Nulla poena sine culpa

           Señor Director:

Los “delitos de omisión” imputados al General Director de Carabineros don Ricardo Yáñez Reveco son absurdos, de modo que su renuncia al cargo no solo me parece absolutamente improcedente, sino que da una señal equivocada en el sentido de que el General estaría asumiendo cierto grado de responsabilidad criminal.

Él solo cumplió su misión constitucional de “dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior”, de modo que no tiene culpa y, por tanto, debe aplicarse el  principio cardinal del derecho penal que “no hay pena sin culpabilidad” (nulla poena sine culpa).

 Atentamente le saluda.

                                                                       Adolfo Paúl Latorre

                                                                               Abogado

Enrique Slater @slater_enrique

Ningún delito cometido cometido antes del 18 julio 2009 puede ser calificado como de “lesa humanidad”, fecha de entrada en vigor de la ley 20.357, que estableció que no puede ser aplicada retrospectivamente. Es el caso. Por ende, la C. Suprema, aplicó bien la media prescripción.

RECURSO DEL EXSENADOR GIRARDI SE SALTÓ MÁS DE UN CENTENAR DE CASOS MÁS ANTIGUOS

Los testimonios ante la Comisión de Ética de la Corte Suprema que muestran cómo operaba Ángela Vivanco para apurar causas y fallos

27.09.2024

Por Paulina Toro y Catalina Olate

Según testimonios recopilados por la Comisión de Ética de la Corte Suprema, la ministra hacía gestiones para poner casos en tabla, presionaba para apurar fallos y, cuando no integraba la sala, pedía conocer detalles de los acuerdos reservados adoptados por otros magistrados. Las minutas de la comisión indican que Vivanco consiguió que un recurso interpuesto por Gonzalo Cisternas -hijo del exsupremo Lamberto Cisternas- avanzara 120 puestos y que su fallo se redactara el mismo día. Además, los testimonios señalan que la magistrada “mostró especial interés” por el fallo que rebajó una millonaria multa a Julio Ponce Lerou. Los documentos consignan algo desconocido hasta ahora: en la elección del Conservador de Bienes Raíces de Concón, Vivanco “llamó directamente a varios ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso” para interceder por Carlos Swett. El año anterior, Swett había contratado al hermano de la magistrada en la Asociación de Notarios y Conservadores, que él presidía.

La abogada Ximena Risco trabajó con Luis Hermosilla y luego en el Ministerio del Interior, cuando el penalista fue asesor de esa cartera en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Ella es muy cercana a Mario Vargas, con quien forma parte del círculo de abogados estrechamente relacionados con Hermosilla.

El pasado 26 de febrero, Ximena Risco solicitó que se suspendieran los alegatos de un amparo interpuesto en favor de uno de sus clientes y que esa mañana debía ser visto por la Tercera Sala de la Corte Suprema, la que usualmente integraba la ministra Ángela Vivanco. Pero le fue mal, no le concedieron la suspensión y debió comparecer vía Zoom. Ese día Vivanco no estaba en la sala, pero llamó enojada a una funcionaria judicial, pidiendo información sobre lo ocurrido y solicitando conocer el acuerdo adoptado por la sala, a pesar de que esa información era reservada. La funcionaria no le entregó los antecedentes, pero Vivanco la presionó, señalándole que ella era “la presidenta de la sala”.

Los hechos consignados en el párrafo anterior fueron proporcionados por funcionarios de tribunales a la Comisión de Ética de la Corte Suprema. CIPER tuvo acceso a las minutas confeccionadas por esa comisión donde se incorporaron testimonios que revelaron las gestiones realizadas por Ángela Vivanco para poner en tabla algunas causas y recursos, saltándose el orden en que debían ser vistos, y apurar fallos. Se trata de seis minutas y un informe que suman 24 páginas, documentos que ya fueron entregados a la defensa de la ministra Vivanco. La comisión recibió los testimonios bajo confidencialidad, por lo que CIPER mantiene bajo reserva la identidad de quienes se presentaron ante esa instancia.

Sobre la base de los antecedentes recopilados por la Comisión de Ética, entre otros factores, el pleno de la Corte Suprema anunció el 9 de septiembre pasado la apertura de un cuaderno de remoción en contra de Ángela Vivanco por seis hechos que podrían constituir irregularidades graves en el desempeño de la ministra. Desde entonces, Vivanco permanece suspendida de sus funciones.

