Por Humberto Julio Reyes

                  Últimamente han circulado en redes sociales y aparecido en cartas al director de algunos medios, diversas opiniones referidas a las duras penas impuestas por los tribunales, a miembros de las Fuerzas Armadas que han debido actuar para restaurar el orden en situaciones de excepción.

                  El paciente lector dirá que esto no es algo nuevo, ya que, desde que llegó la alegría los tribunales “se están poniendo al día” y que, lo novedoso sería que los medios publiquen dichas cartas, algo habitualmente evitado por “políticamente incorrecto”.

                  Pero no me refiero a procesos y condenas por delitos que habrían sido cometidos durante el Gobierno Militar, sino que a hechos más recientes y que tienen como origen lo que muchos siguen llamando “el estallido social”.

                  Hemos sabido de un Capitán, un cabo y ahora ¡un conscripto!

                  Sí, leyó usted bien, un conscripto que se presentó voluntariamente a cumplir con su servicio militar y que se sumará a otros conscriptos que cumplen penas en prisión por hechos de hace medio siglo.

                  Estos miembros del Ejército han sido condenados por tribunales ordinarios que parecen asumir que emplear las armas, aunque sea por órdenes superiores y mandato de la autoridad política “responsable”, constituye grave delito per se.

                  Ellos se suman a muchos miembros de Carabineros que perdieron su carrera tratando de proteger a sus conciudadanos amenazados por un enemigo implacable, como bien dijo el presidente de la época que fue acusado de “declararle la guerra al pueblo”, sustantivo éste tan abusado y tan amplio en su significado que permite amparar crímenes y delitos de organizados violentistas autodenominados “pacíficos manifestantes”.

                  Pero, ¿qué dice el poder judicial que impone las duras penas?

                  Nada, no se oye padre. Como dicen, se expresa a través de sus fallos.

                  Recientemente, el pleno de la Corte Suprema, rechazó en dos líneas un recurso contra un ministro de fuero que, para ahorrarse esfuerzo y con mucha creatividad, condena en bloque a todos quienes sirvieron en alguna unidad con un argumento que, de aceptarse permitiría condenar, “sólo por pertenencia”, a todo aquel que haya estado en las filas de las fuerzas armadas y de orden entre el 11 de septiembre de 1973 y la fecha de entrega al poder civil en 1990. Quien no se retiró o se opuso sería culpable solidario de “los crímenes de la dictadura”.

                  Eso sucede en un estado de derecho y, como recordó recientemente en forma pública, un afectado por tan flagrante arbitrariedad, joven subalterno en 1973, todos “pasan sin mirar”.

                  ¿Acaso nada puede hacerse para defender a las víctimas de esta desigual guerra que ha declarado el poder judicial, representado en particular por la segunda sala de la Corte Suprema?

                  Si por milagro un ministro de fuero absuelve a un procesado por no poder acreditar que cometió delito, o es una sala de la Corte de Apelaciones la que rectifica una sentencia que no se atiene a la ley vigente, es la segunda sala la que procede a imponer altas penas, confirmando o subiendo las propuestas y sumando nuevas causales como es la manida “asociación ilícita”, lo que en la práctica implica cadena perpetua para personas de avanzada edad y deteriorada salud que vivirán sus últimos años en abarrotados recintos, aspecto este último fácil de comprobar en cualquier visita.

                  ¡En Colina 1 duermen en los comedores!

                  Abandonada toda esperanza de justicia en este mundo y para evitar injusta prisión más de alguien en estos años se ha suicidado, ganándose el respeto de sus camaradas y el escarnio de algún desquiciado. Escapa a la venganza y al odio que motiva a quienes no ahorran esfuerzo en su eterna victimización y búsqueda de “reparación”.

                  Resumo:

                  Es más de lo mismo, pero lo positivo es que se conozca y se difunda, para vergüenza de quienes son los verdaderos responsables e indignación de quienes estamos hartos de un prolongado abuso judicial que no tiene visos de cesar.

                  El verdadero responsable, en mi opinión, es aquella autoridad que recurre a las fuerzas armadas y de orden pidiéndoles que impongan o restauren el orden sobrepasado, pero, “con irrestricto respeto a los derechos humanos”, como habría instruido un ministro para salvar su responsabilidad.

                  ¿Puede haber mayor cobardía?

                  Ejemplos de lo anterior existen en la Historia pero en nada libera de responsabilidad a quien recurre a esa “salvaguarda” y eso, debieran considerarlo los tribunales, en lugar de hacer caer todo el peso de la ley sobre jóvenes ejecutantes que, a diferencia de la presunta víctima, no eligieron estar ahí para defendernos pero, como acertadamente ha señalado el autor de una carta, han debido asumir el riesgo de una función pública como si fueran simples particulares, ya que dicho riesgo se ha “privatizado”.

                  En medio de tan negativo escenario, una luz de esperanza:

                  “Fiscal judicial (s) de la Suprema advierte privación de derecho de “integridad física y psíquica” de condenados de DD.HH.”

                  ¿Hará verano esta golondrina?

25 de mar. de 24