POLÍTICA Y GOBIERNO:
POLÍTICA Y GOBIERNO:
TUGAR, TUGAR, SALIR A ROBAR
¿El último apaga la luz y cierra la puerta?
Era la generación del recambio, los “iluminates”, que venían a cambiarlo todo, pues obedecían a una estirpe superior que terminarían con los vicios de la política que por 30 años venía emponzoñándola; pero, a poco andar se vieron con el poder omnímodo y harta platita en los bolsillos, autos y regalías, para muchos de ellos desconocidas, porque jamás habían trabajado un día en su vida. Y como la cuestión era re fácil, adoptaron como lema el título de esta columna. Sin embargo, en honor a la verdad, es que estos muchachos lo hicieron con mayor asiduidad, ya que este cáncer apareció apenas llegó la democracia y como la enfermedad, no ha hecho distinción de colectividades.
Y como los chilenos tenemos muy mala memoria, Toribio les exhibe una pequeña muestra en orden cronológico: Bajo el gobierno del señor Lagos (2002-2006), el caso MOP-GATE, con dos licitaciones truchas que permitió el sobre sueldo a 130 funcionarios del MOP, con un total de $34 mil millones y la compra de trenes a España con contratos duplicados y asesorías inexistentes por un monto de $12 mil millones; el 2008, bajo el gobierno de Bachelet, la ministro de Educación Yasna Provoste -hoy Senadora- fue acusada constitucionalmente por la pérdida de $260 mil millones, por subvenciones entregadas sin respaldo; un estudio realizado entre los años 2011 y 2013 a 50 mil personas de las 165.000 pensiones otorgadas a exonerados, concluyó que el 20% eran datos falsos -gran parte certificados por honorables miembros del Congreso- y que a esa fecha alcanzó la suma de $150 mil millones. De mantenerse esa proporción en el total de las pensiones otorgadas, habríamos llegado a $495 mil millones, imagínense el monto al día de hoy; el caso del fraude de Luminarias (2017) por $44 mil millones, estando aún pendiente el caso del municipio de Recoleta; durante la pandemia -222-2023- el gobierno dispuso una bonificación para la clase media equivalente a las rentas que oscilaran entre $400 mil y $2 millones y que hubiesen disminuido en un 30%. Se inscribieron 37.000 empleados públicos y cerca de 300 mil particulares, cuyas remuneraciones no habían disminuidos, lo que significó una pérdida de $200 mil millones; súmese a lo anterior, los casos Convenios y Procultura -actualmente en desarrollo- por $14 mil millones y 7 mil millones respectivamente.
Paciencia querido lector, Toribio no ha hurgado en cientos de municipios objetados por la CGR y pensar que el ex Contralor Bermúdez quiso echar a la actual, a “Santa Dorothy”, porque hay que encenderle velitas y que transmita el espíritu santo a toda la administración pública. A la seguidilla de escándalos anteriores está el uso fraudulento de licencias médicas de 25 mil funcionarios públicos, que las emplearon para salir al extranjero, entre los cuales figura el exministro Barraza (PC) y un funcionario, amigote del mandatario, con el que en su juventud fueron detenidos en Punta Arenas por rayados en la vía pública. Hay constancia que el sector de salud, precisamente es un servicio donde hay mayores aprovechamientos, incluyendo a médicos, que olvidaron el juramento de Hipócrates y optaron por Creso. Pero ojo, estos fueron los pertenecientes al grupo ABC1 que pueden costear un viaje al extranjero, súmeles los que lo usaron para hacer otros “pitutos”, costear un vuelo nacional o pagar 10 lucas e irse a la playa. Y para no agotarlos o que se pongan a llorar, considere que la Fiscalía Metropolitana Oriente entre 2022 y 2023 detectó 70 mil falsas licencias médicas con un costo de $700 mil millones– 25% del presupuesto anual de FONASA para el pago de licencias- y que en una reciente publicación leí que el fraude total sería de US$154 mil millones, no lo pongo en pesos, porque costaría leer la cifra. Raya para la suma, sin incluir la última cifra estaríamos hablando de $1.066 billones…si, se puede levantar y sentarse. Dinero más que suficiente para aportar al déficit superior a las 600 mil viviendas o para el financiamiento de Salas Cunas que es más prioritario que la gratuidad universitaria o enfermedades de muy alto costo, entre otras necesidades más urgentes.