Corte Suprema (Fuente: CIPER)

Una semana más tarde, el 16 de septiembre, la Corte Suprema informó que se sumaba un séptimo cargo por “presuntas irregularidades en la tramitación” de ocho causas. El anuncio lo hizo la ministra Gloria Ana Chevesich, quien explicó que las anomalías se referían a alterar el estricto orden de antigüedad en que las causas deben ponerse en tabla, dar cuenta de ellas y fallarse. En otras palabras, lo que se detectó es que algunos procesos, por eventuales gestiones de Vivanco, se “saltaban la fila”.

«El código de los tribunales, el código de procedimiento civil y además de instrucciones precisas entregadas por el presidente de esa sala, señala que en todo se tiene que respetar la antigüedad. Se tiene que ingresar a la tabla por estricto orden de antigüedad, se tiene que dar cuenta por estricto orden de antigüedad y se deben fallar para los efectos que todas las partes que son litigantes vayan conociendo de las resoluciones en la medida que la corte vaya conociendo. Eso está establecido en la ley. Y eso se habría alterado”, dijo Chevesich, citada por Emol.

CIPER contactó al defensor de la ministra Vivanco, Juan Carlos Manríquez, quien confirmó que los documentos revisados para este reportaje se corresponden con los antecedentes que la Corte Suprema entregó a los abogados de la magistrada: “Debemos dejar expresa constancia de la seriedad y gravedad que el secreto de estas indagaciones ante la Comisión de Ética y del expediente de remoción se hayan afectado de este modo. Nosotros no tenemos acceso sino a parcialidades de ambos, lo que nos hace imposible una igualdad de armas”.

Respecto de las preguntas de CIPER sobre los hechos relatados en las minutas, Manríquez dijo que “las materias que se abordan en ellas serán debidamente respondidas en los plazos y en las instancias que corresponda”.

UN SALTO DE MÁS DE CIEN CAUSAS

En las minutas revisadas por CIPER figuran testimonios que relatan sucesos relacionados con los distintos cargos formulados contra Vivanco y que se vinculan con causas tramitadas en su sala. Uno de estos fue un recurso interpuesto por el exsenador Guido Girardi, uno de los senadores que se descolgaron de la centroizquierda en 2018 para votar a favor del nombramiento de Vivanco como ministra de la máxima magistratura.

El recurso de protección ingresado por Girardi el 2 de junio de 2023, buscaba recuperar y proteger los datos cerebrales que había grabado un software que el exsenador compró para su uso personal. Pero, al ocuparlo, detectó que esos datos quedaban en una nube virtual, por lo que buscó recuperarlos a través de la acción judicial. En la Corte de Apelaciones le fue mal, pero en la Suprema ganó y en tiempo récord: su recurso se saltó más de cien puestos.

“La señora ministra (Vivanco) me solicitó llevar esta causa a la brevedad”, explicó a la Comisión de Ética una funcionaria judicial. Según la minuta elaborada por la comisión, esa premura significó cambios en el orden original en que debían ser vistas las causas: “La señora Vivanco, por medio del secretario, requirió vía Whatsapp dar cuenta de la causa con preferencia a causas más antiguas, más de 100”.  Se señala, además, que Vivanco se quedó con el acuerdo de la sala en su poder arguyendo “motivos académicos” y que pidió que “el proyecto de fallo fuera entregado a la brevedad dentro de esa misma semana”.

La causa, indica la minuta, fue fallada a favor del exsenador apenas 14 días después, con correcciones de Vivanco y tras la insistencia de su secretario que preguntaba por su demora.

El 11 de julio de este año, solo un mes después de que CIPER reveló que la pareja de Ángela Vivanco había hecho gestiones en la competencia para fiscal nacional, donde la ministra poseía potestad para votar, la Universidad Católica le hizo un homenaje a la magistrada por sus 40 años de docencia. En ese evento estaba Girardi, quien pasó algunos minutos en la ceremonia y se sentó al final de la sala repleta de abogados, académicos y familiares.

Guido Girardi en el homenaje a Ángela Vivanco realizado en la Pontificia Universidad Católica. (Fuente: CIPER)

Otro caso que conoció la Comisión de Ética ocurrió a fines de 2023. Se trata de un recurso cuyo abogado patrocinante era Gonzalo Cisternas, hijo del exvocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. Representaba a la empresa Global Beauty SpA e interpuso la acción porque denunciaba que un juez árbitro dictó un embargo que, a juicio de Cisternas, era contrario a derecho.

