El Cártel de Boric

18 mayo, 2025

En 1995, los politólogos Richard Katz y Peter Mair definieron una nueva criatura política: el partido cártel. Una estructura de poder en la que los partidos dejan de representar a la ciudadanía para dedicarse a repartirse el Estado como botín, blindarse mutuamente, cerrar el paso a la competencia y sobrevivir, no por mérito ni ideas, sino por el acceso a recursos públicos.

¿Suena familiar?

Lo que vivimos hoy en Chile no es solo el caso ProCultura. Es la cristalización perfecta de ese modelo cartélico: fundaciones fachada, operadores disfrazados de expertos, contratos sin licitación, redes de protección cruzadas, silencios sincronizados y millones de pesos públicos circulando entre los nuevos de siempre. Esto no es un accidente. Es un sistema. Es un mecanismo. Es el Cártel de Boric.

No es una imputación, es una descripción de lo evidente. Un entramado de poder construido con estética juvenil, lenguaje inclusivo y superioridad moral impostada. Nos prometieron superar la vieja política. Nos ofrecieron un “estándar ético superior”, como repetía Giorgio Jackson con la devoción de un parroquiano ilustrado. Pero mientras hablaban de transparencia, armaban fundaciones para desviar recursos, nombraban amigos en cargos clave y usaban el nombre del Presidente para presionar a funcionarios. Sí, lo dijo la propia cofundadora de ProCultura a la PDI: que Alberto Larraín aseguraba tener “línea directa” con Boric para conseguir contratos.

Y claro que la tenía. Hicieron campaña juntos, lives en redes, columnas compartidas. En el gobierno, aunque no alcanzó ministerio, Larraín entraba a La Moneda como por su casa. Porque ProCultura no era cualquier ONG. Era, junto a Democracia Viva (y tantas otras), el brazo ejecutor del nuevo oficialismo. La elegida para mover cerca de $ 6.000 millones en pocos años, muchas veces sin licitación, sin control, sin rendiciones claras. Y, en no pocos casos, con severos incumplimientos.

Aunque intenten distraer con teorías conspirativas, citando a Hitler o culpando a gobiernos anteriores, los datos no mienten. La curva de traspasos a ProCultura se dispara con la llegada de Boric al poder. La cuenta corriente crece, al igual que el catálogo de actividades del psiquiatra, que devino en un verdadero todólogo: restauración de iglesias, pintura de fachadas, prevención del suicidio, fortalecimiento comunitario, todo junto, todo facturado. Una fundación multitask, o mejor dicho: chasquilla.

¿Y qué hace el Presidente cuando estalla el escándalo? ¿Pide renuncias? ¿Reconoce sus vínculos con Larraín? ¿Entrega alguno de sus varios teléfonos? Nada de eso. Se va de viaje y se concentra en opinar sobre la cultura japonesa y los pokemones. Un verdadero estadista.

Y lo más insultante: siguen hablando como si fueran los buenos. Como si aún tuvieran derecho al podio ético. Como si los convenios truchos, los funcionarios fantasmas, los documentos desaparecidos y los programas ficticios fueran meros errores administrativos. Un par de desprolijidades. Nada más.

No, señores. Esto no es un caso de corrupción más. Esto es la captura organizada del Estado. Es un modelo de saqueo con cara amable y discurso progresista. Un modelo que instrumentaliza la salud mental, abusa de la miseria en los campamentos y convierte la militancia en franquicia. Un cártel de falsos redentores que llegaron a servirse del Estado mientras predicaban que venían a salvarlo. Y mientras millones de chilenos esperan por una cirugía, una vivienda, una sala cuna o una pensión, ellos siguen brindando con fondos públicos y posando para la foto con cara de culpa bien peinada y ojitos de piscina.

El Cártel de Boric no es solo inmoral. Es un insulto a la inteligencia nacional y el símbolo máximo del cinismo contemporáneo. La traición política convertida en discurso. Porque cuando los que prometieron limpieza se embarran con entusiasmo, ya no hay retorno posible.

Y en este momento de clímax moral, vale la pena recordarles aquello que tanto coreaban en campaña, con el puño en alto y León Gieco como mantra generacional:

“Dicen que la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente…

Menos mal que nunca la tenga experiencia de robar,

 menos mal que nunca la tenga experiencia de mentir”.

Pero ustedes no solo demostraron experiencia para gobernar mal. También han acumulado experiencia de sobra para robar, mentir y esconder. ¿Es el fin del Frente Amplio? ¿O el Cártel de Boric logrará detener la investigación judicial y hacer que todo se olvide? La remoción del fiscal Cooper es una muy mala señal.

