LOS DOCUMENTOS QUE REVELAN EL OCULTO PLAN PARA LA USURPACIÓN ILEGAL DE TODOS LOS FUNDOS DE ALTO BIOBÍO

La guerrilla narcoterrorista de izquierda en la macrozona Sur.

Diario La Tribuna recopiló antecedentes que dan cuenta de una detallada planificación por parte de grupos violentos para extender la usurpación de terrenos en la comuna pehuenche, y la existencia de una investigación solicitada por un parlamentario de la zona, por la presunta participación de familiares de la delegada provincial y el alcalde de la comuna en estos hechos.

Por Equipo Investigación Diario La Tribuna

09 de Agosto de 2022, a las 09:43

La toma violenta del pasado 26 de marzo del fundo San Miguel en la comunidad de Callaqui, comuna de Alto Biobío, fue el último de una serie de tomas realizadas por parte de grupos encapuchados y armados, en donde diario La Tribuna recopiló antecedentes dados a conocer en procesos investigativos y oficios parlamentarios que revelan un solo y hasta ahora oculto objetivo: La toma y usurpación de todos los fundos de la comuna de Alto Biobío.  Le seguirían los fundos Aguas Blancas, San Antonio y Pangue.

Parlamentarios de la zona solicitaron una investigación donde hacen alusión a un posible caso de Asociación Ilícita debido a que parte de los responsables y participantes activos de las tomas serían familiares de autoridades en ejercicio de la zona, entre ellos, la delegada presidencial de la provincia del Biobío, Paulina Purrán, y el alcalde de Alto Biobío Nivaldo Piñaleo.

Estos antecedentes se suman a que el Ejecutivo hasta la fecha no ha presentado acciones legales tras el atentado incendiario en contra de la casa patronal de la familia Wild, donde la misma delegada Purrán indicó a La Tribuna, el pasado 1 de julio, que “no podemos llenarnos de querellas que lamentablemente no han sido fructíferas, y en este conflicto hay aspectos legales y de carácter histórico”.

OFICIO PARLAMENTARIO

El diputado del distrito 21 Cristóbal Urruticoechea presentó un oficio dirigido a la ministra del Interior y Seguridad Pública Izkia Siches para solicitar antecedentes y una investigación que busquen corroborar una denuncia sobre un presunto caso de asociación ilícita en los casos de tomas de fundos en la comuna de Alto Biobío.  Según los datos que recibió el parlamentario  -que dieron origen al documento- participarían en estos hechos familiares de autoridades de la zona, tanto del alcalde de la comuna pehuenche, Nivaldo Piñaleo, como de la delegada presidencial de la provincia de Biobío, Paulina Purrán.

En el documento presentado a fines de marzo de este año se entregan detalles de una denuncia que “señala la existencia de una asociación ilícita entre las siguientes personas: La presidenta de la comunidad de Callaqui, señora Nicsia Alegría Beltrán, la actual delegada presidencial de la Provincia y dirigente de la comunidad de Callaqui, señora Paulina Purrán, Felipe Purrán, también dirigente de la comunidad, la señora Julia Piñaleo, hermana del Alcalde de la comuna, Julia Melisa, funcionaria de la Conadi e hija de la señora Piñaleo y Guillermo Purrán, director de la fundación de Enel y hermano de la delegada presidencial”.

El oficio además agregó que “esta Asociación comprende la planificación de la toma del Fundo Rañilguenu, luego del Fundo San Miguel, para seguir con el Fundo San Antonio y Fundo Pangue. Posteriormente la toma de las veranadas de los colonos y la eventual toma de todo Ralco. Esto, según se indica, puesto que no querrían “a ningún colono ni blanco” en todo Alto Bío Bío y se agrega que esto lo mencionó la señora Pilar Alegría. Asimismo, que en la Municipalidad sólo deben trabajar mapuches o pehuenches y ningún blanco, agregando que habría muertos”, precisó el documento.

