “El Mercurio”, Santiago, 11 de septiembre de 2015.

(3) Aylwin, Patricio: Entrevista publicada en “La Prensa”, Santiago, 19 de 0ctubre de 1973.

(4) “New Yorker”, 06 de enero de 2003, citado por José Piñera en “El Mercurio”, 24 de agosto de 2003, p. D13.

(5) Diario de Sesiones del Senado: sesión del 11 de julio de 1973.

(6) Crozier, Brian: “The Rise and Fall of the Soviet Empire”, 1999. Citado por José Piñera en “Nunca Más”, “El Mercurio”, Santiago, 24 de agosto de 2003, p. D12.

(7) Andrew, Christopher y Mitrokhin, Vasilii: “El Mundo Iba en Nuestra Dirección”, Basic Books, Nueva York, 2005, ps. 29-30.

(8) Ibíd., p. 72.

(9) Ibíd., p.75.

(10) Ibíd., p. 76.

(11) Ibíd., p. 85.

(12) Arancibia, Patricia: “Los orígenes de la violencia política en Chile: 1960-1973”, Libertad y Desarrollo, Santiago, 2001, p.188.

(13) Theberge, James: “Presencia Soviética en América Latina”, Gabriela Mistral, Santiago, 1974, p. 62.

(14) Merino, José Toribio: “Bitácora de un Almirante”, Andrés Bello, Santiago, 3ª edición, Santiago, 1998, p. 459.

(15) Sergio Arellano Iturriaga: “De Conspiraciones y Justicia”, La Gironda, Santiago, 2004, p. 59.

 (16) Vial Correa, Gonzalo: “Pinochet, la Biografía”, dos tomos, El Mercurio-Aguilar, Santiago, 2002, t. I, p. 209.

(17) Arancibia, Patricia: “Conversando con Roberto Kelly V.”, Editorial Biblioteca Americana, Santiago, 2005, p. 159.

(18) Vial Correa, Gonzalo: “Pinochet, la Biografía”, op. cit., t. I, p. 220.

 

 

CAPÍTULO I. 1973: UNA REVOLUCIÓN IMPOSIBLE DE EVITAR (CONTINUACIÓN)

Sorpresa relativa de los civiles

Siendo yo diputado en 1973, a mediados de año el senador de mi partido, el Nacional, Fernando Ochagavía, me había pedido telefonear a su oficina del Ministerio de Defensa a un coronel de la Fuerza Aérea, llamado Alfredo Lapostolle. Ochagavía me había asegurado que podía hablar con él con toda confianza. Llamé al coronel y acordamos reunirnos en el ministerio.

Lo único fuera de lo corriente en la conversación que tuvimos fue que, en un momento dado, me preguntó qué me parecería “un gobierno de las Fuerzas Armadas” y yo le contesté, como abogado que era y de acuerdo con los textos vigentes, que la Constitución no contemplaba esa posibilidad y, por tanto, no estaba de acuerdo con ella.

Pero no me di cuenta entonces de que, racional e informadamente, yo ya debería haber estado de acuerdo. Pues durante casi dos años yo mismo había denunciado en mi programa diario de Radio Agricultura las ilegalidades e inconstitucionalidades en que incurría el Gobierno. ¿No era eso lo que la “doctrina legalista de Schneider” describía como “una situación absolutamente anormal y que sale de los marcos jurídicos en que se sustenta la conducción del país” y lo requerido para una intervención militar “legalista”?

Alguien se dio cuenta mejor que yo, y fue importante que lo hiciera. En efecto, un abogado inteligente, ex ministro del gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964), Enrique Ortúzar Escobar, había tomado nota de todas las ilegalidades e inconstitucionalidades que cometía el Gobierno y que yo diariamente las denunciaba. Él las había vaciado en un proyecto de Acuerdo de la Cámara de Diputados, procedimiento que se le ocurrió exclusivamente a él, como ex secretario de comisiones del Congreso, y que no se le había ocurrido a nadie más.

Por eso Ortúzar le pidió al senador Francisco Bulnes, un prohombre del Partido Nacional, citarme también a mí a su oficina, en junio de 1973, para darnos a conocer un completísimo proyecto de Acuerdo de la Cámara de Diputados que había elaborado por su cuenta y que culminaba con un llamado a las Fuerzas Armadas a poner término a la situación existente. Ahí partió lo que después fue la validación civil y democrática de la Revolución Militar.

La inminencia e inevitabilidad del advenimiento de ésta, además, se respiraba en el ambiente. En julio o agosto de ese año me había encontrado en la emisora con Álvaro Puga, un intelectual nacionalista y culto escritor, quien, bajo el seudónimo de Alexis, tenía también un espacio en la radio. A esas alturas los políticos civiles creíamos que podía haber un pronunciamiento militar, pero no teníamos información acerca de él ni del sentir uniformado. Recuerdo que Álvaro Puga me reveló entonces, uno o dos meses antes del 11, que ya estaban organizadas las redes de radioaficionados que iban a apoyar a las Fuerzas Armadas y Carabineros en el golpe. Lo refiero como me lo contó. ¡El golpe ya había partido antes de que los uniformados hubieran resuelto darlo!

En ese tiempo, cuando se hablaban esos temas, yo solía decir que era “gaullista”, en el sentido de que, ante una crisis extrema, se podía generar un pronunciamiento no contemplado en la legalidad, pero sólo para restablecerla de inmediato en mejores términos, consultando al pueblo, como lo había hecho De Gaulle en Francia, en 1958. Una vez que le expliqué a mi colega diputado Bernardo Leighton, democratacristiano, conversando en la Cámara, ese punto de vista, agregándole que yo, por tanto, era “gaullista”, él me replicó: “No, tú eres golpista”. Y todos los que nos rodeaban se rieron mucho.

 

Peligro de invasión desde el Norte

              El 11 de septiembre puso en extremo riesgo la soberanía del país, ése fue un hecho objetivo. Jóvenes investigadores contemporáneos han documentado últimamente esa realidad:

“El Ejército chileno sabía que la situación era peligrosa: la centenaria aspiración (peruana) de recuperar territorios perdidos en la Guerra del Pacífico había estado rondando fuertemente en Lima durante todo el año 73. El peligro de guerra con Perú había sido seriamente contemplado         por los altos mandos chilenos en los meses previos al Pronunciamiento Militar. El mismo 11 de septiembre de 1973 el Estado Mayor de la Defensa fue informado en Santiago de que en Lima se había reunido el alto mando peruano para evaluar lo que ocurría en nuestro país. El 12, un grupo de altos oficiales propuso al Presidente Velasco Alvarado invadir Arica, aprovechando la confusión originada por la intervención militar. Quizás la rápida y contundente acción de las FF. AA. y de Orden, que les permitió tomar rápidamente el control del país, hizo que los peruanos suspendieran la invasión de Arica. Pero, sin duda, ése fue el momento de mayor vulnerabilidad para Chile. El general Pinochet recuerda: ‘Ese fue el momento oportuno para que ellos hubieran actuado sobre seguro. Habíamos dejado dos batallones en el Norte, o sea, mil seiscientos hombres. Todo estaba acá (en la capital); nuestro armamento era malo, con poca munición. Si Perú hubiera atacado entonces, habría llegado hasta Copiapó’” (19).

 

El “gobierno de las Fuerzas Armadas”

              Esa mañana del 11 de septiembre los chilenos nos enteramos por la radio de lo que estaba sucediendo: a través del comunicado leído por una cadena de emisoras, los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros notificaban al país que el Presidente de la República debía “proceder a la inmediata entrega de su cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile”; que “la prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la Unidad Popular deben suspender sus actividades” y que “el pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes”.

Los diputados del Partido Nacional habíamos acordado que, en caso de una emergencia institucional, nos dividiríamos en grupos separados, en lugares predeterminados. Yo debía ir a Radio Minería, en Providencia, y hacia allá me dirigí. Desde el alto edificio divisé el bombardeo de La Moneda, mirando desde la terraza hacia el poniente, y el del Hospital de la Fuerza Aérea (por error del piloto, que lo confundió con la mansión presidencial de Tomás Moro), mirando hacia el oriente. Cuando se decretó el toque de queda volvimos a nuestros hogares, en las primeras horas de la tarde.

Afuera quedaron sólo militares y combatientes de izquierda. Veremos más adelante que ese solo día cayeron 30 uniformados y, por cierto, muchos más extremistas. El general Prats refiere en sus memorias que cierta vez su subordinado, el general Pinochet, refiriéndose a los grupos paramilitares, le había dicho: “Esos gallos no nos aguantan ni una crujida”, lo que había irritado a Prats, que le replicó “¿Así es que estás con el golpecito?”. Pero resultó ser la pura verdad.

El comandante (r) Roberto Kelly recuerda que ese día, también en su casa obedeciendo el toque de queda, oyó frenadas de neumáticos en la calle y cuando se asomó vio un coche militar a cargo de un oficial que le dijo: “Venimos a buscar al señor (notario Rafael) Zaldívar para que haga un inventario de todos los bienes existentes en la residencia presidencial de Tomás Moro”. (El notario vivía al frente de Kelly). Cuando el ministro de fe regresó, ya tarde, llamó por teléfono al marino para que fuera a conversar con él. “Ahí me contó lo que había visto en la casa de Allende”, refiere.

“¿Qué fue lo que vio?”, le pregunta la periodista Patricia Arancibia.

“Según Zaldívar, no sólo había una gran cantidad de armamento y explosivos, material médico y elementos de primeros auxilios, valiosos cuadros, una bodega de víveres y licores, sino también mucho desorden y material ‘no muy santo’ que no vale la pena comentar” (20).

 

Último discurso e ira destructiva

              Allende se comunicó telefónicamente con Radio Balmaceda a alrededor de las diez de la mañana. Era la única emisora afín a la UP que permanecía en el aire. Y a través de ella pronunció su último discurso, el de las “anchas alamedas por donde transitará el hombre libre”, frase notable en un político que dedicó su vida a privar al hombre de su libertad, como le confesó a Regis Debray en su famosa entrevista, al decirle que se proponía instaurar un sistema “socialista, marxista integral”.

Pinochet supo de la arenga y le pidió a Leigh sacar del aire a Radio Balmaceda. El piloto de helicópteros Jorge Massa –que había acudido a fines de 1972 al rescate de los sobrevivientes uruguayos en la cordillera, a 5.500 metros de altura– se elevó entonces, y a dos kilómetros de distancia derribó con un cohete la antena de la emisora.

La otra emisora de la UP que chisporroteaba todavía era Radio Corporación, pero un certero disparo de fusil desde el ministerio de Defensa a la antena situada al frente, sobre el Banco del Estado, la sacó definitivamente del aire.

Entretanto Allende, consumido un número de vasos de whisky que oscilaba entre uno y cuatro, según la fuente consultada, en este caso el historiador norteamericano James Whelan, “libraba todavía otra guerra propia dentro del sitiado palacio: ‘Démonos el placer de hacer pedazos los bustos de todos estos viejos reaccionarios’, dijo a sus compañeros. Con un gesto de la mano indicó los bustos de todos los anteriores presidentes del país. ‘Respeten sólo aquellos de José Manuel Balmaceda y Pedro Aguirre Cerda, los únicos presidentes democráticos. (Aguirre Cerda había encabezado el primer gobierno del Frente Popular, treinta y cinco años antes; y Balmaceda era, naturalmente, el héroe especial de Allende, el primer presidente populista, que puso fin a su propia vida suicidándose, después de un levantamiento militar en 1891). A continuación procedió él mismo a encabezar el acto de vandalismo” (21).

              Ya se había transmitido el Bando N° 2:

“El Palacio de La Moneda deberá ser evacuado antes de las 11:00. De lo contrario será atacado por la Fuerza Aérea de Chile.

“Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlos.

“En caso de que así lo hicieren serán atacados por fuerzas de Tierra y Aire.

“Se reitera lo expresado en el Bando N° 1 en el sentido de que cualquier acto de sabotaje será sancionado en la forma más drástica en el lugar mismo de los hechos.

“Firmado: Junta de Gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile” (22).

 

Toma de La Moneda

              James Whelan fue autor del mejor relato fidedigno de la entrada del Ejército a La Moneda y, en general, de lo que sucedió en Santiago el 11 (23).

El general Javier Palacios Ruhmann había enviado al doctor Soto, de La Moneda, para que dijera a Allende que tenía diez minutos para rendirse:

“Cuando pasaron los diez minutos, Palacios entró al edificio al frente de un pelotón. Dos soldados que iban con él cayeron cuando dos GAP (nota del autor: Guardia Armada Personal de Allende, ilegal), que estaban en un apretado círculo que resistía, soltaron una andanada. Al entrar en la larga Galería de los Presidentes, que ahora era un desbarajuste de bustos presidenciales decapitados, Arturo Alessandri e incluso Balmaceda, vidrios rotos, muebles destrozados y máscaras antigases abandonadas, Palacios se encuentra cara a cara con un GAP que no tendría más de dieciocho años. El muchacho abre fuego con una subametralladora. Yerra, pero una bala que rebota abre una herida que sangra copiosamente en la mano de Palacios. Un joven teniente de apellido Fernández hiere al muchacho en la mano y en la cabeza, después saca un pañuelo y se lo pasa a Palacios, quien lo usa para estancar la sangre de la herida.

“‘Gracias’, dice el general.

“El avance continúa. Palacios casi tropieza con el cadáver de un GAP que tiene once balas en su cuerpo. Hay cuerpos desparramados por todas partes, desordenadamente. Los pocos GAP que quedan, los más fanáticos de todos, siguen peleando, asomándose y desapareciendo por las puertas, mientras disparan y maldicen al hacerlo. Por lo menos ocho mueren en esos últimos momentos atroces, y más son heridos.

“Al darse cuenta de que reliquias de inapreciable valor se encuentran amenazadas por las llamas, Palacios suelta abruptamente una orden tras otra: salven esto, enrollen esa alfombra, bajen esas cortinas. (Hay un artículo que logra salvar: la espada del Libertador Bernardo O’Higgins.) Un cajón de municiones se empieza a quemar y explota. Un techo se hunde. Un teniente lo llama: ‘por aquí, mi general’.

“Lo primero que ve Palacios es la figura del hombre muerto, sentado en un sofá rojo, con su cabeza descansando ligeramente sobre un hombro, las manos hinchadas y negras de pólvora.

“’No había una sola gota de sangre, sólo un cerebro desparramado sobre él’, dice Patricio Guijón (nota del autor: el médico que presenció el suicidio de Allende y se había quedado junto a él).

“A su lado un casco de acero y una máscara antigases. En el suelo, vainas usadas. Por todas partes en la pieza, una pieza dominada por un gran cuadro de la ceremonia de Declaración de la Independencia, había muebles tumbados y una botella de whisky en el suelo.

“Al hombre que estaba sentado, como en un trance, cerca del cuerpo: ‘¿Quién es usted?’

“‘Patricio Guijón. Soy médico, uno de los médicos del Presidente.’

“‘¿Qué está haciendo usted aquí?’, preguntó el general. Guijón explicó lo de la máscara de gases (nota del autor: pues cuando había retrocedido por un pasillo a buscar una máscara de gases había presenciado el suicidio de Allende). Y le dijo a Palacios que había movido el arma.

“‘¿Y tocó alguna cosa más?’

“‘Nada más’.

“Palacios le dijo que pusiera el arma exactamente como la había encontrado. Guijón lo hizo. Palacios le hizo algunas otras preguntas. Era claro que sospechaba que este hombre tranquilo pudiera haber asesinado a Allende.

“’Pero me creyó cuando le dije que no lo había hecho’” (24).

 

Caídos uniformados el día 11

La mejor prueba de que había una fuerza armada de la Unidad Popular la constituye el número de caídos uniformados el mismo día 11. Si las fuerzas del Gobierno hubieran sido sólo “civiles desarmados”, no habrían muerto tantos militares.