En las minutas, el funcionario que prestó testimonio indicó que la ministra pidió llevar la causa a la sala, aunque “no era materia de urgencia (como riesgo para la vida o salud de personas naturales) y existían más de cien causas más antiguas”. Y agrega que el mismo día en que se revisó el recurso, la magistrada pidió “sacar el fallo”, acogiéndolo, “antes de la finalización del funcionamiento de la sala”.

Así se consignó, en el expediente elaborado por la Comisión de Ética, al actuar de Vivanco en este recurso: “A finales de diciembre o primeros días de enero (de 2024), la señora Vivanco consulta en persona por la causa y solicita que sea llevada a cuenta con preferencia a causas más antiguas, más de 120”. Y en el mismo documento se señala que el 3 de enero su secretario consultó vía WhatsApp si la causa sería llevada a la sala al día siguiente, lo que efectivamente ocurrió dos días después, el 5 de enero.

En las minutas también se plantea que Vivanco no se inhabilitó en la ofensiva judicial del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) contra Codelco, a pesar de su cercanía con el abogado de esa empresa, Mario Vargas (vea la nota de CIPER sobre ese fallo), el mismo que pidió a la justicia que los chats del celular de Luis Hermosilla no fueran entregados al Consejo de Defensa del Estado (CDE). La tramitación de los recursos presentados por CBM contra Codelco fue cuestionada por su rapidez y eventuales anomalías, en un proceso que le costó cerca de $17 mil millones al fisco.

Asimismo, los documentos revisados por CIPER consignan antecedentes recogidos por la Comisión de Ética respecto a las gestiones de la pareja de Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, relacionados con la última elección de fiscal nacional. Esto porque, tal como publicó CIPER, Migueles ofreció al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien postulaba a la jefatura del Ministerio Público, realizar un doctorado y asumir el cargo de fiscal regional Metropolitano Norte a cambio de que apoyara públicamente a José Morales, otro aspirante a la Fiscalía Nacional  (lea esa nota).

En las minutas a las que tuvo acceso CIPER se revela un dato hasta ahora desconocido: Vivanco habría intercedido a favor del entonces postulante a conservador de bienes raíces de Concón, Carlos Swett, llamando directamente a ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso para recomendarlo.

Ángela Vivanco en su homenaje por la Pontificia Universidad Católica a propósito de sus 40 años como docente (Fuente: CIPER)

PONCE LEROU Y KODAMA

CIPER se comunicó con la abogada Ximena Risco, quien negó haber tenido contacto con la magistrada Vivanco respecto de la causa en la cual pidió suspender su vista: “Fue una vista de la causa muy tensa e incómoda. Me encontraba en una situación familiar especial, fuera de Santiago, con pésima señal. La sala rechazó todas mis solicitudes”.

“Respecto de la ministra Vivanco, debo indicar que no tengo relación personal alguna con ella, no tengo su contacto telefónico ni Whatsapp y nunca he estado ni en su despacho ni en su casa”, indicó la abogada (lea su explicación completa enviada a CIPER).

Aparte de la causa que involucraba a Girardi y las que tramitaron los abogados Risco y Cisternas, las minutas señalan otras dos vinculadas al Consorcio Construcciones Kodama Limitada: un recurso de queja y otro de casación. El primero se trata de uno de los casos más polémicos de la primera administración de Sebastián Piñera, donde se comprometió una millonaria indemnización para la empresa Kodama, sociedad que construyó un corredor del Transantiago y a cuyo contrato se puso término anticipado.

Según lo señalado en las minutas, Vivanco apuró y presionó por un recurso de queja interpuesto por Kodama contra tres ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago: Maritza Villadangos, Paola Díaz y el abogado integrante Jorge Gómez. Esto porque, a juicio de Kodama, se cometió abuso en una sentencia donde se estableció en $17 mil millones la indemnización para la empresa.

Sobre este recurso de Kodama, en las minutas se señala que “la ministra Vivanco participó activamente en la tramitación de la causa ordenando que se dictaran providencias en días en que ella no integraba la sala”. Y se agrega: “Asimismo, manifestó expresamente, y por escrito, su interés en que el proyecto fuese firmado rápidamente. Su diligencia significó que el fallo fuera firmado en 18 días corridos, muy por debajo del tiempo promedio de la firma de proyectos durante 2024, que ha alcanzado 84 días corridos, adelantándose a 22 causas”.

