Los costos de la inoperancia

Hoy, con incendios aún en curso y las cenizas aún vivas en los lugares devastados, sólo puede hacerse control de daños. El partido se juega en muchos sentidos antes, en labores de prevención.

por Álvaro Vergara N.6 febrero, 2024

Como tantos veranos anteriores, Chile enfrenta una nueva ola de incendios. Comunidades, faenas y trabajos yacen sepultados bajo las cenizas: el fuego ha devorado todo a su paso. La situación es crítica, ya que pone de manifiesto una gran parte de las deficiencias que el país experimenta: ocupaciones ilegales de terrenos, sequía, proliferación de campamentos, mala planificación urbana, poca visión de futuro, actividades industriales de alto riesgo que rodean a las comunidades, falta de aparatos de inteligencia y, por supuesto, la incapacidad de detectar a quienes provocan intencionalmente los siniestros.

Se dice, con razón, que no es el minuto de facturas políticas. Pero también es verdad que urge sacar lecciones de esta tragedia para no volver a cometer los mismos errores. Y lo cierto es que, a pesar de que el Gobierno contó con un año completo para prepararse ante este escenario predecible, el balance no es positivo. Parece que la crisis de los incendios del año pasado desgraciadamente no sirvió como una oportunidad de aprendizaje. Aunque en esta ocasión La Moneda pareció reaccionar con prontitud al declarar el Estado de excepción, la información que ha llegado a la ciudadanía sobre el trabajo a mediano y largo plazo es escasa. Nadie sabe en qué aspectos se avanzó durante estos últimos meses. La única noticia fueron los 148.000 millones de pesos adicionales invertidos en prevención -que el Gobierno, vaya novedad, calificó de “históricos”-, pero ellos parecen insignificantes frente a las pérdidas avaladas en millones de dólares ocasionadas por los incendios. Esto, sin contar las vidas humanas que se han perdido, incuantificables en dinero.

¿Cuáles fueron los avances en términos de infraestructura, cortafuegos, mejoras de equipos y planificación? ¿Se han establecido protocolos que deben seguir las personas en zonas con alta probabilidad de incendios? ¿Cuál es el trabajo del gobierno y del Estado en colaboración con la sociedad civil que habita dichos sectores? Es posible que se hayan realizado algunas gestiones, pero poco de ese trabajo ha sido comunicado a la ciudadanía. Sin ir más lejos, la situación en infraestructura es preocupante. El Mercurio informaba durante fin de semana que este Gobierno presenta una inédita subejecución de inversión pública, US$2.521 millones de dólares pendientes. ¿Acaso no podría una parte significativa de esa suma podría haberse destinado a potenciar la base logística en situaciones de emergencia?

Sin duda, el Presidente Boric tiene habilidad para conectar con la ciudadanía. Es hábil en terreno y su preocupación personal por las personas es sincera. Sin embargo, la empatía y el carisma resultan insuficientes para lo que se le exige al Jefe de Estado en situaciones de catástrofe. Se esperaba, al menos, una gestión de largo plazo y no que intervinieran cuando ya era demasiado tarde. Por eso este Gobierno se ve, por momentos, desconectado de la ciudadanía, ya que temas que requieren una planificación efectiva no parecen ser prioritarios. Como ha sido la tónica en los últimos dos años, todo es improvisación.

¿Cuántas viviendas deben arder y cuántas vidas deben perderse cada año para que quienes ostentan el poder comprendan la necesidad de satisfacer las dimensiones más básicas de la población? Hoy, con incendios aún en curso y las cenizas aún vivas en los lugares devastados, sólo puede hacerse control de daños. El partido se juega en muchos sentidos antes, en labores de prevención. Y ahí están al debe tanto este gobierno como el Estado de Chile en general. ¿Cuánto se debe esperar para que quienes se encuentran en el Ejecutivo reconozcan su responsabilidad y comiencen a anticipar problemas con una visión de Estado que, hasta ahora, parece ausente? Nadie lo sabe y pocos lo esperan. Hoy el Presidente habla de la “tragedia más grande que hemos vivido desde el terremoto”, pero parte de esta cruda catástrofe, por ingrato que sea decirlo hoy, se debe a los costos de la inoperancia.

