Los hechos de violencia en La Araucanía son cada vez más frecuentes. Se ha perdido la capacidad de asombro frente a actos de terrorismo, normalizando una situación que en otros países ha llevado a un escenario de literal falta de Estado, deteriorando las bases de la democracia y la participación ciudadana, y afectando así a toda la sociedad.
La semana pasada, como continuación reiterada de los hechos de violencia, fue asesinado Orwal Casanova, agricultor de 70 años, mientras, casi en paralelo, una operación fallida de la PDI tenía consecuencias mortales para uno de sus funcionarios. Pero, lamentablemente, la atención de los medios nuevamente se preocupó del centralismo santiaguino y se le dio más cobertura a una fiesta en el litoral central —actividad irresponsable y condenable— que a estos deleznables asesinatos.
¿Qué falta para que la sociedad chilena se preocupe de una situación invisibilizada para Santiago?, ¿Cuántos muertos más tendremos que sufrir para que los chilenos nos hagamos cargo del abandono en el que se encuentra una parte del país? ¿Qué motiva el inmovilismo del Gobierno? ¿Cómo es posible que el Ministerio del Interior se haga presente ante la familia de Orwal Casanova sin hacerse responsable de lo sucedido, instalando como un hecho la falta de Estado en la región? ¿A quién le conviene tanta violencia? ¿A quién le interesa ignorarla?
Es vergonzosa la forma en que se están informando estos graves hechos. Es reflejo tal vez de lo poco que se está haciendo en velar por la seguridad de los ciudadanos de nuestro país y donde pareciera esperarse que los chilenos asumamos la violencia como la “nueva normalidad” de La Araucanía.
En la zona existen organizaciones narcoterroristas y otros grupos criminales que extorsionan y trafican armas, entre otros delitos. Es conocido que la CAM es organizador de la violencia, pero debemos urgir para separar temas y deudas con el mundo mapuche de los hechos meramente delictuales.
De forma errada, existe una negativa por parte de algunos políticos regionales de oposición a mejorar las leyes contra estos crímenes. También hacemos notar que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de proteger por igual a toda la población, pero no lo hace con efectividad. Lo mismo otros poderes del Estado, con un resultado de impunidad vergonzosa.
Creemos firmemente que debemos actuar como sociedad en su conjunto, todos unidos por una solución definitiva y profunda a un problema que lleva años produciendo dolor a muchos chilenos, no solo en la zona sur y particularmente La Araucanía, sino que en muchas otras localidades que también son invisibilizadas.
Se requiere una acción mancomunada entre la sociedad civil y el Gobierno para que, dentro del marco legal que tenemos, se puedan buscar caminos de paz Reconocemos que los distintos gobiernos —cual más cual menos— han hecho un esfuerzo para intentar resolver el problema, pero necesitamos más y mejor Estado para alcanzar una verdadera solución.
No se trata, en efecto, solo de soluciones policiales o militarizadas. También se necesita de buscar acuerdos sociales que nos hagan trabajar en conjunto para lograr un mejor vivir en nuestras regiones, hoy golpeadas por la violencia.
No queremos seguir siendo espectadores mudos de esta “nueva realidad” y llamamos al Gobierno a actuar en forma urgente, con todo el rigor que permite la ley, y que también la sociedad civil seamos actores relevantes de la solución.
No dejemos que las angustiosas circunstancias que viven los habitantes de La Araucanía les roben la esperanza de vivir en paz y fraternidad, en una sana convivencia y en el respeto mutuo que permita florecer toda la riqueza de nuestra diversidad cultural. Para lograrlo, la primera prioridad es restablecer el Estado de Derecho, y esa es tarea ineludible de las autoridades investidas para ejercer las acciones previstas por nuestro ordenamiento jurídico.
¡Paz en La Araucanía ya! Estado de Derecho en todo Chile.

Alejandra Martino; Enrique Covarrubias; Jorge Sandoval;  Marisol Alvarado; Alejandro Martini Iriarte; Enrique Gundermann; José Miguel García; Max Kaiser; Alejandro Seco; Enrique Sabugo; José Miguel Martabid; Michelle Boisier; Álvaro Bernedo; Enrique E. Varas B.; Juan Carlos Hayes; Monir Puali; Álvaro Jalaff; Fernando Daettwyler; Juan Luis Cortés R.; Nicolás Kipreos Almallotis; Amelia Izquierdo; Fernando Ovalle Bravo; Juan Pablo Barrios; Patricia Rojas; Antonia Romero; Fernando Romero; Juan Pablo Peña; Patricia Sabag; Axel Kaiser; Francisco Aracena Deza; Juan Pablo Swett; Patricio Nazal; Benja Faivovich; Francisco Ugarte; Karina Vidal; Patricio Paslack; Carlos Capurro Astaburuaga; Gabriela Salvador; Karina von Baer; Paula Figueroa; Carlos Capurro Bahamondes; Gastón Caminondo; Lorenzo Dubois; Rene Durcudoy; Carlos Muñoz Huerta; Gerardo Nualart; Loreto Leyton; Ricardo Escobar Calderón; Carolina Navarrete; Gonzalo Fierro; Lucy Walton Avilés; Ricardo Larraín; Cecilia DeLaire; Gonzalo Jiménez Seminario; Manuel Urzúa; Rodrigo Sahurie; César Fernández; Guillermo Holzmann; Marcelo Awad; Rolando Franco; Claudio Martini Seco; Horacio Pavez Aro; Marcelo Guital; Samuel Seco; Christian Wagner; Ignacio Del Río; Marco Antonio Fernández; Tomás Echavarri; Christian Goldberg; Jorge Andrés Luschinger; María Isabel Muñoz; Víctor Melinao; Cristian Lefevre; Jorge Errázuriz; María José Gutierrez Correa; Eduardo Behrmann; Jorge Hasbún; Mario Ormeño.