En una ceremonia cargada de profundo patriotismo y chilenidad, exactamente un año atrás conmemoramos frente al Palacio de la Moneda el bicentenario de nuestra bandera y el juramento que 14.297 hombres y mujeres del Ejército realizaron declamando lealtad y fidelidad frente al tricolor nacional. Fue un acto que contó con la presencia de las más altas autoridades del país y en el que juntos, civiles y militares, valoramos la muestra de valor, entrega y amor por Chile de los “77 chacabucanos” liderados por el capitán Ignacio José Carrera Pinto.

En la oportunidad, y en mi condición de comandante en jefe del Ejército en ejercicio, hice referencia a la preocupación institucional por alinear de manera permanente la normativa interna y las actuaciones tanto individuales como colectivas al ordenamiento jurídico vigente.

Reiteré la necesidad de mantener incólume el compromiso en la observancia y promoción de los principios democráticos que rigen al Estado de Chile, con una visión que, en pleno siglo XXI, conlleva el respeto por la institucionalidad y los derechos humanos.

Estimé necesario enfatizar que aún perviven situaciones que provocan tensiones entre el pasado y el presente, las que de manera recurrente atraen la atención de diversos sectores de nuestra sociedad, a pesar de las acciones de reconocimiento y las reiteradas ocasiones donde la institución ha asumido la responsabilidad que le corresponde, dentro de los marcos que la Constitución y las leyes permiten.

Pese a ello, y con mucho desencanto, he podido comprobar que el valor que se le otorga al profundo sentido del cumplimiento del deber, en tanto acción voluntaria y predisposición positiva para cumplir las obligaciones inherentes al servicio producto de un mandato o imposición de un superior jerárquico, no ha sido comprendido por muchos actores de nuestra sociedad.

Hoy, habiendo en algunos casos transcurrido más de cuatro décadas, persiste una suerte de empecinamiento en contra de actores militares de menor graduación para responsabilizarlos de actos en que su participación se centró solo en cumplir órdenes de sus superiores. A ellos, en particular, se les atribuye un poder de decisión impensado e inconmensurable, que resulta incomprensible entender en el marco de la ley y los reglamentos que regulan la jerarquía y la responsabilidad militar.

Fueron, como señalé hace un año, subtenientes, cabos y soldados conscriptos, que se vieron impedidos de objetar o representar las órdenes de sus mandos y que incluso, habiéndolo hecho, fueron obligados a cumplirlas, como lo establece detalladamente el Código de Justicia Militar vigente y que data del año 1944.

Sigo firmemente creyendo que hoy esas actuaciones son observadas exclusivamente desde el prisma de nuestro tiempo, sin analizar ni considerar la situación concreta ni el contexto histórico y político en que tuvieron lugar.

La misericordia cristiana, los gestos de humanidad siempre tan necesarios de expresar por nuestra sociedad y los deseos de aplicación de una justicia debida, son los anhelos que en la actualidad, muchos de los entonces jóvenes militares, necesitan para mirar el futuro con optimismo, y dejar de lado las largas angustias e incomprensiones que en silencio han compartido junto a sus familias.

Reitero mi llamado a la equidad y a la ecuanimidad con que deben actuar quienes tienen la responsabilidad de aplicar la regla justa. Como sociedad debemos ser capaces de reflexionar sobre ello, para legar a las generaciones que nos sucederán un clima de paz, armonía y esperanza, tan necesarias para el Chile al que todos aspiramos.

“Chile, una Misión por cumplir”: San Alberto Hurtado

Humberto Oviedo Arriagada
Ex comandante en jefe del Ejército