Fundación de Bachelet recibió $379 millones para proyecto en el Biobío sin cumplir requisito clave

La ley obliga a todos los receptores de fondos estatales a estar inscritos en un registro del Ministerio de Hacienda. De no hacerlo, el reglamento dice que deben restituir los fondos. Horizonte Ciudadano, la fundación de la expresidenta, se adjudicó un convenio en diciembre de 2022 con el Gobierno Regional del Biobío por $379.870.000, pero recién se registró en agosto de 2023. Contraloría hizo varias observaciones al traspaso de recursos y la organización es una de las 13 fundaciones que investiga la Fiscalía Regional.

por El Líbero5 febrero, 2024

El 5 de enero y en el Teatro Regional de Biobío, se realizó el acto de cierre del proyecto “Ahora tienen que escucharnos: ideas para convivir”, ejecutado por la fundación creada por la ex presidenta Michelle Bachelet, Horizonte Ciudadano, que se adjudicó un convenio de forma directa, sin licitación, por $379.870.000 de parte del Gobierno Regional (Gore) del Biobío.

El convenio se celebró en diciembre de 2022 y los recursos se transfirieron en una sola cuota. En una auditoría publicada en noviembre pasado, Contraloría hizo varias observaciones al traspaso de dinero y notó que, tal como adelantó El Líbero en agosto, el Gobierno Regional de Biobío no estaba publicando las transferencias de recursos a terceros en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, y les pidió ponerse al día.

Pero la que también debía estar inscrita en ese registro del Ministerio de Hacienda para poder estar habilitada para recibir dineros públicos era la propia fundación, trámite que recién realizó el 8 de agosto (ver abajo), cuando ya llevaban nueve meses de ejecución y más de $302 millones rendidos.

Según el artículo 8 del reglamento de la ley 19.862 que rige estos traspasos, las entidades que hayan recibido fondos sin estar inscritas, deberán devolver los recursos reajustados.

Consultada la fundación Horizonte Ciudadano, señalaron a El Líbero que se inscribieron en el Registro cuando el Gobierno Regional les avisó que debían hacerlo y que ya rindieron todos los fondos de ese proyecto.

Este medio contactó al Gobierno Regional de Biobío por este asunto, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición. No obstante, podría ser uno de los aspectos que aborde una próxima auditoría periódica de la Contraloría General de la República.

Así lo confirma Jorge Jaraquemada, ex presidente del Consejo para la Transparencia: «Si ya gastaron y rindieron los recursos no procede devolución, pero la Contraloría sí podría pronunciarse porque hubo un incumplimiento de requisitos para la entrega de esos recursos y en eso tiene responsabilidad tanto el Gore que los entregó, como la entidad que los recibió. La Contraloría podría sancionar a ambos. A la fundación podría suspenderla o excluirla del registro».

En paralelo, Horizonte Ciudadano es una de las 13 fundaciones que la Fiscalía Regional del Biobío está investigando y donde hasta la fecha sólo se ha formalizado a integrantes de la Fundación En Ti. Según la fiscal regional, Marcela Cartagena, durante 2024 habrá nuevas formalizaciones por el Caso Convenios, “eso es un hecho, es así”, pero no reveló si Horizonte Ciudadano estaría afecta a ello.

Por qué Horizonte Ciudadano escogió hacer su proyecto en Biobío

El pasado 22 de diciembre de 2022 se aprobó el convenio firmado entre el gobernador Rodrigo Díaz Worner y el representante legal de la fundación, Pedro Güell -ex director de políticas públicas de Presidencia-, donde se traspasaba en una sola cuota los más de $379 millones para desarrollar el proyecto que recogería la visión de niños de entre 5º Básico y 4º Medio, respecto a las diferentes formas de violencia con las que conviven. La idea era entregar un insumo base (ver aquí) para nuevas políticas públicas.

¿Por qué se eligió esa región? lo dejó entrever la coordinadora general del proyecto, Estela Ortiz, en una entrevista con radio UdeC en el lanzamiento del proyecto en mayo: “Tiene que ver primero con el gobernador, que trabajó y siempre ha estado preocupado por la niñez y la adolescencia”, dijo recordando el trabajo de Díaz cuando era intendente y le tocó aplicar un proceso de consulta estatal llamado “Yo opino, es mi derecho. Niñas, niños y adolescentes construimos el país que soñamos”, durante la administración de la fundadora de Horizonte Ciudadano, Michelle Bachelet.

En efecto, Díaz desempeñó cargos de confianza en las administraciones de Bachelet. Entre 2004 y 2007 fue gobernador de la provincia de Concepción, seremi de Gobierno entre 2007 y 2008; y en su segundo gobierno se mantuvo como intendente del Biobío los cuatro años de mandato.