¿Quién está presionando al fiscal nacional?  (La Tercera)

Cristián Valenzuela

Contraloría detecta que 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia

Por Alberto González y Florencia Ortiz

Con información de Néstor Aburto

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Unos 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica, según determinó la Contraloría General de la República.

Se trata de un estudio a partir del cruce de información de las salidas del país registradas por la Policía de Investigaciones (PDI), la base de funcionarios públicos y las licencias médicas que se otorgaron entre el 2023 y 2024.

De acuerdo al informe al que accedió Radio Bío Bío, en ese periodo hubo más de 5 millones de licencias de funcionarios (5.147.997), mientras que en paralelo se comprobó que hubo más de un millón (1.231.362) de registros de salidas y/o entradas al país de servidores públicos.

Contraloría detecta que 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia

En concreto, 25 mil (25.078) funcionarios públicos o trabajadores de entidades privadas financiadas con fondos públicos, viajaron fuera del país durante la licencia o en parte del periodo, incumpliendo el período de reposo indicado en su permiso médico.

Lo anterior, podría implicar el uso irregular de 35.585 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024, de las cuales un 69% corresponde a usuarios de Fonasa y un 31% a Isapre, con un periodo de reposo promedio de 17,7 días.

Contraloría

Incluso, se detectó que un funcionario del área de la salud se otorgó licencia a sí mismo y realizó un viaje durante el período de reposo.

Asimismo, hay 125 funcionarios que, durante el periodo de reposo establecido en la licencia médica, registran entre 16 y 30 entradas y/o salidas del país, mientras que 51 funcionarios registran más de 31.

Las 13 entidades con mayor cantidad de licencias médicas

Las 35.585 licencias médicas, donde sus titulares no habrían respetado el periodo de reposo, se distribuyen en 788 entidades, de las cuales 13 concentran el 25% de dichas licencias (8.893).

Estas personas, según el informe de Contraloría, habrían salido del país durante su respectivo descanso, lo que haría que estos documentos fuesen eventualmente irregulares.

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En el primer y segundo lugar se encuentran la Junta Nacional de Jardines Infantiles (2.280 licencias) y la Fundación Integra (1.934), respectivamente. Estas concentran alrededor de un 12% del total, con 4.214 licencias en total.

A estas le siguen la Municipalidad de Arica (719), Corporación Municipal Desarrollo Social de Iquique (515), Municipalidad de Puerto Montt (483), Instituto de Previsión Social (423), Subsecretaría de Salud Pública (393) y la Corporación Municipal de Salud y Menores de Puerto Natales (392).

Más abajo le siguen la Corporación Municipal de Punta Arenas (369), Corporación Municipal de Puente Alto (363), Universidad de Chile (352), Municipalidad de Temuco (342) y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama (328).

Captura

Regiones por las que salen y/o ingresan al país

Dentro de su informe, el órgano contralor realizó un desglose respecto a las regiones por las que salen y/o ingresan al país los funcionarios que interrumpen el periodo de reposo de la licencia médica.

Este listado lo encabeza la región Metropolitana, con 26.032 entradas y salidas (43,7%); le sigue la región de Arica y Parinacota, con 10.043 entradas y salidas (16,9%); y en tercer lugar se encuentra la región de Magallanes con 5.980 entradas y salidas (10,0%).

Después tenemos a la región de Los Lagos con 4.725 entradas y salidas (7,9%); La Araucanía con 3.962 entradas y salidas (6,7%); Valparaíso con 3.898 entradas y salidas (6,5%); Aysén con 1.979 entradas y salidas (3,3%); Tarapacá con 1.629 entradas y salidas (2,7%); Antofagasta con 492 entradas y salidas (0,8%); Maule con 401 entradas y salidas (0,7%); Los Ríos con 383 entradas y salidas (0,6%).

Más abajo tenemos al Bío Bío con 33 entradas y salidas (0,1%); Atacama con 14 entradas y salidas; Coquimbo con 4 entradas y salidas; y O’Higgins y Ñuble con 0 entradas y salidas.

