Antes de viajar Piñera a los Estados Unidos, arriesgándose a que lo metan preso —allá la Securities and Exchange Commision (SEC) manda a la cárcel a los que operan en bolsa con información privilegiada, por lo que Piñera fue condenado acá a una multa en 2006. Ese hecho también fue delito en los EE. UU., porque se trataba de acciones que se transan en Nueva York. Y está probado en las grabaciones de la corredora Banchile, que conserva su ex gerente Francisco Armanet. Tal delito allá prescribirá sólo en 2026—  dijo dos grandes mentiras de trascendencia nacional.

La primera, que “todas las pruebas apuntan a que el Presidente Frei Montalva fue asesinado”. Afirmación malévola y falsa, desmentida por el doctor Luis Felipe Silva, hijo del principal acusado del inexistente asesinato, el doctor Patricio Silva Garín. Él escribió a “El Mercurio” de 23.08.18 que “eso no es así, ya que en los casi diez años transcurridos desde el procesamiento, se ha verificado que el peritaje que sugirió un asesinato con gas mostaza y talio fue desacreditado por expertos de la Universidad de Chile, y todos los nuevos peritajes descartan las presencia de dichos tóxicos en niveles significativos”.

Por añadidura, delatando adicionalmente esa mentira de Piñera, el día antes de la carta anterior, en el mismo “El Mercurio”, el doctor Eduardo Weinstein Varanovski, cirujano gastroenterólogo que participó en la segunda operación a Frei Montalva del 6 de diciembre de 1981, atribuyó la muerte del paciente a un “proceso bacteriano… sobre todo laescherichia coli que es un colibacilo controlado que vive en el intestino, pero en las obstrucciones aparecen otras cepas y otro gérmenes que se multiplican”.

El doctor Weinstein dijo —y declaró ante el juez— que el ex Presidente tenía una obstrucción intestinal y ya eso lo constituía en un enfermo grave que debía ser operado de urgencia, pero su familia postergó cuatro días la intervención, para esperar al médico de la primera operación, Augusto Larraín, que estaba en Pucón y demoró ese tiempo en volver. El retardo fue la causa de la muerte.

Otra gran mentira de Piñera, y de trascendencia nacional, la dijo cuando declaró, con motivo del 11 de septiembre, que el Gobierno Militar había sido responsable de “graves, crueles, sistemáticas e inaceptables violaciones a los derechos humanos”. En sus declaraciones habituales suele emplear tres sinónimos, pero para las grandes mentiras emplea cuatro.

Esta última está desvirtuada por la historia real, que he vaciado en mi “Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990”, en que pruebo la circunstancia evidente de que el gobierno más vigilado, inspeccionado y presionado a respetar los derechos humanos entre esos años y en todo el mundo fue el régimen chileno, por lo que resulta absurdo pensar que pudiera ser un “violador sistemático” de tales derechos.

Hasta el propio inspector designado por la ONU para comprobar la situación en Chile, el jurista costarricense Fernando Volio, llegó a declarar, en 1986, a raíz de la politizada condena anual en la ONU: “…la resolución fue política por parte de quienes la redactaron y también por parte de quienes la aprobaron. Y habría esperado más objetividad; por ejemplo, ellos deberían haber tenido en cuenta el terrorismo” (James Whelan, “Desde las Cenizas”, p. 819)

En 1988 el doctor Jean-Francois Bonnard, de la Cruz Roja Internacional dijo que “él podía entrar a cualquier prisión en Chile, en cualquier momento, para ver a cualquier prisionero. Él no tenía que concertar una cita ni avisar que iría” (Whelan, p. 668.)

Las grandes mentiras de los hombres públicos o los jueces politizados tienen grandes consecuencias. Si la justicia de izquierda falsifica los hechos y determina que Frei Montalva fue asesinado, Chile ya no volverá a ser igual, porque muchos creemos que el grado  de desvergüenza que se habrá alcanzado en el país ya no podrá ser superado ni remediado.

Pues ¿se han dado cuenta ustedes de lo diferente que habría sido la historia de Chile de estos años si los jueces hubieran respetado las leyes? Antes de que el marxismo se hubiera apoderado de la mayoría en la Corte Suprema regía la legalidad y, por ejemplo, en 2005 la Sala Penal absolvió al coronel Joaquín Rivera, comandante del regimiento de Angol, por haber dado muerte a dos extremistas que habían disparado contra su cuartel, afirmando, con los votos favorables de tres ministros de la Sala Penal, respetuosos de la legalidad, Nibaldo Segura, Luz María Jordán y José Fernández, que “no es posible aplicar las Convenciones de Ginebra sobre crímenes de guerra, debido a que no existen pruebas de que en 1973 había en Chile un estado de guerra; así como tampoco el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, porque no se encontraba vigente en 1973. Además, no se consideró la Convención sobre Imprescriptibilidad de la ONU, que no ha sido suscrita por Chile”. (“El Mercurio”, 06.08.05, p.C13).

Si no hubiera existido después la mayoría de jueces de extrema izquierda del estilo de Brito, Juica, Muñoz, Dolmestch, Kunsemüller y Valderrama (estos tres últimos recientemente salvados de la destitución ¡con votos de la derecha!), no habría habido Presos Políticos Militares y ni siquiera habría existido un Penal de Punta Pesco ni el de Cordillera, lo que le habría impedido a Piñera cerrar este último para remontar en las encuestas en 2013 consiguiendo adhesiones comunistas.

Este sería un país muy distinto y reconciliado, sin presos políticos, con las leyes aplicándose de buena fe y sin que los grandes mentirosos nacionales se pudieran aprovechar impunemente de la estulticia de la mayoría de sus compatriotas, como lo hacen hoy.

Hermógenes Pérez de Arce