La queja de Kodama contra los ministros de la Corte de Apelaciones se refería a que el tribunal no consideró los reajustes de esa indemnización. A pesar de que en la Corte Suprema se desestimó la queja contra los ministros, Vivanco, junto a los ministros Diego Simpértigue, Eliana Quezada y los abogados integrantes, María Angélica Benavides y José Miguel Valdivia, resolvieron de oficio que se reajustara la cifra a indemnizar, lo que significó que el monto aumentara a $26 mil millones.

“Se dejan sin efecto las liquidaciones emitidas por el Sexto Juzgado Civil de Santiago”,  dice ese escrito, “y se ordena a dicha magistratura confeccionar una nueva liquidación, que incluya el reajuste de la indemnización compensatoria desde la notificación de la demanda, el 10 de febrero de 2015, e intereses a partir del cúmplase de la sentencia de término, resolución dictada el 20 de septiembre de 2021” (lea ese fallo completo dictado en abril de este año).

Entre los ocho casos mencionados por Chevesich, también figura la rebaja a la multa que la Superintendencia de Valores y Seguros aplicó a Julio Ponce Lerou por el esquema de operaciones bursátiles que habría afectado negativamente a otras inversiones, como las de los fondos de AFP. La multa original fue cercana a los $65 mil millones, pero en mayo de 2020 la Tercera Sala, integrada por Vivanco, ratificó una interpretación del Tribunal Constitucional, al que había acudido Ponce. Así, con los votos en contra de los ministros Sergio Muñoz y Pedro Pierry, la multa quedó en $2.800 millones.

El testimonio de un funcionario de tribunales describe lo siguiente: “La ministra Vivanco mostró un especial interés por saber cuál era la situación de los fallos, de los tiempos, cuándo iba a firmarse. Y las preguntas las formulaba, muchas veces, a través de su secretario. Lo anterior nunca había pasado, ya sea con ella o con otro miembro de la sala”.

Otra causa mencionada en las minutas es un reclamo que hizo un particular, Francisco de la Vega, contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). El reclamante señalaba que el servicio no tomó en cuenta sus argumentos contra Levaduras Collico S.A., de Valdivia, al aprobar una Declaración de Impacto Ambiental para esa empresa.

“La señora ministra ordenó priorizar la redacción de la sentencia, sin fundamento razonable, teniendo en especial consideración que el mismo día fue vista otra causa ambiental más antigua”, dice la minuta.

LAS LLAMADAS POR SWETT

El expediente que recopila los antecedentes recabados por la Comisión de Ética de la Corte Suprema, señala que “la ministra señora Ángela Vivanco llamó directamente a varios ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso recomendando al notario señor Swett para el cargo de Conservador de Bienes Raíces de Concón”.

En el mismo artículo en el que CIPER reveló las gestiones de la pareja de Vivanco durante la última nominación de fiscal nacional, también se mencionó el vínculo entre Vivanco, Migueles y Carlos Swett. Este último efectivamente ocupa el cargo de Conservador de Concón desde septiembre de 2023.

Swett y Vivanco se conocieron en el complejo turístico Las Tacas, en la Región de Coquimbo, durante un almuerzo en la casa del notario Reinaldo Villalobos, donde también estaban presentes Vivanco y Migueles. A partir de ese encuentro, establecieron una amistad que se tradujo en invitaciones a los cumpleaños de la ministra.

“Existía cercanía entre el señor Swett y la ministra Angela Vivanco y su pareja, señor Gonzalo Migueles, manifestada en diversos encuentros sociales”, señala el informe de la Comisión de Ética.

Carlos Swett (Fuente: Instagram Notarios de Conservadores de Chile)

En julio de 2022, se inició el concurso para el cargo de Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, al que se postularon 97 interesados, entre ellos Swett. Este último presentó su candidatura como titular de la notaría de Quilpué, cargo que ocupó por más de 20 años. Pero perdió esa carrera. En la terna para esa designación estaban Luis Fischer, entonces notario de la zona, con mayoría de votos; en el segundo lugar figuraba Swett y, en el tercer puesto, el Conservador de San Fernando, Jorge Osnovikoff. Según recogen los antecedentes recopilados por la Comisión de Ética, Fischer fue nombrado en el cargo en abril de 2023.

