Transportistas, pescadores, agricultores, docentes: los miedos que plantean frente al borrador de Constitución

Los pescadores no saben si van a terminar pidiéndole permiso a las comunidades para poder trabajar, los agricultores desconocen si las tierras que hoy son suyas mañana serán «restituidas» a algún pueblo indígena, hay colegios particulares pagados que evidentemente van a tener que cerrar. Son diversos los sectores de la sociedad civil que ven tambalear sus actividades debido a la inseguridad jurídica que genera el borrador de Constitución.

por Diana Lozano 13 junio, 2022

Heidi Stange vive en la comuna de Ancud, en Chiloé. Asegura que si se aprueba el borrador de Constitución, tanto ella como su esposo y uno de sus hijos, el mayor que tiene 22 años, se quedarán sin empleo. El más pequeño tiene 14 años y aún va al colegio.

Ella es presidenta del Sindicato de Conductores de la Zona Sur desde hace 5 años, su esposo es conductor desde hace 20 y su hijo trabaja haciendo control de plagas, espantando las aves que rompen los sacos de alimentos de pescados.

«De aprobarse la nueva Constitución habría una modificación en cuanto a la Ley de Medio Ambiente y nosotros nos veríamos altamente afectados, ya que las salmoneras desaparecerían de la zona», explica la mujer, que ofrece la entrevista vía telefónica.

«Estamos muy preocupados con todo esto. No solamente está el problema por lo del medio ambiente, sino que también va de la mano con el tema de las comunidades y de la plurinacionalidad, lo que implica que para hacer uso de esas aguas habría que pedirle permiso a las comunidades. Donde pescamos ahora entraría dentro de las aguas protegidas», agrega.

Y es que el proyecto de Constitución establece que «el Estado asegurará un sistema de gobernanza de las aguas participativo y descentralizado, a través del manejo integrado de cuencas».

El texto señala además que los responsables de la administración de las aguas serán los Consejos de Cuenca -figura que se crearía con la hipotética entrada en vigor de la nueva Constitución-, instancia que podrá ser vigilada por la Agencia Nacional de las Aguas, que también es un organismo que nacería con la Carta Magna. Sobre las atribuciones, funcionamiento y composición de los consejos no hay ninguna certeza, pues se regularía por ley.

Sumado a todo esto, el borrador incluye un artículo que prevé la existencia de un «sistema nacional de áreas protegidas (…) que deberá garantizar la preservación, restauración y la conservación de espacios naturales».

Stange es clara en su preocupación: «No es solo la gente que trabaja en las salmoneras la que va a quedar sin trabajo. No, de la mano con eso va la gente que hace el plástico, que hace reciclaje, que vende plumavit, la gente que prepara comida, hasta las personas que venden Avon, porque le venden a la gente que trabaja en las salmoneras y si ellos no tienen pega no van a poder comprarse ni una colonia. Es una cadena grande a la que no se le toma el peso».

La mujer asegura que el 80%  de la carga que se mueve en la zona, tanto allí como en Puerto Montt, es en base al rubro del salmón y que serían 4.700 empleos directos los que se perderían con el cierre de las salmoneras, más todos los indirectos.

El anterior es solo uno de los múltiples casos que sirven para ejemplificar cómo la aprobación del proyecto de Constitución que será entregado al Ejecutivo el próximo 5 de julio afectaría el quehacer de la sociedad civil, no solo en el rubro de las salmoneras y sus actividades conexas, sino en sectores y actividades tan diversas como la agricultura, la tenencia de escuelas, el ejercicio del Derecho, la venta de bienes raíces y el funcionamiento de los sistemas de salud.

Pescadores artesanales temen por sus cuotas

Cristián Mayorga es pescador artesanal, vive en Los Lagos. Su señora también realiza actividades relacionadas con el mar, se dedica a la recolección de algas en verano. Tienen 3 hijos y temen que se apruebe el borrador de Constitución. «Nosotros nos veríamos muy afectados», asegura.

Mayorga pesca porque es la actividad económica a la que se dedica y también para el autosustento y llevar el alimento directo a casa. Como dueño de una embarcación, armador, puede sacar aproximadamente 3.000 kilos de merluza austral al año. Teme que esta cuota se elimine o simplemente quede prohibida la pesca de esta especie si llega a entrar en vigencia el texto que redactaron los convencionales.

