Infórmese bien antes de votar

Como resulta evidente, el plebiscito del próximo 4 de septiembre exige estar bien informado, a fin de que el voto tenga realmente sentido. Y un aspecto fundamental, es tener claridad respecto de los mecanismos de reforma del proyecto constitucional que se propone.

Que una Constitución cuente con adecuados mecanismos de reforma (ni muy difíciles, ni muy fáciles) es fundamental para su propia sobrevivencia, al permitirle adaptarse a los cambios que sufre toda sociedad. De ser muy flexible, se convierte en un títere de los gobiernos de turno –que la modifican a voluntad– y deja de limitar al poder; si es muy rígida, corre el riesgo de fosilizarse y tener una existencia nominal, al no ser útil para su tiempo.

Ahora bien, respecto del texto propuesto, han surgido múltiples críticas. Por eso sus defensores han sugerido la fórmula de “aceptar para luego modificar”. Mas, ¿es tan así?

Examinando el texto, los mecanismos de reforma se encuentran regulados entre los arts. 383 y 388 y se contemplan varias posibilidades: por petición del Presidente, de diputados y de representantes regionales e incluso por iniciativa popular o también indígena. Esto último no deja de ser curioso, no sólo porque se los trataría como si ellos no fueran parte del pueblo, sino además, porque como se verá, se les otorga una situación privilegiada.

Sin embargo y simplificando mucho las cosas, los requisitos exigidos para estos casos son sumamente difíciles de cumplir, salvo para las reformas menores (que exigen 4/7 del total de diputados y representantes). Para materias importantes, a lo anterior debe agregarse la realización de un referéndum ratificatorio (a menos que se hayan obtenido 2/3 del total de diputados y representantes en un inicio, en cuyo caso el referéndum no sería necesario). Por su parte, en el caso de la iniciativa popular, ella debe reunir al 10% de ciudadanos inscritos en el último padrón electoral (lo que es una cifra casi imposible de lograr), que a su vez, debiera votarse en un referéndum que se haría coincidir con la próxima elección.

También contempla el reemplazo total de la Constitución. Esta posibilidad puede ser solicitada por el 25% de los ciudadanos inscritos en el último padrón electoral, mediante la elección de una Asamblea Constituyente convocada por un referéndum. Igualmente pueden solicitar este referéndum el Presidente más 3/5 de los diputados y representantes, y finalmente, estos últimos sin el Presidente, con un cuórum de 2/3. El proyecto presentado por esta Asamblea también deberá ser sometido a un nuevo referéndum.

Por tanto, las posibilidades de reforma se hacen muy difíciles, cuando no imposibles.

Sin embargo, a todo lo anterior debe agregarse lo señalado por los arts. 66 y 91, que exigen que los pueblos y naciones indígenas (y sólo ellos) sean consultados previamente y deban aceptar, respecto de cualquier adopción de medidas administrativas, legislativas y “en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución”. Igualmente, en el caso de convocar una Asamblea Constituyente, tienen escaños reservados y deben ser consultados durante el proceso. Esto quiere decir que prácticamente ninguna reforma constitucional sería factible sin su consentimiento.

Así las cosas, ¿será posible realmente modificar esta Constitución en caso de ser aprobada? La respuesta es claramente negativa.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho y profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián.

Es posible que en los últimos días hayamos conocido un poco más a Gabriel Boric como político, y ello no lo favorece. Estuvo dispuesto a ser el vocero de una maniobra ideada por Fernando Atria y Giorgio Jackson para modificar el curso de derrota que lleva la opción Apruebo. Declaró en Chilevisión que, si ganaba el Rechazo en el plebiscito, “lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar el proceso por un año y medio más, donde se va a tener que discutir todo desde cero”.

Luego, afirmó que eso implicaba elegir otra Convención. Lo medular no era, como pareció a primera vista, que reconociera la inminencia del triunfo del Rechazo, sino el intento de asociar el Rechazo con la prolongación de la incertidumbre, que ya tiene cansados a los chilenos.

Es grave que el mandatario haya estado dispuesto a jugar con cartas marcadas, porque eso es exactamente su interpretación de que el plebiscito de entrada, en octubre de 2020, supuso un mandato indefinido para elaborar una nueva Constitución al margen del Congreso. En los hechos, desprecia la legitimidad del actual Congreso, que asumió en marzo de este año, igual que él.

Boric no improvisó. Poco después de sus declaraciones, Fernando Atria aportó la base “ideológica” de la maniobra: “El mandato del pueblo en el plebiscito de entrada: que la NC sea hecha por una CC elegida, es final y vinculante. Nada de comisión de expertos o reformas parlamentarias. Pero si gana el rechazo la continuación dependerá de quienes siempre defendieron la Constitución del 80, incluso, como dice el Presidente, negando la realidad (…). Las opciones son el Apruebo el 4/9 o entrar a un camino largo e incierto que puede tener un costo altísimo para todos”.

