¿Nueva constitución…se justifica y necesita realmente???

Orden de prioridades

Sergio Muñoz R. | 

Ha durado demasiado la confusión política y la incertidumbre constitucional. Sus disociadores efectos se manifiestan en todos los ámbitos, pero sobre todo en las dudas acerca de si los chilenos seremos capaces de evitar una crisis institucional irreparable. Mientras el terrorismo avanza en el sur y el crimen organizado se ha convertido en una temible amenaza, el país está pagando la cuenta de las torpezas, cegueras y cálculos partidistas que metieron al régimen democrático en el actual atolladero. Estamos, cómo negarlo, ante la herencia directa de la barbarie desatada en octubre de 2019, frente a la cual algunos, incluso hoy, siguen expresando indulgencia.

Hace aproximadamente una década, el FA y el PC primero, y luego sectores del PS y el PPD, empezaron a agitar la idea de convocar a un plebiscito, elegir una asamblea constituyente y redactar otra Constitución. ¿Cuál era la motivación? Básicamente, cuestionar desde la izquierda la transición democrática y desvalorizar la obra de los cuatro gobiernos concertacionistas. Se buscaba demostrar que Chile se había equivocado al avanzar por el camino de la acumulación de reformas económicas, sociales e institucionales. Era, en particular, un modo de invalidar los cambios constitucionales que promovió Ricardo Lagos, y que el Congreso Pleno aprobó el 16 de mayo de 2005 con 150 votos a favor, tres en contra (de senadores designados) y una abstención (de otro senador designado). En su período, Lagos promulgó cinco leyes que sumaron 60 reformas a la Constitución.

En su primer gobierno (2006/10), Michelle Bachelet promulgó 9 leyes con 30 reformas constitucionales. Y Sebastián Piñera, en el primero suyo (2010/2014), promulgó siete leyes con 16 reformas constitucionales. Fue en su segundo gobierno (2014/2018) cuando Bachelet llamó a elaborar otra Constitución, aunque no presentó un proyecto. Sostuvo que debía surgir un texto desde la base de la sociedad, para lo cual convocó a un período de asambleas y cabildos con agenda abierta, pero sin respaldo legal. Al final de su mandato, entregó al Congreso un proyecto cuyo contenido nadie sabe si tiene algún nexo con las asambleas y cabildos.

En su segundo gobierno (2018/2022), Piñera no tenía en su programa el objetivo de elaborar otra Constitución. Sin embargo, la revuelta de 2019, la presión opositora y las malas cuentas de su gobierno terminaron por descomponer la brújula. Imitando a Poncio Pilatos, los senadores y diputados fueron, hace dos años y medio, los progenitores de un plan que implicó que el Congreso entregara su potestad constituyente a un segundo parlamento y, además, inventaron un sistema electoral que desvirtuó el principio de igualdad ante la ley. A partir del 4 de julio de 2021, cuando se instaló la Convención, todo ha estado en discusión, incluso lo que no imaginábamos que pudiera ponerse en duda, como que Chile es una sola nación, o que la condición de ciudadano nos iguala por encima de la raza. A río revuelto, ganancia de ideólogos desinhibidos.

El borrador de la Convención, avalado por el Gobierno, es el germen de una profunda fractura. Constituye la más grave amenaza a la continuidad del Estado nación, la integridad territorial de Chile y los fundamentos de la democracia liberal. Es desembozado el propósito de segmentar racialmente a la población y fomentar una especie de corporativismo indigenista que impondría sus dictados al resto de los chilenos. El feo rostro del autoritarismo asoma en el diseño del sistema político. Así las cosas, lo que está en juego no es el quorum de las reformas, ni las garantías para que los parlamentarios conserven sus cargos, ni una eventual transición mediante decretos presidenciales, sino si seguiremos viviendo en democracia.

Nada es hoy más importante que generar una vigorosa corriente ciudadana orientada a defender la cohesión de la nación, los valores y procedimientos de la democracia representativa y las bases probadas del progreso económico. En tal perspectiva, es crucial establecer un orden de prioridades. No es posible oponerse eficazmente al borrador de la Convención, sepultar la Constitución vigente y elaborar otro texto en un mismo impulso. Lo primero es impedir el descarrilamiento del país.