Dentro de los detalles que entrega el documento, aborda la toma del fundo San Miguel el pasado mes de marzo de este año, donde indicó que “un trabajador del fundo, buscó a los dueños para que dialogasen con quienes estaban haciendo la toma – no más de 10 personas-, mencionando que los más agresivos eran la señorita Rosita Marihuan Ancanao, Francisco Vita, alias “Panchito pistola de pitril” – a quien le estarían pagando-, Daniel Manquemilla, hermano de Julia Melisa e hijo de Julia Piñaleo y una persona sin apellido, de nombre Adrián, que sería padre del machi de Callaqui y marido de Sarita Parada”.

Posteriormente, “la denuncia señala que el día domingo llegaron al fundo más de 50 personas – en su mayoría chilenas- de Santa Bárbara y Los Ángeles, bajo la promesa de obtener un trozo de tierra del Fundo San Miguel”.

Frente a esta situación, el parlamentario solicitó “realizar una investigación a fin de determinar la veracidad de la denuncia y las eventuales responsabilidades que pudieran existir”.

RECURSO DE PROTECCIÓN EN CASO HOSTAL DOÑA POLA

En un documento ingresado por los afectados de hechos de violencia en la Hostal Doña Pola, en la comunidad de Callaqui, a la Corte de Apelaciones de Concepción se entregan además antecedentes y relato sobre lo dado a conocer por los encapuchados que ingresaron al reconocido Hostal de expandir la toma ilegal, y donde confirmaron que el próximo movimiento será hacia el poniente del fundo Rañilhueno, lugar que actualmente mantienen usurpado.

En la acción legal se relató que los sujetos que participaron del ataque a los trabajadores de la Hostal, ubicada en el kilómetro 74 de la ruta que conecta Santa Bárbara con Alto Biobío, el pasado 13 de agosto del 2021, se identificaron como miembros de la comunidad de Callaqui, y amenazaron a los propietarios a desalojar sus casas o de lo contrario ingresarían por el uso de la fuerza y que debían “atenerse a las consecuencias”.

En específico, el recurso de protección especificó que uno de los objetivos de los protagonistas al concretar esta toma, es el avance hasta el fundo Aguas Blancas, para luego seguir con otros fundos de la zona y continuar la expansión violenta.

En este caso el documento señala que “como es de público conocimiento, esto forma parte de un contexto mucho mayor, en relación con el que las autoridades, sabiendo de los mismos, no han adoptado las medidas tendientes a evitar que se sigan produciendo, que han implicado la vulneración de una serie de derechos constitucionales”.

A lo anterior agregó que “la situación adquiere aún mayor gravedad, toda vez que hasta el momento se ha recabado información de distintas personas, cuyos testimonios reservaremos para que sean vertidos en otras instancias, de que esta amenaza de expulsar a los propietarios ubicados al interior del Hostal doña Pola, forma parte de una planificación mayor consistente en avanzar posteriormente al sector Aguas Blancas (5 km al Poniente del Hostal) y continuar con otros predios de particulares”.

RESPUESTA DESDE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL

Diario La Tribuna consultó sobre el documento presentado por el diputado Urrruticoechea solicitando una investigación, acusando una presunta participación de familiares de la representante del Gobierno en la provincia.  Al respecto, la delegada Paulina Purrán indicó que “como Gobierno somos muy respetuosos de los procedimientos que puedan emprender las y los parlamentarios según la ley, por lo que este requerimiento que hace un diputado lo respetamos, y también esperamos que exista una presentación de información que aclare las dudas que tiene el diputado, y que le surgieron a raíz de una publicación de Facebook tal y como él lo ha señalado, Facebook que por lo demás contiene información que no se sustenta con ninguna prueba”.

Cabe indicar, que la investigación solicitada por el diputado Urruticoechea sigue en curso, y no hay a la fecha claridad respecto a las acusaciones que allí se señalan, y como se conectaría esto con la expansión violenta en la comuna de Alto Bío Bío.

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