POLÍTICA Y GOBIERNO:



POLÍTICA Y GOBIERNO:

Estado fallido: desidia, maldad, triunfalismo

La grave situación de Chile exige gobernantes y equipos de profesionales ajenos al cuoteo político; espíritus incorruptibles, facultados para hacerse cargo de este desastre enquistado en el corazón del Estado: parasitismo, negligencia, desidia, propios de la excelencia de las mediocridades; ambición sin límites; despilfarro, desfalco y saqueo; frivolidad e incapacidad de enfrentar el peso de los duros hechos de la realidad; peligrosa masificación de un estado de inconsciencia funcional al ejercicio del poder; socavación de la seguridad nacional; abandono del Espíritu mismo.

 

Por Lucy Oporto Valencia

 

 

El acontecer se precipita en una pendiente de descomposición institucional cada vez más peligrosa, determinada por la maldad y la insidia del crimen organizado. Al mismo tiempo, la carrera presidencial se degrada vilmente, mediante campañas asquerosas, enconándose la fragmentación y la polarización, sin opciones alternativas viables: inquina y sórdidas luchas intestinas en la derecha, sin destino; extinción del centro político; triunfalismo en la coalición de gobierno, sobre todo en el PC y el FA, con vistas a una continuidad promiscua y recalcitrante. Tal situación no favorece la gobernabilidad del país, que decae en forma latente y manifiesta.

 

Fiscales, periodistas y expertos han advertido sobre la penetración de las instituciones del Estado por el crimen organizado, y la amenaza real que esto representa. Según la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, de no enfrentarla, Chile se expone a alcanzar el punto de no retorno.

 

Para Pablo Zeballos, el crimen organizado es, esencialmente, un modelo económico, cuyo objetivo principal es rentabilizar economías ilícitas –como las derivadas de la extorsión, el sicariato y el secuestro, entre otras–, e ingresarlas a las economías formales.

 

Un estudio de la Fiscalía de Antofagasta, destacado por Carlos Basso y Paulina de Allende-Salazar, señala que las utilidades del crimen organizado en Chile ascenderán a 4 mil millones de dólares en 2025, si bien académicos estiman que éstas debieran oscilar entre 8 mil y 10 mil millones de dólares. En dos años, las utilidades de Los Orientales superaron los 4 millones de dólares sólo en el comercio sexual, obtenidas principalmente por explotación sexual de menores bajo amenaza de muerte.

 

Según Zeballos, señales de sistematización de la corrupción, en función del crimen organizado, son ya una realidad en Chile, tal cual han sido observadas en países que han caído institucionalmente, como México y Ecuador. El Estado chileno enfrenta hoy su infiltración más peligrosa. Así lo confirman los casos comprobados que involucran a funcionarios de Gendarmería, Carabineros, Ejército y Fuerza Aérea.

 

El gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, describió el proceso de entrada y salida por la frontera norte del sicario Alberto Mejía como “un círculo completo de un Estado fallido”.

 

Por otro lado, desde 2023, el número 10 del Tren de Aragua en Venezuela, fugado de la Cárcel de Tocorón, cumplía una condena de cuatro años por tráfico de drogas en la Cárcel de Valparaíso, con un nombre falso. Aunque al inicio carecía de documentación que validara su identidad, no se le tomaron las huellas dactilares.

El 23 de julio, en Sin maquillaje, Daniel Jadue (PC) –bajo arresto domiciliario por el Caso ACHIFARP– se refirió las cárceles: “El Estado burgués usa el aparato penal para disciplinar al proletariado y mantenerlo de una u otra forma a raya”.

 

Luego, a propósito de las movilizaciones gremiales, declaró: “el soberano es el pueblo y por tanto el Estado de Derecho debe servir a los intereses del pueblo y cuando no sirve para garantizar los derechos esenciales, el pueblo tiene todo el derecho y la razón para pasarse por sobre el Estado de Derecho”.

