No apoyaré ni llamaré a votar por ningún candidato, aunque sea de derecha, que diga o implique que el Gobierno Militar violó los derechos humanos o tuvo una política dirigida a violar los derechos humanos, porque eso es históricamente falso. A ninguna candidatura puede estarle éticamente permitido fundarse en esa mentira para captar votos.

     Aclaro que mi posición, convicción y opinión en esa materia es la misma que expuso públicamente en carta del 25 de noviembre de 1979 el obispo de Valparaíso, monseñor Emilio Tagle Covarrubias, al entonces Presidente Augusto Pinochet, donde comenzaba por describirlo como “real defensor de los derechos humanos” y le expresaba:

          “Es justo recordar en estos días que V. E. dirigió la acción más eficaz en defensa de los derechos humanos violados por la agresión marxista, que nos llevaba al abismo sin salida en que yacen hoy tantos pueblos, en cuya misma situación estaríamos hoy nosotros si no hubiera sido por aquella patriótica intervención. Chile ha dado a mundo libre una lección”.

             En su “Declaración de Principios” del 11 de marzo de 1974, en el número 5, la Junta de Gobierno se comprometió a instituir “un orden jurídico respetuoso de los derechos humanos”. Antes la Circular N° 1 de la Junta, de 7 de enero de 1974, pasados los avatares iniciales después del 11 de septiembre de un régimen que no había tenido tiempo de prepararse para ejercer el poder, dio a conocer al país el texto que había emitido el 23 de noviembre de 1973 como “Circular para ser leída a todos los escalones del mando de la Fuerzas Armadas y Carabineros”, donde se ordenaba que “los allanamientos y detenciones de personas deben ser ejecutados con oportunidad y firmeza, pero con órdenes de autoridades competentes que aseguren un procedimiento que en ningún caso desprestigie la sacrificada y patriótica labor que están cumpliendo las FF. AA. y Carabineros”, añadiendo que “el tratamiento de los detenidos debe ser también consecuente con la peligrosidad y el grado de comprometimiento comprobado del detenido… y de todo punto es inconveniente que esas personas, por el trato que se les ha dado, salgan con espíritu de venganza y por lo tanto puedan transformarse en futuros extremistas”.

    La Circular N° 3 de la Casa Militar de la Junta expresó que “3. Este Estado de Guerra … no puede ni debe caracterizarse por actos inhumanos que tengan que ocultarse a la ciudadanía y que sólo engendran una reacción de violencia, de odios y de venganza”.

          Los párrafos anteriores definen la política de respeto a los derechos humanos del régimen militar y, por tanto, constituye una falsedad histórica afirmar que él tuvo como política la de atropellarlos. El candidato que diga esto último o lo reconozca así no dice la verdad.

    Además,  ese régimen fue el más vigilado del mundo en esa materia. Tenía que lidiar contra un extremismo armado muy peligroso, una propaganda mundial adversa inspirada desde el KGB soviético y defenderse del abastecimiento de la guerrilla por países como Alemania Oriental, Cuba y la URSS. ¿Cómo iba a tener una “política de atropello a los derechos humanos” si ella lo iba a privar de créditos internacionales indispensables y hasta de la posibilidad de comprar armas, en un período de máximas amenazas a nuestras fronteras? Los militares chilenos tendrían que haber estado locos para, frente a todo eso, practicar una política de atropellos a los derechos humanos que aislaría al país, y no lo hicieron.

   Que algunos agentes del régimen no hayan observado las instrucciones de la Junta no constituyó a la política del gobierno en responsable de esas transgresiones. Que uniformados, actuando por su cuenta, hubieran cobrado venganza frente al terrorismo extremista no implicó tampoco que el Gobierno Militar fuera responsable de esas conductas. Pero la propaganda adversa se las achaca. Un candidato de derecha debidamente informado no puede caer en lo mismo, como lo hace contumazmente el senador Ossandón, a raíz de lo cual me declaro arrepentido de haber votado por él en la primaria de 2017. Y jamás volveré a votar por él en tanto no exprese su arrepentimiento por la ignorancia histórica que exhibe. Parece creer que una “derecha social” como la que propicia se formará basándose en la repetición de consignas del KGB soviético.

    Al contrario de las acusaciones que se le hacía al Gobierno Militar, cuando en 1985 un atentado especialmente inhumano del brazo armado comunista segó las vidas de varios uniformados en el Hotel Araucano de Concepción, y un grupo de carabineros cobró venganza de ello y de otros atentados secuestrando y degollando a la cúpula de dicho brazo armado (Parada, Guerrero y Nattino), el ministro del Interior fue especialmente activo, ante el inicial secuestro de los jefes terroristas (del cual el gobierno no tenía información ni explicación) para pedir a los tribunales la designación de un ministro en visita e informar después a éste de la verdad de los hechos, obtenida a través de la CNI, todo ello apenas registrado el triple secuestro. Pero los tribunales dilataron esa resolución y desecharon los informes de inteligencia, basados en un prejuicio político, lo que dio tiempo a la consumación de la venganza y a la muerte de los tres comunistas secuestrados. El régimen hizo lo posible por evitar el crimen, pero así y todo la propaganda lo carga en su cuenta. Sirva esto de ejemplo de lo que es la campaña de falsificación histórica.