El reportaje de CIPER, difundido en junio pasado, informó que la pareja de la ministra habría hecho gestiones para que Swett desistiera de su postulación en favor de Fischer, asunto que Swett confirmó ante la Comisión de Ética. Cuando Swett aún competía por el cargo en Viña del Mar, recibió una llamada de Gonzalo Migueles para sugerirle que se retirara en favor de Fischer. “El señor Migueles desplegó acciones tendientes a que el señor Swett desistiera de su postulación al cargo de Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar”, indica el informe de la comisión de la Comisión de Ética.

En este contexto, el documento que recopila los datos recolectados por la comisión de la Corte Suprema señala que la ministra Vivanco realizó llamadas a ministros de la Corte de Valparaíso para recomendar a Swett para el puesto en Concón.

A renglón seguido, el informe también menciona un hecho que CIPER ya había revelado: un hermano de la ministra fue contratado por la Asociación de Notarios y Conservadores de Bienes Raíces, presidida por Swett. Este hermano realizó en 2022 “una prestación de servicios por la que recibió pagos, reflejados en 8 o 9 boletas de honorarios”, por un monto de $3 millones cada una. Su labor consistió en gestionar convenios con diversas tiendas de retail para proporcionar seguros y uniformes a los empleados de las notarías.

CIPER contactó a Carlos Swett para consultarle por las llamadas que habría hecho Ángela Vivanco a ministros de la corte de Valparaíso: “Declaré en la Comisión de Ética lo que tenía que declarar, está todo claro mi tema y no tengo idea de lo que pueda haber hecho la ministra Vivanco. Yo no he tenido ningún contacto con ella y esto para mí es totalmente falso, de falsedad absoluta, porque en mi intervención de Concón el cargo ha sido absolutamente incuestionable”. Y agregó: “Me reservo acciones legales para impetrarlas en el organismo que sea competente si alguien está poniendo en tela de juicio mi nombramiento”.

Swett rehusó referirse a la declaración que prestó ante la comisión, argumentando que “existe total y absoluta prohibición, y así me lo hicieron ver en la Comisión de Ética, de decir cualquier cosa que yo haya declarado”.

Cuando CIPER contactó a Ángela Vivanco en julio pasado para preguntarle sobre una posible intervención en la nominación del conservador de Viña del Mar, la ministra negó cualquier interferencia: “Ninguna relación. Conozco tanto al señor Fisher como al señor Swett y tengo muy buena opinión de ellos, fuera de eso nada más y la Corte Suprema no interviene en los nombramientos de conservadores, toda vez que lo hacen las cortes de apelaciones en la formación de ternas y luego la nominación es exclusividad del Poder Ejecutivo”.

En el documento elaborado por la comisión, también se incluyen antecedentes sobre las gestiones de Gonzalo Migueles durante la última elección del fiscal nacional, para que el fiscal Carlos Palma diera su apoyo al fiscal José Morales.

Ángela Vivanco

Palma se excusó de declarar ante la comisión y Migueles hizo envío de una copia de la declaración que hizo ante el Ministerio Público. Según el informe de la Comisión de Ética, esa declaración de Migueles es contradictoria con aspectos que aparecen en el diálogo que sostuvo con Palma vía WhatsApp, “como es el haberse calificado a sí mismo como un buen negociador y anunciado al fiscal Palma que la prensa lo llamaría”.

De acuerdo con el informe, no sería posible verificar el hilo de las conversaciones entre Migueles y Palma “porque el señor Migueles tendría borrado esos chats”.

En las minutas también se menciona “la posición ocupada por la ministra y el conocimiento que la Comisión ha obtenido acerca de sus numerosas redes de contacto”. En esta red, señala el documento, figuran fiscales, notarios, conservadores, funcionarios del Ministerio de Justicia y abogados. Estos vínculos, se señala en el texto, “la colocan en una condición que no tiene su pareja para realizar este tipo de negociaciones y ofertas por su cuenta”.

La comisión también destaca que “no obstante su cercanía con el fiscal Palma, la ministra señora Angela Vivanco no se inhabilitó en el concurso en que él postulaba al cargo de fiscal del Ministerio Público (…) y, además, votó por él”. El 7 de noviembre de 2022, la Corte Suprema realizó la votación para conformar la quina enviada a La Moneda para la nominación del jefe del Ministerio Público. En ella, Vivanco votó por Palma, José Morales y Marta Herrera (entonces jefa de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional).