Es despampanante la soltura de cuerpo. Atria habla como si la Convención no hubiera dado el espectáculo que dio durante un año, y como si no conociéramos sus frutos. Y, además, lanza la amenaza del “costo altísimo” que pagaríamos si no votamos como él indica. Se confirma que, detrás de la aventura constituyente que partió en noviembre de 2019, ha estado siempre el chantaje del castigo al que nos exponemos si no nos dejamos conducir por los iluminados.

La maniobra parte del supuesto de que el país es un laboratorio en el que se puede experimentar uno o dos años más, o hasta que resulte, con tal de conseguir algo parecido al diseño refundacional armado por los abogados de las izquierdas unidas. Penosamente, Boric actuó como si participara en juegos de guerra, moviendo piezas aquí y allá, sin considerar las consecuencias institucionales, económicas y de seguridad pública que tendría prolongar la inestabilidad en un país ya cansado de tantos disparates y tanto infantilismo.

El mandatario no puede saltarse la legalidad dentro de la cual fue elegido. De ello depende su supervivencia. El artículo 142 de la Constitución vigente dice: “Si la cuestión planteada en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución”. Eso es lo establecido, y debe respetarse. Si él lo desconoce, equivale a desconocer la legitimidad de su propia investidura.

Los mayores problemas de Boric se relacionan con la percepción de la realidad, como también de sus propias capacidades para incidir en ella. Tuvo la oportunidad de asumir una posición de Estado frente al plebiscito, como garante de una campaña ordenada y respetuosa, sin intervencionismo gubernamental.

Era lo que correspondía a las buenas prácticas políticas en nuestro país, donde el gobernante y sus colaboradores no pueden abusar de los cargos ni de los fondos públicos para hacer proselitismo. Si hubiera actuado así, habría protegido su propio mandato. Pero, no lo hizo y, en cambio, se sumó al arrebato militante, que lo lleva ahora a maniobrar de modo turbio.

Si gana el Rechazo, el país seguirá funcionando tal como lo hace hoy, dentro del Estado de Derecho. Boric no puede sugerir nada distinto. De partida, no puede hacer como si el Congreso no existiera. Carece de atribuciones para adoptar unilateralmente una iniciativa que rompa lo establecido en la Constitución. Cualquier nueva propuesta en materia constitucional debe ser discutida en el Congreso. Un hipotético nuevo proceso constituyente exigiría una nueva reforma constitucional.

Es indispensable que el país avance en paz hacia el plebiscito. Hay que cuidar que el proceso electoral se desarrolle correctamente en todas sus fases, de modo que sus resultados sean inobjetables y se conozcan en la misma noche del 4 de septiembre. Todas las fuerzas políticas deben colaborar para que así sea, Del mismo modo, todas deben reafirmar su compromiso con el Estado de Derecho.

En el debate de este período, han abundado las alusiones funerarias sobre la Constitución vigente. Lo extraño es que nadie vincula eso con la institucionalidad que tenemos, o sea, con las garantías individuales, el ejercicio de las libertades, la separación de poderes, las elecciones libres y competitivas, el Parlamento bicameral, el Poder Judicial independiente, las FF.AA. profesionales, el Banco Central autónomo, etc. Los cambios que vengan deben mejorar lo que tenemos, no llevarlo a la crisis.

Chile tiene, por desgracia, un gobierno precario. En su seno, pugnan fuerzas sobre las cuales hay fundadas dudas de su lealtad hacia el régimen democrático. En este cuadro, no cesa de crecer la inquietud sobre la estatura del liderazgo presidencial y los riegos para la estabilidad y la gobernabilidad. Por todo esto, sobran las razones para decir: ¡menos mal que la Constitución está vigente!

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por ExAnte, el domingo 17 de julio de 2022.

Irina Karamanos habló de “la obsesión con las libertades”. Un muy buen reflejo de lo que le ocurre a la izquierda con la libertad, que la considera una testarudez de los privilegiados y los poderosos, es decir, algo a lo cual el ser humano no tiene derecho, no es algo natural ni consustancial a él, sino que una idea repetitiva que domina y se apodera de los que quieren defender sus prerrogativas.

¿Está obsesionada la derecha con la libertad que enarbola como medio y como fin para vivir y alcanzar la plena realización? Más que obsesión, es una facultad consustancial a la dignidad del ser humano. De todos.

Libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión y de ahí se derivan todos los demás derechos que están también asociados a la capacidad del hombre de decidir con autonomía en materia de propiedad, educación, salud, previsión, trabajo, etc.

