Por Fernando Thauby

2 días ago

En 2009 se puso una denuncia por abuso sexual contra Fernando Karadima párroco de la iglesia de El Bosque dando origen a un gran escándalo que conmovió a la Iglesia Católica y dio tema para libros, reportajes y análisis noticiosos muy intensos. Se trataba de la denuncia por abuso sexual, por parte del eclesiástico, efectuado mediante la coherción y seducción de jovenes aspirantes a sacerdotes. Algo escandaloso y repugnante. En breve, la situación fue una trama compleja entre homosexuales mayores de edad, con diversos grados de participación, digitados por Karadima, a su vez envuelto en juegos de poder, arribismo social, influencias, dinero y abuso de poder. Karadima sufrió una pena canónica.

Desde diciembre de 2012, el sacerdote católico Cristián Precht Bañados fue apartado -por El Vaticano- del ejercicio del sacerdocio por cinco años. Precht Bañados conocido por su labor durante el Gobierno Militar en defensa de los derechos humanos, fue vicario de la Vicaría de la Solidaridad entre 1976 y 1979 y condecorado al año siguiente como Héroe de la Paz San Alberto Hurtado. En Septiembre de año 2018 fue expulsado definitivamente del sacerdocio por su participación en “conductas sexuales abusivas contra mayores y menores de edad”. Este caso fue tramitado muy rápido, en relativo bajo perfil y prontamente desapareció de la luz pública. Nunca fueron divulgados los detalles de su repugnante conducta. No hubo investigación ni sanción penal.

El año 2010, seis mese antes de su muerte, el sacerdote Renato Poblete recibió el mayor reconocimiento oficial que otorga el gobierno de Chile: el premio Bicentenario, entregado en el Palacio de la Moneda por la entonces presidente Michelle Bachelet. También se dedicó a él un nuevo y gran parque en la ciudad de Santiago.

En enero de 2019  se inició la investigación sobre Renato Poblete luego de que Marcela Aranda Escobar lo denunciara por delitos sexuales, incluyendo la imposición de abortar en tres ocasiones. Rápidamente las denuncias aumentaron a 22 y luego a 43, de las cuales cuatro eran menores de edad, delitos cometidos a lo largo de 48 años, en forma continua.

El superior de la orden jesuita en Chile, Cristián del Campo, al presentar los resultados de la investigación canónica señaló que “Las conductas de abuso de poder, de conciencia, sexual y otros delitos cometidos por Renato Poblete se sostuvieron en una suerte de doble vida, amparado en su imagen pública de persona de bien”. También refiere que se recogieron “diversos antecedentes que dan cuenta de que existió un número significativo de personas, jesuitas y laicos, que tuvieron alguna información de comportamientos inadecuados del sacerdote Renato Poblete Barth, los que fueron conocidos de primera fuente, por terceras personas, o a modo de rumor”. Pese a ello, se señala que el investigador “no acreditó la existencia de encubrimiento, tal como se lo entiende comúnmente en el ordenamiento jurídico chileno”, ni se encontró “ningún caso de un jesuita que haya tomado conocimiento de abuso de menores, violaciones, ni abortos”, pese a ser conocido en su medio como Polvete.

Por resolución de 13 de noviembre de 2013,  un ex oficial de la Armada, fue condenado a cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, como autor del delito de un secuestro calificado perpetrado el 5 de octubre de 1973. Según los jueces: “No resulta verosímil que un oficial de la Armada de Chile, partícipe en un golpe de Estado, pretenda minimizar su responsabilidad alegando ignorancia de lo que ocurría en la época en que él, precisamente, se desempeñaba en el Ministerio de Defensa Nacional, epicentro de la toma de decisiones y organización de operaciones (…) a lo anteriormente señalado debe agregarse que el condenado, aunque muy joven, era oficial de la Armada de Chile, es decir, no se trataba de un marinero haciendo su servicio militar. Se trataba de un engranaje de la institución naval (…) finalmente, señalar que su participación se limitó a trasladar al detenido, hoy desaparecido, desde el lugar en que ese trabajaba hasta el Ministerio de Defensa, y desde ahí no haber sabido nada de él, a juicio de estos sentenciadores es una excusa inaceptable para un oficial, más aún cuando denota un desprecio absoluto por el destino de un ser humano. Han pasado más de cuarenta años de aquellos episodios y el condenado nunca tuvo la curiosidad de averiguar lo sucedido con el afectado y mucho menos colaborar para cerrar una herida nacional”, sostiene el fallo.

Tenemos tres casos de delitos sexuales crecientemente graves, que quedaron sin juicio ni castigo.

Una red cuyo líder, un sacerdote, hizo uso de su autoridad moral y espiritual para imponer conductas homosexuales a personas mayores de edad.

Un héroe de la Paz condecorado por su participación en la “resistencia” contra la dictadura, culpable de conductas sexuales abusivas contra mayores y menores de edad, es decir por abuso sexual y pedofilia.

Un caso de “doble vida” que incluía pedofilia, abuso sexual, imposición de abortos y encubrimiento evidente de sus colaboradores.

Y un caso de un militar juzgado y encarcelado por algo que el juez consideró que “debió haber sabido”.

Un Subteniente de la Armada condenado a 5 años de cárcel porque debió haber sabido y debió haberse preocupado por el destino final de una persona que trasladó desde las oficinas de un organismo internacional hasta el Ministerio de Defensa donde hizo entrega del afectado a otra persona perfectamente identificada y en presencia de testigos.

Hipocresía y Prevaricación. Ni perdón ni olvido.