En esa efeméride dieron su vida los siguientes: suboficial de Ejército Ramón Toro Ibáñez; cabo 2° de Ejército Hugo Mora Narváez; cabo 2° de Ejército Agustín Luna Barrios; cabo 2° de Ejército Luis Castillo Astorga; soldado conscripto de Ejército Sergio Espejo Plaza; soldado conscripto de Ejército Juan Segura Sepúlveda; soldado conscripto de Ejército José San Juan Naveas; teniente segundo de la Armada Carlos Matamala; teniente segundo de la Armada  Víctor Parada; cadete de la Armada Allan Murphy; marinero Manuel Yáñez; marinero Carlos González; grumete Moisés Pérez; grumete Juan Núñez; grumete Fernando Montenegro; mayor de Carabineros Mario Muñoz Carrasco; capitán de Carabineros Héctor Dávila Rodríguez; teniente de Carabineros Ramón Jiménez Cadieux; sargento 1° de Carabineros José Wettling Wettling; carabinero Martín Vega Antiquera; carabinero Raúl Lucero Araya; carabinero José Apablaza Brevis; carabinero José Maldonado Inostroza; carabinero Juan Herrera Urrutia; carabinero Manuel Cifuentes Cifuentes; carabinero Fabriciano González Urzúa (nota del autor: ascendido póstumamente a suboficial mayor por el heroísmo mostrado al rescatar a un camarada herido en la industria Indumet, a raíz de lo cual fue muerto); sargento 1° de Carabineros Anselmo Aguayo Bustos; carabinero Mario Barriga Arriagada; carabinero Pedro Cariaga Mateluna; y cabo de Carabineros  Orlando Espinoza Faúndez.

La patria ha olvidado casi todos sus nombres y los de otros de sus camaradas; y tardíamente a muchos que combatieron en la misma fecha los ha mandado presos, pero aquí se consigna a los muertos el día 11 porque merecen ser recordados por la importancia de su sacrificio en esa efeméride.

James Whelan afirma: “Antes que terminara (el asedio a La Moneda), quizás media hora más tarde, diecisiete soldados habían sido muertos o heridos, allí, en la Plaza Bulnes y dos manzanas hacia el oeste, en un ensordecedor fuego cruzado entre la gran torre ENTEL (la planta internacional de teléfonos del gobierno) y el Ministerio de Educación. El teniente Hernán Ramírez Haldt estaba al lado del sargento Toro, uno de los instructores más populares de la Escuela de Suboficiales, cuando éste fue herido mortalmente” (25).

Hubo también 18 uniformados heridos. Del total de bajas, 24 fueron del Ejército, 7 de la Armada y 16 de Carabineros (26).

              El total de uniformados muertos entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973 fue de 84 (27).

 

El ejército clandestino existía

Un militante comunista, Wladimir Salamanca, relató en el diario rojo El Siglo un episodio de la lucha del día 11:

“En forma fortuita, una camioneta de compañeros que se dirigía hacia Santa Rosa, buscando contactar a trabajadores de Mademsa y Madeco, se encontró con una patrulla de Carabineros, un bus y algunas tanquetas. Allí se inició el combate armado que duró desde las dos de la tarde hasta el oscurecer, en las calles principales: Comandante Riesle, Toro y Zambrano, Álvarez de Toledo. Al cabo de la tarde nuestros compañeros lograban repeler la embestida de Carabineros. Fue la primera batalla victoriosa. Ya de noche –no había luz— comenzó a llegar gente de otros lugares y compañeros de otros partidos para organizar la resistencia. Al día siguiente no hubo enfrentamientos de esa magnitud. El enfrentamiento importante fue el martes 11. Se infligieron varias bajas a fuerzas militares y de Carabineros. En la población civil que no participaba de los enfrentamientos directos hubo bajas porque la lógica de los golpistas era que todo lo que se movía era blanco de guerra: perros, caballos, vehículos y, sobre todo, disparaban a las casas. Ese día hubo varios pobladores heridos y muertos, no así entre los compañeros que formaban el grupo que resistió. Solamente un dirigente  de Sumar-Nylon murió en el enfrentamiento” (28).

El ejército clandestino se había formado con bastante ayuda externa. En su libro sobre la STASI, la policía secreta de la República Democrática Alemana, John O. Koehler recuerda:

“Allende fue elegido presidente de Chile, y el régimen de Alemania del Este estaba listo para prestarle su apoyo con la Stasi. En semanas, una docena de especialistas en operaciones encubiertas y guerra de guerrilla fueron despachados a Santiago bajo cobertura diplomática. Ellos fueron seguidos por otros trainers del bloque oriental, incluyendo oficiales de Checoslovaquia, a medida que se instalaban en campamentos cerca de Valparaíso. Los soviéticos les proporcionaron las armas y las cabañas prefabricadas. Los ‘alumnos’ eran jóvenes marxistas del Frente Revolucionario Manuel Rodríguez (nota del autor: éste es un error de Koehler, porque el FPMR se formó en los ’80) (29).

              Whelan afirma que “los militares descubrieron también mucha documentación –incluida una lista que tenía guardada Daniel Vergara, el subsecretario del Interior de larga trayectoria–  de los 14.085 extranjeros que se encontraban ilegalmente en el país. Entre estos extranjeros que fueron capturados casi inmediatamente había doce oficiales del ejército soviético que habían estado entrenando obreros revolucionarios en una fábrica de instalación soviética en El Belloto, cerca de Valparaíso. La inteligencia naval los había tenido bajo estrecha vigilancia desde el momento de su llegada un año antes y fueron arrestados en la mañana de la revolución –junto con ocho ingenieros y técnicos soviéticos que trabajaban con ellos— y expulsados varios días después” (30).<

Ejército guerrillero en paulatina desaparición…

              Nadie podía saber, todavía en ese momento, el calibre de la amenaza armada que representaba el ejército clandestino de la Unidad Popular.

              En octubre de 1973 Aylwin fue muy explícito para expresar lo que creía la gente más informada, aunque en 1993 negara haber dicho lo que dijo, y que fue lo siguiente, como quedó grabado en un video de fácil acceso a través de YouTube:

              “Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada ´Vía Chilena de Construcción del Socialismo’, que empujó y enarboló como bandera la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende; y por eso se aprestaban, a través de la organización de milicias armadas muy fuertemente equipadas y que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un golpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En esas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista”.

Esas palabras quedaron filmadas y fueron subidas a YouTube, donde también está la grabación de 1993 en que Aylwin negó haberlas dicho (49).

En un libro, el almirante Sergio Justiniano, muy cercano al miembro de la Junta, almirante José Toribio Merino, escribió: “Las armas encontradas habrían podido armar cinco batallones; en su mayoría eran de procedencia rusa, checoslovaca o de Alemania Oriental y llegadas a Chile por intermedio de Cuba, país al que se le pagaba con vestuario, alimentos y otros artículos que escaseaban en Chile” (50).

              Ese ejército clandestino extremista, que había sido reiteradamente denunciado por los líderes opositores entre 1970 y 1973, después de pasado el peligro algunos de éstos juzgaron que era conveniente minimizarlo, sobre todo cuando se aproximaba el momento de contar con los votos de la extrema izquierda para volver al poder, y empezó a “desaparecer”. De hecho, en el Informe Rettig de 1991, encargado por Aylwin, los muertos por la extrema izquierda se atribuyen a una innominada “violencia de particulares actuando por móviles políticos” y no a las “milicias muy fuertemente armadas y que constituían un verdadero ejército paralelo”. De hecho, en la “historia oficial” terminaron por desaparecer.

              De ello dejó constancia en 2008 el historiador Gonzalo Vial, que 17 años antes, en 1991, fue muy severo para juzgar la represión militar y no estuvo muy atento para dimensionar la amenaza armada marxista. Pero con el tiempo volvió sobre sus pasos y escribió:

              “El secretario general del PS en 1973 (Carlos Altamirano), que el 89, refiriéndose sólo a su partido, hablaba de 1.500 hombres, el año 2003 dijo que no eran siquiera 150… insuficientes para ‘atacar una comisaría’ y que apenas dominaban ‘el tiro al blanco en polígono’ (agregó). El año 1989 el Secretario General del Partido Comunista (Luis Corvalán) había fijado en 3.000 sus paramilitares del 73, ahora los rebajaba a 1.500… y así sucesivamente” (51).

             Vial se refría al cálculo de Altamirano en su libro entrevista con Patricia Politzer, Altamirano, en el cual estimó en unos diez mil hombres en armas el contingente guerrillero local con que contaba la UP.

Contingente guerrillero extranjero

           En resumen, entre las fuerzas subversivas y guerrilleras de 1973, que la versión “políticamente correcta” de la historia y el Informe Rettig de 1991 virtualmente hicieron “desaparecer”, se encuentran las siguientes, detalladas por sus respectivos denunciadores:

1.- Patricio Aylwin, en la ya citada entrevista a NC News Service del 24 de septiembre de 1973 denunció “milicias armadas con enorme poder militar de que disponía el Gobierno y con la colaboración de no menos de diez mil extranjeros que había en este país pretendían o habrían consumado una dictadura comunista” (52).

           2.- Comisión Especial de Consulta sobre Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA), formada por delegados de Estados Unidos, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Uruguay y República Dominicana, que expresa en su Informe:

“El número aproximado de extranjeros ingresados ilegalmente a Chile pudo estimarse en septiembre de 1973 entre doce y quince mil individuos. (…) Luego del 11 de septiembre y hasta marzo siguiente, más de tres mil quinientos extranjeros salieron de Chile en calidad de asilados, refugiados o expulsados” (53).

              3.- El general cubano Patricio de la Guardia Font fue juzgado y fusilado en su país y durante el proceso fue sometido al siguiente interrogatorio:

             “Mayor Julio González Guithon: Y misiones internacionalistas, además de esta de Angola, ¿había cumplido anteriormente?

              “Patricio de la Guardia Font: Estuve en Chile.

             “Mayor Julio González Guithon: ¿Fue condecorado en aquella oportunidad por alguna razón?

            “Patricio de la Guardia Font: Fui condecorado con la Medalla Internacionalista de Primer Grado, porque estaba en Chile al frente de los compañeros de Tropas, cuando el golpe de Estado en Chile, y cumplí otras operaciones especiales.”

“Tropas” es el nombre de un regimiento cubano (54).

Conservo fotocopia de la página donde está el diálogo anteriormente reproducido y cuando se la mostré al historiador norteamericano James Whelan, quiso comprar el libro vía Miami y lo consiguió, para encontrarse con que la página antes reproducida había sido suprimida de esa nueva edición.

4.- El mismo historiador James Whelan escribió que en la oficina de Daniel Vergara, subsecretario del Interior de Allende, después del pronunciamiento, los militares encontraron la nómina de 14.085 extranjeros introducidos clandestinamente al país durante el gobierno de la UP (55).

Las relaciones con Frei Montalva

        El principal líder civil que había apoyado el pronunciamiento militar fue Eduardo Frei Montalva, Presidente del Senado, cuerpo legislativo que no fue disuelto hasta el 23 de septiembre. De partida Frei tuvo una relación difícil con el Presidente de la Junta, general Augusto Pinochet. En los primeros días después del 11 éste tuvo una llamada suya, pero prefirió no atenderla.

Al salir del Te Deum celebrado el 18 de septiembre en la Gratitud Nacional Frei se marcha sin despedirse de Pinochet, que se siente desairado y pregunta el porqué de esa actitud. Se le responde que se debe a las medidas tomadas respecto del Congreso, entre ellas el retiro del auto oficial que usaba el Presidente del Senado (56).

          “Sólo en diciembre de 1973 y en su propia casa –escribe el historiador Gonzalo Rojas Sánchez– Pinochet recibe a Eduardo Frei. La conversación gira en torno al futuro de Chile. El gobernante inicia la conversación insistiendo en que el país está en ruinas, que no tiene con qué vivir y, por lo tanto, es lógico que se vengan tomando medidas drásticas, porque ‘a grandes males, grandes remedios’. Frei, por su parte, se queja del aprovechamiento que algunos empresarios estarían haciendo de la situación, y argumenta que eso no sucedería en democracia; Pinochet aclara que la democracia volverá cuando esté consolidado todo, porque no quiere entregar el Gobierno para volver a lo mismo; entonces Frei lo interroga por la duración del proceso y pregunta si serán ¿unos 5 años? Pueden ser cinco, pueden ser diez, pueden ser veinte”, es la cazurra respuesta de Pinochet. Disgustado, Frei termina la reunión. En la próxima oportunidad que pida audiencia, unos meses después, Pinochet prefiere retrasar la entrevista” (57).

            Pero la DC oficialmente apoyaba el pronunciamiento, tanto que mantuvo transitoriamente expulsados del partido a los trece dirigentes que emitieron una declaración repudiando el golpe, alternativa a la oficial del partido (58).

El primer ministerio

La amenaza armada extremista fue el desafío más visible e inmediato para la Junta, pero resultó relativamente fácil de controlar, si bien con un costo inmediato y alto para las Fuerzas Armadas y Carabineros, como hemos visto y veremos, y que se ha ocultado. En todo caso, fue mucho menor que el pagado en vidas por el ejército clandestino marxista.

Pero ni siquiera Pinochet estaba seguro en su propia casa. Refiere: “En cuanto a mi hogar, desde el mismo día 11 de septiembre fue atacado por personas que valiéndose de la oscuridad de la noche disparaban desde unos 150 a 200 metros de distancia, ataques que fueron repelidos por los dos hombres de seguridad que mantenía en ese lugar. El 14 de septiembre me encontraba en reunión en el Ministerio de Defensa, cuando me avisó el general Benavides que mi casa en Laura de Neves había sido atacada con armas automáticas, las cuales destruyeron parte de una cornisa y algunos vidrios. No se habían escuchado los disparos, sino sólo el chasquido de las balas, pues estos señores marxistas disparaban desde corta distancia con armas provistas de silenciador, lo que no era primera vez que ocurría.

“La oportuna llegada de las tropas, que dispuso el general Benavides y que cubrieron la zona hizo huir a los atacantes y evitó males mayores. Desde ese momento mi casa y mi familia quedaron protegidos por personal militar que cercó toda la manzana” (59).

Después de los combates de las primeras horas y de un dominio del territorio que en el exterior sorprendió por su eficacia y prontitud, el nuevo gobierno ya tenía sólidamente el poder en sus manos y el día 12 estaba designado el ministerio que iba a asesorar al Poder Ejecutivo: un gabinete de nueve uniformados en servicio activo, dos en retiro y dos civiles:

Interior, general de Ejército Óscar Bonilla; Relaciones Exteriores, contraalmirante Ismael Huerta; Economía, general de Ejército Rolando González; Hacienda, contraalmirante Lorenzo Gotuzzo; Educación, civil José Navarro; Defensa, vicealmirante Patricio Carvajal; Obras Públicas, general de Aviación Sergio Figueroa; Agricultura, coronel de Aviación (r) Sergio Crespo; Tierras, general de Carabineros (r) Diego Barba; Trabajo y Previsión, general de Carabineros Mario Mac-Kay; Salud, coronel de Sanidad Aérea Alberto Spoerer; Minería, general de Carabineros Arturo Yovane; Vivienda, general de Ejército Arturo Vivero; y Secretaría General de Gobierno, coronel de Ejército Pedro Ewing (60).

Ese primer ministerio contenía una curiosidad: el general Rolando González, de Economía, era todavía, el mismo 12 de septiembre, ministro de Minería del gobierno de Salvador Allende. Para él la fecha significó, pues, sólo un cambio de cartera (61).

Y ya ese mismo día 12 empieza a circular al interior del régimen, es decir, de la Junta y sus asesores, El Ladrillo, como llamaban al conjunto de planes que los economistas de derecha habían preparado para el eventual gobierno de Jorge Alessandri, si triunfaba en la elección de 1970, que se complementó durante la Unidad Popular (1970-73) con aportes de economistas democratacristianos y que finalmente publicara el Centro de Estudios Públicos en forma de texto en 1992 (62).

Roberto Kelly, oficial retirado de la Armada, que trabajaba en el Grupo Edwards, del dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, era muy próximo al almirante Merino y debe ser considerado el principal responsable de que El Ladrillo haya sido profusamente distribuido apenas hubo cambio de gobierno.

Junto a él fue decisivo Hernán Cubillos, otro oficial retirado de la Armada que, como civil, se había convertido en hombre de confianza y mano derecha del citado Agustín Edwards.

Legitimidad del nuevo gobierno

              Desde un primer momento el régimen militar tuvo un mayoritario y amplio apoyo ciudadano, aunque el transcurso del tiempo y la intensa propaganda internacional contraria a ese régimen haya hecho olvidarlo.

