Editorial El Mercurio de Santiago,  22 de octubre de 2017

Dos noticias de la última semana vinculadas a lo judicial plantean cuestiones inquietantes respecto de las percepciones ciudadanas sobre el Estado de Derecho. En la primera, el suicidio de un oficial en retiro de la FACh al momento de llegar a su casa miembros de la Brigada de Homicidios de Investigaciones para detenerlo y llevarlo a notificarse de un procesamiento en su contra, resuena el eco trágico de un hecho anterior, la muerte del general (r) Odlanier Mena. Reconocido en el Informe Rettig por la diferencia que significó su gestión en los organismos de inteligencia en contraste con las criminales acciones de la Dina bajo las órdenes de Manuel Contreras, Mena terminó condenado judicialmente en una causa por la muerte de tres dirigentes socialistas en el regimiento de Arica del que era comandante en 1973; esto, sin que existieran pruebas de su participación en los hechos. Afirmando ser inocente, se quitó la vida luego del cierre del penal Cordillera, donde cumplía condena. Su caso se ha vuelto simbólico para los ex militares. Se ha ido formando entre ellos una cierta convicción de inexorabilidad, según la cual el hecho de ser mencionados en una causa de derechos humanos los conducirá inevitablemente a ser procesados y luego condenados, con independencia de lo que puedan esgrimir en sus defensas. 
En un sentido inverso, la resolución de la Corte Suprema que otorgó la libertad a los contribuye a consolidar otra percepción: la de las víctimas de la violencia en La Araucanía, en cuanto a una casi imposibilidad de que finalmente se haga justicia en sus casos.

Uno y otro ejemplo podrán ser objeto de intenso debate jurídico, pero -sin entrar en esa discusión- es preocupante y de complejo alcance el que entre ciertos grupos ciudadanos se asiente la desconfianza respecto del actuar de los tribunales. Propio de un Estado de Derecho sólido es precisamente lo contrario, la convicción compartida de que el imperio de la ley prevalecerá por sobre cualquier otro tipo de consideraciones. Va en el interés del país y de sus instituciones despejar cualquier duda en ese sentido.