Por esta razón que es necesario que el celo evidenciado por la Contralora, lo sigan los fiscales encargados de descubrir los fraudes de las fundaciones, porque todo “huele a peligro.” Las justificaciones dadas por el Fiscal Nacional para remover al fiscal Cooper no se las cree ni su señora. Y no hay duda, según el mal pensado de Toribio, ahí entraron a tallar los compadres paleteados: Elizalde – Valencia, porque la “sangre estaba llegando al río.” Esta pluma tiene poca fe en la 2ª. Sala de la Corte Suprema, porque está impregnada de la estela que han dejado Juica -el de las ficciones jurídicas-Brito, Cisternas, Daham y otros. Ojalá me equivoque y vuelva Cooper a sus funciones.
Fernando Hormazábal Díaz
General de Brigada (R)
Más de 850 millones de dólares robados a todos los chilenos en los últimos años por ciudadanos a su propio estado.
Chile necesita un reseteo completo:
https://youtu.be/kgnGpcpvbXc?si=6vsLEyBCd922xaE0
Post
Enrique Slater @slater_enrique
A estos “artistas”, deben quitarle la nacionalidad por anti patriotas y procesarlos por delincuentes. Tarea que podría asumir nuestra Contralora General de la República, autoridad que ha demostrado valores y la virtud de la confianza, que tanto escasea entre otras autoridades.
Cita
Sebastián Rivera 22% y 64% En Contra y PNL
@Sebasti45781359
22 may.
Artículo 416 del Código Penal establece que: “El que de hecho o palabra hiciere objeto de mofa o desprecio a la bandera, escudo o himno nacional de la República, será castigado con pena de prisión en su grado mínimo, y multa de hasta 40 UTM”. Que espera la @FiscaliadeChile
ver en:
https://x.com/slater_enrique/status/1925665577856553272?t=OkGLxPFryuvyOXCIBZX_7A&s=08
AnálisisJuan Carlos AguileraEl Debate en América
Chile: el experimento antropológico del poder
Este no ha sido solo un mal Gobierno. Ha sido un experimento ideológico con consecuencias antropológicas devastadoras
23/05/2025 Actualizada 04:30
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Gabriel Boric, presidente de Chile(EPA) EFE
Evaluar el Gobierno del presidente Gabriel Boric exige algo más que una auditoría técnica o una contabilidad de políticas públicas. Lo que está en juego no es solo un ciclo político, sino un modo de concebir al ser humano y de articular el poder desde esa concepción. Por eso, el juicio no puede reducirse a una suma de errores o ineficiencias. Lo que este gobierno ha puesto a prueba —y ha fracasado en sostener— es un paradigma: el del constructivismo antropológico, según el cual la persona humana no tiene naturaleza, sino que es un proyecto indefinido, reconfigurable a voluntad, desarraigado de vínculos naturales y sostenido por el aparato simbólico del Estado.
Este constructivismo se ha expresado en todos los ámbitos de la vida nacional. El Estado ya no aparece como garante del bien común, sino como curador emocional de identidades cambiantes, tutor de afectos, reconfigurador de la subjetividad. La ley deja de reflejar un orden moral objetivo y pasa a convertirse en instrumento de validación del deseo. El lenguaje político pierde toda conexión con la realidad natural y se transforma en retórica performativa, hostil a la verdad, incluso a la evidencia.
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Desde esa lógica se comprende el modo en que este Gobierno ha abordado cuestiones fundamentales como la vida, la familia, la libertad, el trabajo y la educación. En cada una de ellas, la prioridad ha sido ideológica antes que humana, simbólica antes que real, declarativa antes que efectiva. El resultado no ha sido una ampliación de la justicia, sino una pérdida creciente de sentido, cohesión y confianza.
La política de la vida ha sido absorbida por la ideología del aborto, promovido como derecho superior incluso sobre la objeción de conciencia o la maternidad vulnerable. Lejos de reducir el aborto a casos extremos, se ha buscado su normalización social y su expansión jurídica, todo mientras aumentaban los homicidios y las muertes por falta de atención médica. En 2024, Chile registró 1.207 homicidios y más de 36.000 muertes en listas de espera del sistema público de salud. No son solo cifras: son rostros, son nombres, son ausencias.
En salud, el gobierno heredó un sistema tenso pero funcional y lo dejó al borde del colapso. A junio de 2024, más de 2,6 millones de personas esperaban atención, y casi 380 mil aguardaban una cirugía. No hay estrategia de modernización, ni expansión estructural, ni mejoras sustantivas en la red hospitalaria. En cambio, abundan seminarios, campañas inclusivas y redistribución simbólica del lenguaje sanitario. El resultado: pacientes fallecidos en pasillos, medicamentos vencidos, diagnósticos tardíos y familias rotas por la impotencia.
