Señor Director:

La idea de Estado reposa, en último término, en el imperativo del orden y la seguridad. La conservación del orden público es la obligación esencial de los gobernantes. Para tales efectos el Estado cuenta con el monopolio de la violencia física legítima.

El “discurso de los derechos humanos”, que tanto se pregona, considera violatoria de tales derechos cualquier acción destinada a reprimir la delincuencia, el vandalismo, el flagelo terrorista o la insurrección revolucionaria. Tal discurso es un arma estratégica del comunismo que es usada para quitar legitimidad al uso de la fuerza y para desarmar psicológica y moralmente a quienes, por deber de autoridad, están obligados en justicia a aplicar la violencia legítima del Estado para reprimir a quienes subvierten el orden social.

                                   Atentamente le saluda.

                                       Adolfo Paúl Latorre

                      Abogado

        Magíster en ciencia política

Viña del Mar, 10 de enero de 2024.

Solicitud de formalización del General Director de Carabineros, disuasión y uso proporcional de la fuerza

Señor Director:

El mundo al revés. El general Ricardo Yáñez está siendo procesado por supuestos delitos cometidos en el cumplimiento de su función de mantener la seguridad y el orden público —obligación principalísima de los gobernantes de un Estado y para lo cual este cuenta con el monopolio de la violencia física legítima— durante la asonada revolucionaria iniciada el 18 de octubre de 2019 (que buscaba derrocar al gobierno constitucional del presidente Sebastián Piñera) mientras se premia con indultos y con pensiones de gracia a los delincuentes que, atentando contra los derechos humanos de la gran mayoría de los habitantes de nuestra patria y aplicando una violencia ilegítima superlativa, realizaron innumerables actos vandálicos. En más de 19.000 eventos graves de alteraciones del orden público incendiaron el Metro de Santiago e iglesias patrimoniales; saquearon supermercados; destruyeron bienes públicos y privados; y atacaron al personal de Carabineros con diversos elementos: contundentes, incendiarios o de otro tipo; tales como bombas Molotov, hondas que lanzaban bolitas de acero (de rodamientos) que causaban lesiones oculares; 554 ataques a cuarteles policiales y 1200 vehículos de carabineros con daños estructurales.
Lo que sí podría reprochársele al general Yáñez y a su antecesor, el general Mario Rozas, es la responsabilidad que les cupo en la violación de los derechos humanos del personal bajo su mando al prohibirles el uso de sus armas de fuego; razón por la que ellos no lo hicieron ni siquiera en defensa propia —no obstante que en tales casos estaban exentos de responsabilidad criminal, según lo dispuesto en los artículos 10 del Código Penal y 208,
410, 411 y 412 del Código de Justicia militar— lo que dio como resultado más de cinco mil carabineros lesionados: 126 recibieron impactos balísticos, 5 con pérdida ocular y 82 quemados con artefactos incendiarios.
El general Rozas, junto con ufanarse porque los carabineros no hicieron uso de sus armas de fuego —lo que a mi juicio es motivo de vergüenza— declaró: “el ministro de la época, Andrés Chadwick, me ordenó controlar el orden público dentro del ámbito legal y respetando irrestrictamente los derechos humanos”. Evidentemente, con ello el gobierno pretendía “sacar las castañas del fuego con las manos del gato” y deslindar sus responsabilidades en caso de que la actuación de carabineros, en cumplimiento de su
función policial, produjere bajas fatales.
Complementando lo antedicho, cabría una explicación sobre dos conceptos
íntimamente relacionados con el tema del control del orden público y que son mal entendidos por una gran parte de políticos, académicos, periodistas, la población en general e, incluso, por los propios policías. Me refiero a la disuasión y al uso proporcional de la fuerza.
La “disuasión” es un efecto psicológico que se logra mediante la amenaza de un daño que el agresor no está dispuesto a aceptar y que los beneficios que espera lograr si actúa no compensarían los daños que podría sufrir.
Si las fuerzas de orden y seguridad están autorizadas para usar sus armas letales solo en casos de legítima defensa, cuando esté en riesgo la vida de personas, quedan sin capacidades ofensivas, disuasivas o represivas, no constituyendo una amenaza real y sus miembros reducidos a la calidad de meros espantajos; observadores de quienes estén cometiendo o se apresten a cometer actos terroristas, vandálicos o de violencia insurreccional.
Si quienes están dispuestos a cometer graves atentados saben que los policías tienen prohibido usar sus armas letales o que no se van a atrever a emplearlas —ya sea por impedimento legal o porque si lo hicieren serían defenestrados o condenados a severas penas de presidio por “abuso de la fuerza” o por “violar los derechos humanos”— tienen la seguridad de que podrán actuar impunemente por lo que no solo van a cometerlos, sino que
se verán estimulados a seguir cometiéndolos.
La “proporcionalidad en el uso de la fuerza” no significa igualdad: que si un
delincuente agrede con piedras, con un arma blanca o con una bomba Molotov a un carabinero, este debe responderle con los mismos elementos.
La proporcionalidad significa que la fuerza debe estar en proporción a la resistencia ofrecida, a la gravedad del delito, a la situación que se controla, al peligro representado por los delincuentes y al objetivo legítimo que se persigue, lo que en casos graves justifica el empleo de medios letales.
La desproporción en el uso de la fuerza no solo puede predicarse respecto de la que es excesiva para cumplir con un determinado fin legítimo, sino que también respecto de la que es insuficiente para lograrlo.
La proporcionalidad en el uso de la fuerza consiste en la respuesta a la pregunta:
¿cuánta fuerza utilizar? Obviamente, ella debe ser superior a la de los delincuentes.