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ÁLVARO VERGARA N.

Abogado e investigador IES

El gobierno siempre llega tarde

El Presidente llegó tarde al convocar al Cosena y el gobierno llegó tarde para avisarles a miles de personas que debían evacuar porque el avasallador fuego estaba por destruir sus viviendas.

por Patricio Navia

6 febrero, 2024

Desde que asumió el poder en marzo de 2022, el gobierno del Presidente Gabriel Boric siempre ha llegado tarde. La evidencia más reciente de que el gobierno siempre llega tarde es que, cuando el Mandatario finalmente se allanó a convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), el impacto mediático de esa convocatoria terminó siendo irrelevante porque fue superado por la tragedia de los devastadores incendios en la Región del Valparaíso. Aunque eventualmente se sabrá a quién le cabe la principal responsabilidad por la muerte de más de 120 personas muertes que no fueron evacuadas a tiempo, el dolor que hoy siente el país relegó a un segundo plano la cita del Cosena que el gobierno esperaba convertir en una oportunidad para relanzar su hasta ahora ineficaz política contra la delincuencia.

En la vida, y ciertamente en la política, el momento en que se hacen las cosas importa mucho. Después de haber estado semanas resistiéndose a la presión de muchos de sus adversarios y aliados para convocar al Cosena, el Presidente Boric terminó dando su brazo a torcer la semana pasada y anunció la convocatoria para recibir consejos sobre la mejor forma de abordar los problemas de seguridad que enfrenta el país. Lamentablemente para el gobierno, una vez más, sus iniciativas fueron superadas por la realidad. El fin de semana, los devastadores incendios forestales en la Región de Valparaíso y en varias otras partes del país drásticamente alteraron, al menos por un par de semanas, las prioridades en la agenda de noticias y en las preocupaciones del gobierno. Por eso, cuando se reunió el Cosena el día de ayer, el impacto fue mínimo y las consecuencias concretas de esa reunión serán nulas.

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El gobierno seguirá siendo derrotado en su combate contra la delincuencia, la percepción de inseguridad seguirá en aumento y la gente sentirá que el gobierno no tiene ni los medios ni la voluntad para proteger a la población.

Es verdad que era poco lo que se podía esperar de una convocatoria del Cosena. No se necesita reunir a las principales autoridades civiles y funcionarios de las Fuerzas Armadas para saber que no es una buena idea tener a militares patrullando las calles.

Aunque la gente se siente insegura y la delincuencia aparece desatada, los militares han sido entrenados para pelear en guerras, no para desarrollar labores policiales. Tiene mucho más sentido dotar a las policías de mejores herramientas y más atributos para hacer bien su trabajo. Además, para demostrar que está de lado de las víctimas y no de los victimarios, el gobierno debiera revertir sus decisiones de otorgar pensiones de gracia a delincuentes con prontuario (bajo la torpe excusa de que eran luchadores sociales víctimas de abuso policial). Mientras la gente siga percibiendo que el gobierno tolera la violencia social cuando se trata de avanzar sus causas, va a ser difícil que el mensaje de tolerancia cero a la violencia disuada a los delincuentes.

Más que en ningún periodo anterior, los delincuentes hoy saben que el gobierno no cree en la mano dura y también creen que el gobierno piensa que las policías abusan de los derechos humanos. Luego, los delincuentes saben que pueden actuar impunemente porque no le tienen miedo ni al gobierno ni al Poder Judicial.

En las próximas semanas, se seguirá consolidando la percepción de que, en Chile hoy, sale gratis delinquir. El debate público sobre los incendios en la Región de Valparaíso se ha centrado en la presunta intencionalidad de los incendios. La sensación de impunidad que ya existe en el país se ve exacerbada cuando la gente percibe que los presuntos responsables de estos mortales y devastadores incendios jamás enfrentarán a la justicia.