En el mismo tiempo, Ortiz era secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, organismo que aplicó esa consulta.

El Gore de Biobío descartó “tajantemente toda afirmación que insinúe algún tipo de sesgo político en la adjudicación”, en un comunicado de prensa enviado a Radio Bío Bío en julio pasado. No obstante, la misma radio accedió a la declaración de una funcionaria del Gore a la Fiscalía, que revelaría un “trato preferente” a Horizonte Ciudadano en el Gore. Esto habría consistido en que se tramitó el proyecto sin que aún tuviera un certificado de priorización, que se les transfirió el dinero en diciembre de 2022, mientras que al resto de las fundaciones, se le efectuaron en enero de 2023; y que se les habría aprobado gastos antes de la transferencia para pagar los honorarios de diciembre. La radio difundió mails donde Estela Ortiz apuraba a funcionarios del Gore.

La rendición de cuentas de diciembre de 2022, a la que accedió El Líbero, contiene una justificación de $11.100.000 ese mes. Dado que el convenio se aprobó el jueves 22, ese pago fue por sólo seis días hábiles.

El Gore de Biobío informó a este medio que Horizonte Ciudadano terminó de rendir todos los recursos de este proyecto el viernes 2 de febrero, aunque tenían hasta el 15 para hacerlo. Asimismo, tienen una buena evaluación de la iniciativa: «Las jornadas de participación involucraron a 22.837 estudiantes de 146 establecimientos en 10 comunas, abarcando desde 5° Básico hasta 4° Medio, lo cual se evalúa como exitoso, aunque aún quedan aspectos del programa para evaluar (informe final). A pesar de desafíos, como la resistencia de algunos colegios privados, el proyecto logró una amplia participación. Actualmente, se está finalizando un documental y un informe final para compartir la experiencia y propuestas concretas relacionadas con la participación de los niños en la percepción de las violencias».

Respecto a su fin último, de motivar políticas públicas de niñez, afirmaron que se logró una buena coordinación regional y que la fundación les recomendó seguir fortaleciendo la colaboración intersectorial, sumar a más actores, consolidar las mesas consultivas que confirmaron y potenciar el Observatorio de la Niñez, proyecto regional ejecutado por la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (Achnu).

Viajes, reuniones y problemas al destaparse el “Caso Convenios”

El proyecto en cuestión es el más reciente del think thank que, en los últimos meses, ha aparecido en la prensa por ser el lugar donde el vicepresidente del PS y ex subsecretario de Cultura, Arturo Barrios, dijo que hacía pactos con narcos para poder trabajar en las poblaciones y por albergar un taller de comunicaciones estratégicas a mujeres integrantes de la administración de Gabriel Boric dirigido por la propia ex presidenta.

Según el detalle del convenio, casi 40% de los recursos se destinaría a sueldos del equipo. Para pagar la remuneraciones, tanto Estela Ortiz, como el resto del equipo, le emitió boletas de honorarios a la fundación. Ortiz cobró $2.500.000 mensuales (brutos) y en las rendiciones de gastos al Gore también figuran boletas de taxis entre su domicilio hacia el aeropuerto, comidas y alojamiento. Esto, porque el programa basó gran parte del trabajo de la iniciativa en reunirse presencialmente en Concepción con el Gore, con una mesa consultiva, alcaldes, colegios y otros organismos estatales.

Su hijo, Juan José Parada Ortiz, también trabajó como asesor comunicacional del proyecto, visando presentaciones y asuntos gráficos por $1.800.000 brutos mensuales. Desde abril, en el equipo ya había un periodista, alguien encargado del diseño y de la parte digital. Sin embargo, él no llegó al final del proyecto de 13 meses, pues según reveló la fundación al Gore en su informe mensual, el estallido del Caso Convenios en julio «generó» la salida de él y del asesor metodológico. En los hechos, Parada Ortiz renunció y se le pagó la mitad del mes. A esas alturas, él ya era asesor del relato audiovisual de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

El mismo asunto complicó las cosas con colegios particulares y subvencionados, que dudaron sobre si sumarse o no al proyecto debido a la vinculación de la fundación con el caso, ralentizando sus objetivos.

El proyecto también contaba de forma fija con un jefe técnico, un responsable de inducción y coordinación territorial, un asistente financiero, un periodista y un responsable de generación de materiales y contenidos del proceso participativo.

Este es el detalle del costo (en millones de pesos) de cada actividad del proyecto, que se presentó en julio pasado al Gore y que este aceptó financiar sin cambios.

Observaciones de Contraloría

En noviembre Contraloría General de la República publicó las auditorías periódicas que realiza a los gobiernos regionales, en la que hizo varias observaciones a la mayoría de esos orgnismos. En el caso de Biobío, también notó irregularidades en el convenio con Horizonte Ciudadano.