Revisa el Informe Consolidado de Contraloría por licencias médicas en : https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2025/05/20/contraloria-detecta-que-25-mil-funcionarios-publicos-salieron-del-pais-mientras-estaban-con-licencia.shtml

ProCultura: UAF detecta operaciones por casi $800 millones en efectivo de Claudio Orrego previo a su elección

Jorge Poblete

El gobernador Claudio Orrego el 5 de mayo en Santiago. (Diego Martin / Agencia Uno)

El 21 de febrero, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda envió un oficio reservado al fiscal Cooper sobre los movimientos del gobernador Orrego (ex DC), dando cuenta que figuraba en el Registro de Operaciones en Efectivo (ROE). Se trataba de retiros por $812 millones, entre septiembre y noviembre. “Corresponden a los flujos de pagos de la campaña”, respondió Orrego.

Por qué importa. El oficio reservado enviado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda el 21 de febrero pasado, entregó un nuevo antecedente a la investigación que realiza el fiscal Patricio Cooper, por eventual financiamiento irregular de la campaña de reelección del gobernador Claudio Orrego (ex DC) con dineros de la fundación ProCultura, a la cual el Gobierno Regional entregó $1.683 millones en 2022.

• Se trata de la inclusión del gobernador en el Registro de Operaciones en Efectivo (ROE) de la UAF, por 13 retiros desde el Banco Estado por un total de $812.531.770.
• Los retiros se efectuaron entre el 16 de septiembre y el 26 de noviembre del año pasado, desde una sucursal de la comuna de Providencia.
• Orrego fue reelecto en segunda vuelta el 24 de noviembre de 2024 y sólo el décimo tercer retiro (por $24.175.080) fue posterior a su reelección.
• El sitio web de la UAF consignó que se consideran ‘operaciones en efectivo’ aquellas que superan los US$10 mil y “en las que el medio de pago o de cobro sea papel moneda o dinero metálico (billetes o monedas). Por lo tanto, se descartan las transferencias bancarias, los vale vista, los cheques u otros documentos mercantiles”.
• La respuesta de la UAF consignó que Orrego no estaba, al 16 de febrero, ni en el Registro de Operaciones Sospechosas (ROS) ni en el de Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE), dijo el documento firmado por su director subrogante Marcelo Contreras.
• Orrego registró además retiros en efectivo clasificados como ROE en 2013, 2019 y 2021.

Imputado. “A su consulta, descarto financiamiento de alguna de mis campañas por parte de Alberto Larraín o la fundación ‘Procultura’”, respondió Orrego en su declaración como imputado del 17 de diciembre.

• Pese a esta respuesta, la fiscalía pidió al tribunal levantar su secreto bancario, a lo que el juez Mario Cayul del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago accedió el 25 de febrero por el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2024. Es decir, incluyendo el período previo a que el Gobierno Regional entregara recursos a ProCultura.
• El motivo era la cercanía entre Orrego y Larraín, a quien el hoy gobernador llevó a trabajar a un centro de salud mental de Peñalolén cuando era alcalde de esa comuna de Santiago y patrocinó para que militara en la Democracia Cristiana (DC). Larraín, a su vez, lo apoyó en su carrera presidencial de 2013. Posteriormente Larraín se acercó al Frente Amplio y al entonces diputado Gabriel Boric.
• “Hola hermano… por cualquier cosa revisa los WhattsApp, por si tenemos algo complejo”, escribió por Telegram Orrego a Larraín el 7 de julio de 2023, cuando estallaba el caso.

Panorama general. La participación conocida de Orrego en el caso ProCultura se remonta al 8 de junio de 2022, cuando el Consejo Regional Metropolitano aprobó la propuesta del gobernador de nombrar a Larraín como director de la Corporación de Desarrollo presidida por el mismo Orrego.

• Veintiún días después se autorizó la entrega de $1.683.788.000 a ProCultura para el programa Quédate para prevenir suicidios.
• En mayo de 2024, 10 meses después de que la fundación se sumara al escándalo del Caso Convenios, el Gore se querelló contra ProCultura por la presunta apropiación indebida de $1.010.379.291 no restituidos del programa Quédate.
• En noviembre Orrego aseguró que no será formalizado en la causa.
• La respuesta de la UAF a la solicitud de la fiscalía incluyó también a otros cuatro colaboradores y excolaboradores de Orrego.

La respuesta del Gore. “El administrador electoral de la campaña de Claudio Orrego (Andrés Wallis) señala que los movimientos de dineros declarados por la UAF el 2024, corresponden a los flujos de pagos de la campaña a Gobernador”, respondió por escrito la gobernación a este medio.

