Desde que existe historia de naciones y estados, es posible apreciar como todos ellos, sin excepciones, han tenido que adaptarse y resignarse a la siempre difícil convivencia con dos grupos internos que, siendo imprescindibles, llevan una vida segregada regida por costumbres, reglas, prácticas y hasta éticas distintas de las del resto de sus conciudadanos, y ello por la naturaleza y praxis propias de sus funciones: esos grupos son el de los militares y el del clero. La historia también nos enseña que la incomprensión o el desconocimiento de estas insoslayables diferencias han conducido, en innumerable ocasiones, a amargos y prolongados conflictos.

Cuando un ciudadano abraza la carrera militar, pone su vida a disposición de la irrestricta defensa de su patria y de sus conciudadanos y abdica de numerosos derechos que asisten a sus compatriotas. Para él no habrá horarios máximos ni derecho a huelga o siquiera manifestación, no habrá oportunidades de fortuna ni de carreras meteóricas. Mas trascendentalmente aún, debe renunciar a buena parte de su libre albedrío porque, siendo el acatamiento ciego y la coordinación perfecta requisitos indispensables para la eficiencia bélica, es necesario postergar los instintos y la conciencia individual en aras del sacrosanto principio de la obediencia debida. En reconocimiento de las importantísimas restricciones que la vida militar impone a sus cultores, y atendida la insoslayable necesidad de ella, todos los estados le otorgan y le han siempre otorgado un estatus especial, con sus propias leyes, sus propias tradiciones, sus propios tribunales, su propia previsión y hasta su propia ética. Todo ello porque sería impensable regular un universo tan diferente con las mismas reglas y criterios con que funciona el resto de la sociedad.

En tiempos normales, las enormes diferencias entre el mundo militar y el mundo de los civiles no generan mayores problemas, básicamente porque se mantienen separados hasta físicamente. Pero cuando, por las circunstancias que sean, los militares se transforman en soporte directo de un gobierno, los roces entre los dos sistemas de vida se multiplican y derivan en conflictos de dolorosas consecuencia. Es precisamente lo que ocurrió en Chile durante el largo régimen liderado por el General Augusto Pinochet.

Basta esta sucinta reflexión sobre lo que todos sabemos para sospechar la anchura y profundidad del abismo que se ha creado entre la sociedad civil y el mundo castrense a raíz del tratamiento que le ha dado la nueva democracia chilena a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante ese periodo. Y ello por razones tan numerosas como evidentes:

– Porque, en base a dudosos argumentos, se arrastró a tribunales civiles a muchos que debieron ser juzgados en su propio ámbito militar.

– Porque, en base a otros dudosos argumentos, se eludió la ley de amnistía y se anuló incluso el límite de tiempo mediante el inverosímil expediente de considerar la desaparición como delito de secuestro permanente.

– Porque muchos militares fueron condenados por los mismo tribunales civiles que fueron mas culpables que ellos como instrumentos de los crímenes del régimen al que obsecuentemente sirvieron.

-Porque casi ninguno de los verdaderos responsables volitivos de esos crímenes desfiló ante los tribunales de justicia.

– Porque hoy, a 40 años de los hechos, se sigue acosando a muchos que eran subalternos de subalternos en aquella época.

– Porque se hizo tabla rasa del dogma de la obediencia debida, que hasta los aliados respetaron después de la Segunda Guerra Mundial, y a pesar del mayor genocidio que conoce la historia de la humanidad (solo se juzgó y condenó a aquellos en que se pudo demostrar que tenían el libre albedrío suficiente para evitar los crímenes en que participaron).

– Porque la casi mitad de Chile que casi logró prolongar el régimen militar hace 25 años enmudeció y desapareció como por encanto cuando llegó la hora del ajuste de cuentas. Hoy es tan difícil encontrar un pinochetista como fue difícil encontrar un allendista a los pocos meses de gobierno castrense.

– Porque el aprovechamiento político del asunto de los derechos humanos llegó a limites repugnantes el pasado septiembre, en que, con la propia colaboración del gobierno, se falsificó la historia en forma que el propio Homero habría envidiado.

– Porque ver a los comunistas embanderar el Penal Cordillera cuando su partido es miembro centenario de un panel internacional autor de los peores crímenes contra los derechos humanos que se conocen, es una afrenta insoportable para los militares chilenos (como que uno se suicidó de vergüenza).

– Porque la repetida historia de que todo lo ocurrido afecta a personas y no a la institución militar es un eufemismo que no creen ni los que lo afirman.

– Porque de sus caídos en la “guerra sucia” nadie se acuerda en el mundo civil, mientras que Santiago arde en cada aniversario del joven combatiente que cayó desafiando la ley y el orden.

No se vaya a creer que esta numeración significa que yo piense que los crímenes de los militares durante el gobierno del General Pinochet debieron quedar impunes. De hecho, como candidato parlamentario de la Concertación en las elecciones de 1989, clamé públicamente por verdad y justicia y me sentí muy orgulloso cuando el Presidente Aylwin inició ese camino a pesar del estrecho espacio de maniobra que tenía su gobierno. Pero en un cuarto de siglo lo que comenzó siendo “verdad y justicia” se convirtió en escarmiento y venganza y últimamente en caza de brujas y aprovechamiento político, en que hasta el Partido Comunista enarbola la defensa de derechos humanos mientras se le caen de la mochila los recuerdos de Stalin, Ceaucescu, los Castro y la plaza Tienamen, ante los cuales no hizo otra cosa que rendir homenajes.

Creo que Chile no puede vivir con un foso de recelo y resentimiento entre la sociedad civil y el estrato militar. No tenemos situación internacional para continuar con lo que, a estas alturas, no es otra cosa que un sainete en cuyo reparto nunca estuvieron todos los que son ni son todos los que estuvieron. Hace rato que sonó la hora en que, por el bien y la seguridad de Chile, hay que ponerse a la tarea de restaurar el respeto y la confianza entre esos dos universos. Yo no sé si los políticos chilenos han postergado esa imprescindible tarea por ceguera intelectual o por conveniencia electoral, como demostró el aquelarre de septiembre pasado, pero sí que sé que mejor harían en aplicarse a resolver este problema de imperativa importancia en lugar de perder el tiempo atendiendo a la agenda que les dictan los agitadores de la calle.

Orlando Sáenz R.