              En octubre de 1973 el Colegio de Abogados reflejó la opinión interna dominante y dirigió una comunicación a sus organizaciones congéneres del exterior, que posteriormente se publicó en la Revista de Derecho y Jurisprudencia del mismo mes. Estaba firmada por el presidente del Colegio, el más destacado jurista democratacristiano de ese tiempo, Alejandro Silva Bascuñán, y argumentaba lo siguiente sobre la toma del poder por las Fuerzas Armadas y Carabineros:

              “Han concurrido, pues, a juicio del Colegio de Abogados, en el caso de Chile, todas las condiciones doctrinarias para estimar como legítima la rebelión armada que depuso al Gobierno anterior. Y es obvio que, como dice un autor, ‘si es legítimo deponer a una autoridad ilegítima, quien la reemplace a través del ejercicio legítimo del derecho de rebelión, necesariamente tendrá que tener un título de origen legítimo (que es posterior a la rebelión). Sería absurdo que existiera un derecho legítimo de rebelión y no se pudiera reemplazar la autoridad ilegítima, ya que no se puede dejar vacante el ejercicio del poder’. En este sentido, como el bien común exige que el orden jurídico no permanezca por largo tiempo sin ninguna autoridad legítima, el título de la que ha tomado el poder le ha de permitir dictar una normativa jurídica de emergencia o irregular desde el punto de vista de su forma, pero que tendrá la validez o eficacia de una legislación normal. Tal es el caso de la que se está dictando y aplicando en Chile desde el 11 de septiembre último” (63).

              Es decir, si fuera por la rigurosidad histórico-jurídica, quienes hoy hablan de “la dictadura” serían más precisos si aludieran al “gobierno legítimo” que nos rigió de 1973 en adelante.

Derechos de las personas

A partir del bando N°1, que anunció el término del gobierno del Presidente Allende y la asunción del poder por la Junta Militar de Gobierno, fueron dictados otros motivados porque en ese momento la amenaza armada extremista parecía ser el desafío más urgente. Esa noción predominante explica excesos que después ha resultado difícil justificar.

              Al día siguiente del 11 se dictó el bando más draconiano, derivado de las muertes registradas hasta ese momento a manos del extremismo. Fue el N° 25, que en dos de sus disposiciones advertía: “1°. Se otorga un plazo hasta las 15 horas de hoy miércoles 12 de septiembre, para que todas aquellas personas o grupos de personas que estén oponiendo resistencia armada al nuevo Gobierno de los chilenos depongan su actitud y entreguen sus armas a los representantes de las FF. AA. y Carabineros; 2°. Todas aquellas personas que insistan en la actitud suicida e irresponsable antes señalada serán objeto de un ataque definitivo por parte de los efectivos de las FF. AA. y Carabineros. Los que sean tomados prisioneros, serán fusilados en el acto”.

              Estas draconianas disposiciones se prestaron para excesos, lo que obligó a la Junta a dictar la Circular N° 1 de la Junta de Gobierno:

“Dicta normas de conducta en procedimientos que empleen Fuerzas Armadas y Carabineros. Santiago, 7 de enero de 1974:

“… Nuestra etapa en el gobierno de la Nación no puede ni debe caracterizarse por actos inhumanos que tengan que ocultarse a la ciudadanía y que sólo engendran una reacción de violencia, de odios y de venganza. (…)

“6.a. La actitud de las FF. AA. y Carabineros para cualquier chileno o extranjero que sea sorprendido empuñando las armas, en actos criminales contra las tropas y población civil o sabotajes que afecten a nuestras fuerzas o a la población civil, debe estar orientada al aniquilamiento en combate de estos extremistas o violentistas o, por medio del procedimiento judicial más rápido, si se han rendido.

“6.b. Aquellos que sean sorprendidos promoviendo la subversión, deben ser sometidos a juicio y sancionados de acuerdo con los procedimientos rápidos que otorgan los tribunales militares en tiempo de guerra. (…)

“6.g. El concepto de ‘mano dura’ no autoriza el empleo de procedimientos desterrados de la civilización; la ‘mano dura’ es más bien una ‘mano justa’, para interpretar mejor el espíritu de la Junta de Gobierno en la conducción del país. (…)

“8. La presente circular deberá ser difundida, leída y comentada a todos los mandos de las FF. AA. y Carabineros e Investigaciones, debiendo establecerse las responsabilidades, sanciones y penas correspondientes ante cualquier incumplimiento de las disposiciones que ella contiene. (Fdo.) Augusto Pinochet Ugarte, General de Ejército, Presidente de la Junta de Gobierno.”

              Posteriormente, el 1° de febrero de 1974 se distribuyó la “Circular Confidencial N°22”, de 25 de enero de 1974, del Ministerio del Interior, relacionada con la detención de personas. Ella expresaba, en sus partes pertinentes:

“A) Antecedentes: (…)  Decreto ley N° 228 de 24 de diciembre de 1973, publicado en el Diario Oficial de 3 de enero de 1974, artículo 1°, que establece que todas las atribuciones conferidas por el artículo 72, N°17, inciso tercero, de la Constitución Política del Estado al Presidente de la República por la declaración de Estado de Sitio, serán ejercidas por la Junta de Gobierno por medio de Decretos Supremos firmados por el Ministro del Interior, con la fórmula “Por orden de la Junta”. (…) En consecuencia, este ministerio dispone: 1) La detención de personas en uso de facultades del Estado de Sitio es única y exclusivamente privativa de la Junta Militar de Gobierno y se ejercerá a través de Decretos del Ministerio del Interior. 2) La detención de personas por la Justicia Militar sólo podrá llevarse a efecto en virtud de una orden emanada de un Tribunal competente y de acuerdo a las normas legales vigentes. 3) Ninguna autoridad está autorizada para practicar detenciones al margen de las presentes disposiciones; lo mismo se aplica  a los Servicios de Inteligencia Militar de cualquier institución, que también deberán someterse obligatoriamente a tales normas. Lo expresado es sin perjuicio del cumplimiento de órdenes dispuestas por la autoridad competente y en los casos en que la Ley Penal autorice la detención respecto de personas sorprendidas in fraganti. (…) 6) El Ministerio de Defensa dispondrá que todos los C.A.J.S.I. (nota del autor: Comandantes de Áreas de Justicia y Seguridad Interior) envíen una lista completa de las personas que se encuentren detenidas a la fecha, conforme a esta facultad constitucional, indicando la fecha en que fueron detenidas. Esta lista deberán enviarla al Ministerio de Defensa Nacional en el plazo de diez días después de recibidas las instrucciones que ese Ministerio disponga, las que se harán llegar por intermedio de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET) al Ministerio del Interior. (…) 10) El Ministerio de Defensa Nacional dará las órdenes pertinentes para el inmediato cumplimiento de estas instrucciones. Saluda atentamente a US. (Fdo.) Oscar Bonilla Bradanovic, General de División, Ministro del Interior”.

              Este documento fue repartido a todas las unidades uniformadas y de la policía civil del país y desvirtúa la consigna falsa, pero generalizadamente repetida, de que “la violación de los derechos humanos fue una política sistemática y permanente del Gobierno Militar”.

              Hubo posteriores normativas, que en su momento se examinará, confirmando la política de protección de los derechos de las personas durante ese régimen y no de “sistemático atropello a los derechos humanos”. En la propia Declaración de Principios del Gobierno de Chile, la Junta propiciaba “un orden jurídico respetuoso de los derechos humanos: marco para el actual gobierno” (64).

“Un Vietnam Publicitario”

       Cuando las cosas estaban sucediendo, en 1973, no se pensaba que los militares estaban “atropellando los derechos humanos” o “cometiendo delitos de lesa humanidad”, porque el miedo a la amenaza extremista era muy grande. Por eso Patricio Aylwin decía (en los mismos primeros tres meses en que morían mil ochocientos del total de poco más de tres mil caídos entre 1973 y 1990):

           “Es muy fácil convertirse en juez de otros que están peleando, mientras uno está cómodamente sentado en el escritorio. Yo no me siento con autoridad moral para juzgar si han sido excesivos o no, porque lo cierto es que (…) han tenido muchas bajas y han recibido la acción. No tengo una cuantificación, yo creo que hay más muertos de los que se ha dicho, pero al mismo tiempo tengo otra cosa clara: que la versión que se ha dado en el extranjero es tremendamente exagerada. Cuando se habla de los muertos flotando en el río Mapocho. Cuando se habla de los cientos de miles o varias decenas de miles de muertos, heridos y prisioneros, es una exageración manifiesta” (65).

            El apoyo democratacristiano fue explícito, tanto en una declaración del 12 de septiembre de la directiva de Aylwin, Osvaldo Olguín y Eduardo Cerda, para quienes los propósitos de la Junta “interpretan el sentimiento general y merecen la patriótica cooperación de todos los sectores” (66) y como consta de la siguiente Acta de la sesión N° 29 de la Junta de Gobierno:

              “En Santiago, a seis días del mes de noviembre de 1973, siendo las 16 horas, se reunió la Junta en sesión secreta”.

              El primer punto y más extenso de la tabla es el siguiente: “Se recibe en audiencia a los ex parlamentarios señores Juan de Dios Carmona, Juan Hamilton y Enrique Krauss, quienes dan una información general de la impresión que han podido recoger en su visita a Europa en relación con los últimos acontecimientos ocurridos en el país.

              “A su juicio, Roma es el centro de la propaganda mundial en contra de Chile y donde se estarían reuniendo los ex embajadores que no regresarían al país, estimando que la situación con Italia no podrá arreglarse antes de cuatro o cinco meses, lo cual puede repercutir en alto grado en los embarques y desembarques de productos de Chile, muy en especial en lo referente al cobre.

              “En síntesis, consideran que esta intensa campaña en contra de Chile será mantenida a toda costa a fin de transformar nuestra situación como en un Vietnam publicitario” (67).

              Un documento titulado “El Partido Demócrata Cristiano y la dictadura militar”, que apareció en la revista Chile-América números 4 y 5 (1975), publicada en Roma por exiliados chilenos, con un comité editor que integraban, entre otros, el ex Vicepresidente de la República y connotado líder del PDC, Bernardo Leighton, y el ex senador y ex ministro socialista José Antonio Viera-Gallo, era descrito así:

              “El documento señala  que el 14 de septiembre de 1973, en casa de Javier Lagarrigue, íntimo amigo de Eduardo Frei Montalva, se produjo un encuentro entre el ex Presidente y su antiguo amigo, el general de división Oscar Bonilla, quien ha asumido la cartera de Interior. Aparte de Lagarrigue y de los dos personajes nombrados sólo se encuentra presente el senador democratacristiano Juan de Dios Carmona, que fue ministro de Defensa (…) Frei aseguró que el Partido apoyaría a la Junta Militar y se acordó el envío inmediato de una carta a los partidos de la Unión Mundial Demócrata Cristiana (UMDC). Se acordó también la urgente salida de una delegación del PDC al extranjero.

              “La carta tenía un poco más de cinco carillas y una introducción que decía: ‘En nuestra correspondencia de julio último dijimos que la acción del gobierno de Salvador Allende había colocado a la democracia chilena ‘entre la espada y el paredón’. Esto es, entre una salida militar, con todos los riesgos que ella significa, o una dictadura totalitaria’.

              “Afirma que ‘la gran mayoría recibió jubilosa y aliviada la noticia del derrocamiento de Allende’, y reseña la declaración oficial de la mesa directiva del PDC, dada a conocer el 12 de setiembre, subrayando la frase en la cual se sostenía que los propósitos de la Junta Militar ‘interpretan el sentimiento general y merecen la patriótica colaboración de todos los sectores’”.

              Pero a la vez una minoría de 13 personalidades disidentes de la DC, al día siguiente de la declaración de la directiva DC del 12, suscribió una declaración condenando “categóricamente el derrocamiento del Presidente constitucional de Chile. (…) Nos inclinamos respetuosos ante el sacrificio de su vida que él hizo en defensa de la Autoridad Constitucional”. Había sido redactada por Bernardo Leighton, que a la vez había firmado el Acuerdo de la Cámara llamando a las Fuerzas Armadas y Carabineros a “poner término a la situación de hecho existente”. Con razón era conocido como “Hermano Bernardo”: siempre quedaba bien con todos.

Uno de los firmantes, José Piñera Carvallo, retiró su firma (aparece rayada en el original); y otro que inicialmente no quiso firmar, Radomiro Tomic, pidió al día siguiente que se incorporara su firma. Lo mismo hicieron los diputados Marino Penna y Waldemar Carrasco (68).

              Firmantes originales del documento disidente, entonces: Bernardo Leighton, Ignacio Palma, Renán Fuentealba, Sergio Saavedra, Claudio Huepe, Andrés Aylwin, Mariano Ruiz-Esquide, Jorge Cash, Jorge Donoso, Belisario Velasco, Ignacio Balbontín, Florencio Ceballos y Fernando Sanhueza (Los Trece).

Delegación DC al exterior

              El diario El Metropolitano de Santiago, durante el breve período en que se publicó y procuró ganarse un espacio en “la gran prensa”, en el año 2000, informó también lo siguiente:

               “La revista ‘Chile-América’ indica que el 16 de octubre de 1973 ‘con la aquiescencia de la Junta Militar salen de gira a América Latina y Europa los dirigentes DC, Enrique Krauss (diputado), Juan de Dios Carmona y Juan Hamilton (senadores) para explicar las razones que ha tenido el PDC para apoyar el pronunciamiento militar.’

              “Posteriormente, por separado, el presidente del Partido, senador Patricio Aylwin viaja a la República Federal Alemana para contactar con los dirigentes democratacristianos de ese país.

            “En otra misión, Pedro Jesús Rodríguez, ministro de Justicia de Frei, y Alejandro Silva Bascuñán, presidente del Colegio de Abogados, ambos militantes democratacristianos, integran una delegación de juristas que realiza una gira de 32 días por países europeos en una acción destinada a mejorar ‘la imagen internacional de la Junta’” (69).

¿Para qué sirvió todo esto? Para que el PDC comprobara que, en el mundo de 1973, el sol calentaba más en el lado opuesto a la Junta. Todo lo descrito sólo condujo a que se transformara en adversario a ella, al comprobar cómo el embate propagandístico del KGB había arrastrado al mundo entero a esa posición. Éste fue un punto de inflexión político en Chile, perjudicial para la Junta.

La legalidad de excepción

            Ya el mismo 11 de septiembre, mediante los decretos leyes N°s 3 y 4 de fecha 18 de septiembre se establecieron, respectivamente, el Estado de Sitio en todo el país y el Estado de Emergencia en las provincias, con el añadido de que el decreto ley N°5, de 22 de septiembre, estableció que, para los efectos de la aplicación de las penas, el Estado de Sitio debía entenderse como “tiempo de guerra”. Se modificó la Ley de Control de Armas y se amplió la competencia de los tribunales militares. A los seis meses del 11 el Estado de Sitio se renovó por otro período similar y sólo después de un año se disminuyó del grado de “tiempo de guerra” al de “defensa interna”.

              En todo caso, la lucha armada era una realidad desde el día 11 en adelante. Estaba presente en primer término esa preocupación, porque se combatía en las calles del centro de Santiago, donde funcionaba la Junta. “Mira –le dice Pinochet al almirante Patricio Carvajal, flamante Ministro de Defensa, en una transmisión radiofónica de la mañana del 11— es conveniente tirar una proclama por la radio que hay estado de sitio; en consecuencia, no se aceptan los grupos; la gente tiene que estar en sus casas, porque se arriesgan a que se encuentren en un problema y puedan caer heridos y no hay sangre para salvarlos” (70).

La situación, entonces, estaba controlada pero era  peligrosa en las  calles, donde solo el día 11 habían caído muertos, como antes se señaló, 30 uniformados y 18 habían resultado heridos por el fuego extremista. Pero la respuesta castrense al ataque extremista fue dura, como que entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973 hubo 1.522 caídos bajo el fuego de las fuerzas armadas y de orden, mientras 301 fueron víctimas de la “violencia política”, eufemismo con que las comisiones formadas por  Aylwin después de 1990, Comisión Nacional De Verdad y Reconciliacióny Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, cuyo sesgo político fue evidente (más en la primera que en la segunda), describieron a los caídos bajo los disparos extremistas.

Es decir, 1.823 personas cayeron entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, lo que representaba el 57 % de todas las víctimas registradas para el período 1973-1990. Y en esos 93 días primeros días de la Revolución Militar la acción del gobierno tenía el apoyo político de toda la derecha, de los principales líderes de la DC, encabezados por Frei y Aylwin; de la Democracia Radical y de la Izquierda Radical de Luis Bossay, escindida de la UP (71).

En los primeros días Pinochet “no trepida en no dormir durante dos noches seguidas, porque la preocupación del combate lo exige” (72).

