Boletín Cren N° 34

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La verdad debe ser desenterrada y hacerse Justicia.

RENACE LA ESPERANZA TERREMOTO EN CORTE DE TEMUCO

Cuando la Justicia Deja de Serlo

A más de medio siglo de los hechos que pusieron fin al caos institucional el Poder Judicial continúa dictando condenas contra ex jóvenes soldados, que pronto serán octogenarios, por hechos en los que no está probado que participaron o lo hicieron cumpliendo órdenes sin posibilidad de no cumplirlas

En muchos casos, la Justicia ha dejado de actuar con equilibrio, transformándose en un instrumento de venganza  y persecución ideológica.

Uno de los casos más graves y reveladores de esta deriva judicial lo protagoniza el ministro especial Álvaro Mesa Latorre, quien ha condenado en primera instancia a más de 40 ex uniformados, sin pruebas concretas, sólo por  presunciones sin fundamento, suposiciones y relatos orales, entre ellos a sóldados conscriptos menores de edad que cumplian el servicio militar obligatorio

Frente a este escenario, la abogada Carla Fernández M. en el caso Polvorines presentó el 30 de junio una querella penal por prevaricación contra el ministro Alvaro Mesa L, acusándolo de haber dictado resoluciones manifiestamente injustas, guiado por razones ideológicas y no jurídicas.

 De las 20 condenas a Cadena Perpetua, mantiene 2 de los acusados como autores reduce las de 9 complices a 13 años, 6 a 5 años y 4 a 4 años, de estas útimas 3 con libertad vigilada .

Siendo la prevaricación judicial un delito que comete un juez o magistrado al dictar a sabiendas una resolución injusta en un asunto judicial. Es decir, actúa en contra de la ley y de su deber, sabiendo que la decisión que toma es errónea.

El Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible la querella el 30 de junio y esta resolución quedó registrada en el sistema judicial en línea.  Sin embargo, en un hecho sin precedentes, la admisibilidad desapareció del expediente digital en menos de 25 horas. No hubo resolución de revocación, ni acto judicial fundado que explicara este cambio. Simplemente, el documento que declaraba la admisión dejó de estar disponible, como si nunca hubiese existido. Y luego, sin ningún acto procesal intermedio ni transparencia, el estado de la querella apareció modificado como “inadmisible”, lo que constituye una maniobra  al margen de la ley, inadmisible y gravísima, propia de sistemas judiciales sin control ni ética procesal.

Esta burda manipulación fue publicada por “La Segunda” y denunciada en Cartas a los Directores de diversos medios y públicamente por el abogado Rodrigo Cooper C., quien advirtió la existenci de una operación de encubrimiento para proteger al juez querellado, violando las mínimas garantías de legalidad, publicidad y probidad que debe resguardar el sistema judicial.

El silencio del Poder Judicial y del Colegio de Abogados frente a esta aberración es absoluto. Nadie ha explicado cómo desaparece una resolución judicial válida del expediente. Nadie ha respondido por esta alteración de registros públicos. por lo que la abogada Fernandez presentó a la IC. Apelaciones de Temuco una solicitud para que se investigue y sanciones a a los responsables. El mensaje que se transmite es alarmante: cuando un juez es cuestionado, el sistema lo blinda a cualquier costo, incluso sacrificando el Estado de Derecho.

Los injustamente condenados, no piden impunidad piden  lo mínimo: justicia verdadera, con debido proceso, con pruebas reales, con jueces imparciales.

No aceptan ser condenados por haber servido al país con uniforme hace 50 años, ni aceptan que se les juzgue en un sistema obsoleto bajo criterios políticos disfrazados de sentencias jurídicas, cuando se manipulan expedientes, se borran resoluciones, y luego se reemplazan sin rastro legal alguno, ya no hablamos de justicia: hablamos de corrupción institucionalizada.

Es por Dignidad y Justicia que los soldados del ayer y de hoy levantan la voz..