Para los que se preguntan cómo reducir los gastos del Estado, aquí unos pocos ejemplos:

La nómina de sueldos (millonarios) del Instituto Nacional de DD.HH.:

Documentalista del gobierno de Bachelet se adjudica $602 millones del CNTV para miniserie sobre “cuatro amigos socialistas”

Esta semana el Consejo Nacional de Televisión dio a conocer a los 17 ganadores de los fondos que reparten todos los años para distintas producciones. La directora Tatiana Gaviola, de dilatada trayectoria y que estuvo envuelta en una polémica cuando fue contratada por La Moneda para realizar la memoria audiovisual del segundo gobierno de la ex Mandataria, fue una de las seleccionadas para llevar a cabo su proyecto de miniserie de ficción política “¿Has visto a Pablo?”.

por Renato Gaggero11 octubre, 2025

“¿Has visto a Pablo?”. Ese es el título de la miniserie de ficción política basada en hechos reales, dirigida por la cineasta Tatiana Gaviola, que esta semana se adjudicó un fondo del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por $602.185.490.

La producción, que fue una de las 17 ganadoras de fondos entre más de 230 proyectos que concursaron (ver ganadores aquí), “narra la historia de Aníbal, Isabel, Carlos y Pablo, cuatro amigos socialistas en los años 70, separados por la dictadura y una supuesta traición”, dice el comunicado del CNTV.

Imagen de “¿Has visto a Pablo?”

“Cincuenta años después, Aníbal cree ver a Pablo, el compañero desaparecido, y junto a Isabel inicia una búsqueda que reabre viejas heridas. La serie alterna entre el presente y flashbacks de su juventud, planteando dudas sobre la verdadera identidad de Pablo y su rol durante la represión. Una historia íntima y vibrante que rescata la memoria histórica, el trauma de los detenidos desaparecidos y la necesidad de justicia”, se agrega.

A pesar de tener una dilatada trayectoria como cineasta y documentalista con piezas como “La mirada incendiada” -que relata la historia de Rodrigo Rojas de Negri-, “Teresa”, “Mi último hombre”, “Magnicidio” -que aborda el supuesto asesinato del Presidente Eduardo Frei Montalva un año antes de que la Corte Suprema descartara esa tesis- y “Ángeles” -esta última con una trama similar a “¿Has visto a Pablo?”, pues narra la historia de un grupo de amigos de izquierda que estudian en la universidad a inicios de los años 70 y que, tras la caída del gobierno de Salvador Allende, algunos son detenidos y desaparecidos-, Gaviola tuvo un cuestionado paso por el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

Los contratos para el registro audiovisual del gobierno de Bachelet

En febrero de 2016 salió a la luz pública que Gaviola había sido contratada por Presidencia para la realización de un documental sobre la segunda administración de Michelle Bachelet.

Si bien en un principio se habló de un acuerdo de $40 millones para esos fines, una investigación de El Líbero dio cuenta que la confección del documental tendría un costo mucho mayor.

En noviembre de 2014 Presidencia contrató a honorarios a Tatiana Gaviola por un monto de $3.382.500 como asesora de la dirección administrativa, a cargo de Cristián Riquelme. Pero el vínculo a través de ese formato se extendió sólo hasta el 31 de diciembre de ese año ($6.765.000 en total).

Tatiana Gaviola

Según fuentes de ese gobierno que estuvieron siguiendo el tema desde cerca, siempre estuvo contemplado que Gaviola trabajara en la realización de un registro audiovisual sobre el mandato de Bachelet.

En mayo de 2015, Riquelme, que era el administrador de La Moneda, habría ideado otra fórmula para pagar por sus servicios. Mediante la resolución exenta N°1121 (ver aquí), que firma el 14 de mayo, Presidencia volvió a contratarla por trato directo a través de su empresa Gaviola y García Producciones de Cine y TV LTDA. En el documento se señalaba “la necesidad de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, de contratar los servicios de edición documental, consistente en la selección, organización y montaje del material audiovisual disponible en la cámara presidencial de la Dirección de Prensa de la Presidencia de la República, que testimonie la gestión presidencial de S.E. Presidenta de la República a través de los hitos más relevantes”.