Y con el correr de los años ha resultado, inesperadamente, que la mejor síntesis y más aproximada a la realidad de las verdaderas consecuencias de la lucha armada que tuvo lugar en 1973 fue la que dio el propio general Augusto Pinochet en una entrevista a la revista Ercilla del 13 al 19 de mayo de 1974, p. 12: “’El combate duró prácticamente cuatro horas’, con un saldo de muertes que, seis meses después, llegó a 1.600 víctimas. ‘Cerca de doscientas de las cuales son de nosotros’”.

Después de 1990, las Comisiones Nacionales antes nombradas, formadas por el gobierno de Patricio Aylwin, llegaron a parecidas conclusiones, según acabamos de ver.

Pero en el resto del mundo y en el propio Chile la impresión era de un número de víctimas mucho mayor. Recuerdo que, en mi calidad de diputado, en los días siguientes el 11 me pidió una entrevista un periodista australiano. Fue a mi casa y me preguntó escuetamente cuántos muertos había. Yo le respondí que no tenía idea, pero que se oía mucho intercambio de disparos. No satisfecho con mi respuesta, me pidió una cifra de caídos y ante tal exigencia le dije que los estimaba en trece mil. No sé por qué se me ocurrió esa cifra. Pero el australiano se irritó en extremo y me aseguró que eran más de cien mil. Casi inmediatamente se retiró molesto de mi domicilio. Supongo que él transmitió la cifra de cien mil a su país de origen, cuando la verdad era que, en ese momento y según se ha sabido después, posiblemente no pasaban de mil, de acuerdo a los datos de las Comisiones formadas en 1990.

La imagen internacional

El teniente coronel Patrick Ryan, miembro de la misión naval de su país acá entre 1972 y 1976, escribió en noviembre de ese último año un artículo titulado El Chile de Allende y los Mil Días Perdidos, en el cual expresó:

“Durante diez años, los Estados Unidos luchó contra el comunismo en Vietnam, país localizado a unas 7 mil millas de las costas de California, con una trágica pérdida de 55 mil vidas norteamericanas, seis veces más la cantidad anterior en heridos, sin tomar en cuenta el tremendo costo de 150 mil millones de dólares.(…) ¡Perdimos la guerra!

“Por otro lado, la República de Chile, situada en nuestro hemisferio, luchó contra el comunismo en el patio trasero de los Estados Unidos, sin la ayuda de los B-52, de la VII Flota y sin la visita de Bob Hope. Ningún dedo norteamericano apretó gatillos de M-16, ningún desfile horroroso de ataúdes envueltos en la bandera norteamericana fue enviado vía aérea diariamente desde Santiago de Chile para ser sepultados en los Estados Unidos. Lo que es más aún, sin nuestra ayuda y sin sentirse abrumados con nuestra táctica de ‘respuesta calculada’, los chilenos derrotaron al comunismo.

“El gobierno de los Estados Unidos no ha aplaudido esta brillante derrota del comunismo, pero, en forma increíble, nuestro Senado y el Congreso, por medio de la Enmienda Kennedy al Acta de Ayuda al Extranjero, han terminado toda la ayuda militar al nuevo gobierno anticomunista de Chile. ¿Por qué?”

El diario Times, de Londres, que es de derecha, también lavó el cerebro de sus lectores con respecto a Chile. El mismo ya citado teniente coronel Ryan fue, en un caso, víctima de ello, y nos refiere:

“De personal interés para el autor fue un artículo del ‘Times’ de Londres (27.10.73), escrito por Godfrey Hodgson y William Shaweron, que señaló: ‘En la planificación del golpe de estado el almirante José Toribio Merino mantuvo contacto personal con el teniente coronel Patrick J. Ryan, del Cuerpo de Infantería de Marina de la Misión Naval Norteamericana en Valparaíso, Chile’. Aunque yo encontré el reportaje sobre mi contacto personal diario con el Almirante Merino muy lisonjero ¡también encontré que era muy falso! Durante los ocho meses precedentes al golpe mi calendario de escritorio revela solamente dos citas con el Almirante Merino y se refieren a asuntos estrictamente mundanos. Estas citas fueron contactos típicos vice-almirante a teniente coronel. Él habló y yo escuché y en seguida llevé a cabo sus órdenes. El reportaje del ‘Times’ de Londres acerca de mis deberes de contacto con Merino en referencia al golpe fue absolutamente falso y tipificó la desinformación y los hechos ‘fabricados’ que fueron diseminados en relación al golpe en Chile” (73).

Newsweek inventa cadáveres

La revista norteamericana Newsweek del 8 de octubre de 1973 publicó el reportaje más calumnioso y falso de todos los medios de ese país, obra del periodista John Barnes. Ese artículo hizo un enorme daño a Chile, pues sirvió de base al senador Kennedy para hacer aprobar la prohibición de vender armas a nuestro país.

Titulado “Matadero en Santiago”, aseveraba que la Junta se había deshecho de 2.796 santiaguinos, que aseguraba haber visto en la morgue, durante el golpe.

La realidad es preciso volver a repetirla: las comisiones de Verdad y Reconciliación y de Reparación y Reconciliación, en 1991 y 1992, lograron comprobar que entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, en todo el país y no sólo en Santiago, murieron 1.823 personas, 1.522 de ellas a manos de las Fuerzas Armadas y Carabineros y 301 debidas a lo que, piadosamente con el terrorismo de izquierda, dichas comisiones llamaron “víctimas de la violencia política” o “de particulares obrando por motivos políticos”, las cuales, no obstante, siempre se cargan a la cuenta de la Junta.

El arte de la desinformación

Un comentario norteamericano, del escritor Lloyd Billingsley, aparecido en FrontPageMagazine.com el martes 24 de enero de 2006, sobre un libro publicado en los Estados Unidos, titulado El Mundo Estaba Yendo en Nuestro Rumbo: El KGB y la Batalla por el Tercer Mundo (“The World Was Going Our Way: The KGB and the Battle for the Third World”) (Basic Books), se refiere a las revelaciones de los archivos del oficial de la inteligencia soviética Vasili Mitrokin, contrabandeadas a occidente en 1992. Expresa:

“El volumen también destaca que, en 1976, el New York Times publicó 66 artículos sobre abusos de derechos humanos en Chile y sólo cuatro sobre Camboya, donde el Khmer Rouge mató a 1,5 millones de personas del total de la población de 7,5 millones. Los autores no encuentran una explicación adecuada para esta ‘extraordinaria discrepancia’, pero hay una: los especialistas en desinformación del KGB hicieron bien su trabajo y encontraron a muchos en la izquierda norteamericana dispuestos a creerles.”

El grueso de la campaña de desinformación acerca de Chile en el mundo lo llevó a cabo la Unión Soviética. En la publicación alemana Deutschland Magazine de 3 de febrero de 1978, su enviado a Chile, Kurt Ziesel, titulaba: “Moscú Invierte 200 Millones de Dólares en Mentiras Sobre Chile”, suma que el Gobierno Militar ni siquiera cercanamente podía gastar para desvirtuar las respectivas mentiras. Esa información fue obtenida, según la publicación, de agentes del KGB soviético. Ziesel añade:

“Recientemente se descubrieron los métodos que se emplearon para ese fin. El Gobierno Militar ha declarado culpables y ha detenido a 125 miembros de ese preciso servicio secreto y a numerosos funcionarios estatales por desempeñarse como agentes de las potencias orientales. Noche tras noche ellos irrumpían en hogares, arrastraban a la calle a numerosos individuos, los golpeaban, torturaban y asesinaban. Ya a la mañana siguiente, la radiodifusión de Moscú proporcionaba antecedentes sobre estas agresiones —supuestamente efectuadas por los militares— agregando en cada caso datos exactos de lugar, tiempo y nombres de los sacrificados. Los agentes habían notificado sus crímenes a Moscú, por radio.

“Ya durante la Segunda Guerra Mundial, Brezhnev realizaba actos similares en Ucrania, donde los agentes soviéticos, vestidos con uniformes alemanes, aterrorizaban a la población con asesinatos y torturas con el fin de transformarlos en guerrilleros contra las fuerzas alemanas.

“El verdadero escándalo radica en que los medios de comunicación occidentales son, en parte voluntaria y en parte involuntariamente, cómplices de estas maquinaciones de Moscú. De esta manera, la revista ‘Stern’ describió como sacrificio por el pronunciamiento en contra de Allende, realizado en septiembre de 1973: ‘2.000 cadáveres flotaban en el río Mapocho que corre a través de Santiago’. En realidad, el río Mapocho no lleva nada de agua en septiembre, o a lo sumo una corriente de unos pocos centímetros de profundidad, debido a que el deshielo en los Andes todavía no ha comenzado. No obstante, esta historia de horror fue inescrupulosamente aceptada por numerosos medios de comunicación y todavía se sigue difundiendo.

“El corresponsal de la revista ‘Stern’, Heno Buss, frecuentó un largo tiempo al director de la línea aérea alemana Lufthansa, en Santiago. Un día, cuando apareció de nuevo por las oficinas de Lufthansa, la secretaria le pidió que se retirara. Como él preguntó la razón de esa actitud, se le mostró un artículo escrito por él en la revista ‘Stern’, el cual estaba lleno de calumnias. Buss extrajo el manuscrito original tal cual lo había enviado a la revista. Su artículo había sido transformado por la redacción en algo negativo. ‘Libertad de prensa’ al estilo Nannen & Cía.

“En Santiago, el administrador del hotel en que yo me hospedaba, que era procedente de Viena y de apellido Kulka, me contó la siguiente anécdota, que a él mismo le había sucedido: un año después del pronunciamiento en contra de Allende estuvo de visita en Viena y se encontró con su antiguo compañero de colegio, ahora Canciller Federal austriaco, Bruno Kreisky. Él le reprochó al Canciller que el Partido Socialdemócrata Austriaco (SPO) y los medios de comunicación occidentales divulgaban las mentiras más atroces contra Chile. En vista de eso, Kreisky sacó una fotografía de su escritorio. En ésta se veía una enorme plaza con muchos árboles. De cada árbol colgaba un cadáver. ‘Así se instaló tu régimen militar’, afirmó Kreisky triunfante. Kulka observó la foto y moviendo la cabeza dijo: ‘Esta fotografía muestra la Plaza Vergara en Viña del Mar, un balneario ubicado a 100 kilómetros al oeste de Santiago. Al fondo puede ver el Hotel O’Higgins. Durante y después del pronunciamiento yo fui el administrador de ese hotel. Todos los días pasaba, por lo menos unas cinco veces, por esa plaza con sus árboles. Tu foto es un montaje fotográfico, una pésima falsificación con la que tú te dejaste engañar.’ Avergonzado, Kreisky guardó de nuevo la fotografía en el cajón de su escritorio.”

El Departamento D del KGB

La desinformación es un arte totalitario. Lo practicó el nacional-socialismo, bajo Hitler y a través de Goebbels, quien sostenía que “una mentira mil veces repetida termina por parecer verdad”.

El servicio secreto soviético, el KGB (Komitet Gosudarstvenoy Besopastnosti), Comité de Seguridad del Estado, tenía un “Departamento D”, de Desinformatsiya, destinado a fabricar mentiras en todo el mundo para favorecer al comunismo. Fue revelado en detalle por Ladislav Bittman, jefe de la desinformación checa, en 1985, en su libro “El KGB y la Desinformación Soviética”. En una oportunidad llegaron a falsificar una edición de la revista Newsweek para ser distribuida en Asia y África, en 1963. Un artículo de ella sobre John Kennedy había sido reemplazado completo por otro opuesto, apoyando el interés soviético. El escritor Alvaro Pineda de Castro afirma:

“La revelación la hizo Laszlo Szabo ante el Senado norteamericano, luego de abandonar su cargo de Agregado Civil en la Embajada de Hungría, y agregó que los planes fueron fraguados por el periodista norteamericano Noel Field. Este personaje figuró junto con Alger Hiss en el famoso juicio por espionaje y actividades subversivas que le siguió el comité del Senado sobre actividades antinorteamericanas, en el cual fue condenado por perjurio a varios años de cárcel, en 1948, y en el cual el ex Presidente Richard Nixon tuvo el papel de acusador principal” (74).

La desinformación reviste múltiples modalidades y hasta la prensa más seria resulta infiltrada por ella.

El historiador Paul Johnson ha escrito, según vimos en el Prólogo, que la máquina de propaganda de la URSS tuvo éxito en demonizar a Pinochet entre las élites habladoras del mundo, lo cual fue el último triunfo del KGB antes de que desapareciera en el basurero de la historia. Esa gigantesca tarea propagandística del comunismo internacional fue muy importante, porque predispuso a la opinión pública mundial contra la Junta, al crear una imagen de grandes derramamientos de sangre inexistentes.

Por ejemplo, la prestigiada revista inglesa The Economist, que inmediatamente después del 11 de septiembre publicó un artículo favorable al pronunciamiento, a la semana siguiente ya había virado completamente, tras ser lapidada por la crítica izquierdista mundial, pasando a convertirse en ácida denostadora del mismo, arrastrada por la ola originada en Moscú.

Hasta un historiador crítico del Gobierno Militar en materia de derechos humanos, como Gonzalo Vial, ha reconocido que “la campaña de la U.R.S.S. cooperó decisivamente al ostracismo internacional del régimen militar y, como suplemento, a fijar sin vuelta la imagen ‘ogresca’ de Pinochet” (75).

Durante los 16 años y medio de la Revolución Militar Chilena se mantuvo una divergencia total entre lo que opinaban los residentes extranjeros en Chile, de diversas nacionalidades, que eran  abrumadoramente partidarios de la Junta, con lo que creía la opinión pública predominante de sus respectivos países, inundada por la propaganda anti-Junta.

La realidad interna

En Santiago, de hecho, el 11 de septiembre el control de la ciudad se consiguió en pocas horas. Sólo hubo escaramuzas aisladas en poblaciones periféricas, algunos recintos universitarios dominados por el extremismo y en fábricas incautadas por la Unidad Popular. En el centro hubo intercambio de fuego con francotiradores apostados en edificios estatales. Fue el caso de la Torre Entel, cuyo fuego de fusiles fue preciso silenciar con artillería, o de la industria fabril Indumet, donde cayó el carabinero, póstumamente ascendido a suboficial, Fabriciano González Urzúa, bajo el fuego extremista, como antes se mencionó. En su memoria fue bautizada con su nombre, a partir de entonces, la Escuela de Suboficiales de ese cuerpo policial.

Concepción y Talcahuano fueron controladas sin disparar un tiro. Los extremistas detenidos en esas ciudades fueron llevados a la isla Quiriquina. Tampoco en Valparaíso hubo enfrentamientos importantes y los extremistas detenidos fueron llevados al cuartel Silva Palma y al vapor Lebu, que estaba de para y presto a ser enajenado. En Punta Arenas los detenidos allí y en la zona sur fueron enviados a la isla Dawson, donde también fueron confinados los presos de mayor relevancia de la zona central.

           En la revista Qué Pasa del 27 de septiembre de 1973 Pinochet declara: “La Junta trabaja como una sola entidad; yo fui elegido presidente por ser el más viejo; en realidad es porque el Ejército es la institución más antigua (…); pero no sólo seré yo Presidente de la Junta: después de un tiempo lo será el almirante Merino, luego el general Leigh y así sucesivamente; soy un hombre sin ambiciones, no quiero aparecer como el detentador del poder; (…) respecto a la forma de operar de la Junta, ella trabaja en forma colegiada, dado que los problemas que estamos enfrentando en estos primeros días tienen un carácter unitario”. Sus declaraciones resultarían sobrepasadas por la evidencia de su propio liderazgo y ambición.

         A nadie se ocultaba que había existido bastante intercambio de fuego. Uno de los primeros bandos advertía que quien usara armas contra los efectivos uniformados sería ejecutado en el lugar de los hechos. Situaciones tales menudearon en esos días. En particular, recuerdo que el cadáver de un  extremista abatido en un balcón del quinto o sexto piso de un edificio de CORFO, que quedaba a una cuadra de El Mercurio, donde yo concurría a diario, permaneció cerca de una semana allí junto a su arma, hasta que las nuevas autoridades tomaron control de la institución y de ese recinto.