EMPRESA BIELORRUSA: “TENÍA CONOCIMIENTO PREVIO DE LA CAUSA”

La minuta que aborda la tramitación de la ofensiva judicial del Consorcio Belaz Movitec (CBM) contra Codelco, es especialmente dura con la suspendida ministra. El conflicto se inició cuando Codelco, en febrero de 2023, puso término anticipado a su contrato con CBM para que esa empresa removiera tierras en el proyecto Rajo Inca de la División El Salvador.

Entonces, el consorcio presentó una acción legal que en primera instancia le significó una derrota en la Corte de Apelaciones de Copiapó. Pero, CBM elevó su reclamó a la Suprema, donde dio vuelta la resolución inicial. A través de varios recursos que le resultaron favorables, generó un desembolso de más de $17 mil millones por parte de Codelco. Uno de los abogados que representaron a CBM en este proceso fue Mario Vargas.

La Comisión de Ética no solo apuntó a que la ministra no se inhabilitó por su relación cercana con el abogado Mario Vargas, sino que cuestionó que la magistrada supiera tanto detalle sobre el caso.

“La ministra Ángela Vivanco no se inhabilitó para conocer de la causa, en circunstancias que uno de los abogados de la empresa bielorrusa, es una persona con quien tiene un grado de amistad que le impide tener imparcialidad necesaria para conocer causas en que éste tiene interés”, señala el informe de la comisión. Y agrega: “Existen antecedentes ciertos que dan cuenta que la ministra tenía conocimiento previo de la causa, que se vería ese día 30 de junio de 2023 en la sala que presidía”.

* En la versión original de este reportaje se señalaba que el conservador de bienes de Concón, Carlos Swett, contrató al hermano de la ministra Vivanco después de su designación en ese puesto. Eso es un error. Carlos Swett lo contrató en la asociación de notarios, que entonces presidía, antes de ser designado conservador de bienes de Concón.

Comentarios (2)

Eduardo Sandoval | 27.09.2024

Esperemos que de una vez por todas estas artrimañas, contactos, billetes que corren de un lado a otros y grandes sumas de dinero, se acaben y estos señores o señoras de una vez por todas hagan su trabajo como corresponde, los sueldos de un juez o ministr@s son vastante elevados como para favorecer a clientes en causas irregulares

Christian Slater Escanilla. | 27.09.2024

Sr. Director. Entiendo cuál es la posición de su medio, pero usted no sabe, la satisfacción, alegría y esperanza que me causaría una investigación periodística para saber cuál ha sido la actitud de diferentes jueces que han aplicado injustas y desmedidas sanciones a exuniformados por supuestos delitos de Derechos Humanos. Para que no me mal entienda, sí creo que hubo delitos cometidos por exuniformados, pero estoy totalmente convencido que muchos de los que hoy están en Punta Peuco o aún son perseguidos, jamás cometieron los crímenes por los cuales se les acusa. Solo un ejemplo. Existen exuniformados, comprobadamente, que nunca estuvieron en el lugar donde se cometieron los delitos de Lesa Humanidas, pero fueron condenados solo por vestir uniforme o haber pertenecido a una unidad militar. ¿Es eso justo? Pero no solo eso. La manipulación de la justicia, mediante la retroactividad de la ley, la creación de ficciones jurídicas y el uso de un sistema judicial paralelo, ha permitido la persecución de exuniformados mientras que a los terroristas se les ha otorgado impunidad. Esta aplicación desigual de la justicia ha generado una profunda división en la sociedad chilena, perpetuando una memoria fragmentada y selectiva de los acontecimientos históricos. Para que haya una verdadera reconciliación en Chile, y no una cruel venganza, es crucial que se aplique la justicia de manera imparcial. No puede haber un trato diferenciado para los crímenes cometidos por el Estado y los crímenes cometidos por grupos terroristas. Todos los crímenes deben ser juzgados con el mismo rigor, y todas las víctimas, sin importar su rol, deben ser reconocidas. Los indultos otorgados a los exuniformados deben ser respetados de la misma manera que se respetaron los indultos a los terroristas. Solo cuando se aplique la justicia de manera equitativa, sin manipulación política, será posible avanzar hacia una verdadera reconciliación nacional. La memoria histórica debe incluir a todas las víctimas, sin distinciones ideológicas, y así construir una memoria completa, equilibrada y justa, que honre el sufrimiento de todos los chilenos que vivieron los años de violencia política. Me imagino que muchos relatores (abogados testigos de fe) en dichos tribunales, sabrán mucho de lo que comento.

Publicado por Ciper