Lo que tiene que hacer el Estado es reconocer esta facultad del ser humano y procurársela a todos. Lo que vemos en este gobierno del Frente Amplio con el Partido Comunista, en cambio, es su propia obsesión con la libertad, pero no para garantizarla a todos, sino que para coartarla a los que la tienen, e impedir que accedan a ella los demás (a quienes, según ellos, no les sirve).

Esa visión quedó plasmada en la propuesta de nueva Constitución, atravesada por una profunda desconfianza en la capacidad del ser humano para ser actor de su propio destino.

Un seguimiento que le hizo El Líbero a la participación de Karamanos en el programa Sin Filtros (disponible en Youtube), entre enero y marzo de 2021, describe nítidamente la aversión de la izquierda no democrática a esta facultad para decidir.

Porque, como dice la pareja del Presidente Boric, “quienes son los que ostentan más libertades, o quienes son los que pueden hablar de libertad de conocimiento, libertad de acceso, libertad de tiempo libre, de poder desarrollarse como persona… probablemente es una minoría en esta población”. Añade que los demás “están endeudados con el sistema bancario,  incluso para satisfacer derechos sociales básicos”, agrega.

El razonamiento de la pareja del Presidente Boric, entonces, es que la libertad es un privilegio de unos pocos y dentro de su programa de transformaciones está terminar con los privilegios.

El medio coercitivo para hacerlo es el Estado, ojalá con partido único, porque éste es el único que representa al pueblo en su lucha por la igualdad. Como si los seres en los que se encarna ese Estado todopoderoso fueran supra humanos, sin los vicios y las inclinaciones al mal del resto de los mortales que cuando se trata de elegir, resuelven mal.

Por eso procuran fortalecer todo lo que administra el Estado y minimizar o eliminar lo privado. Y de convertir solo estatal en lo público, como lo hemos oído tantas veces de la izquierda, procurando beneficiar los colegios y las universidades del Gran Hermano en desmedro de las que crea y administra la sociedad civil.

No basta con privar de recursos públicos a la iniciativa privada, sino que también de impedir el ejercicio de la educación libre. Se descalifica como educación de “mercado o bien de consumo”, el permitir a los padres autonomía para decidir dónde y cómo formar a su progenie.

Como prosigue Karamanos, “la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir son libertades que finalmente propician el que se debilite la educación pública”. Y como ésta es la única con derecho a existir, los constituyentes rechazaron  mencionar que habría financiamiento a la educación particular subvencionada.

La pareja del Presidente, hoy a cargo de una serie de fundaciones que ella está dirigiendo a nuevos objetivos de diversidades sexuales y pueblos originarios, añade en otro programa de tv, que el Estado debe financiar los derechos sociales (en lo que todos podríamos coincidir), “para que las libertades no frenen el que la mayor parte del país tenga una vida digna”. Difícil concordar con una idea tan absurda de la que se colige que con menos libertades, la mayoría alcanzará más dignidad.

Veamos cómo aborda el libre albedrío frente a la seguridad social la no-Primera Dama Karamanos: “Dándole la libertad a las personas de elegir dónde pone su dinero, empobrecemos al sistema público y eso es un problema bajo el nombre de la libertad en la Constitución”.

Nuevamente, el origen de las bajas pensiones no son los pocos años que se cotizan, sino que la autonomía para poner parte del producto del trabajo bajo administración privada. Por eso la ministra del Interior, Izkia Siches, llamó a terminar con la “payasada”, de considerar las cotizaciones como “mi plata”. En concordancia, los convencionales se negaron a plasmar en el borrador que las cotizaciones son de propiedad de los trabajadores.

Como creen que el Estado decide siempre mejor, en cualquier área, promueven el derecho a la vivienda, pero se niegan a explicitar en la Constitución el de la “vivienda propia”, porque la propiedad supone libertad (¡qué obsesión!).

Los derechos sociales son la vara mágica para la igualdad, pero sacrificando la autonomía de los individuos. La ministra de salud, Begoña Yarza, fue implacable para describir el horror que representa para la izquierda no democrática el derecho a elegir. Señaló que cuando se implemente el sistema universal y único de salud estatal va a surgir la oposición “de los más poderosos” y que si no lo explican bien… “capaz que nos veamos en una marcha de los ciudadanos pidiendo que les dejen elegir el sistema que quieren y eso va a ser tremendo”.

Sí, una tremenda obsesión de la izquierda, desconfiar del ser humano libre. Por eso, la necesidad de un supra Estado poderoso que impida las desviaciones. Así no puede haber democracia.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el sábado 16 de julio de 2022.