Por Gonzalo Ibáñez Santamaría.

Como candidato a integrar la Corte Suprema el presidente de la República ha presentado ante el Senado al ministro Mario Carroza de la Corte de Apelaciones de Santiago. En este cargo, este juez ha tenido en sus manos, desde hace años, todas las causas que se han llevado en Santiago contra ex militares por hechos sucedidos durante el gobierno militar. En esta tarea, el ministro Carroza ha sido implacable y de su pluma ha salido una condena tras otra, hasta el punto de llenar de condenados el penal de Punta Peuco.

Varios de sus fallos han suscitado mucha controversia, tanto como los de otros jueces que también han contribuido en esa tarea.  Desde luego, por un abuso de las presunciones y porque en ninguno de ellos encuentran lugar las circunstancias extraordinarias en medio de las cuales las FF.AA y de Orden tuvieron que asumir el gobierno de la República y el grave peligro que siempre acechó al país durante esos años. En este sentido, sus fallos junto con condenar a eventuales autores de crímenes o delitos, han constituido un engranaje en la estrategia destinada a deslegitimar el pronunciamiento militar del 11 de septiembre y a todo el gobierno posterior.

Detrás de esa estrategia han estado precisamente los que durante el período precedente estimularon y practicaron el uso de la violencia hasta el punto de proclamar su legitimidad como medio para instaurar un régimen marxista en Chile. Pero, de eso nada se habla. Lo cual no es de extrañar en ese grupo, pero sí en el grupo que actualmente gobierna, porque éste se formó para defender y proyectar el legado del gobierno militar. Sin embargo, respecto de la legitimidad del pronunciamiento del 11 de septiembre de 1973 y del gobierno posterior, este grupo hace tiempo ya ha terminado por aceptar las tesis de los partidos hoy de oposición incluyendo al partido comunista.

En esta tarea se ha destacado por supuesto el presidente Piñera el cual no se cansa de subrayar, por ejemplo, que en ese 11 de septiembre en Chile se perdió la democracia, pero nunca hace ninguna mención al carácter totalitario del régimen marxista de Allende. El actual ministro de Justicia Hernán Larraín, sigue esa huella  a pesar de que en 1994, cuatro años después que el General Pinochet dejó el mando del país, le dedicó un elogio sin parangón. Ahora, se ha convertido tal vez en uno de los peores cuchillos para juzgarlo a él y para juzgar a los militares que lo acompañaron en su gobierno.

Piñera y Larraín sin duda creen que insistiendo en esta estrategia pueden salvar el gobierno actual de los embates a que los tiene sometido el neomarxismo tan en boga hoy día. De ahí la presentación de Mario Carroza y los elogios con que lo cubren. Pero, el resultado es el contrario. En la medida en que ellos han contribuido a deslegitimar al gobierno militar, lo único que han hecho ha sido legitimar el régimen de Allende. Si lo sucedido el 11 de septiembre de 1973 no fue legítimo, luego lo que se impone es retornar al régimen anterior. Las consecuencias están a la vista. Piñera, Larraín y otros tanto en la UDI como en RN  han cumplido cabalmente con esta tarea. Ya han cedido en todo lo que se necesitaba que cedieran.

Ahora, sólo queda apartarlos a ellos para que el régimen marxista vuelva entre nosotros en gloria y majestad.