Más adelante se detallaba que la empresa de Gaviola –era dueña del 95% de sus acciones- debería entregar un documental de una hora de duración en un disco duro y cinco copias en formato DVD, material por el que se le pagarían $24.800.000, en dos cuotas.

Entre julio y diciembre de 2015, la cineasta volvió a ser contratada vía honorarios por el mismo salario de antes: $3.382.500 (recibió 20.295.000 en total).

Y el 31 de diciembre de 2015, mediante resolución exenta N°3080 (ver aquí) firmada por Riquelme, se le volvió a contratar por trato directo. Pero esta vez no a su empresa, sino que a Tatiana Gaviola como persona natural. ¿La misión? La misma de antes: “Realizar la Memoria Presidencial en formato audiovisual, que permita mantener el registro de la gestión del Gobierno de S.E., la Presidenta de la República, con una vigencia de 12 meses a contar del 01 de enero de 2016”. Todo, por un monto de $40.000.000.

El formato de contratación fue cuestionado por expertos en transparencia y compras públicas, quienes advirtieron que los contratos estaban rozando la ilegalidad. De hecho, Cristián Riquelme tuvo que dejar su cargo días después de que estallara la polémica.

La oposición de ese entonces recurrió a la Contraloría para que se dejara sin efecto el contrato, pero en el buscador del ente contralor no figura publicado ningún dictamen que entregue luces de que se haya revertido la contratación. En el portal de Transparencia de la Presidencia de la República, en tanto, no figuran los datos de contrataciones de los años anteriores a 2018 para ver si Gaviola siguió contratada tras la polémica. Pero todo indica que sí.

¿Qué ocurrió con el documental?

El año 2020 el medio Interferencia consultó a Gaviola por el documental. Según la publicación, “Gaviola aclaró haber entregado el documental a finales del periodo presidencial de Bachelet, es decir, a comienzos de 2018. Además, agregó no recordar el nombre específico del departamento o unidad donde hizo entrega del material”.

En marzo de 2016, un mes después de la polémica, la propia cineasta explicó en revista Sábado en qué consistía el trabajo que estaba realizando para la Presidencia. “Se creyó que esto lo iba a empezar a hacer ahora, para este año, y no es así. Yo lo vengo trabajando desde fines de 2014 y lo terminaré en marzo de 2018. Semestralmente entrego material audiovisual de aproximadamente una hora de duración cada uno, con todo lo que se hizo esos meses en cuanto a gestión presidencial (de Bachelet). Esos dos semestres luego los sintetizo en una hora. Y, a su vez, los cuatro años de gobierno estarán sintetizados en una hora y media, de manera que puedas ver, temáticamente, qué se hizo en el período”, dijo.

Ahí aclaró que lo que ella hacía no era un documental propiamente tal: “No es para ser proyectado públicamente. La idea es que quede en La Moneda como patrimonio. Y cuando mires en perspectiva este período puedas tener material de base para investigar lo que fue la reforma educacional o el tema de las relaciones internacionales. Está muy lejos de ser propaganda política. No tiene nada que ver. Quien lo mire se va a dar cuenta de que no está construido como documental propagandístico o promocional”.

Además de las fundaciones truchas y contrataciones infundadas.

Rolf Lüders: “Es posible técnicamente rebajar el gasto fiscal en 6 mil millones de dólares en un año y medio”

Marcelo Soto

El economista Rolf Lüders, exministro de Hacienda de Augusto Pinochet y uno de los pilares de los Chicago Boys, es una voz autorizada en el mundo económico liberal. En esta entrevista, analiza algunos tópicos de la campaña presidencial y desmenuza el presupuesto anunciado por Boric. Dice que bajar US$ 6 mil millones es posible, pero advierte que el ejemplo de Milei demuestra la necesidad de negociar políticamente.

-¿Usted cree que es posible rebajar 6 mil millones de dólares en un año y medio en el gasto público como plantea Kast? Evelyn Matthei dijo que “no se llega ni por un lado”.

