La Sala Penal de la Corte Suprema tendrá que revisar las solicitudes de libertades condicionales que presentaron Militares Prisioneros Políticos. Esto, luego de que este lunes la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara entregarles el beneficio a 33 internos de los penales que lo solicitaron.

En julio pasado, la Sala Penal otorgó la libertad condicional a siete prisioneros, decisión que fue cuestionada por el odio y la venganza de  la izquierda y que incluso terminó con una acusación constitucional en contra de los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Valderrama.

El pasado viernes, la Comisión de Libertades Condicionales -que sesiona dos veces al año, una en abril y otra en octubre- decidió que no se concediera el beneficio a los 33 internos, “atendido que no cumplen con la exigencia establecida, al no estar corregidos ni rehabilitados para la vida en sociedad, por cuanto los informes sicológicos evacuados establecen que los condenados no reconocen suficientemente el delito cometido, sin tener una conciencia adecuada del mal causado y su disposición al cambio resulta ser ambivalente”. Cabe hacer presente que los prisioneros sirvieron a Chile durante toda su carrera militar y que desde la fecha en que supuestamente cometieron los delitos hasta que fueron apresados, pasaron entre 45 y 30 años en que vivieron en forma ejemplar en la sociedad, sin cometer ni siquiera una falta.

Tras esta resolución, el abogado de algunos de  los militares y policías en retiro, Raúl Meza, aseguró que presentarán “recursos de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, en el evento de un fallo desfavorable, recurriremos de apelación ante la Corte Suprema para que se aplique la sabia doctrina que sentó en los últimos fallos, en los cuales concedió la libertad condicional de siete prisioneros de Punta Peuco”.

Meza añadió que “si la Corte de Apelaciones acogiera los amparos y concediera las libertades condicionales, no tenemos duda de que las Agrupaciones de DD.HH. o el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior van a apelar de todas formas ante la Corte Suprema”. Así, es casi seguro que el máximo tribunal del país será el que, nuevamente, tenga la última palabra.

El Decreto Ley 321, que argumenta la resolución de la Comisión de Libertades Condicionales, es el que regula la entrega de este beneficio. En él se establece que este derecho es una prueba de que el condenado “se encuentra corregido y rehabilitado para la vida social”. Además, entre los requisitos, debe cumplir la mitad de la condena, mantener una conducta intachable y aprender “bien” un oficio.

De acuerdo con el planteamiento de Meza, sus representados cumplen con estos estándares. Sin embargo, para el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, “el beneficio de la libertad condicional es parte de un proceso de resocialización y los organismos encargados, Gendarmería y las comisiones, tiene una cierta facultad discrecional para apreciar si se dan las condiciones de una resocialización que amerite reducir la pena y proceder a liberar a la persona”. Agregó que “el derecho internacional dice que las sanciones que se apliquen a los delitos de lesa humanidad no pueden ser simbólicas, tienen que ser sanciones efectivas ”.

Lo anterior demuestra la ignorancia de este último abogado, por cuanto los solicitantes si cumplen con todos los requisitos y lo que aún sucede con los sicólogos de gendarmería es que la mayoría de ellos por su ideología de izquierda repiten lo mismo de siempre en los informes y no logran que los afectados se auto inculpen de cosas que muchas veces no son ciertas, además ninguno de ellos se encuentra en esa condición (condenado por un delito de lesa humanidad), por cuanto el señor abogado debiera saber que los delitos de lesa humanidad recién fueron tipificados por ley en el año 2.009 en Chile y hay además una densa legislación internacional que incluso recomienda la amnistía después de este tipo de conflictos.