           Pero el mundo tampoco sabe que los militares chilenos no estaban completamente inadvertidos mientras la izquierda se armaba, y se habían enterado de los preparativos extremistas. He aquí lo que nos dice el almirante Sergio Huidobro Justiniano en su libro Decisión  Naval: “Los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas tenían detectados a todos los cabecillas de la violencia. Conocían sus claves, sistemas de comunicaciones y sus enlaces. Sabían, por ejemplo, que ellos –las Fuerzas Armadas y Carabineros— sólo se estaban adelantando por una semana a un golpe marxista que proclamaría la República Popular de Chile y eliminaría a seis mil oficiales, políticos, periodistas, profesionales y dirigentes gremiales, como se señalaba en el Plan Z de la Unidad Popular. En Concepción la radio de la Universidad (un núcleo extremista) transmitía las 24 horas y en cada melodía venía un mensaje. En Santiago, los miristas debían escuchar la Radio Nacional; los socialistas, la Corporación; los del MAPU sintonizaban La Candelaria. Cada uno sabía a qué atenerse. Si el Centro de Madres Laura Allende de La Legua llamaba a reunión en el sitio acostumbrado, significaba que los “compañeros” de la Población debían ir a retirar las armas en el lugar en que estaban ocultas” (76).

Servicio de inteligencia del Gobierno

              La DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, ha sido elegida como responsable de casi todos los denominados por sus detractores –y cada vez más ex partidarios “arrepentidos”– como “atropellos a los derechos humanos” que se achaca al Gobierno Militar. Pero eso no corresponde a la verdad histórica, de partida porque la mayoría de las muertes en la contienda se produjo antes de que existiera la DINA.

Las ya mencionadas comisiones formadas después de 1990 para investigar el tema de los atropellos a los derechos humanos –Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación o Comisión Rettig, y la posterior y complementaria Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación— concluyeron que el 56 por ciento de la muertes entre 1973 y 1990 se produjo entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre del primero de esos años. Y la DINA no existía a esa fecha, pues recién a mediados de noviembre de 1973 el teniente coronel Manuel Contreras fue convocado a estudiar la formación de un organismo de inteligencia del nuevo gobierno, distinto de los que tenían las ramas de la defensa y Carabineros de Chile; y el mismo no se creó hasta mediados de 1974.

              El 12 de noviembre él recién expuso los lineamientos generales de su concepción sobre un futuro servicio de esa especialidad a las altas autoridades del gobierno y de los servicios de inteligencia existentes. Pero es verdad que a partir de ese momento comenzó a funcionar lo que se denominó “Comisión DINA”.

              Sin embargo, fue sólo cuando se dictó el Decreto Ley N° 521, de fecha 18 de junio de 1974 que nació la DINA. Su director fue el recién ascendido a coronel Manuel Contreras.

La crisis económica

              La lucha por combatir a la guerrilla extremista y restablecer la ley y el orden era la más urgente, pero el país tenía armas para enfrentarla y lo estaba haciendo con éxito. En cambio, las circunstancias económicas a que había llevado la revolución socialista de Allende eran críticas y el país se había quedado sin armas para enfrentarla. El mismo Presidente había dicho, poco antes de caer, que sólo había reservas de harina para “unos pocos días más” y la penuria de recursos y de reservas era generalizada en todo el ámbito público (77).

              En la distribución de responsabilidades entre los miembros de la Junta, la dirección de los asuntos económicos del Gobierno recayó en el Almirante Merino. El general Pinochet quedó a  cargo de los temas políticos y militares; el general Leigh de los sociales y culturales y el general Mendoza de los problemas agrarios y de tierras fiscales.

              Quiso el destino que desde un año antes Merino hubiera estado preocupado de cómo enfrentar la catástrofe económica provocada por la Unidad Popular. En las memorias del oficial retirado de la Armada, Roberto Kelly, un hombre clave del Gobierno Militar, cuyo papel no ha sido debidamente ponderado, se dice lo siguiente, en relación a un conversación que tuvo con  Merino en 1972: “Recuerdo que la respuesta de Merino fue muy asertiva: Si nos movemos ahora, nos vamos a hacer cargo de este caos que no tiene salida y nos van a culpar a nosotros por esta situación. Porque la verdad es que no tenemos ningún proyecto alternativo que podríamos utilizar para salvar al país. Además, con la propaganda mundial que existe a favor de este gobierno, no podemos correr el riesgo de aventurarnos solos en un camino desconocido”.

              Preguntado por la historiadora y autora de su biografía, Patricia Arancibia, sobre cuál fue su reacción, responde:

              “Es que Merino tenía razón. Nada se sacaba con dar un golpe de fuerza si es que no se tenía claro hacia dónde debía marchar el país en el futuro, sobre todo en materia económica. Le señalé entonces que había que ponerse a trabajar en serio y elaborar un plan que mostrara que había una salida y en un momento adecuado estaría dispuesto a mostrárselo. Me contestó ‘tráemelo’. Volví a Santiago con la sensación de que me había echado una enorme responsabilidad.

              “¿Qué curso de acción siguió?

              “Me reuní privadamente con Emilio Sanfuentes, quien a mi juicio era la persona indicada para armar equipo y cumplir la tarea encomendada. Era uno de los economistas del Cesec (nota del autor: Centro de Estudios Socio-Económicos del Grupo Edwards) y formaba parte del grupo de Hernán (Cubillos) dentro de ‘El Mercurio’. (…)
“¿Cómo se lo planteó a Sanfuentes?

              “Le conté mi conversación con Merino y le pregunté en cuánto tiempo se podría presentar un plan económico y social para sacar adelante al país. Me contestó que en 30 días, lo cual me pareció un plazo demasiado corto. En ese momento yo no sabía que ya existía un esbozo de plan económico que habían realizado algunos economistas para la candidatura de Alessandri, pero no había sido considerado por éste, y que podría servir de base para elaborar lo que posteriormente se conocería como ‘El Ladrillo’” (78).

REFERENCIAS DE ESTA III ENTREGA:
(49) Entrevista concedida por Patricio Aylwin a NC News Service de Washington y Bonn, el 24 de septiembre de 1973, reproducida en el diario “La Prensa” de Santiago el 19 de octubre de 1973 y luego subida a YouTube.

(50) Huidobro Justiniano, Sergio: “Decisión Naval”, Ultramar, Santiago, 1998, p. 253.

(51) Vial, Gonzalo en “La Segunda”, columna, 19 de febrero de 2008.

(52) Aylwin, Patricio, en “La Prensa”, Santiago, 19 de octubre de 1973.

(53) “La Segunda”, 13 de julio de 1990, p. 16.

(54) “Vindicación de Cuba”, Editorial Política, Belascón N° 864, La Habana, Cuba, 1989, p. 291.

(55) Whelan, op. cit., p. 541.

(56) Pinochet, Augusto: “Camino Recorrido. Memorias de un Soldado.” Instituto Geográfico Militar, Santiago, 1991, tomo II, p. 26.

(57) Rojas Sánchez, Gonzalo: “Chile Escoge la Libertad”, Zig-Zag, Santiago, 1998, tomo I, p. 134.

(58) Whelan, op. cit., p. 759.

(59) Pinochet, Augusto: “Camino Recorrido”, op. cit., t. II, p. 23.

(60) Ibíd., p. 20.

(61) Cuevas Farren, Gustavo: “Pinochet: Balance de una Misión”, Arquén, Santiago, 1998, p. 37.

(62) Centro de Estudios Públicos: “El Ladrillo”, Santiago, 1992.

(63) Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXX, N°s 7 y 8, septiembre-octubre de 1973, p. 286 y 287.

(64) “Declaración de Principios del Gobierno de Chile”, en realidad, los ideólogos del régimen no le atribuían importancia, tanto que Jaime Guzmán le expresó a Gonzalo Rojas: “Los militares quieren una Declaración de Principios… habrá que hacerla”. Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. I, p. 88.

(65) Aylwin, Patricio, en “La Prensa”, Santiago, 19 de octubre de 1973.

(66) González Camus, Ignacio: “Renán Fuentealba en la Génesis de la Concertación”, Catalonia, Santiago, 2007, p. 172.

(67) “El Metropolitano”, Santiago, de 6 de septiembre de 2000, p. 17, citando a “El Siglo” de 28 de agosto de 1993, cuyo director, Claudio de Negri, le declaró: “Nunca hemos recibido un desmentido por la publicación de estos documentos”.

(68) González Camus, Ignacio, op. cit., p. 172.

(69) “El Metropolitano”, Santiago, 06.09.00, p. 16.

(70) Rojas Sánchez, Gonzalo: “Chile Escoge la Libertad”, op. cit., p. 21.

(71) Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe, p. 196, anexo estadístico. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Informe, p. 526 a 530.

(72) Rojas, Sánchez, op. cit., t. I, p. 20.

(73) Ryan, Patrick: “El Chile de Allende y los Mil Días Perdidos”, “Los Editores”, sin pie de imprenta, Santiago, 1973, 26 páginas.

(74) Pineda de Castro, Alvaro: “Pinochet: Verdad y Ficción”, Vsallo de Mumbert, Mdrid, sin fecha, p.87.

(75) Vial, Gonzalo: op. cit., tomo II, p. 286-7.

(76) Huidobro Justiniano, Sergio: “Decisión Naval”, Ediciones Ultramar, Con Con, 1998, p. 251.

(77) “Breve Historia de la Unidad Popular”, Ediciones El Mercurio, 1973, p. 415.

(78) Arancibia, Patricia: “Conversando con Roberto Kelly V.”, Editorial Biblioteca Americana, Santiago, 2005, p. 139.

 

FIN DEL CAPÍTULO I. 1973: Una revolución imposible de evitar

El Ladrillo

              Una versión precisa sobre el origen de El Ladrillo es la siguiente, que lo sitúa antes del término del régimen de la Unidad Popular, y viene de opositores al Gobierno Militar:

              “Inicialmente trazaron las líneas generales Emilio Sanfuentes, Sergio de Castro, Pablo Baraona, Manuel Cruzat y Sergio Undurraga. A inicios de 1973 se amplió el equipo y se integraron Juan Braun, Rodrigo Mujica, Álvaro Bardón, Juan Carlos Méndez, Juan Villarzú, José Luis Zabala y Andrés Sanfuentes. A partir de marzo de 1973, las reuniones fueron, por lo general, una vez a la semana en horario vespertino, en Suecia 286. A medida que transcurría el tiempo aumentó la periodicidad y se incorporó más gente a la preparación de los documentos: llegaron José Luis Federici, Ernesto Silva, Enrique Tassara y Julio Vildósola.

              “En más de una ocasión Jaime Guzmán participó en las reuniones. (…)

              “Sergio de Castro fue clave en el diseño del denso documento que después sería  conocido como ‘El Ladrillo’. Era el mayor de los economistas del grupo y también el más escuchado. De hecho fue él, junto con Sergio Undurraga, quien afinó los detalles y concluyó el borrador final del documento que recibieron los marinos. (…)

             “El documento final fue mecanografiado en las oficinas que Undurraga tenía en Nataniel Cox. ‘El Ladrillo” tenía 189 páginas, en papel de fotocopia, sin firma” (79).

              Finalmente El Ladrillo, con un prólogo de Sergio de Castro, fue editado por el Centro de Estudios Públicos en junio de 1992 en Santiago, en una edición de 193 páginas.

Un plan en 90 días

              Kelly, precavidamente, se comprometió ante Merino a tener el plan en 90 días y cumplió con entregárselo. En el grupo de economistas que lo preparó, recuerda Kelly, “estuvieron Sergio de Castro, Pablo Baraona, Álvaro Bardón, Sergio Undurraga, José Luis Zavala, Juan Villarzú, Manuel Cruzat, Juan Braun, Andrés Sanfuentes y, claro está, Emilio (Sanfuentes). Junto a ellos, creyendo que estaban haciendo un trabajo de investigación, trabajaron algunos alumnos destacados y recién egresados” (80).

              Merino también llamó a su amigo Kelly para otra cosa, el mismo día 11, y le dijo perentoriamente: “Tráeme nombres”. Junto con eso, lo designó Ministro de la Oficina Nacional de Planificación, cuya existencia Kelly confesó haber ignorado y cuya dirección debió buscar en la guía de teléfonos. Para hacerse cargo, demandó una credencial del Ministro de Defensa, almirante Patricio Carvajal, tras lo cual tomó el control de las respectivas dependencias y se instaló en la oficina que allí ocupaba el extremista español Joan Garcés, mentor intelectual de Allende (81).

¿Qué hacía un joven ideólogo español en Odeplan?

           El hombre clave para Kelly en su tarea de “buscar nombres” será Emilio Sanfuentes, sociólogo con un máster en Economía en Chicago y que trabaja también para el grupo Edwards en su Centro de Estudios Socio-Económicos (CESEC). Con él confecciona una lista de nombres y se la entrega a Merino.

Como consecuencia, el día 14 en la mañana un vehículo militar va a buscar a su domicilio a Sergio de Castro y le notifica que a las cuatro de la tarde debe presentarse a la oficina del Almirante Merino en el  Ministerio de Defensa. Se dirige allí y tras dos horas de antesala el marino lo recibe y le espeta: “Usted va a ser asesor del Ministro de Economía, general Rolando González”, y se va. Momentos después aparece el general González, con un ejemplar de El Ladrillo bajo el brazo y cita a su asesor para el día siguiente a su despacho (82).

          Cuando acude al ministerio, González se encuentra con otros economistas: Pablo Baraona, Álvaro Bardón, Juan Braun y Tomás Lackington. Al reunirse con el ministro éstos se dan cuenta de que no hay ninguna coincidencia entre lo que éste cree que se debe hacer en materia económica y lo que opinan los economistas. El enfoque espontáneo del uniformado es dirigista, mientras los especialistas creen urgente disminuir el dirigismo y consagrar la libertad de precios, para terminar con el acaparamiento y la escasez. El ministro teme por las consecuencias en el poder adquisitivo de la población. Ésta discrepancia será una constante en los primeros tiempos.

             El almirante Merino se da cuenta de ella y, probablemente urgido por Kelly, libremercadista, piensa en un ministro de Economía civil. Éste resulta designado de una manera imprevisible. Pues ha llegado al país el ingeniero Raúl Sáez, pro DC, ex ministro de Hacienda de Frei Montalva, deseoso de ayudar a la Junta, como casi todos los DC. Ésta lo convoca, pero él se da cuenta de que, siendo ingeniero, no maneja con la misma soltura que los economistas jóvenes los conceptos innovadores. El almirante Merino recibe a Sáez en su despacho. Afuera espera audiencia otro ingeniero, Fernando Léniz Cerda, gerente general de El Mercurio, que ha venido a interceder ante una clausura que ha sufrido el diario Las Últimas Noticias, de su empresa.

  El almirante Merino le dice a Sáez que se necesita un Ministro de Economía afín al nuevo equipo de jóvenes graduados de Chicago. Sáez le dice: ‘¡pero si lo tiene allá afuera!’, pues ha visto a Léniz al pasar. Entonces, cuando se va Sáez, el almirante ofrece a Léniz el ministerio y éste acepta. Así se escribe la historia, pues Léniz ni siquiera era Chicago Boy ni tampoco economista, sino ingeniero civil. Alguna vez había sido hombre de izquierda. Pero su enorme inteligencia le indicaba que las nuevas tendencias eran el futuro y se afiata perfectamente con el equipo de El Ladrillo.

 Con el tiempo se convertirá en el mejor vocero de los nuevos aires económicos, dada su habilidad para explicar a la gente, a través de la TV y con palabras sencillas, las nuevas soluciones (83).

           Kelly sigue reclutando gente y ha llamado a Orlando Sáenz, presidente de los empresarios fabriles, y a Sergio Undurraga, economista formado en Chicago. El primero terminará de asesor económico de la Cancillería y el segundo no demorará en asumir como jefe del Departamento de estudios de Odeplán, donde trabajan Ernesto Silva Bafalluy, Juan Carlos Méndez, Arsenio Molina y Miguel Kast, que ocupará la Subdirección Nacional de Odeplan cuando Lackington se marche al Ministerio de RR. EE., todos, salvo Sáenz, Chicago Boys.

             A iniciativa de Kast “trabajarán para Odeplan los especialistas Álvaro Bardón, Sergio de la Cuadra, Ernesto Fontaine, Hernán García Vidal, María Teresa Infante, Sergio Molina Silva, Eladio Suzaeta, Álvaro Donoso, Joaquín Cortez y, más tarde, Pedro Arriagada, Hernán Büchi, Patricia Matte, Martín Costabal, Julio Dittborn, Cristián Larroulet, Joaquín Lavín y muchos más” (84).

              La lucha por la libertad de precios fue finalmente zanjada por el decreto ley N° 522 de 15 de octubre de 1973, que terminó con el control de precios sobre miles de productos y redujo su número a 33; otros 18 pasaron a ser “informados”, es decir, en su caso el alza debía comunicarse a la autoridad; y el resto quedaron libres. Ello dio lugar a que la inflación se manifestara en toda su magnitud. Los uniformados se inquietan. Generales inclinados a la DC y a las políticas intervencionistas manifiestan su malestar.