«En el proyecto, en cuanto a los recursos naturales, se exacerba en demasía el tema del ambientalismo. Todos somos ambientalistas, porque a los que vivimos de los recursos naturales nos interesa mucho más que los recursos sigan estando para que podamos tener vida y seguir trabajando, nos interesa que sea un sistema sustentable a través del tiempo. Eso lo tenemos súper claro, pero no podemos ser radicales», explica.

De aprobarse la propuesta, Chile se consagraría como un Estado «ecológico», concepto este que podría tener las más amplias interpretaciones y se implementaría el principio de «Buen Vivir», con fundamento en el cual el Estado «reconoce y promueve una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad».

«La naturaleza tiene derechos», se señala en el borrador de forma novedosa y amplia. «El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. El Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable», se agrega en ese mismo artículo, cuya interpretación mantiene en zozobra a los pescadores, advierte Mayorga.

En criterio de este pescador, que es presidente de la Federación de Pescadores de Valera, en el borrador no se considera a la clase trabajadora. «Durante 30 años estuvimos por un cambio constitucional, pero esperábamos una Constitución que abordara los temas reales: educación, salud, pensiones. Hoy día estamos haciendo público el rechazo». dice.

Misael Ruiz, presidente de la Cooperativa Regional de los Fiordos y Archipiélagos de Aysén (Corfapa), al ser consultado por El Líbero, es enfático en los temores de los pescadores artesanales ante un hipotético Apruebo: «Estamos muy preocupados. Vamos a terminar pidiendo permiso para poder desarrollar nuestras actividades, para poder pescar».

«Nosotros votamos a favor de que se redactara una nueva Constitución, de que hubiese un cambio, pero todo este proceso se politizó. Están muy preocupados por los pueblos originarios, pero se olvidaron de la gente, de nosotros, los pescadores», advierte vía telefónica.

Los temores de Ruiz, que asegura que son los mismos que los de muchos pescadores de la región, se fundamentan en que el borrador establece que Chile es un Estado «plurinacional», especifica cuáles son las 11 etnias consideradas naciones indígenas preexistentes y señala que estos pueblos tienen derecho a «la protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial».

«Es deber del Estado plurinacional respetar, garantizar y promover con participación de los pueblos y naciones indígenas, el ejercicio de la libre determinación y de los derechos colectivos e individuales de que son titulares. En cumplimiento de lo anterior, el Estado debe garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder», señala la norma que tiene en vilo a los pescadores.

«Hay gente que ya no quiere comprar terrenos ni quiere invertir»

Paula Millacura Torres es dirigente social de la comuna de Quellón, en Chiloé, trabaja en el área de viviendas: gestiona proyectos inmobiliarios, ampliaciones, ayuda a tramitar postulaciones para subsidios habitacionales.

«Uno igual le dice a la gente: mire, ahora con esta Constitución esto es privado y si usted gana ese subsidio la casa es suya, pero con la otra Constitución, si se aprueba, esto ya no sabemos si le va a pertenecer», explica.

Millacura asegura que en la isla ya están viviendo las consecuencias que genera la sola posibilidad de que se pueda aprobar el proyecto: «Hay gente que ya no quiere comprar terrenos ni invertir, no quieren comprar casas. Esto nos vino a desestabilizar todo, a desestabilizar la vida y la rutina de las personas, porque estamos todos pensando ¿qué va a pasar si esto se aprueba, acaso van a quedar en el aire los proyectos de comprar terrenos?».

Esta incertidumbre se genera por cuenta de un artículo que está incluido en el borrador de Constitución y que establece que «el Estado reconoce y garantiza (…) el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección».

«El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución», indica la norma.

Aunque el proyecto no ha sido aprobado, hay quienes ya se sienten temerosos de perder sus propiedades. «La gente que le ha comprado a personas con ascendencia indígena tiene miedo de que pueden llegar y tomarse los terrenos. Lo mismo que está pasando en La Araucanía está ocurriendo aquí en Chiloé», relata Millacura.

Cuneta más: «Hay gente que lo único que quiere es obtener pronto su título de dominio, antes del plebiscito, porque si se aprueba la Constitución no se sabe qué va a pasar con esos terrenos».

Los tres miedos de los agricultores ante el borrador de Constitución

La incertidumbre de si determinadas tierras van a seguir siendo privadas o si se establecerá que pertenecían a pueblos ancestrales y serán restituidas a pueblos indígenas no solo afecta al sector de bienes raíces. Los agricultores también están preocupados.

