Con frecuencia leo y escucho que el problema de La Araucanía es político, queriendo decir que es ajeno a lo militar. Al respecto, primero, habría que aclarar que el nivel político abarca al Ejecutivo y también al Legislativo; ambos deberían actuar de consuno en la solución del cada vez más candente conflicto. Por su parte, el Ejecutivo tiene a su disposición medios sociales, económicos, comunicacionales y muchos otros, incluyendo el uso de la fuerza, sea policial o militar. Por lo tanto, el empleo de la fuerza militar no es ajeno a la política.

Obviamente la “solución militar” debería ser asumida solo cuando la policía -debidamente equipada, entrenada y con un potente respaldo político- haya sido claramente sobrepasada. En tales condiciones, la intervención militar difícilmente será aséptica; se debe contar con probables bajas en uno y otro lado. Por eso, la decisión política de usar la fuerza militar requiere un decidido apoyo legal, ya que las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) no otorgan ninguna protección jurídica para los militares que están arriesgando su vida, aunque sí facilitan su posterior condena por “uso excesivo de la fuerza”.

En definitiva, si no hay un acuerdo político entre el Ejecutivo y el Legislativo, el conflicto de La Araucanía continuará agravándose. En las actuales condiciones la intervención de las FF. AA. solo agudizaría el conflicto al otorgar nuevos triunfos la narcoterrorismo y tener a más militares presos en Punta Peuco. Como dice el refrán, los militares servirían, una vez más, para “sacar las castañas con la mano del gato”.

Almte. Miguel A. Vergara Villalobos