RUF para los tiempos del «perro matapacos»

Las famosas RUF que están legislando están hechas para que no se use la fuerza, más parecen “proporcionales” a cuando imperaba el «perro matapacos».

por Pilar Molina4 mayo, 2024

Está claro que a la izquierda no le está resultando valorar ahora la función policial y la de las FF.AA. al no darles ninguna garantía para su accionar.

Al octubrismo le resultó avalar la violencia y deslegitimar la acción policial para lo cual el símbolo del «perro matapacos» se convirtió en emblema de los actuales gobernantes: pidieron a gritos (incluido el actual Presidente) refundar Carabineros y los borraron del primer proyecto constitucional, así como los estados de excepción.

Ahora en el poder, esa izquierda requiere los estados de excepción y cada día más se acerca a escalarlos al de sitio. Casi desde que asumió, Gabriel Boric (que había votado siempre en contra) se ha cobijado en ellos para mantener estable la inestabilidad en la Macrozona Sur.  Y el oficialismo se ilusiona con poder usar a las FF.AA. para cuidar infraestructura crítica y enfrentar el crimen organizado. Siempre desconfiando, usando el nombre (estados de excepción en el sur o militares en las fronteras), pero entregando facultades restringidas (sólo en caminos principales y únicamente como apoyo a carabineros). Tirando la piedra y escondiendo la mano…

Tras los tres asesinatos con que nos encontró abril el año pasado, la izquierda tuvo que dar un paso atrás y aceptar gestionar la agenda de seguridad, donde la Ley Naín Retamal buscó darle mayores garantías a los carabineros y FF.AA. para actuar en legítima defensa. Pero todavía hay un amplio marco de interpretación jurídica y falta darles garantía a los militares si se les quiere obligar a actuar en materias de orden público y seguridad interna.

La situación del gobierno comienza a ser desesperada frente al crimen organizado y el narcoterrorismo que se disfraza de autonomía indígena.  ¡Si hasta los alcaldes del Frente Amplio le piden a su Presidente estado de sitio! Y así llegamos a las famosas Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), que no son mas que una distracción, porque si quieren sacar los militares a la calle por motivos excepcionales de orden público, fronteras descontroladas, crimen organizado o terrorismo, sáquenlos, pero sin pretender que conviertan sus fusiles en lumas o gas pimienta.

Es que parece que la idea de esta izquierda en el poder es “asustar” a los delincuentes con los uniformados, obligarlos a encarar una situación explosiva con su armamento letal, imitando lo que ocurrió post octubre de 2019, pero no darles ninguna garantía para su actuación excepcional y luego juzgarlos con los tribunales ordinarios.

Eso es lo que explica que hoy haya más de 150 uniformados formalizados con causas en curso por el 18 de octubre y ya condenados 45 carabineros y 8 militares. Esta semana comenzó el juicio oral a un marino que disparó luego de concurrir en ayuda de una patrulla de carabineros emboscada en la misma zona de Cañete donde el sábado pasado asesinaron y quemaron a tres carabineros. Los policías no dispararon para defenderse y los marinos durante otras dos horas usaron salvas, luego elementos antidisturbios y finalmente armas de fuego. Murió un comunero, Yordan Llempi, quien, como es habitual, no tenía nada que ver con los hechos, aunque la gresca había comenzado con la detención de su hermano, que circulaba en una camioneta robada y llevaba municiones de escopeta. El fiscal acusa de homicidio al marino y pide recluirlo por 15 años.

El gobierno ordena a los uniformados actuar para salvar el Estado de Derecho y luego fiscales y jueces, y toda la batería del Estado -Ministerio del Interior, INDH, CDE, Contraloría- los acusan de homicidio, tortura o apremios ilegítimos.  Llegan al ridículo (y no pasa nada) de no reconocer su derecho a portar armas.

Así las cosas, las famosas RUF que están legislando están hechas para que no se use la fuerza, más parecen “proporcionales” a cuando imperaba el «perro matapacos». Para obligar a los militares a utilizar claveles en los fusiles para responder molotov o disparos, porque es ridículo que en una situación de alta violencia el uniformado empiece a revisar los principios y deberes para las distintas etapas previas al uso de su arma. Cuando lo dilucide, ya está muerto y si dispara, su futuro está en los tribunales. Como acusado.

Las RUF están completamente demás, como han declarado ex comandantes en jefe y expertos, si no hay respaldo político para actuar y si los tribunales continúan ignorando los eximentes de responsabilidad penal de los militares para hacer uso del arma de servicio, contenidas en el artículo 208 del Código de Justicia Militar (“cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida”); y en el artículo 10, Nº 10, de Código Penal, que cubre al “que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo o de un derecho, autoridad, oficio o cargo”.

Este derecho a la defensa propia, hoy se les niega. Por eso los uniformados le tienen más miedo a los jueces y a los fiscales que a enfrentar a los delincuentes más violentos, como comenta Alejandra Cruzat, de “Nos Importan”, una ONG que ha asumido la solitaria lucha de defender a los militares y la policía, sacrificados desde el 18 de octubre. Entre morir como mártir y asegurar a la viuda una pensión, o envejecer en la cárcel solo y pobre, algunos lo dudan. Por eso es una incógnita si los tres uniformados de Cañete pudieron defenderse, y no lo hicieron, antes que los acribillaran.