«La planificación más corta que tenemos en el mundo agrícola -tanto para parceleros como agricultores,- es de un año: la siembra. En el área de los frutales, empiezan a producir entre el quinto y el séptimo año. Si hablamos del engorde de animales, se requieren al menos dos años entre que nace, crece, se engorda y se vende en al feria», explica el presidente de la Asociación de Agricultores Victoria-Malleco, Sebastián Naveillán, en cuanto a la imposibilidad de organizarse a largo plazo sin tener certezas sobre lo que podría ocurrir de aprobarse el proyecto.

«Hoy día en La Araucanía, por ejemplo, si se aprueba la Constitución, todas las tierras van a pasar a tener calidad de ser posiblemente expropiadas. No vamos a tener ninguna seguridad en el derecho a la propiedad privada y a que podamos ocuparla, ejercerla y hacer inversiones a largo plazo», agrega.

Las otras dos preocupaciones de este rubro: no tener certeza sobre los derechos del agua, porque no van a ser heredables, y no saber cómo podrá interpretarse el que Chile se consagre como un Estado ecológico.

«No vamos tener propiedad de uso y goce del agua, por ende, todos los proyectos agrícolas que requieran agua van a quedar en cero porque no vamos a tener ninguna certeza de poder ocupar el agua el tiempo que se necesite», sostiene Naveillán, como el segundo punto en la lista de preocupaciones de los agricultores.

«Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos». Así se señala al final del artículo 24 de la Constitución vigente, referido precisamente al derecho de propiedad. Lo anterior no figura en el borrador.

Lo que sí se establece en el proyecto de Constitución es que el agua es un bien común natural «inapropiable» y que la autorización para uso será otorgada «por la Agencia Nacional de Aguas, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento».

El otro artículo que les genera temor es el 1, el que establece que Chile es un Estado Ecológico.

«Es tan amplio todo ese tema y el del derecho a la naturaleza, que puede volverse contradictorio. Da la opción que algún grupo ecologista encuentre contaminante para la atmósfera el fertilizante que ocupamos para poder hacer producir más la siembra y que tengamos que dejar de usarlo», señala el presidente de la Asociación de Agricultores Victoria-Malleco.

Una crisis que se agudizaría: Pacientes en colas desde la madrugada para una hora médica

«Hoy día vemos colas de la gente, en la madrugada, a bajas temperaturas, para solicitar hora médica. Es realmente dramático pensar cómo va a ser esta mayor sobrecarga en  un sistema que ya hoy día está bastante extenuado».

El que habla es Eduardo Cruces, médico cirujano residenciado en Coyhaique, región de Aysén, en cuyo criterio pasar a un Sistema Nacional de Salud de carácter público, como el que se prevé en el borrador de Constitución no es conveniente, al menos en este momento, cuando los prestadores de servicios médicos buscan solventar la situación que se generó tras la

pandemia.

«Para poder dar respuesta al Covid de forma exitosa tuvimos que suspender todas las cirugías y las atenciones por especialistas, para dedicarnos exclusivamente a los problemas de la pandemia. Hoy día estamos tratando de reactivarnos, pero nuestra lista de espera de pacientes creció 50% más. Tenemos que trabajar horas extra, sábado y domingo, en las noches, para poder absorber todo lo que significa esta rémora que se produjo con la pandemia», indica.

«Ahora si usted a esto le agrega 3 millones de personas que pasarían de la Isapre al sistema público, evidentemente vamos a colapsar. Debemos seguir teniendo un plan universal de salud mixto, para tanto la gente de servicio público y privado», agrega.

En criterio del cirujano, de ponerse en marcha lo que está previsto en el borrador de Constitución, las listas de espera serán aún más largas y los pacientes más afectados serán precisamente los de menos recursos, los demás podrán contratar seguros de salud. «Las colas en los consultorios van a seguir existiendo», señala.

Efectos del proyecto sobre los colegios… los estudiantes y sus familias

Si la incertidumbre en el mundo agrícola y en el sector de salud es grande, en el sector de las instituciones educativas no es menor.

«El borrador de Constitución es una amenaza directa a aquellos colegios que tienen fines de lucro, los particulares pagados, porque se les obliga a convertirse en entidades sin fines de lucro», señala Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile (Conacep).