-No cabe la menor duda que Chile requiere de una reforma del Estado que aumente su eficiencia y genere un superávit que permita reducir paulatinamente su deuda y repletar los fondos de reserva de los cuales en algún momento gozamos.  Respondiendo a su pregunta y en estricto rigor, claro que es posible técnicamente rebajar el gasto fiscal en esos 6 mil millones de dólares en un año y medio y es más, una medida así va en la dirección correcta.

La pregunta del millón es si eso se puede lograr políticamente en el Chile de hoy. Quizás sea útil tener en cuenta que un ajuste probablemente de similar magnitud relativa e incluso mayor, lo acaba de hacer en Argentina, en unos pocos meses, Javier Milei, pero -al parecer- con un importante costo político, por lo que está en peligro su programa de reformas.

-Se ha criticado que este gobierno usa el aparato estatal para financiar amigos o pagar favores. ¿Hay un exceso de burocracia que podría ser erradicada?

-Así es y existen varios estudios recientes que cuantifican ese exceso de burocracia. En Chile, como norma y desde algunas décadas, cada nuevo gobierno ha contratado personal de su confianza, sin despedir el personal existente en esas funciones.  A menudo este nuevo personal se ha contratado para administrar nuevos programas sociales –hoy hay unos 600 de estos- muchos de los cuales son muy mal evaluados, pero no se descontinúan porque gozan de apoyo político cruzado.

–Laura Albornoz, por ejemplo, ha sido objeto de críticas por mantener su cargo en el directorio de Enap y, al mismo tiempo, desempeñarse como vocera de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara. ¿Observa una falla en esta materia?

-Lo prudente en este caso –donde Laura Albornoz al parecer está jugando un rol muy importante en el comando de Jeannette Jara- sería que ella al menos hubiese suspendido su participación en el directorio de ENAP durante el período de la campaña presidencial.

La norma en Chile es que los directores independientes de empresas tienden a ser de tiempo parcial, es decir, que realizan otras actividades además de los directorios. Esta práctica incluso enriquece la labor del director.  En estos casos, el comportamiento ético consiste en que el director se abstiene de participar y votar en casos de conflicto de interés, como podría ser el de Laura Albornoz en esta oportunidad.

–El último Imacec fue de 0,5%. ¿El gobierno de Boric tendrá el menor promedio de crecimiento desde la transición?

-Puede que eventualmente ello resulte ser así, pero eso no es lo importante. No se trata –si deseamos salir de la trampa de los países de ingreso medio- de crecer económicamente unas pocas décimas más o menos que bajo un gobierno de otro signo, sino de crecer al menos unos dos puntos anuales más.  Lo anterior es posible como se sostiene en El Puente (un grupo de economistas chilenos que busca reactivar el crecimiento económico del país).

Pero requiere voluntad transversal para adoptar las medidas necesarias para crecer económicamente, voluntad que hasta hace poco no existía.  Es más, incluso algunos abogaban por el decrecimiento.  Ahora, afortunadamente, el ambiente parece haber cambiado y al menos los principales candidatos presidenciales, tienen el crecimiento económico y la generación de empleo entre sus dos o tres prioridades.

-Jeannette Jara presentó su programa donde insiste en el sueldo vital de 750 mil pesos. 

-Es cierto que la candidata insiste en el salario vital de 750.000 pesos mensuales, pero ahora propone evitar sus efectos negativos sobre el costo de la mano de obra, y por ende sobre el empleo, mediante una transferencia fiscal a las pyme que compense tal alza de costos.  Es decir, traslada el problema del mercado laboral al fisco. Se trata, además, de un pon y quita engorroso administrativamente. Si se desea asegurar que las personas gocen de un ingreso mayor al que clarea el mercado de trabajo, sería mucho más eficiente hacerlo mediante un impuesto negativo al ingreso (INI).

¿Qué riesgos para Chile representa una posible presidenta comunista?

La respuesta a la pregunta sobre mi reacción frente a un gobierno liderado por un o una comunista requeriría una respuesta de varias páginas. ¿Existe en la actualidad un Partido Comunista, así, con mayúscula? ¿Existe una doctrina comunista? En general, eso sí, asocio al comunismo de facto con un sistema político autoritario y el predominio estatal absoluto en materias económico-sociales. Nada más alejado de mis preferencias.