 

Ignorando la señalada fase crítica de penetración del crimen organizado en las instituciones estatales, Jadue reivindica la anomia, la lumpenización y la disolución del Estado de Derecho, pasando en silencio esa realidad y su peligro inminente. Así, sólo se fortalecerá el crimen organizado y Chile se pudrirá, reducido a la condición ignominiosa de Estado fallido, en que la vida no merece ser vivida.

 

La pretensión de Jeannette Jara de mostrarse alejada de aquella posición programática y de Jadue, es inverosímil. Ella es militante del PC, al igual que él, y fue ministra de este gobierno, cuya coalición incluye al PC. Si alcanza la Presidencia de la República, el suyo será, naturalmente, una continuación del actual, pero triunfal y aún más destructiva.

 

Ni su recurso a la cuna de mimbre –ante niños muertos en medio de balaceras y lactantes drogados con cocaína–, ni su “descomunización” estratégica, ni su anunciada “mano inteligente basada en experiencia de gobierno, en experiencia de políticas públicas” –el 24 de julio–, han refutado la violencia ostensible de las amenazas sediciosas de Jadue: su incitación a una nueva asonada e, incluso, a un golpe, para terminar de destruir las instituciones del Estado “burgués”, empezando por la Contraloría General de la República.

 

La grave situación de Chile exige gobernantes y equipos de profesionales ajenos al cuoteo político; espíritus incorruptibles, facultados para hacerse cargo de este desastre enquistado en el corazón del Estado: parasitismo, negligencia, desidia, propios de la excelencia de las mediocridades; ambición sin límites; despilfarro, desfalco y saqueo; frivolidad e incapacidad de enfrentar el peso de los duros hechos de la realidad; peligrosa masificación de un estado de inconsciencia funcional al ejercicio del poder; socavación de la seguridad nacional; abandono del Espíritu mismo.

 

La paz criminal inherente al proceso de instalación del crimen organizado, la legitimación social del narcofascismo desde dentro, la amenaza de un Estado fallido sin retorno, y la putrefacción política, evocan este pasaje universal del Leviatán (1651), de Hobbes: “la naturaleza de la guerra consiste (…) en la disposición manifiesta a ella durante todo el tiempo en que no hay seguridad de lo contrario. (…) En una situación semejante no existe oportunidad para la industria, ya que su fruto es incierto; por consiguiente no hay cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso de los artículos que pueden ser importados por mar, ni construcciones confortables, ni instrumentos para mover y remover las cosas que requieren mucha fuerza, ni conocimiento de la faz de la tierra, ni cómputo del tiempo, ni artes, ni letras, ni sociedad; y lo que es peor de todo, existe continuo temor y peligro de muerte violenta; y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve”.

Publicado por ExAnte

 

 

Un proyecto peligroso

Por Daniel Mansuy Huerta 

Quedan pocos meses para que finalice el período del Gobierno, y supongo que sus partidarios están algo decepcionados. En efecto, las promesas grandilocuentes, los sueños de transformaciones profundas y los anhelos de construir un nuevo país, todo eso quedó atrás: la nueva izquierda ha debido conformarse con administrar la realidad que tanto despreció.

Sin embargo, en el oficialismo subsiste una luz de esperanza: terminar con el CAE. Si se quiere, se trata de la última bala, del gol del honor: es la promesa imposible de abandonar. Si algo de energía aún posee la actual administración, será destinada a este objetivo. Frente a él, palidecen la crisis de educación escolar, la primera infancia, los problemas en salud, y tantas —tantas— otras urgencias. Esto explica que la fracasada campaña de Gonzalo Winter haya recurrido al CAE para tratar de animar a los suyos: fue un esfuerzo postrero por recuperar la épica perdida. Si algo une a la generación que gobierna, es esta convicción: el crédito de Lagos es la bestia negra de los treinta años.