• “Estos pagos se realizaron desde la cuenta que el Servel (Servicio Electoral) habilita para esos efectos”.
• “Los gastos señalados fueron financiados por créditos con mandato Servel y solicitados a dos instituciones –Banco Estado y Banco Bice– y que se saldan con cargo a la devolución que realiza Servel, una vez aprobadas las rendiciones de gasto”.
• “Los instrumentos utilizados para cursar los pagos fueron principalmente vale vistas nominativos a personas naturales o empresas que prestaron servicios a la campaña durante el periodo electoral”.

En la conciencia de un frenteamplista

Gonzalo Rojas Sánchez 

¿Qué siente un frenteamplista en su conciencia ante esos desastres de sus dirigentes que cada día conocemos los chilenos?

Desde el numerito de Iskia Siches, pasando por las autodonaciones y la “superioridad moral” de Jackson, siguiendo con los enredos de Crispi y su desacreditación de Isabel Allende, continuando con las groserías del embajador en España; a eso hay que sumar la formalización de Catalina Pérez, la trucha designación de Ríos al dejar la alcaldía, los continuos errores de Grau… y como remate, todo el frenteamplismo implicado en Procultura.

Las sensaciones posibles parten por una intensa sensación de fracaso. Pero no todos los jovencitos frenteamplistas la experimentarán del mismo modo. Unos seguirán pensando que en casi todas esas situaciones ha habido algún grado de traición por parte de los implicados, que los mencionados no son dignos de pertenecer a una iglesia secular tan santa como es el Frente Amplio. Otros, más sinceros, experimentarán la convicción de que han participado de un proyecto falso y mentiroso, que ha ido quedando al descubierto en todas las situaciones descritas… y en otras muchas que aún desconocemos. De entre estos últimos, algunos desearán caducar su adhesión al Frente Amplio, para reinsertarse en alguna otra izquierda o, simplemente dedicarse a sus cosas (o sea, aprovechar la sociedad de las libertades, justamente la que han tratado de destruir).

Pero habrá otros que no querrán reconocer nada. Se cegarán. (En realidad, vienen manifestando su ceguera hace mucho tiempo). Afirmarán –ya lo están haciendo– que todo es una conspiración en su contra, que hay que seguir adelante cueste lo que cueste, que un proyecto como el de ellos triunfará contra viento y marea. Es el mesianismo, es la torpe convicción de que han sido elegidos –a pesar de su inmadurez y su inexperiencia– para liderar el país hacia el socialismo. Soberbia e ideologismo en su máxima expresión, unidas seguramente a un sentimiento de vergüenza aun no bien digerido y a un afán de poder difícil de desterrar de sus vidas.

Cuando me topo por la calle con esos viejos de la UP, visiblemente desechos por la melancolía del proyecto frustrado, me imagino desde ya a los frenteamplistas del 2070.

*Nada es casualidad*

 por PILAR MOLINA, periodista

¿Te acuerdas cuando había una época en que se construían viviendas como locos? Los jóvenes profesionales ponían sus ahorros en inmobiliarias que administraban edificios nuevos para renta y pagaban el dividendo con el arriendo mensual. Como eran DFL-2, tenían una serie de ventajas tributarias y de herencia. Entonces, las familias de clase media baja compraban departamentos nuevos en barrios periféricos que bien habrían podido estar en Vitacura; tener una casa propia había dejado de ser un sueño y por eso el déficit de viviendas era manejable.

¿Cómo pasamos de esa actividad bullente de la construcción, con fondos de inversión haciendo proyectos por doquier que activaban la economía a una situación que el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción califica como “su peor crisis desde que hay registro”? Y tenemos para largo porque salvo el sector minero, que empuja el carro, hay problemas con la vivienda subsidiada y con la inversión en OO.PP., porque han recortado presupuestos que estaban destinados a ser contra cíclicos. De la vivienda privada, ¡ni hablar! Los permisos de edificación del año pasado son los más bajos de los últimos 32 años, 80 mil permisos de ellos no se inician esperando que se venda el stock de 105 mil viviendas.

Hace muy poco, en realidad, cuando crecíamos, la construcción era el motor de la economía, ya que inyectaba inversión y empleo, multiplicaba la oferta y bajaba los precios. Pero nos hemos encargado de echar abajo todos los incentivos para que ello siga ocurriendo. Cada gobierno carga nuevos impuestos y elimina beneficios, porque claro, hay que redistribuir y los ricos pueden pagar más, pero al final no son los ricos los que están viviendo en los casi 1.300 campamentos, de los cuales el 66% se formó después de 2010.