El más notorio es que la fundación -y hasta la fecha- no cuenta con inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, que era uno de los factores que se tomaba en cuenta para calcular los años de experiencia de la entidad ejecutora. Tampoco, por tanto, tenía giro.

Contraloría envió el informe al Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía para que indagara sobre las infracciones y tomara las acciones correspondientes, de ser necesario.

La fundación también era una de las que el Gore no les hizo «certificado de preadmisibilidad» y fue una de las siete a las que se le dio exactamente el dinero que pidieron «sin requerir mayores antecedentes».

El sexo de las lagartijas

3 febrero, 2024

Me demoré menos de un año en construir una casa y cinco años en recibirla, a pesar de tener todos los permisos. Si eso me demoro en una ‘pinche’ casa, ¿se imagina lo que demora cada empresario en desarrollar un proyecto complejo? Por supuesto, el Estado tardó menos de un mes en avisarme que ahora me subiría las contribuciones (para ser “solidarios” y financiarles sus pensiones de gracia a pedófilos y condenados por violencia intrafamiliar). Para ayudar, el Estado se mueve en tiempos geológicos; para cobrar, a la velocidad del rayo. El ministro Grau ha identificado casi 400 permisos para llevar adelante un proyecto. Esto es de locos y escapa de toda racionalidad.

Para los que no han emprendido, les contaré algunos casos reales. En marzo de un año cualquiera, un proyecto inmobiliario fue detenido por la autoridad ambiental para trasladar todas las lagartijas del sitio donde se construirían viviendas sociales. Remover lagartijas requiere autorización del SAG, el que prohibió hacerlo hasta octubre, cuando se aparean. Aparentemente se encuentran distraídas en otros menesteres, lo cual facilita su captura. En octubre, una empresa especializada removió las 15 lagartijas que encontró para sexarlas y trasladarlas a un “spa” de lagartijas a un costo de varios millones de pesos por cada una.

En Tomé se prohibió un proyecto de 130 millones de dólares para explotar “tierras raras” porque se afectaba un árbol nativo denominado “Naranjillo”. Por cuidar unos pocos naranjillos descuidamos miles de trabajos para personas de carne y hueso. Con los impuestos que iba a pagar ese proyecto, el Estado hubiera podido construir el vivero de naranjillos más grande del mundo. Pero es más fácil prohibir que construir.

Recientemente, la Superintendencia del Medio Ambiente paralizó un proyecto de torres de alta tensión (Nueva Alto Melipilla-Casablanca-Agua Santa), porque las obras ponían en peligro los “geófitos” (plantas que existen en todas partes). Después nos vamos a quedar sin luz por culpa de los neófitos del Gobierno, donde por supuesto nadie se hará responsable. Ahora, en Punta Piqueros —donde era más fácil encontrar preservativos que gaviotas—, demolerán un hotel de 5 estrellas porque el Estado le hizo la desconocida a los permisos previos, seguida de una encerrona burocrático-legal a los inversionistas. Y, finalmente, la guinda de la torta son las caletas con perspectiva de género. Una novedosa contribución de este Gobierno: caletas donde se asolean sirenas sin locos, choros ni tiburones que las acosen.

El Estado contrató a 100 mil funcionarios adicionales, que ganan más y trabajan menos que usted (33 días de licencia de promedio, más seis días administrativos, más vacaciones). Esto equivale a dos estadios nacionales llenos de empleados que no se dedican a servir al público: son inspectores, activistas o fiscalizadores que obstaculizan el avance del país. Para darle pega a los ‘camarades’, el Ministerio de Medio Ambiente inventó un nuevo organismo denominado “Oficina de transición socioecológica justa”, más conocido como la “OTSJ” (organismo imprescindible inspirado en algún sketch de Les Luthiers). Y, por último, para darle el golpe final al emprendimiento, Marcel presenta un proyecto tributario de terror, que solo le falta autorizar al SII la tortura física del sufrido contribuyente —porque la emocional y financiera ya la practica.

Así, no es raro que nuestros países terminen eligiendo a los Bukele o a los Milei, porque la casta es ciega y sorda. Por eso, como dijo Milei, los héroes de verdad —aquellos que no tienen pensiones de gracia ni subsidios— son los empresarios, porque siguen tratando que progresemos a pesar de los esfuerzos de políticos y funcionarios por impedírselo. Si la democracia no es capaz de generar prosperidad ni seguridad, se debilita. Por eso mis reservas respecto del compromiso con la democracia de quienes nos gobiernan. Su ideario impide el progreso y en su praxis estancan la economía, disuaden la natalidad, deterioran la educación y homenajean, indultan y pensionan a delincuentes. (El Mercurio)

Gerardo Varela