El jueves las comisiones unidas de Seguridad y Constitución de la Cámara aprobaron, sin los votos del oficialismo, que los militares y policías sean juzgados por los tribunales militares. No los civiles involucrados. Pero la izquierda no está dispuesta a dar esa garantía de respaldo jurídico, aun cuando por encima de esa instancia esté la Corte Marcial (con mayoría civil de las Cortes de Apelaciones) y la misma Corte Suprema. Por eso, el mismo día, el Gobierno presentó una reserva de constitucionalidad y se esperaba que el oficialismo consiguiera una mayoría para rechazar esa indicación opositora en la Sala ayer viernes.

Así las cosas, es posible que hasta que no sienta amenazada su permanencia, el gobierno no atine a usar el sentido común y a restablecer el Estado de Derecho por los medios que establece la Constitución y la ley, pero con el debido respaldo jurídico y político.

La verdad del incidente ocurrido hace años entre Maite Orsini y Carabineros:

https://x.com/MrNeuroc/status/1786209717292880124?t=wRPdzBskFE3KGrQEJ6z9dw&s=08

Terrorismo

Enrique Slater @slater_enrique

Es quizás, la amenaza más grave que afecta a Chile y a su futuro. Fundamental, actuar con decisión y asumir la responsabilidad que le compete al Estado. El terrorismo no debe seguir destruyendo el desarrollo y la seguridad del país y ciudadanos. Se requiere patriotismo.

 Camino al acuerdo

Por Gonzalo Ibáñez Santa María 

Hace algunas semanas, escribí una columna acerca de la convocatoria a un acuerdo social que nos hicieron los máximos dirigentes de las principales confesiones religiosas activas en el país, con Mons. Fernando Chomali a la cabeza. Hoy, quiero insistir en la pregunta acerca de cuáles podrían ser algunos de los contenidos de ese acuerdo.

Ellos, por cierto, deben apuntar a fortalecer la vida en comunidad, es decir, aquella vida en la que aunamos fuerzas de modo de procurar nuestro desarrollo humano integral. Esa finalidad incluye, de acuerdo con los rasgos de nuestro ser, protección de la vida y de la integridad física, alimentación, vestuario, vivienda, educación, salud, vejez digna. ¿Cómo producimos los bienes necesarios para cumplir con esa finalidad?

1.- Libertad y propiedad. Apuntando a ella es indispensable crear las condiciones para que cada uno pueda desarrollar sus iniciativas y sus capacidades, por sí solo o en conjunto con otras personas. El ejercicio de las libertades individuales es, así, el motor para el desarrollo de la comunidad y en ella, del desarrollo de cada uno. Con este propósito, la experiencia demuestra que esa libertad es eficiente cuando puede proyectarse sobre bienes respecto de los cuales la persona que la ejerce posee en dominio. La propiedad privada es una condición para el ejercicio de la libertad y para la mejor administración de los bienes de los cuales nos provee la naturaleza.

2.- Matrimonio y Familia. La sociedad humana requiere para su subsistencia de la renovación de sus miembros de modo de reemplazar a aquellos que ya abandonan la vida. Esa renovación se produce como consecuencia de la relación sexual de una mujer y un varón. La sexualidad está básicamente orientada a este fin: procreación y formación de nuevas personas. Y, por la índole del fin al cual ella está orientada, corresponde que esa relación se produzca en el marco de una unión de por vida entre ese varón y esa mujer. Es el matrimonio como la base insustituible de la familia: lugar a donde vienen a la vida los nuevos miembros de la comunidad humana y donde encuentran su cabal formación.

La comunidad humana debe estar en condiciones de apoyar a estas familias, pero también a todas las personas que vengan a la vida y que, por un motivo u otro, en todo o en parte, carezcan de ese entorno familiar. Apoyar, sobre todo, a las madres en su delicada tarea de maternidad, reconociendo a esta, desde el comienzo, su extraordinaria nobleza y su condición primordial para el desarrollo social.

3.- Gobierno y Ley. El Estado subsidiario. Toda sociedad requiere de alguien o de algunos que hagan de cabeza de la misma y que puedan orientar los esfuerzos de todos de modo de alcanzar el fin común. Es el gobierno de la comunidad cuya misión, como su nombre lo indica, es la de gobernar y no la de reemplazar a los agentes particulares en el cumplimiento de sus propias misiones. Por eso, el Estado es naturalmente subsidiario. En ello está en juego la eficiencia del gobierno y la de los particulares.

Gobernar es, sobre todo, obra de la razón en las circunstancias concretas en las que se desenvuelve la comunidad. Las leyes, por eso, deben ser expresión de la prudencia gubernativa, dejando de lado todo capricho o subordinación ideológica. La legitimidad de un gobierno supone un buen uso del poder. Frente al deber de obedecer corresponde, a los miembros de la comunidad, el derecho a ser bien gobernados; el derecho a exigir un buen gobierno y, si el mal gobierno amenaza con destruir la comunidad, el derecho a dotarse de un buen gobierno. Eventualmente, el deber de hacerlo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el jueves 25 de abril de 2024.