-¿Cómo evalúa el último presupuesto de Boric?

-Se trata de un presupuesto de continuidad, que –como era de esperar- refleja en alguna medida las preferencias valóricas del actual gobierno (a pesar de que debe implementarlo el próximo). En ese sentido, llama la atención que no incluya la tradicional glosa republicana.

En materia de responsabilidad fiscal, el presupuesto cumple formalmente con los requisitos exigidos, pero no puedo juzgar si la estimación de ingresos nuevamente está sobreestimada. Además me habría gustado que se incluyan en la información hecha pública los gastos fiscales bajo de la línea, las deudas públicas –incluyendo aquellas de las empresas estatales- formalizadas, y los montos atrasados de pagos, como parecen ser aquellos del Ejército. En segundo lugar, un punto muy importante sería que los gastos presupuestados fuesen menores, para así iniciar un proceso de reducción de la deuda pública y del déficit fiscal.

-¿Tiene decidido su voto?

-No he decidido aún mi voto a favor de uno u otro candidato, pero lo haré días antes de la elección y estratégicamente para apoyar aquella alternativa que maximice las posibilidades de tener un gobierno que fortalezca nuestra democracia liberal. Y que pueda generar los cambios necesarios en nuestra institucionalidad económica para, en el marco de una economía social de mercado, duplicar al menos nuestro crecimiento económico de tendencia.

COLUMNA DE OPINIÓN DE PILAR MOLINA

Periodista.

Los hoyos del queso

Sendas declaraciones de la exministra Tohá y el ministro Grau ponen el dedo en la llaga de por qué la izquierda perderá las próximas presidenciales.

Esta semana dos declaraciones dieron en el clavo de por qué la oposición va a ganar las presidenciales, a pesar de la0 intervención electoral del Gobierno y de las amenazas a la futura gobernabilidad si la izquierda pierde La Moneda. Una fue la de la ex Ministra del Interior y la otra, del Ministro de Hacienda.

Carolina Tohá, en un conversatorio con público latino en París, hizo un descarnado análisis de la relación de la izquierda con la delincuencia y el acatamiento de las leyes. Sus opiniones reflejan las dificultades que vivió mientras dirigió el Ministerio del Interior y Seguridad, principalmente con la ultra izquierda del PC y del Frente Amplio, a pesar de que ella no discrimina entre ese polo y el del Socialismo Democrático. De esa izquierda en el poder, sumándose ella misma, señala que “tendemos a explicar la inseguridad como resultado de otros problemas”.

“Hay dos necesidades primordiales hoy: seguridad y empleo. La primera requiere respetar la ley y la policía y, el segundo, no obstaculizar la libre iniciativa privada para crear riqueza”

Eso es exactamente lo que hace Gabriel Boric el mismo día que asume la Presidencia, cuando en su primer discurso asevera que “la desigualdad es su origen”, refiriéndose a la delincuencia.

Y la ex ministra PPD añade que es una “trampa” esa mirada para explicar la inseguridad, a lo cual habría que agregarle también la violencia, porque tienen el mismo clivaje en la visión de izquierda: “si la inseguridad es una consecuencia de la desigualdad, la exclusión y la pobreza, agrava estos problemas y hace difícil de resolverlos”. Pero el argumento principal de la trampa es que “las mayores víctimas de la desigualdad son los más desprotegidos, no los poderosos”, y son a los primeros a quienes más les cuesta obtener justicia y los “más vulnerables a caer en carreras delictuales”.

Exactamente esa es la interpretación causal que el Presidente Boric le da también a la violencia (que mezcla indistintamente con la delincuencia) y la repite cada vez que se refiere al 18-O, donde critica que se le tilde como “estallido delictual”. Él ha defendido que pudo tener un ingrediente de violencia, pero que fue una expresión de las injusticias “que coinciden con las demandas que se expresaron en el estallido social, (que) no han sido resueltas; atenderlas es prioridad de nuestro gobierno: seguridad, pensiones, salud, salud mental, la crisis de la vivienda” (discurso en la Sofofa, 26 octubre 2022).