Ahora bien, al mismo tiempo debe decirse que el esfuerzo por reemplazar el CAE constituye un buen resumen de los problemas estructurales de la administración. En primer término, porque —a pesar de ser prioridad absoluta— su envío al Congreso fue anunciado por el Presidente Boric recién en octubre de 2024. El motivo no es difícil de suponer: aunque la promesa electoral era la de condonar el crédito, el ministro Marcel fijó exigencias que demoraron la elaboración del proyecto. En términos simples: la ausencia de un trabajo previo, más allá de las consignas callejeras, acortó drásticamente los tiempos.

Con todo, ese tiempo tampoco fue suficiente. Esta semana, el Consejo Fiscal Autónomo advirtió que el nuevo sistema (FES) está construido sobre algunas premisas más que discutibles. Recordemos los aspectos centrales del proyecto. Bajo el nuevo sistema, los egresados que se hayan acogido a él deberán pagar durante veinte años un porcentaje de sus ingresos en retribución, y ese pago se hará vía declaración de impuestos. Al mismo tiempo, las universidades no podrán cobrar un copago a los nueve primeros deciles, y el precio será determinado por el Estado. La idea es evitar el déficit del crédito actual (déficit promovido por… quienes prometieron condonarlo). Sin embargo, el Consejo Fiscal Autónomo sostiene que este entramado posee varios supuestos dudosos, lo que naturalmente atenúa el argumento central (bajar la presión fiscal).

En cualquier caso, el problema no es solo de números, y las derechas harían bien en comprenderlo. El nuevo sistema propuesto por el Gobierno adolece —al menos— de dos dificultades muy serias. La primera es que los egresados deberán pagar un monto que no se condice con el costo de la carrera cursada. De hecho, las personas podrían terminar pagando varias veces el valor de sus estudios. Para llamar las cosas por su nombre, esto supone aumentar fuertemente los impuestos sobre un solo segmento, sin justificación alguna. En el fondo, se trata de un impuesto dirigido a un grupo específico, que cargará con una mochila más pesada que la del resto (¿por qué no habría de pagar también un egresado con gratuidad que haya tenido buen retorno?). La solución a este problema es tan fácil como intragable para el Gobierno: un crédito blando (con garantía de pago). Mientras el Ejecutivo no se allane a considerar esta posibilidad, o dé buenos argumentos para descartarla, podemos dudar de sus intenciones.

Esto se vincula con la segunda dificultad del nuevo sistema, que guarda relación con los efectos sobre el sistema universitario. En rigor, la propuesta oficialista busca adquirir mayor control sobre las instituciones, a través de un mecanismo tan viejo como el hilo negro: el control de los precios. En este sentido, el FES radicaliza la lógica de la gratuidad: el Estado (o, más bien, el burócrata de turno) estará encargado de determinar los ingresos de instituciones tan complejas como diversas. Desde luego, esto deja a la educación superior sometida al vaivén de factores cuando menos inciertos. Por de pronto, las instituciones deberán entrar a competir con otras prioridades sociales, para obtener fondos que les permitan realizar su labor. Por mencionar un ejemplo, ¿cómo sostendremos la investigación de alto nivel si su financiamiento debe entrar en esa dinámica? Además, ¿es razonable que las universidades deban entrar en una contienda política para que Hacienda les asigne más recursos? ¿No hay bienes valiosos que corren riesgos en ese escenario? Como fuere, el hecho es que, en la pugna por los recursos escasos, el Estado asume un poder indebido respecto de instituciones que requieren autonomía para cumplir con sus fines. El caso de Estados Unidos es un buen revelador de las ambigüedades implícitas en la idea: si las universidades se vuelven incómodas para el poder, ya sabemos lo que ocurrirá.

Sería cuando menos curioso que un gobierno, sin energías ni unidad interna, lograra aprobar un proyecto con problemas estructurales del calado que hemos mencionado. Permitir que este proyecto siga avanzando no solo equivale a regalarle un triunfo a una administración agónica, sino que también implica amenazar directamente la autonomía y el funcionamiento de las universidades chilenas. No es poco.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el domingo 27 de julio de 2025.

