Críticas de Fries al fisacal Cooper.

La autora cuestiona la crítica de la diputada Lorena Fries al fiscal del “caso Allende”, señalando su silencio frente al uso del derecho penal de autor en causas de DD.HH., donde —según plantea— se ha vulnerado sistemáticamente el principio de culpabilidad.

27 de abril de 2025

Imagen: oge.cl

En el programa Estado Nacional de TVN, emitido el día 27 de abril de 2025, a propósito del “caso Allende” y la fallida compra de la casa del ex Presidente, la diputada del Frente Amplio Lorena Fries acusó al Fiscal que lleva el caso Patricio Cooper de aplicar en su investigación un “Derecho penal de autor”, que según ella resulta contrario al principio de objetividad e independencia de la investigación.

Llama la atención la indignación de la diputada respecto de la investigación de este caso, habida cuenta que cuando dirigió el INDH o fue Subsecretaria de DDHH, o incluso como diputada, jamás criticó el proceso penal inquisitivo (que per se carece de independencia y objetividad) bajo el cual se juzgan las causas de DDHH, y en donde se aplica claramente un Derecho penal autor, específicamente, cuando observamos que, en la investigación y juzgamiento no existe una sujeción a la concepción personal del injusto, que exige una vinculación subjetiva del individuo con el hecho y no un análisis del delito desde una visión causalista del mismo y según la cual el núcleo de la infracción es la causación del resultado lesivo.

Con este actuar de los jueces inquisidores, lo que se ha hecho a lo largo de los años es horadar sistemáticamente el principio de culpabilidad penal, sin embargo, la diputada Fries ha hecho la vista gorda a esta imparcialidad manifiesta.

Carla Fernández Montero

Abogada, Derecho Penitenciario

*La Justicia Ideológica* : El Derecho Penal de Autor y la Doble Vara que Destruye Chile.

Por Ing. Jorge Sepúlveda Haugen

La reciente denuncia de la diputada Lorena Fries sobre el proceso judicial que involucra a la familia Allende vuelve a desenmascarar una incoherencia histórica: la manipulación selectiva de los derechos humanos para proteger intereses políticos y económicos.

Fries no reclama por una irregularidad procesal verdadera; reclama porque, en su visión, no se puede investigar ni sancionar a los Allende.

Así, sin declararlo abiertamente, valida hoy el principio del Derecho Penal de Autor: cree que, por llevar el apellido Allende, son víctimas y no pueden ser tocados, sin importar los actos que hayan cometido.

Este mismo Derecho Penal de Autor, que criminaliza o santifica a las personas por su “origen” y no por sus hechos, fue el que durante décadas se utilizó para perseguir y condenar a militares, simplemente por vestir uniforme.

No importaban los actos concretos, no importaban las pruebas: el solo hecho de haber sido militar bastaba para presumir culpabilidad. Esa lógica perversa y profundamente injusta, fue la que impulsaron Lorena Fries y otros operadores de la llamada industria de los derechos humanos, que en Chile movilizó más de 12.000 millones de dólares en indemnizaciones, muchas veces sobre procesos carentes de garantías básicas.

Hoy vemos el mismo patrón, invertido: mientras a los militares se los sentenciaba sin pruebas, por su “calidad de militares”, a los Allende se los pretende exculpar preventivamente, por su “calidad de víctimas históricas”.

No se juzgan actos, sino identidades políticas. No se busca verdad, sino impunidad selectiva.

El caso actual revela que Isabel Allende Bussi, hija de Salvador Allende, presionaba políticamente para conservar la posesión de la propiedad de su padre, mientras paralelamente negociaba su venta para obtener un mayor valor.

Las investigaciones judiciales, realizadas bajo procedimientos legales regulares como escuchas telefónicas autorizadas, expusieron presiones conscientes y un intento explícito de lucro personal sobre un bien de alto valor simbólico.

A su vez, Maya Fernández Allende, exministra de Defensa que debió renunciar bajo presión política, también habría resultado beneficiada económicamente, como heredera del patrimonio familiar.

La misma diputada Fries, que durante años no solo toleró, sino que promovió la lógica de “culpabilidad por pertenencia” en los juicios contra militares, ahora exige imparcialidad procesal cuando los suyos son quienes enfrentan la ley. No hay mayor hipocresía que esa.

Durante décadas, a los uniformados, soldados, marinos, aviadores, carabineros, se los ha manoseado, perseguido y condenado con criterios que violaban el más básico derecho a un juicio justo.

Muchos de ellos, víctimas de montajes y acusaciones ideológicas, murieron encarcelados o degradados en su dignidad más esencial, sin que personajes como Fries alzaran una sola palabra en su defensa.

Hoy, cuando su propio mundo político está en la mira, clama por principios que ellos mismos negaron sistemáticamente a otros.

Esta doble vara de la justicia no solo es inmoral: destruye el principio más sagrado del Estado de Derecho.

La justicia debe ser igual para todos: sin apellidos, sin militancias, sin uniformes ni consignas políticas. O Chile seguirá profundizando una fractura que solo el respeto genuino por la verdad y la equidad puede empezar a sanar.