Baltazar Garzon persona non grata en Chile

Por Diputada Camila Flores

Corrupción!

Por Álvaro Pezoa Bissières 

El affaire Fundación Democracia Viva es la punta del iceberg de una trama mayor de irregularidades en el uso de los recursos públicos. ¡Lamentable! Porque en este caso lo único claro es que en Chile se utilizan fondos fiscales, recabados de los impuestos aportados con esfuerzo por millones de ciudadanos, para fines particulares y partidistas, distrayéndolos de su destino al bien común. También, porque este ilícito se suma a una ya larga lista de casos de corrupción anteriores. Las últimas décadas han sido tristemente “prolíficas” en la materia.

La falta de probidad va en aumento y se va haciendo cada vez más habitual, esto es, un auténtico vicio. Entretanto, se esgrimen disculpas pueriles, o se le echa sistemáticamente la culpa al empedrado. Entre las primeras, se aducen rápidamente inocencias, desconocimientos o “montajes” en contra; si es menester, incluso provenientes de los socios en política. Dentro de las segundas, el mal siempre recae en las deficiencias estructurales: en las leyes, en la institucionalidad, en los sistemas de transferencias de fondos, en los controles, en los incentivos, etc. Nunca -o casi- en las personas involucradas, seres libres vale la pena recordar, que actúan inmoralmente. A estas alturas son poco creíbles, por recurrentes, las explicaciones angelicales que ofrecen los afectados por las denuncias (quienes en realidad han sido los “beneficiados”).

Situados frente al contexto descrito, hay quienes aún se niegan a aceptar la verdad. Las argumentaciones que intentan dar sustento a sus ingenuidades, aunque esgrimidas con majadería, suelen ser insuperablemente débiles. Es frecuente escuchar, por ejemplo, que los montos en disputa son relativamente bajos, puesto que en otras latitudes se “roba” más, y están acostumbrados, nosotros no; por lo tanto, magnificamos. Y, así, toda laya de sandeces afines.

En fin, encontramos sugerencias para todos los gustos: que hay que estrechar filas (¿en torno a qué o quién cabe cuestionarse?), que no es correcto sacar provechos mezquinos denunciando a los involucrados, que debemos abordar el tema en forma general y con altura de miras (las más de las veces, ésta constituye una abierta invitación práctica a no mirar o, como mucho, a conformar alguna nueva comisión ad hoc), que existe un estudio internacional donde aparece nuestra nación relativamente bien “rankeada” en materias de percepción de corrupción en el sector público (triste consuelo: hay otros peores que nosotros). Es decir, mejor no hacer valer la ley y las responsabilidades.

Si no queremos ver a Chile convertido en un país doblegado ante la gangrena de la corrupción es, por cierto, imprescindible trabajar en mejorar todo aquello que sea preciso para estos efectos. Sin embargo, el paso inicial ineludible es llamar las cosas por su nombre, decidirnos por una necesaria limpieza quirúrgica en todo lugar donde se requiera, desenmascarar a los responsables, enjuiciar y penalizar a los ¡corruptos! (decídase a creerlo, los hay y son victimarios, no víctimas), a hacer efectivo de una vez por todas aquello de “cayere quien cayere”.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el sábado 8 de julio de 2023.

Caso Convenios: ¿una cuestión de subsidiariedad?

Por Juan Pablo Meier 

A propósito del “Caso Convenios”, algunas voces de izquierda han tratado de sostener que el problema de fondo radicaría en la subsidiariedad del Estado, ya que, según ellos, en virtud de ese principio es que el Estado delega funciones en particulares, para lo que debe traspasar recursos. La solución para ellos sería que el aparato estatal concentre en su administración el desarrollo de estas actividades, como eventualmente sería en un Estado social y democrático de derecho.

Esta idea que se ha tratado de instalar desconoce la esencia de la subsidiariedad, la que consiste en que las personas tengan el espacio y la libertad para crear y desarrollar proyectos, y que el Estado apoye esas iniciativas cuando lo necesiten y sirvan para el bien común. En este sentido, la colaboración público-privada puede ocurrir en el seno de un Estado subsidiario, pero siempre que dicha agrupación persiga una finalidad de bien común que deba recibir el auxilio del poder político. No porque el Estado “delegue” parte de sus “funciones” exclusivas, sino que son actividades que por definición corresponden a las personas y los cuerpos intermedios, quienes puntualmente requieren de apoyo estatal.

En segundo lugar, la afirmación de que esto se solucionaría con un modelo de Estado social fuerte es del todo cuestionable, ya que en dicho modelo también existe la colaboración público – privada, por lo que no existiría la muralla inquebrantable que impediría que fondos del Estado lleguen a organizaciones privadas.

Hay que considerar además, que todos los traspasos cuestionados se realizaron a fundaciones que, a modo de pantalla, formaron parte de un mecanismo para obtener fondos del Estado. Método que entre otras artimañas incluía la parcelación de pagos para saltarse el control de Contraloría. Es decir, se armó una estructura destinada a conseguir recursos del Estado, que se deberían emplear en auxiliar a los más necesitados, con el objetivo de financiar fundaciones con fines netamente políticos.

Si el Estado, para alcanzar ciertos fines requiere la cooperación de la sociedad esta se debe hacer con un control claro, estricto y transparente, porque en definitiva que se produzcan graves hechos de corrupción como los conocidos nada tiene que ver con el Estado social o subsidiario sino con grupos de personas que abusando del sistema, defraudando la confianza entregada a la sociedad civil y torciendo las normas, se aprovechan de la institucionalidad para promover fines propios que no contribuyen al bien común.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Radio Agricultura el viernes 7 de julio de 2023.