Gabriel Boric presidente de ChileRodrigo Arangua / AFP
La familia —núcleo natural de la sociedad— ha sido reducida a una categoría más dentro del pluralismo afectivo. Las políticas públicas ya no la reconocen como tal, sino que la disuelven entre «parentalidades diversas», «cuidadoras/es», «relaciones significativas». La tasa de fecundidad en Chile llegó en 2024 a 1,16 hijos por mujer, una de las más bajas del mundo. El 58 % de los nacimientos se producen fuera del matrimonio. Los hogares monoparentales se acercan al millón. El Estado no ofrece ni protección ni promoción: solo discursos vacíos y regulaciones invasivas.
En vivienda, lo prometido fue justicia social; lo entregado fue corrupción. El «caso Convenios» mostró cómo fundaciones sin experiencia, muchas ligadas a partidos oficialistas, recibieron miles de millones para proyectos inexistentes. Mientras tanto, la inversión en vivienda cayó un 2,9 %, y cientos de miles de familias quedaron atrapadas entre el alza de tasas hipotecarias y la imposibilidad de acceder a subsidios. Algunos, incluso, comenzaron a perder sus casas por no poder pagar las contribuciones.
La seguridad pública fue inicialmente negada por razones ideológicas. Se decía que hablar de delincuencia era «criminalizar la pobreza». Solo tras el asesinato de funcionarios policiales, el gobierno reaccionó. Pero fue tarde. El crimen organizado, el narcotráfico y el sicariato ya habían penetrado regiones enteras. La sensación de desprotección es casi total. La ley llegó cuando la confianza se había ido.
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El ámbito educativo, lejos de recuperar la presencialidad y el aprendizaje perdido durante la pandemia, profundizó el deterioro. Más del 40 % de los estudiantes tiene ausentismo crónico. El Simce confirmó una baja sostenida en comprensión lectora y matemáticas. Las tomas y paros fueron toleradas por el Ministerio, y la violencia escolar se normalizó. Todo mientras se implementaban programas de educación sexual con enfoque de género en preescolares, sin consulta ni mediación. La educación dejó de ser formación: se convirtió en campo de reprogramación.
En trabajo, la informalidad llegó al 26,1 %. El desempleo juvenil supera el 15 %. Las pymes siguen quebrando, asfixiadas por regulaciones, impuestos y ausencia de incentivos reales. Las empresas estatales, lejos de ser motor de desarrollo, se han transformado en agencias de empleos políticos. ENAP y Codelco presentan pérdidas multimillonarias por errores de gestión.
La economía perdió dinamismo. El crecimiento de 2023 fue de 0,2 %, y la inversión privada cayó. El país dejó de ser confiable. El gasto público ha subido sin eficiencia, y la deuda se acerca peligrosamente al 40 % del PIB. El discurso redistributivo encubre una práctica fiscal ineficaz y, en algunos casos, irresponsable.
Chile se encuentra, más que ante una crisis, ante una encrucijada
La libertad, entendida como el ejercicio responsable de la verdad, ha sido sustituida por un régimen de imposiciones simbólicas. El lenguaje obligatorio, la censura del disenso, la penalización del pensamiento crítico, la imposición de una moral estatal: todo indica que no se busca una ciudadanía libre, sino una población domesticada. El pluralismo se volvió uniforme. La disidencia, peligrosa. La religión, silenciada.
El Estado ha olvidado la raíz de su autoridad: el servicio a la persona y al bien común. En vez de gobernar con humildad, ha intentado reeducar con soberbia. Como advirtió San Juan Pablo II, «una democracia sin valores se convierte fácilmente en totalitarismo visible o encubierto» (Evangelium Vitae, n. 70). Y como dijo Benedicto XVI, «el mayor daño se produce cuando se acepta una visión antropológica que niega la verdad del hombre» (Caritas in Veritate, n. 34).
Este no ha sido solo un mal Gobierno. Ha sido un experimento ideológico con consecuencias antropológicas devastadoras. Y lo más grave no ha sido lo que se ha hecho mal, sino la visión del hombre que ha guiado lo que se ha hecho.
Chile se encuentra, más que ante una crisis, ante una encrucijada. O vuelve a afirmar la verdad de la persona humana, su dignidad, sus vínculos y su vocación al bien; o seguirá avanzando hacia una disolución del alma común, en nombre de una libertad que ya no sabe a quién sirve.
Este balance no es el cierre de un ciclo. Es el diagnóstico de un tiempo. Un tiempo que clama no por una alternancia, sino por una conversión cultural.
El futuro:
https://youtube.com/shorts/_EtY14zBA38?si=zxQItrFFEsTmthwf
El pasado:
De Yungay a Versalles
22 mayo, 2025
