Lucro y DD.HH.

Desde que se conoció el informe sobre los 10 mil millones de pesos que tan sólo el año 2017 la Segunda  Sala  Penal  de la Corte Suprema de reconocido sesgo político, concedió a familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos, están presente en el ambiente las siguientes preguntas: ¿Qué criterio legal hay para definir el monto de las indemnizaciones?, ¿Existirían los juicios por  DD.HH. que persiguen a los uniformados, si no tuvieran los demandantes la seguridad o certeza jurídica de recibir estas más que millonarias indemnizaciones estatales que le asigna esta generosa Sala Penal?, ¿ Cuántos de éstos beneficiados eran extremistas o terroristas autores intelectuales y materiales de hechos en perjuicio del Estado o de civiles y uniformados? y la más insólita ¿porqué el Consejo de Defensa del Estado, se hace parte en estos juicios de DD.HH.,contra los uniformados, para que el mismo Estado que representa pague las indemnizaciones?

La verdad es que estas millonarias indemnizaciones judiciales son sólo la punta del iceberg de los miles de millones de pesos que el Estado de Chile, ha entregado livianamente y sin fiscalizar el verdadero destino de éstos recursos, ya sea a través personas naturales, instituciones estatales o semi-estatales y organizaciones (ONG) de derechos humanos todas dependientes del Partido Comunista. No sería ninguna sorpresa que todo obedezca a una martingala montada por este Partido para obtener recursos fiscales, lo que ha permitido ser lejos el Partido con más recursos económicos del país. Ciertamente quién se atreviera investigar periodísticamente el destino de estos fondos estatales, como menos sufriría la funa que recibió José Antonio Kast en una Universidad del norte y hasta el asesinato que sufrió el Senador Jaime Guzmán.

Dr. Jaime Manuel Ojeda Torrent

PhD.Universidad Libre de Bruselas