           Había un factor importante para inducir a la Junta a adoptar un modelo de economía de mercado libre: el milagro brasileño logrado a partir de 1964 y de una crisis económica severa, la cual fue conjurada en Brasil por gobernantes militares.

             Brasil creció 9,3 % en 1968, 9,0 % en 1969, 9,5 % en 1970, 11,3 % en 1971 y 10,4 % en 1972. El modelo del ministro Roberto Campos fue muy exitoso y convincente (85).

Urgencias internacionales inmediatas

                Jorge López Bain, ex ministro de Minería del Gobierno Militar, recuerda:

               “Los embargos a las exportaciones de cobre y las demandas contra el Estado de Chile por las expropiaciones sin compensaciones en que se había embarcado la Unidad Popular seguían penando y mientras no fueran resueltas Chile tendría problemas serios en su comercio exterior.

            “La Junta designó a dos destacados ingenieros, Raúl Sáez y Jorge Schneider, para que negociaran avenimientos con los países y empresas demandantes (…) La International Telegraph & Telephone, la ITT, propietaria en Chile de la Compañía de Teléfonos, había sido expropiada por el Gobierno de la UP sin compensación alguna. La ITT tenía demandado al Estado de Chile ante tribunales internacionales (…) Se llegó a un avenimiento entre las partes y el Estado de Chile extendió un cheque por US25.000.000 a favor de la ITT (el equivalente hoy –2012— a esa cantidad sería de US$220.000.000). Sin embargo, para sorpresa de todos, la ITT, una vez recibido el pago, anunció que lo devolvía al Gobierno de Chile en su totalidad. (…)

               “Eso sí, la cantidad involucrada debería tener un fin específico. Se destinaría a la creación de una institución cuyo único objetivo sería la investigación y la transferencia (o importación) tecnológica. (…) Así nació la Fundación Chile…” (86).

             

Fundación del Comité Asesor

              El Comité Asesor, recuerda Roberto Kelly en sus memorias, nació el 4 de octubre de 1973 como organismo de la Junta de Gobierno, para luego transformarse, por la fuerza de los hechos, en Comité Asesor del Presidente de la Junta, siendo su primer jefe el coronel Julio Canessa.

             “En el Ejército pasaron la espumadera y sacaron la flor y nata de los oficiales para llevárselos al Comité Asesor –continúa Kelly—. Luis Danús, por ejemplo, era Director recién nombrado de la Escuela Militar. Otro miembro que recuerdo fue el general Horacio Toro Iturra, quien mucho tiempo después fue nombrado por el Presidente Aylwin Director de Investigaciones. Es claro que este señor se peleó con Pinochet. También lo integraron Gastón Frez, Bruno Siebert y Enrique Seguel y hubo dos ex militares que en algún momento formaron parte de ese comité como civiles: James Locke y Víctor Muñoz (87).”

          Pero sólo el 24 de mayo de 1974 el decreto ley N° 460 dio vida legal al Comité. La importancia de éste consistió en que satisfizo el prurito de Pinochet de tener siempre un contrapeso alternativo a las políticas liberales que le planteaban los economistas. Casi invariablemente se inclinó por éstas, lo que, ni más ni menos, fue lo que llevó al éxito económico al Gobierno Militar, eludiendo las tentaciones estatistas e intervencionistas que siempre favorecía el Comité. Pero siempre quiso mantener este contrapeso uniformado de alto coturno muy próximo a él, aunque fuera para desoírlo. A cambio, todos los miembros de él hallaron a la postre altos destinos gubernativos.

         La discrepancia entre el sentir militar y los economistas ante la crisis se fue agudizando y se convirtió en conflicto cuando se debió adoptar una decisión sobre el tipo de cambio. El gobierno anterior lo mantenía en 25 escudos por dólar para el grueso del comercio exterior, pero el dólar paralelo valía 2.000 escudos, y eso que había bajado mucho desde el cambio de gobierno, antes del  cual había sobrepasado los 3.000 escudos.

           El general Eduardo Cano, presidente del Banco Central; su vicepresidente, el capitán Enrique Seguel, que era economista; y José Luis Zabala, economista DC (pero Chicago Boy) del departamento de estudios del Banco, proponen, en conjunto con el ministro de Hacienda, almirante Gotuzzo, devaluar la moneda a 285 escudos por dólar, es decir, 11,4 veces en relación a la paridad oficial preexistente de 25 escudos.

Merino acepta con reticencia, pero rebaja la cifra a 280 escudos. El 27 de septiembre el Banco Central adopta el acuerdo.

           Sin embargo, el Comité Asesor de la Junta, constituido por uniformados, no mira con simpatía las políticas de libre mercado. Del ámbito militar y universitario ha surgido una figura crítica de las medidas de libertad económica y devaluación propuestas por los economistas: el abogado y profesor de Derecho Financiero de la Universidad de Chile, oficial retirado del Ejército, Hugo Araneda Dörr, dotado de mucha elocuencia pero con un limitado conocimiento de la teoría económica fundada en la libertad de iniciativas.

        Por la importancia del acuerdo cambiario, queda en suspenso su aplicación mientras no lo ratifique la Junta. El Comité Asesor se hace más crítico de las medidas liberalizadoras, por lo drásticas.

El Presidente de la Junta y esta última en pleno reciben el miércoles 2 de octubre a las dos tendencias en discordia –el Comité Asesory los Chicago Boys— y oyen debatir a sus respectivos exponentes: Hugo Araneda por los críticos de la devaluación, defiende un sistema de cambios múltiples y una devaluación gradual; y Sergio de Castro, representante de las ideas de libre mercado que han llevado a devaluar a 280 escudos, como se ha resuelto.

Alguien tenía que decidir, y lo hizo. Obviamente fue Pinochet. Una interpretación interesante es la siguiente, de autores adversos a la Revolución Militar, Víctor Osorio e Iván Cabezas:

“… inicialmente, más que por convicción, Pinochet hizo propia la visión neoliberal por un cálculo táctico. Su alianza con los hombres de Chicago lo colocaría en una posición de evidente ventaja estratégica frente a sus rivales inmediatos o potenciales al interior de los institutos armados, los que carecían de proyecto y que –además— se veían desarmados de argumentos frente a los economistas” (88).

Corte del nudo económico gordiano

           En siguiente reunión de la Junta con el equipo económico, el general Pinochet ofrece la palabra al almirante Merino y éste expresa:

   “Mire almirante Gotuzzo, usted ha sido engañado, todos hemos sido engañados; cuando tomamos la decisión de devaluar, nadie nos dijo que iba a subir tanto el precio del trigo y por tanto el precio del pan, y que iban a pasar muchas otras cosas más. Esto es intolerable y nos crea problemas. La Junta Militar no puede estar subiendo los precios no sé cuántas veces. Nos van a acusar de que estamos matando de hambre al pueblo”.

             “De Castro intenta responder, pero el general Pinochet se lo impide y da la palabra al abogado Araneda, que habla media hora, con más dureza que el almirante, y expone las reservas de él, los militares y muchos ciudadanos frente a la devaluación. La exposición de Araneda impresiona a la Junta. El general Pinochet guarda silencio. De pronto el almirante Merino golpea la mesa con mucha fuerza y dice:

      “Señor almirante Gotuzzo, yo le ordeno que pare esta devaluación. ¡Vamos a echar marcha atrás!”

         Los dados estaban lanzados, pero es en esas ocasiones cuando surgen los hombres excepcionales… siempre que los haya:

            “El almirante Gotuzzo se para y se cuadra. Manteniéndose en posición firme, dice: ‘Almirante, yo no voy a echar atrás la devaluación, porque creo en conciencia que la decisión está muy bien tomada’. Después de estas palabras, dichas lentamente como para que todos acusen la gravedad del momento, se sienta con calma. Sobreviene un silencio más largo y un intercambio de miradas sorprendidas. Todos aprecian el hecho insólito de que el contraalmirante Gotuzzo se niegue a recibir la orden de su comandante en jefe, aunque comprenden que Gotuzzo actúa en este caso como ministro de Hacienda.

  “El general Pinochet rompe el silencio y con una semi-sonrisa (dice): ‘No pueden adoptarse decisiones con las cabezas caldeadas. Vamos a tomarnos un café’”.

            “El abogado Araneda, que está propuesto para ser Ministro de Economía en reemplazo del general González, le manifiesta al general Pinochet que no está dispuesto a aceptar el cargo si se persiste en la devaluación. Pinochet le responde, “está bien. Déjelo no más” (89).

             Años después, en los ’80, siendo Hugo Araneda y yo miembros de la IV Comisión Legislativa (Ejército) de la Junta, en una conversación me comentó: “El ’73 yo estaba a punto de quedar a cargo del manejo de la economía y ya casi nombrado ministro, cuando salieron no sé de dónde, desde debajo de la mesa, los Chicago Boys y se quedaron con la conducción económica”.

              Estoy seguro de que fue para bien del país y el cuchillo que cortó el nudo gordiano fue la decidida defensa de la devaluación del almirante Gotuzzo, aun a riesgo de su cargo y su carrera. Tenía merecido que una calle a las espaldas del ministerio de Hacienda fuera bautizada con su nombre. Pero el odio izquierdista pudo más y una decisión de la alcaldesa socialista de Santiago, Carolina Tohá, le cambió el nombre a la calle en 2015.

   A todo esto se reanuda la sesión con la Junta y Sergio de Castro hace una documentada exposición en defensa de la devaluación, señalando que la proposición de Araneda, de tres tipos de cambio, no es sino mantener el sistema de cambios múltiples que ya ha fracasado antes.

              A sugerencia del general Leigh se resuelve consultar la materia con Raúl Sáez, ingeniero y ex ministro de Hacienda de Frei Montalva, uno de los “nueve sabios” del programa de la Alianza para el Progreso del Presidente Kennedy. Ya se ha visto que de la reunión de éste, una vez llegado, con el almirante Merino, surgió la designación de Fernando Léniz como ministro de Economía, y que éste ha concordado ampliamente con los autores de El Ladrillo.

             Así, la devaluación finalmente queda a firme y la conducción económica deja de estar en duda. Ahí ya queda enrumbada de forma definitiva la economía chilena hacia el libre mercado, son derrotadas las tendencias más estatistas y dirigistas y el Comité Asesor de la Junta, con su predominancia de oficiales críticos de la conducción económica, se limita a rumiar en silencio su descontento.

            Ese fue el corte del nudo gordiano que pudo impedir el gran cambio modernizador de la economía chilena a partir de 1973.

    Yo defendía a los Chicago Boys en distintos frentes, en particular en El Mercurio, en Radios Agricultura y Minería y en Televisión Nacional. En una oportunidad, en 1974, fui citado por el Comité Asesor y debidamente vapuleado por sus opinantes más críticos. Absorbí el castigo sin ceder posiciones y fui despedido con sequedad, pero veinte años después quien llevaba una voz cantante en el Comité, el general Gastón Frez, ya en retiro, con quien había hecho amistad y que me había nombrado miembro honorario del Círculo de Oficiales en Retiro, me pidió perdón por la forma en que había sido maltratado, que yo ya había por completo olvidado.

Comité Pro Paz

              En noviembre de 1973, los prelados de la Iglesia católica, encabezados por el Cardenal-Arzobispo Raúl Silva Henríquez, fundaron el “Comité Ecuménico de Cooperación para la Paz en Chile”, mejor conocido como Comité Pro Paz.

              Frente al armamentismo ilegal durante el gobierno de la Unidad Popular, a los obispos no se les había ocurrido la buena idea de abogar por la paz y fundar un Comité Pro Paz. Habría sido muy útil. Pero cuando el Gobierno Militar, llamado por la mayoría democrática parlamentaria a enfrentar al ejército guerrillero, ahí se les ocurrió, ¡y para prestar protección a este último! Fue uno de los efectos en la Iglesia de la campaña mundial del KGB.

              Monseñor Silva Henríquez tenía una posición política definida: era un democratacristiano de izquierda, que se había jugado por Frei Montalva en 1964, pero lo había criticado por no llevar adelante reformas más profundas a partir de la agraria. “Buscaba una sociedad de izquierda moderada pero de cambios profundos, a través del entendimiento DC/UP”, según el historiador Gonzalo Vial (90).

              El Comité Pro-Paz duró hasta 1975, cuando Pinochet le pidió al Cardenal su disolución, so pena de disolverlo él mismo. “Pídamelo por escrito”, le dijo Silva Henríquez. Pinochet lo hizo y fue disuelto y reemplazado por la Vicaría de la Solidaridad, que era de responsabilidad de la Iglesia, pero en definitiva resultó mucho peor para el Gobierno, porque terminó siendo un brazo logístico (defensa judicial y atención hospitalaria) del MIR y del FPMR, como se comprobaría años después.

Alineamiento político de los obispos

              El episcopado, como cualquier entidad chilena colegiada, podía ser perfectamente dividido en tendencias políticas. En 1973 estaban los prelados de tendencia centroizquierdista, encabezados por Silva Henríquez, y que eran el de Linares, Carlos Camus (Secretario del Comité Permanente); Fernando Ariztía, Jorge Hourton y Enrique Alvear (auxiliares de Santiago); Carlos González (Talca), Sergio Contreras (Temuco) y Tomás González (Punta Arenas).

              Los más inclinados a favor del Gobierno Militar eran Emilio Tagle (Valparaíso), Orozimbo Fuenzalida (Los Ángeles), Juan Francisco Fresno (La Serena), el Pro Canciller de la Universidad Católica, Jorge Medina, y el ya retirado a un hogar de monjas, pero opinante y respetado, Augusto Salinas (obispo de Chiloé).

              Pero la línea la fijó siempre la Conferencia Episcopal y fue negativa, al menos cada vez que abordó el tema de los derechos humanos.

Otras influencias disidentes

            Quien había sido presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, el ingeniero Orlando Sáenz Rojas, tras haber servido en la sección económica de la Cancillería, dejó su cargo y pasó a mostrarse pública y constantemente crítico de las iniciativas para establecer una economía de libre mercado. En sus memorias, “Testigo Privilegiado”, asevera que “Merino nunca fue un personaje de envergadura” y que Pinochet favorecía una economía centralmente planificada.

              Pero en carta a “El Mercurio” de 21 de noviembre de 2016, el economista Tomás Lackington Hunter, viceministro de Odeplan entre 1973 y 1975, desmiente lo segundo y afirma que “en reunión a la que asiste la Junta de Gobierno en pleno, Sergio de Castro, Jorge Cauas, Roberto Kelly y Fernando Léniz, entre otros, yo personalmente expuse la gravedad de adoptar un modelo centralmente planificado. De ahí en adelante nunca más se discutió dicha alternativa y el general Augusto Pinochet también adhirió al modelo de economía social de mercado”.

            Dentro del propio ministerio de Economía se hizo evidente que su titular, el general de Ejército Rolando González “tiene puntos de vista bastante distintos de los que están contenidos en El Ladrillo: su tendencia es estatista y tiende a mal influenciar al Presidente y a la Junta. Como algunas de sus medidas se teme que acarreen graves consecuencias, la Junta convoca a Raúl Sáez. Éste sugiere un cambio en el ministerio, proponiendo a Fernando Léniz (ya vimos cómo se decidió su designación), quien ya ha estado en la consideración del gobernante a raíz de un comentario suyo en La Segunda” (91).

Exposición sobre el estado de la Hacienda Pública

              Antes de terminar septiembre del ‘73, convocado el economista Sergio Undurraga por el almirante Gotuzzo para ser nombrado Director de Presupuestos, se da el caso de que éste recibe la visita, antes que entre Undurraga, del ex titular de Hacienda bajo Frei Montalva, Sergio Molina Silva, que ha vuelto de un cargo en el exterior. Gotuzzo le ofrece la subsecretaría de Hacienda, pero Molina le expresa que, como ex ministro, no le corresponde aceptar. Conversan sobre la Dirección del Presupuesto, y Molina le sugiere el nombre del economista DC Juan Villarzú. El almirante le expresa su conformidad. Cuando después ingresa a su despacho Undurraga, el almirante le explica que pensaba ofrecerle a él la Dirección de Presupuestos, pero que ya ha resuelto nombrar a Villarzú. Entonces le pide a Undurraga trabajar como asesor de él mismo, cosa que el economista acepta. Será muy importante que lo haya hecho.