Y, es más, en numerosas ocasiones agradece la violencia como partera de la historia. Junto con asumir, desde los balcones de La Moneda, asevera: “No estaríamos aquí sin la movilización de ustedes”. No fue una movilización cualquiera, sino que una delictual, pero él hace caso omiso de ese factor esencial, como lo hicieron también en la Convención Constitucional líderes como Fernando Atria, que la justificaron para llegar allí. Y por eso el “compromiso”, así lo llamó, con los indultos a quienes no fueron juzgados por la desigualdad, la pobreza, los abusos o por las demandas insatisfechas, sino porque cometieron delitos comunes. Algunos tenían prontuario de delitos comunes previo a la revuelta. Pero el Presidente no consideró fechorías las condenas por saquear supermercados, atropellar a un detective, incendiar hoteles o universidades. Fueron parte de la movilización que sirvió a sus fines: abrir el proceso constituyente. Y llamó insistentemente a apoyar sus reformas como mecanismo para neutralizar nuevos estallidos, partiendo por la tributaria y la previsional.

Dos años después, volviendo sobre los incidentes del 18-O, Boric señalaba “hay otra violencia que también es más profunda, las desigualdades, la impunidad, la falta de ejercicio de derechos a quienes más lo merecen”, reivindicando la movilidad social como instrumento para avanzar. Y reiteraba que la movilización (esa que lleva implícita la violencia y delinquir) ha sido la única forma de avanzar (23 agosto 2024).

Con esa concepción de los avances sociales (donde el trabajo bien hecho y las políticas públicas adecuadas no existen), se entiende el reproche de Tohá a “los complejos de la izquierda que le tienen alergia a la policía”, al “orden público” y a “hacer cumplir la ley”, a pesar de que “es la principal protección de los vulnerables”.

Por eso ha envejecido tan mal el octubrismo, porque si bien es cierto que antes hubo apoyo a la protesta violenta para demandar cambios, hoy el clamor es por la crisis de inseguridad que se oye con desesperación en las poblaciones, no en Vitacura.

De ahí que ahora las personas no estén mirando a la izquierda que amparó la movilización social insurreccional, que le quitó toda legitimidad a carabineros para reprimir la delincuencia y que en gran parte no apoyó los proyectos de seguridad de su propio gobierno, con los cuales hoy se jacta La Moneda de haber hecho más que ningún otro en materia de seguridad (principalmente por los votos de la derecha). Hoy los vecinos buscan orden y atajar el crimen organizado que reemplaza al Estado en las poblaciones.

Las otras perforaciones del queso corrieron por cuenta del ministro Nicolás Grau. Admitió esta semana que el desempleo “es el pendiente más importante que tenemos nosotros”. Y quien encabezó el Ministerio del Trabajo, Jeannette Jara, es precisamente la candidata de continuidad, que ha buscado convertir en su fortaleza las 40 horas y el alza del salario mínimo. Lamentablemente, informes del Banco Central han reparado que justamente el alza de los costos laborales, por arriba de la productividad, es lo que ha impedido volver a tasas de desocupación anteriores a la pandemia.

Grau, que en un su nuevo rol en Hacienda hace acrobacias políticas con las cifras para intentar demostrar que este gobierno no será el con los peores resultados económicos desde 1990, ha procurado destacar la “disminución de la informalidad y la creación de puestos de trabajo con protección social”. Por desgracia, dato mata relato y lo que indican las cifras de cotizantes, así como las del seguro de cesantía, es todo lo contrario. “Los empleos formales han caído desde 2022”, señaló a fines de agosto el economista David Bravo, comparando los registros administrativos de las AFP con las erróneas estimaciones del INE.

Hay dos necesidades primordiales hoy: seguridad y empleo. La primera requiere respetar la ley y la policía y, el segundo, no obstaculizar la libre iniciativa privada para crear riqueza. Esos principios ajenos a quienes “habitan” hoy La Moneda son los mismos que determinarán la salida de la izquierda del poder.