El fundamento para formular esta advertencia viene de lo previsto en el artículo que fue aprobado con el número 17: «La educación será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media. El Sistema Nacional de Educación estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. Las instituciones que lo conforman estarán sujetas al régimen común que fije la ley, serán de carácter democrático, no podrán discriminar en su acceso, se regirán por los fines y principios de este derecho, y tendrán prohibida toda forma de lucro».

Herrera explica que parte de los colegios particulares pagados son fundaciones o corporaciones, que no tienen fines de lucro, pero los demás estarían en riesgo, así como lo estarían todos sus estudiantes, que tendrían que pasar a otras instituciones educativas.

¿Otros colegios que pasarían a estar en la mira? Las instituciones cuyos estudiantes son de un mismo sexo. «Cuando dice que la educación no tendrá un carácter sexista, eso significa que no va a poder haber colegios con un solo sexo, ni solo de hombres ni solo de mujeres», advierte Herrera.

El carácter democrático del sistema nacional de educación también podría implicar riesgo para los proyectos de educación.

El presidente de Conacep ejemplifica: «Uno podría tener un colegio católico, y que el día de mañana entran familias con sus hijos que mayoritariamente no profesen esa religión y podrían obligar al sostenedor a que cambiara el sentido del proyecto educativo».

Otro riesgo recaería en la obligación de las instituciones educativas de plegarse a un régimen único. La Constitución vigente establece que «la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional».

Esto no está previsto en el actual borrador de Constitución. «Cuando dejan a las instituciones condicionadas a un proyecto nacional de educación, en el fondo no es que tengan que cumplir con no vulnerar algunos derechos, sino que se deben ajustar exactamente a lo que se defina dentro de la estructura de educación nacional», explica Herrera.

«En el ejercicio de la profesión de abogado generará efectos súper perniciosos»

La hipotética aprobación del borrador de Constitución generaría graves efectos en los procesos judiciales, en el quehacer de jueces, abogados y fiscales. Ese es criterio del constitucionalista y profesor universitario Jorge Vives Dibarrar.

«En el ejercicio de la profesión de abogado generará efectos súper perniciosos. No habrá seguridad jurídica para saber cómo demandar o cómo contestar una demanda. La cuestión es cuál es el criterio. Desde que Chile es una república independiente los conflictos con relevancia jurídica se han resuelto conforme a lo que establece la ley. El proyecto de nueva Constitución termina con aquello e incorpora otros criterios», advierte el jurista, que ejerce y enseña en Valdivia.

«Se habla de pluralismo jurídico, lo que significa que hay más de un ordenamiento, que entrarán a tener vigencia ordenamientos jurídicos propios del derechos indígena. Y uno se pregunta qué es derecho indígena, porque no existe y el que existió, si es que lo quisiéramos reivindicar, es anterior a la llegada de los españoles. ¿Entonces, qué se va a aplicar?», agrega.

Otros dos asuntos previstos en el borrador de Constitución generarían graves efectos en los procesos judiciales, específicamente en las sentencias. «Los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género», señala el borrador, que establece además que «la función jurisdiccional» debe tener cono fin «fortalecer la democracia».

«¿Entonces la sanción va a depender del sexo de la persona?, ¿y lo de la democracia, que hasta suena bien, qué significa?, ¿los jueces deberán fallar de acuerdo a lo que piense la opinión pública, a lo que piensa el gobierno, a lo que dicen las encuestas según las cuales fulano o fulana es culpable o inocente? Eso es tremendo, porque suena a justicia a lo Poncio Pilatos», indica Vives.

En criterio del jurista, todas las dificultades que se generarían en el ejercicio del Derecho se reflejarían también en la enseñanza de la carrera.

«La pregunta que uno se hace al revisar el proyecto es la misma que se van a hacer con toda razón los alumnos. La carrera de Derecho son cinco años de estudio, en los cuales hay dos semestres de Derecho Constitucional, y sobre eso un colega me decía, un poco en broma y un poco en serio: ‘por como va la cosa, vamos a tener un solo ramo, van a ser cinco años de Derecho Constitucional porque todo está incorporado en la Constitución», explica el docente universitario.

Para Vives, las consecuencias que se generarían, de aprobarse el borrador de Carta Magna serían en todos los ámbitos.

«Más allá de los efectos en el ejercicio de la profesión de abogado o de la docencia, hay una cosa que tiene que ver con toda la gente, porque cuando hay incerteza jurídica, que normalmente lleva a la incerteza política, son todas las actividades que desarrollamos para poder comer y pagar las cuentas las que sufren», advierte.

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