     Pronto el asesor se aboca a preparar una exposición sobre el estado de la Hacienda Pública. Deja el texto en el escritorio del ministro y éste lo ve por primera vez poco antes de darlo a conocer por cadena de radio y televisión a la ciudadanía.

              Allí expone que el gasto fiscal aumentó de 22.117 millones de escudos en 1970 a 277.922 millones al 30 de junio de 1973. ¡Casi 13 veces! El déficit fiscal pasó de 2.882 millones a 148.434 millones, representativos del 52,8% del gasto. ¡Aumentó más de 51 veces!

           El déficit de las empresas de la llamada “Área Social” era en 1973 mayor que el del presupuesto, pues llegaba a 175.809 millones de escudos al 30 de junio de 1973. En 1972 había sido de 21.872 millones. Las finanzas públicas eran una vorágine de déficit.

               La situación monetaria revelaba que la cantidad total de dinero había aumentado en 114% en 1971, 172% en 1972 y lo haría en 477% a fines de 1973. A la vez, la producción aumentó en 8,5% en 1971, 0% en 1972 y disminuiría en 10% en 1973. Muchos billetes + menos cosas = inflación + escasez.

             Esto llevaba al ministro a decirle al país: “Según las estimaciones hechas por los propios técnicos del régimen anterior, la situación para 1973 era tan grave, que la diferencia entre el crecimiento de la producción y el crecimiento de los billetes haría que el colapso económico fuera inevitable”.

Otros episodios lamentables

              Tal vez lo que más contribuyó a deteriorar la imagen interna y mundial de la Junta en general y de Pinochet en particular, primero fuera del país y luego dentro de él, fue la versión falsificada de las actuaciones de la llamada Caravana de la Muerte, que fue presentada como una actividad concebida con el propósito de asesinar personas sin juicio previo y sin justificación, lo que no correspondía a la verdad. Toda esa cuenta se le cargó a Pinochet, que ignoraba por completo lo que sucedía con la Caravana.

              La importancia publicitaria del caso fue máxima, pero el relato más generalizado acerca de lo que aconteció es una distorsión de la verdad y de él derivaron las más graves consecuencias para la imagen del Gobierno Militar y de su presidente. El propio juicio tardío e ilegal iniciado en contra de éste por el ministro sumariante Juan Guzmán Tapia, en 1998, tras el secuestro judicial del senador Pinochet en Londres, se basó en una versión novelística y falsa del quehacer de la comitiva, pero tuvo una importancia jurídica, política y noticiosa enorme y reñida con la verdad.

              En mi condición de periodista y abogado me dediqué en 1998 a estudiar el proceso, fruto de lo cual publiqué en 2001 un libro titulado La Verdad del Juicio a Pinochet (Editorial El Roble, Santiago, 2001), que devino best-seller, y se funda en piezas del expediente. En él demostré la completa falta de fundamento jurídico del procesamiento del ex Presidente.

El hijo del jefe de la comitiva militar, abogado Sergio Arellano Iturriaga, quien me surtió de información sobre el proceso, escribió a su turno el libro De Conspiraciones y Justicia (Editorial La Gironda, Santiago, 2004) donde también puso de relieve las irregularidades del juicio incoado por el ministro Guzmán.

            ¿Cuál fue la verdad histórica? Fue que en los primeros tiempos tras el pronunciamiento fueron apresadas a lo largo del país numerosas personas sospechosas de extremismo y quedaron transitoriamente sin ser sometidas a juicio, en cárceles y cuarteles. Sus familiares se aglomeraban en torno a esos recintos en distintos puntos del territorio. Los Jefes de Zona, dotados de atribuciones judiciales por la Junta como Comandantes del Área de Jurisdicción y Seguridad Interior, CAJSIs, no tenían todos (algunos sí) de hecho la capacidad o la determinación para organizar y desarrollar los procedimientos judiciales de tiempo de guerra respecto de los detenidos.

          A su turno, el general Arellano, con gran ascendiente en el Ejército, se mostraba crítico de diferentes políticas del Gobierno, incluso en el aspecto económico. Probablemente eso llevó al general Pinochet a encomendarle como misión, en calidad de delegado suyo, la de regularizar y agilizar la situación de los procesos pendientes y de los miles de presos transitorios en cuarteles de distintos regimientos del país.

La misión de la comitiva de Arellano

          Arellano había sido uno de los principales promotores de reuniones del alto mando institucional y de coordinación con las otras ramas para decidir una acción frente al estado caótico que vivía la nación bajo la Unidad Popular.

           Era de tendencia política democratacristiana y desde un primer momento manifestó desacuerdos en materias de política económica y de la forma en que se estaba ejerciendo la represión contra el extremismo armado. Es probable que en ambos aspectos él representara un obstáculo para los planes de reforma económica y de combate contra la subversión que Pinochet consideraba, en ese tiempo, más eficaces. De ahí que, dada la envergadura del personaje, el ponerlo a cargo de un tema específico e importante, que lo obligara a desplegarse por el país en lugar de estar radicado en la capital, manifestando posturas críticas, podía ser una buena idea que ahorrara signos de disensión interna como los manifestados por Arellano, incluso en temas como las devoluciones de empresas y la normalización bancaria (92).

                 A la vez, el problema suscitado por los Tribunales en Tiempo de Guerra  o Consejos de Guerra era grave, porque las Fuerzas Armadas y Carabineros habían procedido a la detención preventiva de miles de personas, cuyos familiares acudían a los regimientos y cuarteles –como aparentes depositarios de la autoridad tras la Revolución— para saber de la suerte de sus deudos. Esas aglomeraciones no favorecían la imagen de la Junta. Al mismo tiempo, la liberación indiscriminada de los detenidos podía ser peligrosa para la meta principal, que era conseguir la derrota del extremismo armado. La solución radicaba, entonces, en acelerar los Consejos de Guerra, para que los inocentes quedaran libres y los culpables fueran condenados tras un procedimiento que les garantizara derecho a defensa.

      En palabras de Arellano, su misión era “viajar a varias ciudades del país, a fin de cumplir labores de coordinación de criterios institucionales, de gobierno interior y de procedimientos judiciales”. Añadía que “fundamentalmente la preocupación principal era que todos los procesados tuvieran adecuada defensa y que (se) recurriera a los Colegios de Abogados en aquellas ciudades donde existieran, a fin de entregar a ellos esta responsabilidad”, como está precisado en mi libro La Verdad del Juicio a Pinochet, antes citado, página 4.

             Incluso mucho después, en 1991, el Informe Rettig reconocía, pese a su evidente sesgo adverso al Gobierno Militar, que en el caso de la comitiva de Arellano “no se hablaba de ejecuciones sin proceso; más aún, el mensaje del delegado en viaje contenía una referencia expresa y repetida a facilitar el derecho a defensa de los procesados” (93).

               El viaje al sur de la comitiva se inició el 30 de septiembre de 1973 y terminó el 4 de octubre con su regreso a Santiago y ninguna situación ocurrida en ese viaje ha motivado acusaciones fundadas que afectaran al general Arellano, salvo una querella por las sentencias de muerte cumplidas en Valdivia el 3 y 4 de octubre de 1973, con las cuales no tuvo relación, pues fueron dictadas por el Consejo de Guerra que funcionaba en la zona.

Viaje al norte

              La “leyenda negra” se tejió a partir del viaje al norte de la comitiva y dio lugar a un libro de gran venta, de la periodista Patricia Verdugo, titulado Los Zarpazos del Puma, en alusión a la marca del helicóptero en que voló Arellano. Ese libro está plagado de falsedades encaminadas a inculpar a Arellano e, indirectamente, dada su calidad de delegado de Pinochet, a este último (94).

              Los fusilamientos del norte atribuidos a Arellano tuvieron lugar en La Serena, Antofagasta y Calama, sin conocimiento de éste. También se le intentó vincular con las muertes, en un intento de fuga ocurrido antes de que su helicóptero despegara de Santiago, de reos que eran trasladados de Copiapó a La Serena.

El general llevó a La Serena una sentencia con tres condenas a muerte dictadas por la Comandancia de la Guarnición de Santiago, de la cual depende La Serena, y supuso que los disparos que oyó en el regimiento de esta ciudad mientras estaba reunido con su comandante, el coronel Ariosto Lapostolle, correspondían al cumplimiento de esa sentencia.

Sólo mucho después se enteró de que habían sido ejecutadas 15 personas sin forma de juicio, sacadas de la cárcel local por orden de un comandante de su comitiva, Sergio Arredondo, obrando por su cuenta.

            Del mismo modo, llegada a Antofagasta la comitiva, y mientras Arellano alojaba en casa del comandante del regimiento y de la guarnición, general Joaquín Lagos Osorio, sin conocimiento de ambos, el mismo comandante anterior, recién integrado a su comitiva, con la complicidad de algunos miembros de la misma y en connivencia con oficiales del regimiento local, ordenó sacar de la cárcel local a 14 personas, que fueron fusiladas en la Quebrada de El Guay.

              Finalmente en Calama, mientras Arellano visitaba la cercana planta de explosivos Dupont, por tercera vez el mismo comandante ordenó sacar a 26 presos del regimiento, en el cual se estaba llevando a efecto un Consejo de Guerra, y los llevó a un lugar cercano del desierto donde procedió a hacerlos fusilar.

              Arellano se enteró de esto sólo a su regreso a Calama y, presa de gran consternación, ordenó a la comitiva volar de vuelta a Antofagasta, de noche, con gran riesgo, para poner a disposición del general Lagos Osorio al comandante responsable. Pero Lagos Osorio, el Jefe de Zona y CAJSI dotado de plenas atribuciones, se negó a proceder contra éste, anunció su retiro del Ejército y posteriormente, en los años ’90, se dedicó a inculpar al general Arellano de las ejecuciones ilegales. Peor aún, él mismo había hecho publicaciones en los diarios nortinos, en octubre de 1973 y en los días posteriores a los hechos, atribuyendo las muertes a órdenes de la Junta de Gobierno, lo cual también era ostensiblemente falso. Debido a todas sus contradicciones y demostraciones de incapacidad para enfrentar la situación, fue cursado su retiro en 1974.

              El principal fundamento de las acusaciones internacionales contra Pinochet, en el sentido de que cometió crímenes injustificables durante su gobierno, parten de las muertes atribuidas a la comitiva del general Arellano, muertes en las cuales ni éste ni el Presidente de la Junta tuvieron responsabilidad y ni siquiera conocimiento previo.

              Aprovechando políticamente la prisión en Londres del ex Presidente, en 1998, se abrió un proceso a partir de una de las querellas comunistas interpuestas contra él, sustanciado por el ministro sumariante Juan Guzmán Tapia, quien consiguió notoriedad mundial gracias a ello y obtuvo premios internacionales promocionados por la izquierda, pero cuyas resoluciones judiciales, más “políticamente correctas” que jurídicas; y más obedientes al “qué dirán” mundial que a la verdad de los hechos y al contenido de las leyes, quedarán como paradigmas históricos de un indebido proceso.

              La falsificación resultó particularmente evidente en el caso de trece ejecuciones en tentativa de fuga en Copiapó: el best-seller Los Zarpazos del Puma –muy considerado por Guzmán Tapia en sus resoluciones espurias y citado en sus considerandos– contiene en su página 150 una contradicción indefendible, pues reproduce primero el oficio del comandante del regimiento local, de fecha 16 de octubre, al administrador del cementerio, pidiéndole “las facilidades del caso para la sepultación de los siguientes individuos fallecidos en tentativa de fuga”, seguido de la lista de nombres; y luego, con fecha de un día después, 17 de octubre, reproduce el oficio del capitán Patricio Díaz Araneda dando cuenta de que a las 01.00 horas de ese mismo día se procedió a la ejecución de trece personas que eran trasladadas en el camión PAM 5354, con motivo de una tentativa de fuga.

           ¡Habrían sido muertos al día siguiente de que el comandante del regimiento pidió trece sepulturas para ellos! Fallido intento de atribuir a la comitiva del general Arellano, que llegó el 16 de octubre a las 11 horas a Copiapó, la responsabilidad de esas ejecuciones, cuando las mismas ya habían tenido lugar la noche anterior (95).

   No obstante esa prueba palmaria, todavía después del año 2000 e incluso para los 40 años del pronunciamiento, en 2013, los canales de TV, CHV y 13, exhibieron documentales (“Ecos del Desierto” y “Secretos de la Historia”, respectivamente) inculpando a la comitiva de Arellano de esas ejecuciones en Copiapó, que tuvieron lugar cuando ella ni siquiera había salido de Santiago. Se hicieron eco de esas falsedades, para condenar al Gobierno Militar, los columnistas Jorge Correa Sutil, de El Mercurio, y Ricardo Solari, de La Segunda.

              La historiografía afín a la corriente dominante trata con superficialidad extrema, y dictamina condenas fulminantes al régimen militar, sin ninguna documentación seria, utilizando el caso de la comitiva de Arellano.

          El historiador Carlos Huneeus se despacha el siguiente párrafo, por toda descripción del quehacer de la comitiva de Arellano:

               “Los oficiales de la caravana, pasando por sobre los mandos de las regiones, y a veces sin su conocimiento, ejecutaron a 72 de estos prisioneros, muchos de los cuales son hasta hoy detenidos desaparecidos. Cuando se conocieron estos hechos, se intentó justificar su muerte bajo el pretexto de intento de fuga o ataque a los militares, situaciones que se han comprobado falsas, pues fueron sacados de sus lugares de detención para luego ser fusilados o acuchillados ya sea por miembros de la comitiva o por oficiales o soldados de las respectivas unidades militares” (96).

           No hace la menor concesión al hecho del desconocimiento del general Arellano, jefe de la comitiva y, por tanto, del Presidente Pinochet, de lo que estaba sucediendo.

              Cualquiera que examine el proceso del Caso Caravana o lea mi libro, que se fundó en piezas de ese proceso, o el de Sergio Arellano, hijo, comprobará, desde luego, dicha inocencia del Presidente de la Junta y del propio jefe de la comitiva en las muertes de Copiapó, La Serena, Antofagasta y Calama. Pero la consigna y la acusación infundada se han impuesto mundialmente por sobre la verdad histórica y ésos siguen siendo los crímenes de Pinochet.

Un historiador que debería saber mejor

             El principal biógrafo de Pinochet, el historiador Gonzalo Vial, cae en la trampa de la consigna infundada, tras reconocer en la página 733 del segundo tomo de su biografía:

            “Las figuras que modifican la Historia suelen incurrir en graves renuncios morales, abrumadas por problemas igualmente graves y por la múltiple ‘razón de Estado’, falsa cohonestadora de los crímenes políticos.

                    “Suelen esas figuras ser ‘de tamaño más que natural’… de cualidades tan enormes, y (no raramente) caídas éticas tan profundas, como hondas y a menudo positivas son las huellas que dejan en la Historia.

             “Rememoremos a O´Higgins extinguiéndose en el exilio peruano de Montalbán. ¿Lo atormentaría el impune asesinato cuasioficial de Manuel Rodríguez (1818)? ¿O la venganza, rencorosa y pequeña, de haber hecho pagar al viejo padre de Luis y Juan José Carrera, don Ignacio, la cuenta por los gastos de fusilamiento de sus hijos en Mendoza… 453 pesos y cuatro reales (1820)?

                   “Es de advertir que el papel de don Bernardo en el asesinato de Rodríguez es –calcado—el de Pinochet con la Caravana de la Muerte. Nada lo vincula al crimen, salvo su poder supremo del momento, y la protección que brinda a los hechores, perfectamente identificados, que no reciben castigo”.

              Frase, la última, probadamente errónea. Pinochet no brindó protección alguna a los hechores. No tenía cómo saber del traslado nocturno e intento de fuga entre Copiapó y La Serena y los consiguientes trece muertos, en particular si la que llama “Caravana de la Muerte” no había salido de Santiago cuando estaban siendo fusilados. No tenía cómo saber ni supo que un comandante de la comitiva, sin saberlo Arellano, iba a sacar a 15 presos de la cárcel de La Serena, con la complicidad de un oficial local, y los iba a fusilar cuando estaban en curso los Consejos de Guerra. Menos podía saber lo que no supieron el Jefe de Zona, Lagos Osorio y el delegado presidencial, Arellano, ambos cenando y pernoctando en la casa del primero, cuando el  mismo comandante, con complicidad de oficiales locales, sacaba a 14 presos de la cárcel de Antofagasta y los hacía fusilar en la Quebrada del Guay. Tampoco pudo saber de las 26 ejecuciones ilegales en iguales circunstancias y ordenadas por el mismo comandante, al día siguiente, en ausencia del delegado presidencial Arellano, en Calama.