Atentamente le saluda.

Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política

DESAPARECIERON LOS GASFÍTERES

Y el agua contaminada corre y corre.

        Esa es la impresión  que causa el poder judicial chileno, prácticamente prostituido por jueces y fiscales que persiguen sin descanso a ex miembros de las fuerzas armadas, en especial la segunda sala de la Corte Suprema, valorada y destacada por uno de los jueces más rufianes, Mario Carroza, quien es el encargado de coordinar todas las causas por DD.HH. en la que estarían comprometidos exfuncionarios. Toribio recurre a esta analogía, ya que no hay día en que desde los diversos jueces y cortes que sustancian dichos procesos judiciales escurran en forma ininterrumpida resoluciones en una lucha desenfrenada, competiendo en la cantidad de años de presidio que reparten a diestra y siniestra por hechos acaecidos hace medio siglo, afectando a jóvenes en esos años iniciando su carrera y que actuaban en cumplimiento de órdenes. Sin embargo, ya fallecidos los mandos superiores sufren el escarnio despiadado de quienes dicen ejercer la justicia, pues buscan con ello no solo la venganza sino mejorar sus expectativas para favorecer sus carreras profesionales. Alcanzar la Corte Suprema, jubilar a los 75 años, con una remuneración que bordea los $14 millones, más auto fiscal y otros beneficios, es un muy buen incentivo. El fin justifica los medios parece ser la guía de estos pseudos servidores de la justicia, sin importar la podredumbre y el hedor que rodean much0s procesos.

            A los casos recientemente referidos por esta pluma, donde la causa del teniente Cheyre y la conocida como el “de los quemados” –ambos instruidos por Mario Carroza– constituyen la mejor prueba a que nivel de pudrimiento ha llegado la imposición de una pseuda justicia, que ha dado lugar a un nuevo emprendimiento, sustentados por abogados que al parecer se coluden con jueces. Trecientos y cuatrocientos millones de pesos ─según confesara a Toribio un inculpado después de haber sido sobreseído en un proceso anterior por la misma causa─ que los querellantes de Carmen Gloria Quintana y de Rodrigo Rojas de Negri  le habrían solicitado para retirar las querellas.

           En los próximos días la Corte Suprema de Justicia resolverá el pedido de extradición solicitado por la justicia de Italia y que ya cuenta con la bendición de la ministra Ángela Vivanco, en contra del teniente de aquella época Manuel Vásquez Chahuán, quien ha sido procesado y condenado a presidio perpetuo en el país requirente, causa realizada en forma oscura, sesgada y secreta sin la presencia del presunto inculpado, pues jamás fue notificado o invitado a fijar domicilio en Italia o nombrar letrado allá en su representación; en síntesis, como lo afirma  su abogado defensor “en el proceso en Italia no fue oído por decisión caprichosa, hostil o desidiosa del Estado Italiano, cuestión que se agravó con la imposibilidad absoluta de salida de chile desde Julio del 2010”, ya que existe arraigo nacional por otras circunstancias, como es la situación de cientos de exfuncionarios de las fuerzas armadas en retiro, víctima de la persecución odiosa de miembros del poder judicial.