Seguir diciendo que, si gana el Rechazo, el proceso constituyente debe continuar, es como para hacerle perder la paciencia a cualquiera. El país reclama orden y estabilidad, que son las condiciones para hacer retroceder la inseguridad. Corresponderá que el Congreso estudie con seriedad la mejor vía para renovar el pacto constitucional y mejorar la democracia. Para esto, será esencial examinar lo que tenemos y precisar lo que necesitamos. Todas las fuerzas políticas deben poner en primer lugar el interés de Chile.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio, el viernes 3 de junio de 2022.

El rechazo y las derechas

Juan Pablo Zúñiga H. |

En el evangelio de San Mateo, El Señor nos alerta: “el que no está conmigo, está contra mí; y el que no recoge conmigo, desparrama”. Poco después del 11/09/2001, el presidente de los EE. UU, George W. Bush alertaba sobre la inminente campaña mundial contra el terrorismo islámico señalando -de manera análoga- que “quien no estaba con los EE. UU, estaba contra ellos”. Es el juego del todo o nada.

Del resultado del plebiscito depende el destino de la nación. Y las derechas, ¿cómo se relacionan con este plebiscito y, particularmente con el rechazo? Chile Vamos anunció su apoyo al rechazo generando con ello un revuelo tanto en los grupos de ciudadanos no militantes -pero ricos en sentido común- como en las izquierdas radicales y los fanáticos seguidores del gobierno y de la CC. Los movimientos ciudadanos no tardaron en desmarcarse de la alicaída fama y pobreza moral de la derecha representada por Evopoli, RN y la UDI, cuyos entreguismo, obsecuencia y cobardía las tienen en estado de extinción inminente. Así mismo, ciertas izquierdas, las más inclinadas a tener amoríos con el PC y llenas de añoranzas revolucionarias, no tardaron en aseverar que “si Chile Vamos vota rechazo, con mayor razón votamos apruebo”. ¿Qué quiere decir todo esto? La relación de las izquierdas con el asunto será tema del próximo análisis.

A menos de 90 días del plebiscito, Chile Vamos dio su veredicto, sin embargo, las estadísticas apuntan a que, sin su presencia, la tendencia a favor del rechazo era notable. Esto demuestra que, independientemente de lo que la derecha light diga, la palabra final la tiene el ciudadano desmarcado de este sector. Ahora bien, las encuestas del domingo recién pasado daban al apruebo un repunte inesperado, lo que no fue acompañado por un retroceso del rechazo. Es decir, los indecisos están comenzando a decidir o, mejor dicho, se están dejando llevar por la campaña en favor del nuevo texto constitucional, liderada por el propio gobierno.

Si este es el caso, ¿por qué el indeciso se está dejando llevar por el apruebo y no por el rechazo? Por una parte, no olvidemos que el apruebo va de la mano del gobierno del Sr. Boric, quien, vestido de social demócrata, siendo inflado por la prensa y codeándose con figuras internacionales para adquirir un aire de estadista, transmite una imagen al incauto que le dice “¿ve que Boric y los revolucionarios no son el cuco? ¡Apruebe sin miedo que todas las promesas se harán realidad!”. Por otra parte, la entrada de Chile Vamos al ruedo puede tener un efecto negativo en los indecisos para inclinarse por el rechazo por varios motivos. En primer lugar, porque el indeciso con buena memoria recordará que muchos de estos señores fueron los que entregaron Chile en bandeja a los revolucionarios, de manera que no les inspiran confianza. En segundo lugar, para el indeciso con aversión a la política, la presencia de caras antiguas y conocidas de Chile Vamos e inclusive de miembros de la ex Concertación -algunas de las cuales puede causarle hasta una cierta molestia- aumenta la tal desconfianza, permaneciendo algunos de ellos indecisos y, en otros casos, dejándose llevar por la campaña del apruebo. En tercer lugar, tenemos a los incautos que han caído presa de la propaganda engañosa que asocia al rechazo con la vieja derecha entreguista.

En definitiva, si bien las estadísticas y las conversas con chilenos comunes y corrientes apuntan a que el rechazo se impondría en las urnas el 4 de septiembre, es imperativo no perder de vista a los indecisos y evitar que caigan en las astucias de la campaña del gobierno y la CC. Siendo que el rechazo es, por esencia, una opción por Chile, sin color político, es evidente que no podemos “sacar a patadas” a viejos rostros y partidos de la política nacional ya que son tan ciudadanos como nosotros. Lo que sí nos cabe, es evitar que ellos se apoderen de la lógica y las razones poderosas por detrás del rechazo, las cuales son múltiples, tan múltiples como ciudadanos por el rechazo hay.