              Y Pinochet nunca brindó protección a los hechores, pues no sabía de cierto quiénes habían sido. Ellos debieron ser juzgados por Lagos Osorio, el cual se negó a hacerlo e intentó culpar públicamente a la Junta y, veinticinco años después, a Pinochet, sabiendo perfectamente que éste ignoraba lo realmente acontecido. Erróneamente  informado, en un primer momento, por este último, Pinochet intentó ordenar telefónicamente el inmediato regreso de la comitiva de Arellano a Santiago, creyendo a este último responsable.

              El propio historiador Vial reconoce, en la página 693 del tomo II de su biografía de Pinochet: “Hermógenes Pérez de Arce publicó un lúcido y provocador análisis jurídico de las irregularidades legales y procesales cometidas (afirmaba) por el ministro Guzmán en el juicio Pinochet. Nadie recogió el guante. No era el derecho el tema fundamental que se disputaba”.

           Ni lo era la verdad. La propia conclusión de Vial acredita que lo que definitivamente se impuso fue una consigna falsa.

Creación de la Conara

              Mediante el decreto ley N° 212 de 17 de diciembre de 1973 se creó la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa (Conara), que pasó a presidir durante seis años el coronel Julio Canessa, quien encabezaba el Comité Asesor. Posteriormente, en los años ’80, el ya entonces general Canessa alcanzó el grado de Vicecomandante en Jefe del Ejército y en esa condición fue miembro de la Junta de Gobierno.

            Aquel organismo funcionó hasta 1983 y fue el responsable de la división del país en doce regiones, cada una encabezada por un Intendente Regional. Asimismo, estableció la dedicación del 5 % de los fondos fiscales a las regiones y promovió la descentralización administrativa.

La legalidad de la Junta 
            El 12 de noviembre de 1973, mediante el decrete ley N° 128, se aclaró el sentido y alcance del artículo 1° del decreto ley N° 1, en cuanto expresaba que la Junta había asumido el “Mando Supremo de la Nación”, señalando que dicha asunción suponía “el ejercicio de todas kas atribuciones de las personas y órganos que componen los Poderes Legislativo y Ejecutivo y, en consecuencia, el Poder Constituyente que a ellos corresponde”.
Este documento, base jurídica del poder de la Junta, establecía que ella había asumido desde el 11 de septiembre “el ejercicio de los Poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo” y afirmaba que el Poder Judicial ejercería sus funciones en la forma y con la independencia y facultades que señale la Constitución Política del Estado.
Además indicaba que el ordenamiento jurídico contenido en la “Constitución y en las leyes continúa vigente mientras no sea o haya sido modificado”. Y dispuso que dichos poderes constituyente y legislativo serían ejercidos “mediante decretos leyes con la firma de todos sus miembros y, cuando éstos lo estimen conveniente, con la de el o los Ministros respectivos; y el Poder Ejecutivo “mediante decretos supremos y resoluciones, de acuerdo con lo dispuesto por el decreto ley N° 9.
El texto del proyecto de este de este decreto ley fue sometido previamente a la Comisión Ortúzar, creada para estudiar una nueva Constitución, donde surgió un debate sobre la referencia a un Poder Constituyente contenida en él.El comisionado Silva Bascuñán argumentó que no era procedente tal distinción, pues el ordenamiento nacional se encontraba en un “proceso de desconstitucionalización de las normas constitucionales, las cuales han pasado a tener vigencia en el mismo grado que las leyes ordinarias”.   .

Intervención de las universidades

            Las ocho universidades del país eran, de hecho, centros de oposición al nuevo gobierno. Había algunas, como la Universidad Técnica del Estado de Punta Arenas, “que tiene profesorado y personal mayoritariamente marxista” (96).

               El tema educacional ha quedado en un comienzo en manos del miembro de la Junta, general Gustavo Leigh. Ministro de Educación es el almirante Hugo Castro.

              Cuando abordan el problema universitario se dan cuenta de que “los rectores están haciendo un planteamiento de fondo a través del titular de la Universidad de Chile, Edgardo Boeninger. Proponen nuevas fórmulas para la administración universitaria, pero con ellos a la cabeza. El Presidente le exige al nuevo Ministro que les haga ver a los rectores que ese planteamiento es inaceptable; la Junta y el Ministro reciben a los seis que están ejerciendo esos cargos y Pinochet les manifiesta que no está de acuerdo con la proposición que hacen; entonces se producen sus renuncias.

            “Por eso, pocos días después, el 2 de octubre de 1973 se institucionaliza el sistema de rectores delegados en todas las universidades del país, se les dan sus poderes y el 29 del mismo mes se designa a quienes ocuparán esos cargos, disolviéndose los claustros universitarios y otros cuerpos colegiados que contempla el sistema de gobierno de la Universidad de Chile” (97)

            Pinochet ignoraba muchas cosas acerca de las universidades, pero en el tema del poder político no podían darle lecciones. Si un rector delegado flaqueaba, lo cambiaba, tras mandarle al destituido una afectuosa carta de agradecimiento (caso del primer rector-delegado en la Universidad de Chile, general de Aviación César Ruiz Danyau.)

Problemas con la Iglesia

           Ya el 14 de septiembre el Gobierno Militar recibe una admonición de la Conferencia Episcopal, en la que ésta le pide “moderación frente a los vencidos. Que no haya innecesarias represalias y que se tome en cuenta el sincero idealismo que inspiró a muchos de los que han sido derrotados. Que se acabe el odio, que venga la hora de la reconciliación. Confiando en el patriotismo y el desinterés que han expresado los que han asumido la difícil tarea de restaurar el orden institucional y la vida económica del país, tan gravemente alterados, pedimos a los chilenos que, dadas las actuales circunstancias, cooperen a llevar a cabo esta tarea, y sobre todo, con humildad y con fervor, pedimos a Dios que los ayude. La cordura y el patriotismo de los chilenos, unidos a la tradición de democracia y de humanismo de nuestras FF. AA. permitirán que Chile pueda volver muy luego a la normalidad institucional como lo han prometido los mismos integrantes de la Junta de Gobierno y reiniciar el camino del progreso en la paz” (98).

              El propio Cardenal Silva Henríquez consideró que la Junta había calificado ese documento como un texto hostil, pero visiblemente no lo era.

           Otro desencuentro se produjo cuando la Junta, a través del Vicario castrense, monseñor Gillmore, le pidió al Cardenal que el 18 de septiembre celebrara un Te Deum de acción de gracias en la Escuela Militar. El Cardenal respondió que haría una ceremonia en la Catedral, pero no para dar gracias, sino para “orar por la Patria”. Finalmente la Junta, por motivos de seguridad, resuelve que la ceremonia del 18 de septiembre se celebre en el templo de la Gratitud Nacional, donde efectivamente se llevó a cabo.

              Entre los ex Presidentes de la República hubo discusiones acerca de si asistir o no. El más resuelto a ir fue González Videla. Su cónyuge, doña Mitty Markmann, “ha recordado que ese día, temprano en la mañana, Jorge Alessandri llamó a González Videla y le dijo: ‘Oiga Gabriel, Eduardo Frei dice que no debemos ir al Te Deum’. Gabriel González, abiertamente partidario de la intervención militar, le replicó: ‘Jorge, nosotros tenemos que defender esto porque qué habría sido del país si no hubiera ocurrido’. Entonces don Jorge le manifestó: ‘Eduardo me ha convencido que no debemos ir’. Finalmente González Videla los convenció y fueron los tres” (99).

             También monseñor Emilio Tagle, arzobispo de Valparaíso, acudió en apoyo de la Junta y declaró públicamente: “La reconciliación es, para nosotros, una tarea indispensable, pues el marxismo produjo en Chile la quiebra y la división más honda de su historia. Sentó como principio la lucha de clases, sembró el odio y la violencia no sólo a través de implacable adoctrinamiento, armó a unos chilenos para aplastar a otros chilenos. Violados los derechos y el imperio de la ley, el país caminaba a la dominación ideológica y a la dictadura. Contra ellos se levantaron las voces de los más altos organismos representativos de la Nación. Se levantó el clamor nacional, que se expresó también por medio de María en fervientes plegarias al Señor”.

    Pero, como advierte a continuación, la caída de los responsables de ese crimen de lesa patria “no significó que llegara plenamente la paz: se mantuvieron focos de agresión que configuraban un real peligro para la seguridad nacional con el apoyo de la conjura exterior que se desató contra nosotros. El Gobierno debió establecer entonces severas restricciones. Esta actitud de agresión ha constituido el mayor obstáculo para la reconciliación, causa un enorme daño al país y posterga la vuelta a la plena normalidad de la vida nacional” (100).

           Posteriormente hubo una declaración del Papa Paulo VI que el Presidente y la Junta consideraron muy desfavorable. Pinochet está dolido y el mismo Cardenal señala que la imagen que el Santo Padre se había formado “no era la que nosotros queríamos que tuviera de Chile” (101).

                Por una parte había que considerar el costo para el Pontífice de no ser crítico de la Junta, cosa que, dado el clima internacional adverso a ésta, digitado desde el KGB, era comprensible. El mejor ejemplo de ese miedo a la devastadora crítica izquierdista había sido el viraje de The Economist después de publicar un primer artículo benévolo para el Gobierno Militar.

Tomic ofrece integrarse al Gobierno

                  El ala izquierda de la DC había tomado distancia de sus principales figuras, Frei y Aylwin, que defendían la acción de los militares. Pero no toda el ala izquierda pensaba lo mismo. Como Leighton criticara a Frei por sus opiniones, en un intercambio de cartas entre ambos este último retrucó con una revelación sorprendente: el 23 de diciembre de 1973 Radomiro Tomic, la principal figura del ala izquierda DC y ex candidato presidencial del partido en los comicios de 1970, había dirigido una carta al general Gustavo Leigh ofreciéndole integrarse al Gobierno Militar si éste se decidía a emprender “un programa revolucionario”.

                El tema de los derechos humanos parecía no importarle en absoluto. A esas alturas ya había muerto más de la mitad de todos los caídos a manos de los militares entre 1973 y 1990, es decir, sobre 1.800. Y Tomic expresaba lo siguiente a Leigh, refiriéndose a la situación del país: “la define usted –y es imposible no compartir ese planteamiento–  como expresión malsana y ya intolerable del deterioro moral, institucional, gestado a lo largo de muchos años y gobiernos, del cual la UP no fue el origen sino la expresión final. Todo ello como consecuencia de los vicios que su discurso menciona (nota del autor: un discurso recién pronunciado por Leigh) : el efecto corrosivo del apetito del poder, a cualquier precio, de grupos e individuos; del partidismo sectario y voraz; del excesivo ideologismo; del desprecio por las virtudes sólidas, como la confianza en el propio esfuerzo, en el trabajo y la disciplina; de la imitación alienadora de modelos extranjeros”.

             Y a continuación le expresaba a Leigh: que la DC “comprometida desde su fundación a la sustitución del capitalismo; adherente sin ilusiones a la sustitución del viejo orden; participante a desgano del juego partidista tradicional, sigue estando dispuesta para un programa revolucionario auténtico” al cual “podría integrarse”. (Carta de Frei a Leighton quejándose de que se le criticara por defender a los militares mientras se silenciaba la oferta de colaboración de Tomic a los mismos) (102).

   Por otra parte, los democratacristianos asumieron funciones en el Gobierno autorizados por la directiva de su partido. Aylwin lo dice en sus memorias:

              “Consecuente con esos criterios (‘la DC debe prestar colaboración para que las políticas (…) que se adopten sean racionales, justas’) la directiva estimó que los camaradas que fueran llamados a desempeñar funciones públicas por las nuevas autoridades no debían negar su colaboración. Dejamos entregada esa decisión a la conciencia de cada cual, en el claro entendido de que su participación sería a título personal y no comprometería al partido. Pero estimamos que, tratándose de cargo de carácter político, como ministros y subsecretarios, ningún militante podría aceptarlos sin permiso de la Directiva.

              “El primero fue el abogado Gonzalo Prieto, que dos o tres días después del golpe me llamó por teléfono pidiéndome autorización para aceptar el Ministerio de Justicia; yo se la di, pensando que su actuación sería beneficiosa para procurar la vigencia del derecho y no comprometería al partido por ser un funcionario de la justicia naval. Así como él, recuerdo que después autoricé a varios otros camaradas que pidieron permiso para ocupar algunos cargos públicos; pero otros lo hicieron sin consultarnos” (103).

Comisión para una nueva Constitución

           En noviembre de 1973 se constituyó una Comisión de Estudio para elaborar una nueva Constitución, presidida por el ex ministro del gobierno de Jorge Alessandri (1958-64) y autor del primer proyecto de Acuerdo de la Cámara de Diputados que cristalizó el 22 de agosto de 1973 (y de la idea de hacerlo efectivo) Enrique Ortúzar Escobar.

             Éste presidió la Comisión, que fue integrada, además, por los abogados Sergio Diez, Gustavo Lorca, Alejandro Silva Bascuñán, Enrique Evans de la Cuadra y Jorge Ovalle Quiroz. Sus integrantes venían de diferentes vertientes políticas: Partido Nacional, Democracia Cristiana y Democracia Radical. También le cupo una participación inicial al ex ministro de Justicia del ex Presidente Frei Montalva, Pedro Jesús Rodríguez, el que fallecería luego prematuramente.

             La Comisión emitió un primer memorándum en el mismo mes de noviembre, adelantando que se proponía postular un régimen democrático-liberal, con proscripción de los sectores de izquierda marxista y reforzamiento del régimen presidencial; un Congreso bicameral generado por sufragio universal; dotar al Presidente de la República de la facultad de disolver la Cámara de Diputados y convocar a nueva elección de la misma; y fortalecer las garantías a los derechos fundamentales de la persona.

La integración de la Comisión sufriría cambios tras el alejamiento de Evans, Silva Bascuñán y Ovalle, el que acarreó la incorporación de los catedráticos Luz Bulnes y Raúl Bertelsen, del ex senador DC Juan de Dios Carmona y de la abogada Alicia Romo Román (104).

Balance económico anual

       Las cifras al final del año no podían resultar alentadoras: Chile estaba sufriendo las consecuencias de una triple catástrofe económica: el desastre provocado por las políticas de la Unidad Popular, una caída del precio del cobre y el alza del petróleo derivada del acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que provocó un remezón mundial.

  El cobre era la principal exportación del país y el petróleo su principal importación. El Producto Interno Bruto cayó en -5,6 % en el ejercicio; el Índice de Precios al Consumidor había subido en 508,1%, que no era una cifra real, pues la política de la Unidad Popular había consistido en considerar que los productos que habían dejado de venderse en el mercado formal por escasez, permanecían por muchos meses con el mismo precio en la muestra del IPC, pero en la práctica sólo se podían comprar en el mercado negro a un precio diez o más veces mayor. La realidad vino a manifestarse a mediados de 1974, cuando los precios al consumidor subieron, a mediados de año y en doce meses, más de mil por ciento.

                La Tasa de Inversión (Formación Bruta de Capital Fijo) fue de 14,7 % en el ejercicio.

            El déficit del presupuesto fiscal fue el equivalente al 24,7 % del PIB. El déficit de las empresas estatales, confiscadas y usurpadas era todavía mayor.

                 En fin, el saldo negativo de la Balanza Comercial (exportaciones menos importaciones de bienes) fue de -138,3 millones de dólares; el déficit de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos (que incluye la Balanza Comercial más servicios, intereses y entradas y salidas de créditos) fue de —294,6 millones de dólares. La Cuenta de Capitales de la Balanza de Pagos tuvo un superávit de 354 millones de dólares.

                  El saldo de la Balanza de Pagos fue negativo en -21 millones de dólares.

                 Las Reservas Internacionales Brutas del Banco Central, en dólares de ese año, eran de 167 millones 400 mil dólares al final del ejercicio, habiendo aumentado desde los 75 millones 800 mil dólares a que habían ascendido en 1972 (105).

    Ya el país había caído en mora en el pago de su Deuda Externa de 3.261 millones de dólares. Pero la tasa de desempleo en el Gran Santiago era de sólo 4,6 % (106).

REFERENCIAS DEL FIN DEL CAPÍTULO I:
(79) Vial, Gonzalo, op. cit., t. II, p. 712.

(80) Arancibia, Patricia, op. cit., p. 140.

(81) Fontaine Aldunate, Arturo: “Los Economistas y el Presidente Pinochet”, Zig-Zag, Santiago, 1988, p. 42).

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