Dirección PC del Servicio Médico Legal deberá ofrecer disculpas por caso de maltrato y discriminación por razones políticas

La justicia también condenó a la organización dirigida por la comunista Marisol Prado a pagarle $10 millones de indemnización a la exjefa del Departamento de Asesoría Jurídica por haber vulnerado sus derechos físicos y psíquicos. A la abogada la excluyeron del trabajo y le quitaron labores hasta eliminar la unidad de la que estaba a cargo. En su lugar, Prado nombró a una militante del PC con antecedentes curriculares inferiores a los de la denunciante. El SML también deberá pagarle retroactivamente la asignación de funciones críticas mensual que le quitaron en 2023.

por Gracia Rodrigo13 octubre, 2025

El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago condenó a la dirección nacional del Servicio Médico Legal (SML), dirigida por Marisol Prado (PC), a indemnizar y ofrecer disculpas a la exjefa del Departamento de Asesoría Jurídica, quien presentó una demanda por maltrato laboral y discriminación por razones políticas en octubre de 2023.

Este caso es el primero que termina con una reprimenda a la gestión de Prado, cuyo trato ha estado permanentemente cuestionado en tensiones internas que se han visto reflejadas en tutelas laborales y denuncias en Contraloría.

Según la abogada Yasmine Picero, quien representó a la denunciante, este caso “no era una simple tutela laboral. Aquí había una implicancia política importante y que también es relevante para nuestro país, porque estamos siendo testigos de autoridades con mucho poder que están tomando decisiones arbitrarias, que no les importan las personas, sino que les importan más que nada, fines de tipo político”.

Este medio consultó al SML si ya han avanzado con alguna de las órdenes de la condena, sus impresiones sobre el proceso y qué medidas han tomado para mejorar el clima laboral, pero informaron que no se referirán a este tema. La directora Marisol Prado tampoco accedió a declarar en la causa y mandó a una representante (ver abajo).

Pago de funciones críticas y $10 millones de indemnización

La denunciante (A.C.) no tiene militancia política, cuenta con una carrera de más de 21 años trabajando en el SML y estuvo 14 como jefa del Departamento de Asesoría Jurídica, por lo que en su demanda destaca que se desempeñó sin inconvenientes bajo gobiernos de diferentes signos, hasta que llegó Marisol Prado.

Desde entonces, denunció, comenzó a ser excluida en reuniones y comunicaciones hasta llegar a quitarle labores y hasta su “función crítica”, que es una asignación monetaria que reciben algunos profesionales del Estado por hacer trabajos exclusivos y estratégicos para la gestión. En efecto, Jurídica era la sección que podía darle luz verde o roja a las iniciativas de la directora.

Eso, dicen en el SML, no le habría acomodado a Marisol Prado, por lo que sorpresivamente para la denunciante, eliminó la Unidad de Asesoría Jurídica y creó una Fiscalía hoy dirigida por una abogada también del PC y con antecedentes curriculares que son «notablemente inferiores» a los de la demandante, dice la sentencia.

A la denunciante Prado no sólo le quitó ingresos de la “función crítica”, sino que la trasladó a una Unidad Disciplinaria y Probidad, donde en principio sólo trabajaba ella. “Fue una degradación”, dice Picero, quien agrega que debido a todos los temas sensibles que maneja el SML y al conocimiento de A.C. en medicina legal, mantener a su representada en la jefatura “era un riesgo para la gestión de Prado. Así de simple”.

«El único nexo previo entre ambas (entre Marisol Prado y la abogada que llevó a la jefatura de la Fiscalía) era su militancia política, lo que, sumado a los dichos de la testigo (nombre en reserva) quien enfatizó que la directora nacional mencionó que su decisión se fundó en motivos de confianza política, y atendido también que la actora no se encontraría afiliada a ningún partido político y que prestó servicios respondiendo directamente a jefaturas nombradas, en última instancia, por autoridades de distintas corrientes políticas, permite establecer también un indicio de peso en cuanto a que la decisión adoptada se motivó por afinidad política o ideológica«, dice el documento del juez Santiago Peña.

Si bien el juez reconoció la facultad de Prado para reorganizar el servicio, afirmó que «no le era dable ejercer tales atribuciones ilimitadamente, sino que debió fundar adecuadamente sus decisiones», de eliminar y crear unidades y cargos, cuestionando también la eficiencia de las medidas.

