El ministro de Justicia, Hernán Larraín, ha declarado “no somos partidarios de indultar a violadores de derechos humanos” refiriéndose, obviamente, a los militares que están privados de libertad por supuestos actos ejecutados como parte de su ingrata tarea de afrontar la cruenta guerra subversiva de los años 70 y 80; actos que por lo general no han sido suficientemente acreditados y fundados solo en meras presunciones o en “ficciones jurídicas”.

El Ministro no ha considerado que gran parte de los cientos de militares y policías condenados en las causas de derechos humanos lo han sido injustamente. En efecto, la mayoría de quienes están actualmente encarcelados son inocentes de los delitos que les fueron imputados, están libres de culpa o están exentos de responsabilidad criminal y han sido condenados por sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes. A todos ellos les ha sido vulnerado el derecho humano a un debido proceso —pues les ha sido aplicado el antiguo sistema procesal penal inquisitivo— garantizado constitucionalmente y por tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

Lamentablemente, contrariando el principio de igualdad ante la ley y el Estado de Derecho, la ley de amnistía y los indultos generales o particulares solo les han sido concedidos a quienes ejercían la violencia revolucionaria, pero no a los militares que se vieron obligados a reprimirla.

                                                                                 Adolfo Paúl Latorre

Abogado