Estamos en esos momentos claves de la historia en que nos jugamos la nación al todo o nada, de manera que, o están por el rechazo, o están contra este. No hay espacio para catapultas políticas, segundas intenciones, terceras vías ni nada. Por ello, sigamos trabajando por nuestro país conversando y convenciendo, sin agresiones ni descalificaciones, sino usando la razón. Usted dirá: “el necio no oye razones”. Concuerdo. Sin embargo, el famoso borrador ofrece casi 500 alternativas de las cuales, con que una le haga sentido y le parezca peligrosa a una persona, ya tendrá motivo suficiente para rechazar. Recuerde: las palabras sabias y con sentido, nunca vuelven vacías.

¿Vamos a ponernos la soga al cuello?

Max Silva A. 

Conocido el borrador de la nueva Constitución que se someterá a votación popular en septiembre, ya no caben dudas ni es necesario hacer vaticinios respecto de lo que su aprobación significará para el futuro de nuestro país. El solo texto ya revela muy a las claras el nefasto rumbo que seguirá Chile en caso de ser aprobada dicha propuesta.

Ante todo, una cosa que llama la atención luego de un primer análisis “al voleo” del texto propuesto, es el rol absolutamente aplastante y omnipresente que se asigna al Estado en la regulación y fiscalización de prácticamente todo. Lo cual se encuentra muy lejos –cuando no en las antípodas– del principio de subsidiariedad propugnado por la actual carta Fundamental, que deja un buen espacio a la libertad de los ciudadanos para resolver sus propios asuntos. No solo por ser los primeros interesados en esos problemas y muchas veces comprenderlos de mejor manera que una lejana y no pocas veces ideologizada autoridad, sino además, por ser al mismo tiempo un buen escudo para evitar los abusos de esa misma autoridad. A fin de cuentas, las instituciones están conformadas por personas, iguales que nosotros, y por ello, con nuestras mismas virtudes y defectos, lo que hace temer con justa razón un posible abuso de su parte, al tener de su lado el poder del Estado para cometerlo.

Pero además, el texto propuesto, lejos de ser, como se prometía en un principio, una “casa común” para todos los chilenos, no solo no lo es, sino que nos divide profundamente en multitud de aspectos, partiendo por las diferentes nacionalidades que dice reconocer. Con lo cual, en el fondo nos pone a unos en contra de otros, generando incluso instituciones distintas para cada etnia, como su propio sistema de justicia, por ejemplo. Igualmente, la existencia de los gobiernos regionales termina haciendo de nuestro país casi un mosaico de territorios semiindependientes, que en nada contribuye a nuestra unidad como Estado no solo frente a nosotros mismos, sino de cara al resto del mundo.

Por último (y se comentarán otros aspectos en columnas venideras), este Estado omnipresente que no confía en la libertad de las personas y que pretende casi dejarnos en una especie de interdicción, se compromete a una cantidad de cosas tan impresionante, que uno no puede menos que preguntarse de dónde se sacarán los cuantiosísimos recursos que exige cumplir siquiera una mínima parte de esas promesas. Todo lo cual, lejos de satisfacer las necesidades que dice querer resolver, será fuente de nuevos y complejos conflictos, al sentirse sus supuestos beneficiados, literalmente estafados por dichas promesas constitucionales.

En suma, además de convertir a Chile en un Estado totalitario, secuestrado por una ideología estatalista que no representa ni de lejos a la mayoría de los chilenos, equivale, tal como lo demuestra la historia –lejana y cercana, pasada y reciente– a ponernos la soga al cuello, truncando el camino de progreso que hemos tenido en las últimas décadas y que ha causado la admiración de muchos de nuestros vecinos, por fórmulas fallidas una y mil veces, que podrían poner a nuestro país en un camino sin retorno y perder las actuales libertades a las cuales tanto nos hemos acostumbrado. Libertades que muchos consideran como algo evidente y que no puede perderse, pese a que la historia ha mostrado mil veces lo contrario.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho y profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián.