Cataldo, Jara y la violencia

Por Gonzalo Rojas Sánchez

Cataldo, el ministro comunista de Educación, ante los hechos gravísimos de violencia en establecimientos educacionales, ha declarado: “Nosotros condenamos absolutamente todos los hechos de violencia que se suscitan en el contexto educativo, particularmente en este caso en el escolar”.

“Contexto educativo y escolar”. Sobre esa dimensión de la violencia recayó la condena del ministro. No fueron las suyas palabras de repudio generalizado a la violencia en todas sus formas, como debieran haberlo sido si estuviera convencido de su intrínseca maldad. No, para Cataldo pareciera que la violencia –porque es ministro del ramo, además– es solo reprobable en el “contexto educativo y escolar”.

Concluir que Cataldo omitió una condena generalizada de la violencia debido a su filiación comunista, no es en absoluto exagerado o gratuito. Lo juvenil (que por supuesto, siempre ha incluido lo escolar y lo universitario), la calle y la violencia, han sido, en la teoría y en la práctica de los comunistas, tres elementos que se han articulado hasta necesitarse absolutamente. No puede haber juventud auténtica sin violencia en la calle; no debe consolidarse la tranquilidad burguesa de las calles, para lo cual existe la violencia juvenil y, finalmente, han de ser imprescindibles los actos de violencia juvenil en las calles para hacer la revolución: ayer, hoy y siempre.

Ahí han estado las JJCC, en la revuelta de plaza Bulnes del 46, en la revolución de la chaucha del 48, en el sangriento 2 de abril del 57, en el enfrentamiento con un mirista muerto en el 70, en el asalto a Ingeniería de la U. de Chile el 71, en la batalla campal de la PUCV el 73, en las revueltas poblacionales de 1983-5 y en la ofensiva del Parque O’Higgins, con Juan Pablo II presente, el 87… y en tantas otras oportunidades, así hasta hoy.

Lo notable es que Cataldo sabe que detrás de las actuales revueltas escolares no están las JJCC, sino grupos del PCR trotskista y de los más variados sectores anarquistas. Competencia directa de las fuerzas juveniles comunistas, Cataldo ha descartado el valor político de esa violencia extrínseca al PC, afirmando “que no se romantice algo que no es romántico”.

Pero para Jara, la candidata de Cataldo, el Che Guevara sí que practicó una violencia romántica, tan admirable, que ella misma coordinó el homenaje en Chile a los 30 años de la muerte del criminal guerrillero argentino.

Así es. Cuando la violencia –partera de la historia decía Marx– está bajo control comunista en tiempo y lugar, entonces sí es romántica y redentora.

Lo que el país necesita es un Congreso respetable.

Por Sergio Muñoz Riveros

Ex-Ante

Imagen del 12 de agosto del hemiciclo del Senado. Foto: Agencia UNO.

¿Qué hacer para que el país tenga un Parlamento que sea apreciado por la población, que legisle con sentido nacional y contribuya a perfeccionar el Estado de Derecho? Ante todo, volver más estricta la selección de candidatos, lo que exige cerrar el paso a los carreristas y aventureros, a los incompetentes y, ciertamente, a los inescrupulosos. Se trata de impedir que los partidos se conviertan en pymes, donde predomina el intercambio de favores para repartir puestos y prebendas.

A propósito de la discusión generada por José Antonio Kast acerca de cuán relevante o irrelevante es el Congreso, parece útil reparar no solo en las atribuciones que le asigna la Constitución, sino en el papel que jugó en los momentos críticos vividos por el país en los años recientes, en los que su actuación fue negativamente relevante. Las fuerzas que acompañan a Boric deberían sonrojarse por lo menos respecto de cuánto contribuyeron a ello.

En la historia del Congreso quedará registrada la deshonrosa forma en que actuaron muchos de sus miembros en 2019, cuando renunciaron a defender el orden democrático, validaron la violencia y promovieron el derrocamiento del presidente legítimo. Quedará registrado también el vergonzoso aval que dieron a la renuncia de la potestad constitucional del Congreso en favor de una especie de asamblea constituyente, la estrafalaria Convención, lo que pudo haber llevado al país a un gigantesco desastre.

No es posible pasar por alto ante la prolongada degradación del republicanismo en el seno del Congreso, expresada por ejemplo en la demagogia sin límites en los días de la pandemia, en la aprobación de proyectos de ley inconstitucionales, en el llamado parlamentarismo de facto, en los retiros de fondos previsionales, en el tráfico de influencias, en el cuestionamiento del voto de los extranjeros por grosero cálculo electoralista, etc.

Muchos de los vicios de la vida política están ilustrados por la acción moralmente desinhibida de los parlamentarios. Es verdad que se comete una injusticia si se les echa a todos en el mismo saco, puesto que no son pocos los diputados y senadores que cumplen con su deber y legislan a conciencia. Por desgracia, los que hacen noticia son aquellos cuyo único principio es mantenerse en el cargo como sea.

Como se sabe, la mayoría de los actuales parlamentarios competirán este año por la reelección. Varios no podrán hacerlo, pero no porque les falten ganas, sino porque cumplieron los períodos permitidos, tres en el caso de los diputados y dos en el caso de los senadores. Como la vocación es poderosa, algunos exsenadores se sacrificarán como postulantes a una diputación.

Muchas veces, frente a la conducta de algún parlamentario, nos hemos preguntado cómo fue que esa persona llegó a un cargo para el que carece de competencia, qué tuvo que ocurrir para que quedaran en sus manos ciertas decisiones fundamentales para la vida nacional. Imposible no reparar, por ejemplo, en lo ocurrido con el Partido de la Gente, fundado por Franco Parisi, que en la elección de 2021 consiguió elegir 6 diputados, todos los cuales fueron abandonando sus filas en diversas direcciones. Un auténtico récord de transfuguismo. Y Parisi, relajado, candidato presidencial de nuevo.

Es una lástima que en la elección de senadores y diputados no exista la segunda vuelta, como en la elección presidencial, lo que, en ciertos casos, podría dar a los electores la oportunidad de elegir el mal menor. Salvo que el SERVEL objete una postulación por no cumplir las exigencias legales, las cartas ya están echadas para la elección del 16 de noviembre: ese día se elegirá el total de diputados (155) para los próximos 4 años, y casi la mitad de los senadores (23) para los próximos 8.

¿Qué hacer para que el país tenga un Parlamento que sea apreciado por la población, que legisle con sentido nacional y contribuya a perfeccionar el Estado de Derecho? Ante todo, volver más estricta la selección de candidatos, lo que exige cerrar el paso a los carreristas y aventureros, a los incompetentes y, ciertamente, a los inescrupulosos. Se trata de impedir que los partidos se conviertan en pymes, donde predomina el intercambio de favores para repartir puestos y prebendas.

El sufragio universal no opera en el aire. La oferta de opciones es absolutamente crucial. Por lo tanto, se vuelve determinante el mayor o menor rigor con el que los partidos evalúen el perfil moral, intelectual y cultural de quienes los representarán. Y no se trata de un asunto de diplomas, pues ya sabemos que se puede ser doctor en Derecho y pillo al mismo tiempo.

El más reciente capítulo de desinhibición política y ética ligada al negocio parlamentario lo protagonizó la Democracia Cristiana, o lo que queda de ese partido. La decisión de apoyar a la candidata presidencial del PC estuvo condicionada en primer lugar por las urgencias personales de Huenchumilla, Provoste, Aedo y los demás para conseguir que el oficialismo les ayude a ser reelegidos. Las explicaciones “idealistas” que han dado compiten en descaro.

Hay que sanear las costumbres políticas, y ello exige combatir las formas específicas de disolución moral que, lamentablemente, han arraigado en numerosas instituciones. Es indispensable elevar las exigencias respecto de la Presidencia de la República, el Parlamento, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las FF.AA., Carabineros, la PDI, Gendarmería, etc. Y no olvidemos ni por un momento la amenaza corruptora del crimen organizado.

La sociedad civil debe potenciar su capacidad crítica frente a la actuación de quienes ejercen cargos públicos. Necesitamos un Congreso en el que los ciudadanos podamos confiar, sobre todo si la democracia vuelve a correr peligro en los años que vienen.

Sobre los dichos de Kast

Por Andrés Montero

Habiendo sido testigo presencial del seminario, en el que el candidato José Antonio Kast afirmara que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan”, parecen exageradas y fuera de contexto algunas reacciones publicadas en El Mercurio de ayer. Me refiero a lo mencionado en una columna por el rector señor Carlos Peña y a una carta al director del rector de la Academia de Humanismo Cristiano, señor Álvaro Ramis.

Lo primero es aclarar que jamás José Antonio Kast afirmó que “gobernaría por decreto”, como lo insinúa el rector Peña. Sorprende la capacidad del columnista para inmiscuirse en la mente de Kast al afirmar que “su inconsciente habló y casi insinuó que no necesitaría del Congreso”.

Kast expresó que el Congreso es importante, pero jamás afirmó que fuera irrelevante. No tan relevante no es sinónimo de irrelevante. Lo que transmitió Kast acertadamente en su exposición es que la marcha de un gobierno obliga a ejercer las funciones y a resolver los problemas, que muchas veces quedan “atascados” en la función legislativa. Esta realidad la comparte una gran mayoría de los chilenos, de distintos sectores políticos.

En relación con lo expresado en su carta por Álvaro Ramis, este se equivoca al concluir de las palabras de Kast que el candidato “podría saltarse al Congreso”. Todas las encuestas de opinión evalúan, lamentablemente, muy mal, a nuestro Congreso. Afirmar que “la lentitud de la democracia es, de hecho, su mayor fortaleza”, parece un contrasentido. Kast busca, al contrario de lo entendido por Ramis, no erosionar las instituciones, sino más bien hacerlas más eficientes.

Quien merece reconocimiento es el senador Luciano Cruz-Coke, quien en un primer momento condenó los dichos de Kast, pero más tarde y al evaluarlos con calma, reconoció que Kast nunca afirmó que gobernaría por decreto. Sería bueno que tanto Peña como Ramis emularan a Cruz-Coke y reconozcan su error de apreciación.

Recordemos el histórico mensaje de Su Santidad Juan Pablo Segundo: “Los pobres no pueden esperar”. La lentitud de los gobiernos, de los congresos y de un Estado ineficaz, posterga la esperanza de los más pobres y necesitados.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el jueves 14 de agosto de 2025 como carta al director.

Kast, la Constitución y las leyes

Por Jorge Baraona González 

Carlos Peña no explica que la actual Constitución le da la razón a José Antonio Kast, al dotar con vigor la potestad reglamentaria del Presidente de la República.

Tampoco hace ver que los más entendidos en gobernabilidad en Chile detectan que el sistema electoral ha llevado a tener un Congreso disperso (muchos partidos y facciones), poco eficiente (Marcel lo acaba de afirmar, a propósito de que se quiere eliminar la UF) e ineficaz (se legisla tarde y a veces mal, basta ver el enredo creado con la última reforma a las AFP). Incluso, bajo el gobierno de Piñera II se hablaba de un parlamentarismo de facto.

Por último, el columnista parece no comprender bien lo que prescribe el inciso segundo del art. 24 de la actual Constitución, respecto de la autoridad que se le confiere al jefe de Estado:

“Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes”.

Esta norma le da la razón a Kast, y, especialmente en lo que se refiere al orden público, es la que claramente no ha cumplido el actual mandatario y no se puede culpar por ello al Congreso. El Presidente no necesita de la venia del Parlamento para estos efectos. Para cuidar del orden público debe respetar la Constitución y las leyes, y es lo que dijo Kast que haría.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el sábado 16 de agosto de 2025 como carta al director.

Los decretos y la verdad

Por José Tomás Hargous Fuentes

Esta semana se armó la grande con una breve intervención de José Antonio Kast en el XXI Seminario de Moneda Patria Investments 2025. El problema no fue lo que dijo, sino lo que otros entendieron o quisieron entender que dijo. El que levantó la alerta sería el diario El Mostrador. Si bien más tarde corregirían la nota –”el verbo ‘saltarse’ para hablar de la relación que establecería el candidato Kast con el Congreso” no correspondía “literalmente a sus dichos, sino a una interpretación” realizada por el medio, aseguraron para enmendar parte de su error–, el verdadero problema fue en otra “interpretación”: el periódico digital, conocido por sus ideas de izquierda y con un amplio portafolio de sacar de contexto al fallecido ex Presidente Sebastián Piñera, osó decir que “Kast apuesta a gobernar con decretos” porque dijo que “El Congreso no es tan relevante como se imaginan”.

Si bien los otros medios que recogieron la polémica no se sumaron a la hermenéutica tendenciosa de El Mostrador, el daño ya estaba hecho. Incluso académicos de renombre como Carlos Peña cayeron en la trampa del diario y pisaron el palito, elaborando una enrevesada argumentación de que el “inconsciente” había traicionado al candidato y que abría “una rendija autoritaria y ha confirmado que, en el fondo, late en él un espíritu iliberal”. Como cualquier intérprete serio, con buena fe y un básico conocimiento jurídico podría haberse dado cuenta, José Antonio Kast en ningún momento dijo que iba a gobernar por decreto. De hecho, dijo exactamente lo contrario. Como haría Jack el Destripador, vamos por partes.

El problema comenzó cuando sostuvo que el Congreso “es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan”. Si bien la frase no es muy afortunada, en ningún caso significa que pasará a llevar al Poder Legislativo. “No necesitamos más leyes para aplicar la ley”, volvió a decir. Profundizando en su argumento, o aclarando el punto, explicó que “Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica”. “Nosotros vamos a aplicar la ley, vamos a aplicar los plazos que están establecidos”, reforzó. La situación actual “requiere voluntad y carácter y nosotros eso lo vamos a aplicar. Por lo tanto, la gobernabilidad, no se preocupen, no va a haber ningún problema y todo va a estar bien”, remató. Justamente, Kast se refería a cómo el Estado, en vez de facilitar que el país se ponga en marcha, obstruye a los privados que intentan aportar al bien común: “Por eso cuando hablaba del tema de la facilitación regulatoria, y les lleva a la pasada el concepto de las guías ambientales, la guía ambiental no es ley”, continuó.

Como puede verse, El Mostrador mintió en su titular. Ninguna de las citas transcritas por el autor de la nota ni en el extracto audiovisual publicado permite concluir que Kast anunció que iba a gobernar por decreto. Pareciera un intento desesperado por desacreditar al candidato con más opciones de ser el próximo Presidente, inventando una deriva autoritaria e iliberal que no tiene ningún asidero tiene en la realidad. Incluso en el mismo debate Kast criticó al Congreso por medidas “que cayeron en el populismo y que traspasan los límites de lo que le corresponde a los parlamentarios”, como los retiros de los fondos de pensiones, medidas abiertamente inconstitucionales.

El argumento de Kast iba por reforzar dos puntos complementarios. El primero, hacer cumplir la ley frente a un Congreso que legisla lo que no le compete y un Poder Judicial que legisla en vez de hacer justicia. El segundo, que gobernar no es legislar y que no es necesario presentar nuevos proyectos de ley cuando tenemos decenas de miles de leyes vigentes y no todas se aplican en la actualidad. Comúnmente se olvida que la atribución más propia del Presidente no es legislar. El Poder Legislativo es compartido por el Congreso y el Presidente –en su calidad de colegislador, por la cual presenta, promulga y veta leyes, prueba decretos con fuerza de ley, etc.–, pero el Presidente también es cabeza del Poder Ejecutivo, dotado de potestad reglamentaria. El Mandatario, como recordó Tomás Mosciatti, tiene la potestad de gobernar mediante instrucciones, decretos, reglamentos, etc.

Como la Constitución vigente establece, “El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado” y “Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes” (art. 24).

En concreto, “Son atribuciones especiales del Presidente de la República” las enumeradas (21 en total) en el artículo 32, entre ellas: “Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas”; 2) “Pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional”; 3) “Dictar, previa delegación de facultades del Congreso, decretos con fuerza de ley”; 4) “Convocar a plebiscito […]”; 5) “Declarar los estados de excepción constitucional […]”; 6) “Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes”; 7) “Nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales regionales y delegados presidenciales provinciales”, así como “Designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y a los representantes ante organismos internacionales”, todos los cuales son cargos “de la confianza exclusiva del Presidente de la República”; 8) “Nombrar al Contralor General de la República con acuerdo del Senado”; 9) “Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y a los jueces letrados, a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente; a los miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde designar; y a los magistrados y fiscales judiciales de la Corte Suprema y al Fiscal Nacional, a proposición de dicha Corte y con acuerdo del Senado, todo ello conforme a lo prescrito en esta Constitución”; 10) “Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al ministerio público, para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación”; 11) “Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso”; “Designar y remover a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros”, así como “disponer los nombramientos, ascensos y retiros de los Oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros”, “Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional”, “Asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas”, y “Declarar la guerra, previa autorización por ley, debiendo dejar constancia de haber oído al Consejo de Seguridad Nacional”; 12) “Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley”; y 13) “Disponer, mediante decreto supremo fundado, suscrito por los Ministros del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto, determinando aquella que debe ser protegida”.

Como puede verse en esta larga enumeración, incompleta, nuestro ordenamiento jurídico da un amplio margen de acción al Presidente de la República, por lo que no es excusable la incapacidad de gobernar alegando minoría en el Congreso. Como dijo Kast, si bien “el Congreso “es importante”, “no es tan relevante como se imaginan”. A pesar de la mentira, Kast tenía razón. Como en 2017, las propuestas republicanas se basan en “La Pura Verdad”, sin la cual no podremos “Volver a Creer”. Ése es el primer paso para el “Cambio Radical”. REcuperar Chile parte por REcuperar el Estado de Derecho. Antes que promover nuevas leyes, aunque necesarias, urge cumplir y hacer cumplir la ley, tal como ha hecho la contralora Dorothy Pérez.

Jara y decretos

Por Fernando Claro 

Carlos Peña reclama por la dificultad de argumentar con tecnicismos en estos tiempos electorales, tiempos en los que domina la emocionalidad y las sobreinterpretaciones, en vez de la racionalidad. Él clama por esa cordura, ya que sería urgente para una sana deliberación pública. Sin embargo, la discusión sobre los dichos del candidato presidencial José Antonio Kast, se inició acá porque él hizo justamente lo contrario: no los analizó literal y racionalmente, sino que los interpretó desde una especie de psicoanálisis. La idea de Kast de buscar mejorar la vida de los chilenos a través de leyes, pero también por la vía reglamentaria, por la simple acción, por la aplicación de leyes, y por tantas otras más vías que no necesitan del Congreso, sería técnicamente impecable, pero peligrosa en la realidad. Según Peña, y a pesar de que Kast ni siquiera nombró la palabra decreto, al mencionar estas ideas, “su inconsciente habló y casi insinuó que no necesitaría el Congreso”, lo que sería “grave…[porque nos devela] su pretensión de gobernar por decreto… Ha dejado ver su rendija autoritaria… y, en el fondo, late en él un espíritu iliberal”.

No voy a repetir lo que ya escribí en este diario el jueves, sobre lo evidentemente inofensivas de las palabras de Kast si se analizan racionalmente, de buena fe, y considerando el contexto del evento donde lo dijo. Más aún si consideramos esta época donde el deprimente término “permisología” copa los titulares y, más doblemente aún, si Evelyn Matthei dijo exactamente lo mismo, el mismo día y en el mismo lugar, y nadie hizo una alharaca —y la mano derecha de Jeannette Jara, Daniel Núñez, también dijo lo mismo, hace unas semanas (pero incluso explicitando que utilizaría decretos).

Carlos Peña, sin embargo, vuelve a la carga. Primero, revisa algo de historia y la técnica jurídica de los decretos y, luego, insiste sobre lo evidente de la peligrosidad de los dichos de Kast, ahora ya no apelando a su inconsciente, sino a que Kast “ha sido apoyado por quienes catalogan a la derecha liberal, [como] ‘derecha cobarde’”, y a que asistió a un evento conservador fundado por los conservadores estadounidenses en 1974, pero cuyo anfitrión presidencial este año, 2025, habría “aprobado leyes para gobernar por decreto”.

La racionalidad, según Peña, a la hora de analizar las candidaturas de Kast, Matthei o Jara, entonces ya no tiene que ser aplicada a sus dichos contextualizados o a su ideología —recuerden que Peña ha insistido en que no importa la ideología comunista de Jara, ideología que de hecho trae implícita la idea de gobernar por decreto, sino que lo que importa es su programa y su coalición—, sino a analizar atentamente lo que dicen o gritan sus votantes y a pasar revista a quienes hacen de anfitriones a sus comidas, fiestas o eventos. Y de paso, tenemos que espantarnos por quienes muestran la voluntad de hacer aplicables las leyes, como, por ejemplo, acaba de hacer recién Dorothy Pérez.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el sábado 16 de agosto de 2025.