El Gobierno prepara un proyecto de “Ley Humanitaria”, que permitirá conmutar la pena de prisión por arresto domiciliario absoluto para aquellos presos que sufren enfermedades terminales, alzhéimer, o bien, que por su avanzada edad resulte inhumano e inconducente mantenerlos recluidos en un recinto carcelario.

El procedimiento, sujeto a control judicial, no hace distingos entre presos comunes y aquellos que cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos, por lo que el senador Carlos Montes propone como exigencia que exista “colaboración y arrepentimiento”.

El director de Human Rigths Watch, José Miguel Vivanco, cuya trayectoria, experiencia y compromiso con los DD.HH. nadie podría cuestionar, ha señalado que tal exigencia “podría constituir un trato cruel, inhumano y degradante”.

Es valioso que personalidades como Vivanco contribuyan a que los derechos humanos sean entendidos como un bien superior y universal, que no puede ser capturado ni instrumentalizado por nadie. Una ley humanitaria, como la que se propone, no puede tener otro rasero que no sea la dignidad humana en el marco del Estado de Derecho.

Luis Pardo Sáinz
Diputado RN