 

 

 

Libertad, responsabilidad y recuperación económica

Por Álvaro Pezoa Bissières

Con Jorge Quiroz como coordinador económico de la campaña de José Antonio Kast, la propuesta republicana se ha situado con fuerza en el debate de fondo: cómo reactivar el crecimiento en un país que lleva más de una década estancado. Se trata de un aporte valioso. Su programa, claro y directo, se sostiene en tres pilares fundamentales: desregulación, reducción tributaria y orden fiscal. Bajo el lema “Chile Despega”, perfila una transformación audaz que busca liberar las energías productivas del país.

El primer eje apunta a una desregulación profunda como vía para devolver dinamismo a la economía. En un entorno asfixiado por trámites, permisos y normativas que frenan la inversión y desalientan el emprendimiento, esta propuesta aparece como una bocanada de aire fresco. El diagnóstico es ampliamente compartido: la burocracia excesiva no solo enlentece o paraliza proyectos, sino que también encarece la operación de empresas de todos los tamaños. Destrabar ese nudo permitiría avanzar con mayor fluidez en actividad, innovación y empleo.

Reducir la carga tributaria, segundo cimiento, es una apuesta decidida por una agenda procrecimiento y proempleo. Se buscaría así hacer un país más competitivo, atrayendo inversión y estimulando el ahorro, sin descuidar el compromiso con los sectores más vulnerables. No se trata de desfinanciar al Estado, sino de potenciar su eficiencia: menos presión fiscal y más energía económica, situación que en el mediano plazo debería ampliar la base tributaria.

El tercer pilar propone avanzar hacia un Estado ágil y responsable. En un contexto de excesiva expansión del gasto público, se propone ordenar las finanzas, racionalizar con criterios técnicos, evaluando el impacto y la eficacia de cada programa. El objetivo es lograr que el Estado cumpla mejor su función, concentrándose en lo esencial, especialmente en seguridad, salud y educación. De hecho, un Estado más eficiente no es un Estado ausente, sino uno que responde mejor a las necesidades de sus habitantes.

Los lineamientos del plan económico republicano tienen un mérito indiscutible: presentan una visión coherente, articulada y orientada a resultados. No se quedan en la crítica, sino que ofrecen una hoja de ruta concreta, alineada con principios de libertad económica, responsabilidad fiscal y modernización institucional.

Por supuesto, llevar adelante esta agenda no estará exento de desafíos. Requerirá capacidad técnica, gestión eficaz y firme voluntad política para enfrentar resistencias ideológicas y corporativas. En este escenario, el “factor Kast” resulta clave: su liderazgo firme y coherente parece ser la mayor garantía de que la conducción económica no solo tendrá respaldo, sino también continuidad para impulsar un programa de reformas ambicioso y bien ejecutado.

La propuesta aquí analizada puede marcar un punto de inflexión. Chile necesita recuperar la senda del crecimiento, y este enfoque parece ofrecer precisamente eso: un camino hacia una mejor calidad de vida para millones de ciudadanos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el lunes 14 de julio de 2025.

¿POR QUÉ LA DERECHA TRADICIONAL SE DEJA SECUESTRAR?

Del Blog de Christian Slater

agosto 05, 2025

Nota:

He decidido publicar esta carta directamente en mi blog porque ya sé —por experiencia— lo difícil que es que este tipo de textos vean la luz en ciertos medios tradicionales, especialmente en El Mercurio y La Tercera.

En Chile, los medios tienen dueños. Y los editores, muchas veces, deben lamer la mano de quien les da de comer. No se trata de libertad de expresión, sino de conveniencia editorial. Por eso, y sin llorar, prefiero no mendigar espacios: los creo. Y si esta carta no aparece impresa en ningún diario, al menos quedará escrita aquí, para quien quiera leerla sin filtros ni permisos.

 

El dantesco espectáculo de una derecha secuestrada.

