Las armas: ¿en poder de los delincuentes y guerrilleros o de los ciudadanos honorables?

18/06/2022

El monopolio de las armas

Gonzalo Cordero

La civilización requiere que la fuerza sea ejercida de manera exclusiva por el estado y bajo un sistema de reglas legítimo y coactivo, que llamamos Derecho. En la ley se recogen valores indispensables, protegidos con una fuerza tal que su trasgresión hace caer sobre el infractor ese martillo gigantesco que llamamos el poder punitivo del estado.

Estas reglas y los valores que custodian son esenciales para la libertad y la seguridad individual, a veces cuesta comprender que el policía que nos impone el respeto a las normas no está constriñendo nuestra libertad, sino que la está asegurando, pues si no existieran las leyes y los policías, viviríamos entregados al arbitrio de la fuerza. Es decir, viviríamos fuera de la civilización.

El sentido común de las personas más sencillas lo comprende: esta semana circuló en redes sociales un video en el que un grupo de personas acude en ayuda de dos carabineros que estaban siendo golpeados por unos delincuentes que se resistían a su detención. Lamentablemente, hemos perdido ese sentido común, crecientemente vemos la ley como reglas que nos oprimen y a la fuerza pública como represores ilegítimos.

Nos hemos acostumbrado a una cierta percepción absurda que equipara al policía y al civil que lo enfrenta, al punto que hemos invertido eso que los abogados llaman la carga de la prueba; cada vez que una persona resulta lesionada en una refriega con la fuerza pública recae sobre los agentes del estado la presunción de culpabilidad. En el caso del malabarista de Panguipulli, que lamentablemente falleció luego de atacar a un carabinero con un machete, a pesar de estar las imágenes que mostraban el ataque al policía, el Ministerio Público persiguió al agente de la ley hasta que los Tribunales Superiores lo absolvieron.

Ahora dos infantes de marina también son perseguidos por haber acudido en defensa de carabineros que eran atacados a balazos, en el contexto de un estado de emergencia que la mayoría del país, no solo justifica, sino demanda. Claro, los marinos repelieron a los agresores; pero ¡por favor! para eso estaban ahí, para eso el Estado Democrático de Derecho los sacó de su cuartel y les encomendó reforzar la seguridad de las personas. ¿Tiene el Ministerio Público antecedentes graves, fundados y creíbles de que esto no ocurrió así y hubo un abuso de poder? Tal parece que no, porque no se han dado a conocer; pero, me temo, que perseguirlos tiene buena prensa.

El Presidente Boric acaba de anunciar un proyecto de ley que prohibirá absolutamente que los civiles tengamos armas. Una decisión de este tipo supone, al menos, que quienes cuentan con el monopolio jurídico de las armas podrán actuar con el respaldo de la ciudadanía y de las instituciones del Estado y, la verdad, eso no ocurre hoy.

No me interesa tener armas, pero si policías y militares no pueden usarlas legítimamente, porque son perseguidos por los fiscales y linchados en los medios de comunicación, entonces necesitaré tenerlas. Ahí se acabó la civilización.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el sábado 4 de junio de 2022.

Un buen ejemplo a copiar:

Se autoriza el uso de fuerza mortal para agentes del FBI en los siguientes casos:

1.- Si el sujeto posee un arma o intenta tener acceso a ella bajo circunstancias que indiquen una intención de usarla contra un Agente o contra otras personas.

2.- Si el sujeto está armado y corriendo para acceder a una posición táctica de cobertura que le de ventaja.

3.- Si un sujeto, sin tener un arma de fuego, está demostrando que tiene la capacidad para infringir muerte o graves lesiones físicas o de incapacitar a un Agende de alguna otra forma.

4.- Si el sujeto intenta escapar del sitio de una confrontación violenta en la cual el sujeto infringió o intentó infringir muerte o graves lesiones físicas.

Intervención de las FF.AA. en La Araucanía: ¿a qué van?

por Francisco Orrego 16 junio, 2022

Las complejidades que deja la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el control del orden público están a la vista. No olvidemos que las tareas de seguridad pública están reservadas a las policías y que la participación de las FF.AA. en tales funciones ha sido extraordinaria. Solo ante la ineficacia de las fuerzas policiales en el control de la violencia en La Araucanía, las FF.AA. han sido llamadas a cumplir un rol totalmente ajeno a su mandato y sin tener las herramientas legales adecuadas para ello. Ello evidentemente las expone innecesariamente a toda clase de riesgos. Veamos un ejemplo reciente.

Resulta sorprendente que el Estado de Chile, a través de su Ejecutivo, solicite prorrogar el Estado de Excepción Constitucional en la zona de La Araucanía, con el propósito de evitar delitos terroristas contra las personas que allí habitan o circulan y, por otro lado, la Corte de Apelaciones de Concepción revoca la decisión del Juez de Garantía de Cañete, decretando arresto preventivo domiciliario total, por representar un peligro para la sociedad, a dos miembros de la Armada de Chile, quienes, en noviembre pasado, durante Estado de Excepción Constitucional de Emergencia decretado para proteger a la población de terroristas, concurrieron a apoyar a carabineros que se encontraban bajo ataque con armas de fuego.

Los infantes de marina fueron recibidos con disparos de armas largas, lo que queda en evidencia por los impactos de balas recibidos en los carros Mowag, razón por la cual, haciendo uso de su legítimo derecho a la defensa, se vieron obligados a utilizar su armamento y dieron muerte a un comunero que ese encontraba en el lugar del ataque.

¿Quién lo entiende? El Estado, a través del Poder Ejecutivo, los manda a cumplir un mandato y luego, el mismo Estado, a través del Poder Judicial, los acusa inmisericordemente, por cumplir con su deber. Así las cosas, esto no va a resultar. El Ejecutivo solo quiere dar señales comunicacionales —o pirotécnicas— de estar abordando el conflicto. Pero ello no es suficiente para garantizar una paz exitosa en la zona. Cuesta entenderlo.

Mientras el Estado de Chile no entienda que estamos frente a un conflicto armado interno de baja intensidad, con participación de fuerzas con armamento, entrenadas y logísticamente preparadas, lo que a todas luces requiere aplicación de normas especiales, como el Derecho Internacional Humanitario y la participación de la Justicia Militar (que no se manda sola y depende de la Corte Marcial, integrada en mayoría por ministros civiles y esta, dependiente de la Corte Suprema), la presencia de las FF.AA. en la Macrozona Sur solo servirá para que sigan acusándolas de violar los DD.HH., mientras los terroristas seguirán destruyendo, incendiando y asesinando a civiles.

Ahora será con mayor impunidad y violencia, ya que habrán neutralizado a las FF.AA., al igual como ya lo hicieron con las policías. Basta ver lo ocurrido el viernes pasado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, con el brutal asesinato del cabo 2° David Florido, quien se inhibió de usar su arma por temor a represalias judiciales.

Si las FF.AA. no pueden hacer nada distinto de lo que pueden hacer las policías, ¿a qué van a La Araucanía?

Las armas: ¿en poder de los delincuentes y guerrilleros o de los ciudadanos honorables?