Ya habrá ocasión para evaluar la responsabilidad política del gobierno de Boric. Pero si la oposición tuviera la misma severidad que tuvieron Boric y sus aliados con las presumibles fallas y omisiones del periodo anterior, entonces ya estaríamos escuchando a legisladores de oposición anunciar acusaciones constitucionales contra los ministros y contra el propio Presidente. Después de haber sido severos e intransigentes en sus críticas al gobierno anterior por presuntos errores y omisiones, este gobierno ha demostrado repetidas veces su incapacidad para cumplir el mínimo de los estándares que ellos exigían al gobierno anterior.

Hoy que miles de chilenos lloran a sus familiares y amigos fallecidos en los trágicos incendios, aquellos chilenos que no fuimos afectados por el devastador fuego observamos anonadados cómo, una vez más, este gobierno ha llegado tarde. El Presidente llegó tarde al convocar al Cosena para el lunes 5 de febrero y el gobierno llegó tarde para avisarles a miles de personas que debían evacuar porque el avasallador fuego estaba por destruir sus viviendas. Este gobierno demostró, una vez más, que su principal regularidad es que siempre llega tarde.

-No preside el Consejo Regional ni es el órgano ejecutivo en cada región, tareas que corresponden al Gobernador Regional.

GOBERNADOR REGIONAL (GORE)

EL Gobernador Regional es electo por votación popular, preside el Consejo Regional y es el órgano ejecutivo en cada región.
Las normas aclarativas de este cargo me resultan incomprensibles, tarea que dejo a los lectores: “GOBERNADOR REGIONAL

“Los gobiernos regionales (GORE) son los órganos públicos encargados de la administración superior de cada una de las regiones de Chile, y que tienen por objeto el desarrollo social, cultural y patrimonio propio. Tienen su sede en la ciudad capital de la respectiva región, sin perjuicio de que puedan ejercer sus funciones transitoriamente en otras localidades de la región.
Los gobiernos regionales están constituidos por dos órganos: por el gobernador regional respectivo, el cual es elegido por votación popular y dura cuatro años en su cargo pudiendo ser reelegido una vez, y por el consejo regional, compuesto de consejeros elegidos por sufragio universal, en votación directa, por periodos de cuatro años, y que pueden ser reelegidos.
El consejo regional fue creado mediante una reforma constitucional efectuada el año 1991 e implementada con la Ley 19175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, de 1992. Los primeros gobiernos regionales se instalaron en 1993.

Son funciones generales del gobierno regional:
-Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la región en el ámbito de sus competencias, los que deberán ajustarse al presupuesto de la Nación; a la estrategia regional de desarrollo y a los instrumentos de planificación comunal.
-Orientar el desarrollo territorial de la región en coordinación con los servicios públicos y municipalidades, localizados en ella.
-Administrar fondos y programas de aplicación regional.

-Resolver la inversión de los recursos que a la región correspondan en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de aquéllos que procedan.
-Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, en conformidad a la ley, y desarrollar programas de prevención y protección ante situaciones de desastre, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades nacionales competentes.

DELEGADO MILITAR POR LA ZONA DE CATÁSTROFE

El presidente o presidenta de la República debe designar a un Jefe de la Defensa Nacional, que asume la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señala. Las facultades presidenciales pueden ser delegadas total o parcialmente en los jefes de la Defensa Nacional designados y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

-Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona, para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado.

-Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes.

-Impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública.
-Difundir por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población.

Como esta organización era incompatible con una gestión mas o menos razonable, Boric le hizo un agregado que muy probablemente no contribuirá a aumentar la eficiencia.

DELEGADA PRESIDENCIAL AD-HOC (CAMILA VALLEJO)

Designada personalmente por Boric, ante quien responde: “Tras dar el anuncio, Boric señaló que la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) “va a tener una visión global de todos los problemas”, ya que se trata de “una persona de mi total confianza”.