Lo que algunos trataban de presentar como una candidatura sólida, hoy ya parece un espectáculo cada vez más dantesco. Y no por las encuestas ni por el desgaste natural de una campaña, sino por la evidencia brutal de cómo los poderes de siempre han terminado por tomar el control total de una figura que alguna vez representó liderazgo, y que hoy apenas sobrevive como rostro prestado.

Primero fue Sebastián Edwards, actuando como fiscal del relato permitido, exigiendo retractaciones como si fuera el guardián moral de la opinión aceptable. Luego apareció Juan Sutil, cumpliendo exactamente lo que muchos advertimos cuando se publicó ese criticado inserto de los 167 “ciudadanos”. En esa ocasión respondí con una carta pública, que fue ampliamente difundida, advirtiendo que esos firmantes no buscaban unidad verdadera, sino blindar a la candidata del sistema: Evelyn Matthei.

Hoy, el tiempo nos da la razón. Sutil no solo llegó al comando de Matthei: llegó a reemplazarla. Y no llegó solo. También lo hizo el senador Juan Antonio Coloma. Una dupla perfecta: el empresario que representael un claro sector económico, y el político que representa los acuerdos de cúpula. Como siempre. Como Chile Vamos lo ha hecho durante décadas. Repartirse la torta. Es tan obvio… que cuesta creerlo.

Matthei, que hace unos meses intentaba mostrarse libre, firme, valiente, terminó obedeciendo. Pidió perdón, se retractó, y cedió su protagonismo. Ya no lidera. Ya no gobierna su propia candidatura. Delegó. Y al haberse faltado el respeto a sí misma, ahora cualquiera se siente con derecho a exigirle explicaciones: desde un economista con tribuna, hasta una vocera comunista. Lo que vemos no es liderazgo, es sumisión. Y eso daña no solo su figura, sino a toda la oposición.

Mientras ella busca perdones y permisos, los Republicanos —con todos sus errores— siguen siendo los únicos que no se han arrodillado ante los patrones de siempre. Y eso, en este Chile confundido, ya es un acto de coraje.

Y ojo: no todos los empresarios son iguales. Mientras algunos operan desde las sombras o desde las portadas, hay otros que actúan desde la convicción. Es el caso de Nicolás Ibáñez. No necesita cargos, ni cuotas, ni blindajes. No firma cartas ni dicta cátedras de moral. Presiona por unidad real, por listas únicas, por pactos por omisión. Y lo hace no por conveniencia, sino por Chile. Desde una plataforma distinta, sí. Pero con una claridad que hoy escasea incluso entre los llamados “líderes políticos”. En lo esencial, Ibáñez se ha comportado como uno de los nuestros: un patriota con coraje.

No hay que darle más vueltas: al menos la mitad del país quiere unidad en la derecha. Y también ya se ha dado cuenta de quién es el líder que puede lograrla. El problema no está en la izquierda. Está en esa derecha elitista que prefiere perder a ceder el control. Esos son los verdaderos enemigos de la unidad.

Y en este contexto, el liderazgo no siempre se demuestra insistiendo. A veces, se demuestra sabiendo dar un paso al costado. Porque esto, lo que estamos viendo hoy, ya no es una candidatura. Es un vergonzoso y dantesco espectáculo.

Finalmente, con respecto a la pregunta al inicio de este blog:

La derecha tradicional se deja secuestrar porque perdió su alma. Cuando se prefiere agradar antes que incomodar, cuando se busca poder sin convicción, y cuando se teme más al qué dirán que a la mediocridad política, el resultado es una derecha que no lidera: solo administra lo que otros definieron.

¿Solución? Apoyar proyectos nuevos, con identidad y coraje, que no dependan del visto bueno de los mismos de siempre.

“Mientras el pueblo aún cree en ideales, en patriotismo, en causas, en amor a la patria… los de siempre solo cantan cuando hay poder o plata de por medio.”

 

Christian Slater E.

Coronel (R) del Ejército de Chile.

Un Patriota sin Partido Político.