No se trata sólo de la reforma tributaria de Bachelet, la que puso un impuesto al mayor valor de los inmuebles adquiridos después de 2004 y gravó con el IVA la venta habitual de viviendas nuevas o usadas a partir de 2016. También encareció la compra de una vivienda duplicando la tasa máxima del impuesto de Timbres y Estampillas (de 0,4 a 0,8%) y restringiendo el crédito fiscal IVA especial a la construcción (65%). Por el lado de las empresas, como supuestamente son siempre malas, las castigó eliminado el FUT, que les permitía construir con sus utilidades y no depender sólo del crédito bancario, y les subió el impuesto a las utilidades desde el 20 al 27% (en 2010 era del 17%). Esa alza nos puso a la cabeza de los países con mayor tributación de la OCDE.

También el Presidente Piñera hizo su parte. Había que reconstruir el país después del terremoto. Entonces, vamos poniendo una sobretasa a las contribuciones, en 2010, pero 10 años después, en medio de la crisis social que generó el 18 de octubre de 2019, vamos poniendo otra sobretasa a los bienes raíces que tengan, sumados, un valor superior a los $681 millones. Y en 2021 había que financiar la PGU. Qué mejor que restringiendo a dos unidades habitacionales los beneficios a los DFL2, acusando “uso especulativo” e injusticia por aquellos que tenían “múltiples propiedades”, aunque movieran la industria comprando y abarataran precios de los arriendos al aumentar la oferta.

Para no latearlos, hay una chorrera más de leyes aprobadas para trancar la rueda de la construcción, amén del constante aumento de las contribuciones que suben como espuma fresca y convierten a los propietarios en arrendatarios del Estado. Pero la permisología, de moda con nuestros gobernantes, ha puesto su buena cuota para encarecer precios: la ley de aportes al espacio público, en 2016, fue una de ellas. Además, había que incorporar obligaciones de diseño urbano para los animales que han venido a reemplazar a los niños: vamos con otra norma al año siguiente de Bachelet (ley 21.020 de 2017). Y como seguíamos bajo el espíritu redistributivo del “chancho está mal pelado”, en mayo de 2022 se promulgó la ley de integración social y urbana.

Todo justo y necesario, porque hay que mejorar los espacios urbanos y la integración social, todo lo cual sube los costos, aleja la vivienda propia y acerca los campamentos que, gracias al impulso migrante, albergaban el año 2023 a 114 mil familias según el catastro de Techo, a las cuales hay que sumar a las que viven en alrededor de 1.400 tomas.

Pero con ese mismo espíritu ñuñoíno de integración y mejorar el espacio público (que ignora las necesidades primarias), es que las municipalidades han comenzado a hacer todo tipo de exigencias de “obras adicionales” y a la constructora que se atreve a desafiar a las Direcciones de Obras en los tribunales, no les dan la recepción de las obras. Tan fácil.

Pero la historia es larga y multifactorial (pero siempre en un mismo sentido, el de la izquierda), porque es imposible no sumar al trancazo la reducción de jornada a las 40 horas y el alza en un 20% del salario mínimo (a cambio de cero por ciento de aumento de productividad) bajo este gobierno. La Moneda ahora ofrece negociación ramal. Tampoco se puede ignorar el proceso constituyente que puso en vilo las inversiones necesarias para construir, pero también para comprar. O que después de todo este listado, recordar que hemos convertido a Chile en un país que no crece.

Y lo último, quizá lo más importante para desactivar la construcción como motor de la economía, fue la brutalidad. Una parte, a cargo de las fuerzas de la naturaleza y la otra, del hombre. La primera fue la pandemia, que gatilló una fuerte alza de los materiales de construcción y de la mano de obra como no la habíamos visto. La segunda brutalidad fue la de los políticos, quienes dispusieron de los ahorros para las pensiones para licuarlos en consumo, lo cual, sumado a las ayudas exigidas al Estado, generó una inflación en niveles que ya no recordábamos. La consecuente alza de las tasas de interés borró de un plumazo la disponibilidad de los créditos hipotecarios.

Y no hemos terminado, porque yo iba a escribir esta columna sobre el encuentro de los seis candidatos presidenciales en un foro organizado por la Cámara Chilena de la Construcción y cuando me puse a reportear pensé que, en vez de oír promesas de candidatos continuistas y opositores, lo mejor era mirar algo de todo lo que hemos hecho para desactivar el efecto multiplicador de la construcción y convertir la industria en un problema. Nada es casualidad.