    Asimismo, cuando se acusa al Gobierno Militar de torturas se olvidan las comprobadas bajo los gobiernos de Allende y Frei Montalva, torturas que quedaron impunes, como también se olvida que, por primera vez en Chile, bajo el Gobierno Militar, fueron penados a fines de los años ’70 los autores de torturas en los casos del llamado “Comando de Vengadores de Mártires” (detectives de Investigaciones condenados) y, en los años ’80, del transportista Fernández del FPMR, (procesados los uniformados responsables). Antes del 11 de septiembre de 1973  ni gobernantes ni jueces hacían nada al respecto. Las cien páginas de denuncias de torturas a miristas de Lagos y otros abogados, presentadas a la Corte Suprema, torturas perpetradas bajo Frei Montalva, ni siquiera fueron respondidas por dicho tribunal ni por el gobierno. Y el Acuerdo de la Cámara de 22 de agosto de 1973 denunció las frecuentes torturas bajo Allende a opositores, tampoco nunca investigadas ni sancionadas. ¿Con qué autoridad acusan después al Gobierno Militar, bajo el cual por primera vez las torturas fueron investigadas y sancionadas?

   Y también acusan la existencia de “miles de desaparecidos”, cuando se ha precisado el destino de cada caído en la lucha armada 1973-1990, con excepción de los restos, que no han querido ser identificados, del Cementerio General y del Instituto Médico Legal ¡y de las bolsas con restos óseos en la propia sede de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, según denunció “La Tercera!”, sin ser desmentida, el año pasado. Pues al final del Gobierno Militar las denuncias de personas detenidas desaparecidas eran 600, según el libro de Patricia Verdugo y Claudio Orrego. La Comisión Rettig las elevó a 979 y la Comisión de Reparación y Reconciliación posterior (que “reparó” generosamente pero no “reconcilió” en absoluto) agregó 123. Total, 1.102. Entre “reaparecidos”, explicación de restos lanzados al mar y los acumulados sin identificar suman más de 1.102. ¿Por qué hasta hoy no identifican los restos del Cementerio y de la AFDD? Porque no quieren, pues no quedaría ninguno. Han tenido 28 años de gobiernos del “No” y mayorías parlamentarias para formar Comisiones Investigadoras por toda clase de motivos, y no han sido capaces formar una para identificar los restos no identificados. Es que es un tema político. Y por eso ningún candidato de derecha informado pueden caer en la crítica al Gobierno Militar por este tema ni caer en la trampa izquierdista de utilizarlo.

    El verdadero gran escándalo de nuestro tiempo en Chile es la venganza judicial contra los militares que dieron la guerra contra el terrorismo extremista y la ganaron. Los casi dos centenares de Presos Políticos Militares actuales por ese motivo son una afrenta al país y a su verdad histórica.

   En los propios Estados Unidos los izquierdistas han comenzado a enjuiciar a los militares que combatieron en Irak y Afganistán y ya ha llegado un video de la ciudadanía norteamericana honesta que dice que eso no puede ser y es un escándalo. Y cita precisamente el precedente vergonzoso de Chile, con imágenes de nuestros soldados desfilando, y criticando que caigan presos por haber combatido el terrorismo hace treinta años. Dice el video que los militares nunca abandonan a sus caídos tras las líneas enemigas. Eso será allá, donde es una norma a cualquier costo de sus militares, pero no acá, como lo atestiguan los casi 200 Presos Políticos Militares abandonados a su suerte por sus camaradas en servicio activo. Ello se erigirá en motivo de vergüenza histórica para los mandos que sucedieron al general Pinochet, bajo quien ni uno solo de sus hombres fue víctima de la prevaricación impune de los jueces de izquierda. Claro que no ha habido otro Comandante en Jefe que se haya atrevido a decir, como él: “Si tocan a uno solo de mis hombres, se acaba el estado de derecho”. Verdad evidente por sí misma, pues “tocar a uno solo de sus hombres” implicaba derogar el estado de derecho, como lo está hoy, en que se ha desconocido todo un catálogo de leyes penales fundamentales para consumar la venganza marxista contra los soldados que derrotaron al terrorismo de ese origen, cosa que hicieron sin saber que iban a ser traicionados por  los políticos que los llamaron a actuar, entre quienes el que más los ha engañado es el actual Presidente de la República, recogiendo así sus votos y, obtenido el triunfo, convirtiéndose en principal cuchillo en su contra y público denostador.

  Los civiles que nos hemos escandalizado con esta traición de los políticos contra los militares sólo tenemos un arma: el voto. Con ella castigaremos a todo candidato que haya hecho suyo el slogan, originario del KGB, repetido hasta el cansancio por los comunistas y acogido por pusilánimes, “arrepentidos” y calculadores, de que el Gobierno Militar violó sistemáticamente los derechos humanos. Si alguno contaba con mi voto y dice eso, tome nota de que lo va a perder. Y de que lo voy a dar a conocer en la limitada medida en que lo permite el silenciamiento de mis opiniones.

Por Hermógenes Pérez de Arce