Todos los antecedentes fueron considerados detalladamente en 96 páginas por el juez, quien ordenó “el pago de $1 millón mensual por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2023 y hasta la fecha en que la sentencia se encuentre ejecutoriada, a título de indemnización por la falta de integro de la asignación de función crítica que formaba parte de sus remuneraciones”. Esto, afirmó el magistrado, “equivale a la indemnización del lucro cesante sufrido por la funcionaria, quien dejó de recibir dicha parte de sus remuneraciones producto de decisiones (y) actos que se ha determinado que vulneraron sus derechos fundamentales”.

Asimismo, determinó que se le debe indemnizar con $10 millones por haberse establecido que la mujer “fue vulnerada en su integridad psíquica y física, y que sufrió, a causa de ello, un daño moral, padeciendo, incluso por periodos posteriores a la fecha de la interposición de la denuncia, de una enfermedad que debió ser tratada por psiquiatras”.

El tribunal ordenó que se ajustaran los montos de las indemnizaciones con intereses y reajustes y que se cubrieran las costas judiciales por un monto de $3 millones.

El Departamento de Asesoría Jurídica no fue el único desechado. Marisol Prado también eliminó la Unidad de Derechos Humanos, creando un puesto de coordinación cuya representante también terminó recurriendo a la justicia acusando malos tratos de la directora. La exjefa de DD.HH. dijo a El Líbero el año pasado “que desde el partido siempre tuvieron la intención de deshacerse de la unidad. La visión del PC era diferente a la nuestra, y no importó cuánto insistimos en la necesidad de nuestra labor”.

Disculpas por parte de la dirección del SML

Adicionalmente, el tribunal ordenó que “como medida de reparación de la honra de la denunciante”, la dirección nacional del SML envíe un mail a todos los funcionarios de la Fiscalía, en este tenor:

“La dirección nacional del Servicio Médico Legal, ofrece una disculpa pública a la profesional de carrera de esta institución, la abogada A.C.D., por toda acción vulneratoria y el trato que recibiera de parte de esta autoridad al suprimir su cargo de jefatura nacional de Asesoría Jurídica, entre otras circunstancias gravosas ligadas a la reestructuración dispuesta por esta autoridad en la materias de su competencia y sin que tal supresión se debiese al desempeño de la profesional, el que se reconoce ha sido intachable y se obliga a propiciar una mejora en el clima laboral y al cese de toda perturbación en el ejercicio de la labor de la profesional A.C. en el SML”.

El mail aún no es enviado, pero la dirección tiene un mes para hacerlo luego de que la sentencia quede firme.

La demanda también pedía que se ordenara la realización de cursos sobre normas laborales, sin embargo, la justicia lo desestimó afirmando que debiera ser materia conocida por la autoridad. No obstante, las denuncias contra la gestión de Prado -al menos una por ley Karin-, no se condicen con ello.

Directora del SML no declaró

Al llegar los casos de acoso y malos tratos de la dirección del SML a la justicia, fue el Consejo de Defensa del Estado  (CDE) el que tomó la representación del servicio y de Prado. Normalmente, se llama a dar prueba testimonial al acusado, sin embargo, Marisol Prado no asistió.

Según relata la abogada Picero, se le llamó a declarar, pero ella optó por enviar a una funcionaria en su representación, quien llevaba apenas un mes trabajando en el servicio, de modo que no supo contestar varias inquietudes.

“Eso la ilustra muchísimo (…) de no comparecer ella, se puede presumir como cierto la postura o los hechos que uno denuncia”, comenta la representante de A.C., quien agrega que la defensa del CDE nunca negó la existencia de los hechos vulneratorios, sino que más bien defendió la potestad de la directora para tomar medidas como cambiar cargos y crear o eliminar unidades.

Si bien Picero avizora una pronta apelación del CDE, cree que este primer fallo contra la dirección de Marisol Prado “puede tener un impacto, porque es la primera que relata y que grafica la gravedad de la arbitrariedad que puede existir de una dirección de servicio que cree que todo lo puede hacer, y no todo lo puede hacer. Existe una Constitución, existen las leyes”.

“Cuando Chile era como Venezuela en los titulares” :