La faculta de pensar y razonar, blog de análisis político, ético e histórico de Chile

March 10, 2024

Desde tiempos antiguos, los seres humanos han establecido estructuras estatales para regular la convivencia social y garantizar los derechos y deberes de los individuos. A lo largo de la historia, hemos observado un desequilibrio persistente entre estos derechos y deberes, lo que ha dado lugar a un sistema cada vez más desigual y propenso a la corrupción.

Tras la Segunda Guerra Mundial, se institucionalizaron los derechos humanos como una medida para proteger a las personas y limitar el poder del Estado. Sin embargo, hemos sido testigos de un creciente abuso de estos derechos en el mundo occidental donde los ciudadanos son víctimas de individuos y grupos que utilizan los Derechos Humanos como escudo para encubrir sus actividades delictivas, debilitando así la autoridad del Estado.

En el caso específico de Chile, se han levantado acusaciones de violaciones a los derechos humanos tanto contra el ex Presidente Piñera como contra el actual Presidente Boric. Estos casos han generado un clima de impunidad que socava la confianza en nuestras instituciones y debilita la autoridad del Estado.

Es importante destacar que el problema no se limita a un solo individuo, como el Juez Urrutia, sino que es sistémico. En el poder judicial, observamos una tendencia preocupante hacia la interpretación sesgada de las leyes internacionales y la jurisprudencia, con el objetivo de condenar a funcionarios del Estado sin pruebas contundentes.

Los Ministros en visita de Derechos Humanos, guiados por un fervor que parece venerar al Juez Urrutia, emiten condenas sin discriminar, apoyándose en argumentos cada vez más tenues, que se acercan mas a conjeturas que a pruebas concretas. Con ello, se condena a mas militares no por la calidad de la conducta penal, sino por la cantidad, convirtiéndose esto ultimo en un escalón para la Corte Suprema, que todo el poder judicial pareciese saber.

A estas alturas, nadie sostiene que los Ministros en visita hayan omitido impartir justicia. Eso es insostenible. Lo que se critica es que se pretende impartir justicia basada en ficciones jurídicas y presunciones. 

Hay fallos que no resistirían un mínimo análisis de un estudiante de Derecho I, ya que las pruebas condenatorias son escandalosas. Si alguien imparcial tiene dudas o incluso prejuicios contra estos imputados de Derechos Humanos, debería cerciorarse por sí mismo, estudiando los fallos de los Ministros Juica, Solís, Brito, Dahm y Llanos, todos vinculados en algún momento al pensamiento político de izquierda y, por ende, opositores al régimen militar, pero dotados de la indecencia de nunca declararse inhabilitados. Un juez no puede ser imparcial y justo si detrás de él hay un sustrato que, aunque no se exprese literalmente en el fallo, determine su orientación y decisión.

En los últimos años, hemos observado una tendencia preocupante en la que, tras el fallecimiento de personas con mayores responsabilidades, se opta por una solución simplista al señalar a 2 o 3 individuos y presumir su culpabilidad por los cargos que ocupaban, sin contar con pruebas contundentes, para luego condenarlos. Esta práctica se repite frecuentemente en casos de “desaparecidos”, donde se engaña a las familias de las víctimas haciéndoles creer que se han identificado a los responsables, resultando en la condena de inocentes y en la posterior compensación mediante indemnizaciones significativas.

La Corte Suprema se blinda, especialmente la Segunda Sala, y cuando se les cuestiona, responden como Shakira: ciegos, sordos y mudos. La justicia está bajo escrutinio ciudadano, y para mal.

La Corte Suprema, al no abordar las preocupaciones sobre el Ministro Muñoz y la salvaguardia de sus hijos, plantea interrogantes inevitables. ¿Qué ocurrió con los automóviles Lexus? ¿Por qué se encubrió el deterioro de la memoria o la posible demencia del Ministro Brito, una cuestión conocida pero velada dentro del ámbito judicial? La decisión del Ministro Carroza de llevar al Juez Baltazar Garzón, prevaricador internacional a la Araucania plantea dudas sobre su idoneidad como referente para nuestra máxima instancia judicial. ¿Se reunieron acaso con el Ministro Meza en la Araucanía? El silencio es total y absoluto.

Sin embargo, pocos mencionan el punto crítico más evidente, corrupto y politizado del sistema judicial: la II Sala y otros órganos, como los Ministros Vásquez Plaza, Marianela Cifuentes, Mario Carroza, Álvaro Mesa, entre otros. Es un secreto a voces que estos funcionarios tienen afinidades políticas izquierdistas y, por ende, permiten la manipulación de pruebas y testimonios falsos en un sistema judicial antiguo. Los abusos son tan frecuentes y flagrantes que están destruyendo la credibilidad del sistema judicial, permitiendo que aquellos que actúan con impunidad continúen ejerciendo como jueces supuestamente íntegros.

A pesar de las críticas al Poder Judicial y la Corte Suprema, rara vez se cuestiona a la II Sala. ¿Se considera, acaso, que la II Sala es la única instancia justa y proba del Poder Judicial?

Al menos el Juez Urrutia es franco y transparente. Seguramente en México leyó a Enrique Dussel y su concepto de transmodernidad, y aunque su nivel de preparación seguramente sea modesto, quedó muy impresionado. En cambio, los Ministros en visita de Derechos Humanos tratan de hacerse pasar por imparciales y están contaminados políticamente.

Es fundamental que como sociedad nos mantengamos vigilantes y críticos ante estas tendencias, y que exijamos que se respeten los principios fundamentales de la justicia y el Estado de Derecho. La democracia no debe ser utilizada como pretexto para la venganza o la persecución política, sino como un medio para garantizar la igualdad y la justicia para todos los ciudadanos.

Delincuencia, jueces pusilánimes, crimen organizado y octubrismo: el desafío de Chile: