El proyecto de ley de Indulto General Conmutativo excluyó a los militares, carabineros y policías condenados por violaciones a los derechos humanos.

Al respecto cabría considerar que los supuestos hechos delictivos que les fueron imputados son “delitos políticos”, ya que habrían sido actos reprochables cometidos por motivos políticos durante una época de enorme convulsión social, los que en una situación de normalidad institucional no habrían ocurrido.

Quienes están cumpliendo severas penas de presidio eran, en la época en que ocurrieron tales hechos, personas muy jóvenes que cumplían órdenes. La mayoría de ellos son inocentes de los delitos que les fueron imputados, están libres de culpa o exentos de responsabilidad criminal y fueron condenados mediante sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes.

Además, lo fueron sin respetar las normas de un debido proceso, lo que en cualquier Estado civilizado del mundo es razón más que suficiente para que el juicio sea declarado nulo.

Finalmente cabe destacar que en la enorme mayoría de los casos ellos fueron condenados por presunciones o ficciones jurídicas, sin estar debidamente acreditados los supuestos delitos y existiendo numerosas dudas razonables de que realmente hubieren cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él les hubiere correspondido una participación culpable y penada por la ley; lo que es insuficiente para destruir el derecho humano a la presunción de inocencia.

Adolfo Paúl Latorre, Abogado.