            Se le condena por el homicidio de Roberto Venturelli Leonelli basado solo en hipótesis, sin haberse declarado judicialmente la muerte presunta ni mucho menos haberse acreditado que el teniente Vásquez haya cometido dicho delito. Por el contrario, ha quedado meridianamente claro documentalmente, que mientras el ciudadano italiano permaneció detenido en Chile entre el 12 de septiembre y el 20 de octubre de 1973, el teniente Vásquez era partícipe de una operación militar en el Complejo Maderero de Panguipulli en busca del terrorista Gregorio José Liendo, conocido como el comandante Pepe, quien fuera detenido días después y entregado en el retén de Liñique, más tarde sometido a Consejo de Guerra y fusilado en Valdivia en octubre de 1973, Consejo que la actual justicia desconoció y tiene procesado a los militares vinculados que aún están con vida. Durante la citada operación militar, el teniente Vásquez enfermó gravemente de tifoidea y fue extraído en helicóptero el 24 de septiembre y trasladado a Temuco, permaneciendo hospitalizado y posteriormente con reposo absoluto en domicilio hasta el 21 de octubre. Todos estos hechos constan en su hoja de vida, siendo acreedor de una anotación de mérito  de la cual hay constancia en el mismo documento. Cabe señalar por otra parte, que al teniente Vásquez la justicia italiana lo identifica como un agente de inteligencia secreto del Ejército, como autor penalmente responsable del delito de homicidio voluntario pluri-agravado  cometido en Chile  el 16 de septiembre  de 1973 en contra del ciudadano italiano Omar Roberto Venturelli Leonelli, lo que es absolutamente falso dado los antecedentes ya citados; por lo que resulta absurda la resolución de la ministra Vivanco de negar la solicitud de extradición estando pendiente la causa por la desaparición del ciudadano italiano.

            Todo parece indicar que doña Ángela Vivanco de algún modo quiere corregir su caída como vocera, cuando tanto el presidente Boric como el ministro de Justicia le dijeron que los jueces hablan con los fallos y no por declaraciones. Esperamos que prime la cordura algún día en el máximo tribunal.

            Volviendo al tema que nos preocupa, Pepe Grillo anda rondando y algo me dice al oído, trato de hacerme el tonto, pero debe ser un grillo vasco por lo porfiado. Le escucho:

         ─Mira Toribio. ¿Qué sacas tú, Humberto, Cristián, Christian y tantos otros en dar cuenta de la corruptela judicial? Todo indica que es en vano escribir y pregonar sobre el estiércol que abunda en dicho poder.  A diario, desde ellos escurren las aguas contaminadas y no hay gasfíteres que den solución al problema. Realmente los admiro por vuestra persistencia. Por una parte, los mandos institucionales jerarquizados, obedientes, no deliberantes están atados de mano y veo muy difícil que por lo menos expresen su preocupación por esta impúdica justicia. Y  por otra, está absolutamente acreditado que los políticos en general valen hongo, solo les interesa mantenerse en sus cargos, disfrutar de sus millonarias remuneraciones, cuantiosas prebendas y no meterse en zapatos de chinos, conscientes de la inmoralidad reinante en jueces y fiscales. Al mismo tiempo los chilenos ─que nos llenamos la boca de ser solidarios─ a nadie le interesa el futuro de nuestros camaradas de armas, son mal agradecidos y viven el país “del nunca jamás”. Me sumo al ejemplo de Hermógenes Pérez de Arce al citar el caso del Capitán Dreyfuss, (siglo XIX), en que toda la sociedad francesa protestó en forma airada ante la injusticia de que fuera víctima, hasta que se logró su restablecimiento; con una gran diferencia, Punta Peuco, Colina 1 y otros recintos albergan a decenas de Dreyfuss, pero en Francia en esos años, existía una reserva moral, aquí al parecer queda muy poco o no hay.

─Pepe Grillo, tú lo ves muy sencillo, pero ¿cuál es la solución?

─Te lo he insinuado varias veces, pero no hay mayor sordo que el que no quiere escuchar. ¿Te lo digo en Power Point o con peras y manzanas? Hay que remover las conciencias, a menos que seamos cómplices  de que los veteranos del 73 mueran en los recintos penales o se suiciden, ante la carencia de juicios justos y no basados en la venganza.

─ ¿Y cómo remover las conciencias de los chilenos?

─Mira, yo sé que tú no estás de acuerdo, pero, en estos momentos en que cada día el nivel de violencia nos asemeja a un país bananero, hay dos alternativas: Recurrir al sicariato, así de simple, haciendo uso de la experiencia extranjera y candidatos de pasar al más allá sobran; o bien, que los afectados en vez de agotar sus días en esperanzas vagas u optar por el suicidio como varios lo han hecho, antes de morir en los recintos penales dada su avanzada edad y precaria salud sin gozar de los beneficios legales establecidos, que ante la falta de apoyo y las circunstancias reinantes opongan resistencia armada en el momento de su detención con los costos que ello traería consigo. Morir con las botas puestas

─Sabes, Pepe Grillo. Te fuisteis al chancho. Te recomiendo unas vacaciones.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)