Jorge Dagnino: “…en mi opinión, este derecho humano ha sido violado reiteradamente en el proceso por la muerte de Eduardo Frei Montalva”.   

La presunción de culpabilidad es una lacra en el caso Frei. 

La presunción de inocencia, el que ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme, es un derecho humano fundamental, protegido y declarado explícitamente en la legislación nacional e internacional. Protege al acusado ante arbitrariedades durante todo el proceso: desde la denuncia ante el tribunal, cuando este decide procesar, cuando se emite la sentencia de primera instancia, durante la tramitación de los recursos que se puedan interponer, y hasta que se emite una sentencia condenatoria definitiva. 

Obviando imprecisiones en los términos legales, que sin duda hay, me parece este un enunciado explícito y comprensible para toda persona. Con este antecedente, en mi opinión, este derecho humano ha sido violado reiteradamente en el proceso por la muerte de Eduardo Frei Montalva. Ello ha permitido el uso de la opinión pública como un mecanismo de presión social, especialmente con la publicidad y desinformación que ha creado o modificado la memoria de los testigos, hecho ampliamente demostrado en la literatura especializada que analiza los errores de la memoria autobiográfica; esto es particularmente determinante en un caso que empezó a ser investigado casi veinte años después de ocurrido y cuyo fallo de primera instancia demoró otro tanto en ser emitido.

Se esgrime como contrapeso a este derecho aquel de informar y de ser informados. Esto solo es válido si hay equilibrio entre las partes y se excluye la difusión de información no comprobada, evaluaciones sesgadas, meras suposiciones presentadas como verdades o, simplemente, invenciones. 

A nadie escapa la multiplicidad de declaraciones de diferentes sectores de la sociedad celebrando el fallo de primera instancia como que establece la verdad que se cometió un crimen y, como corolario, que los condenados en primera instancia son tratados como culpables en sus diferentes responsabilidades. Estas afirmaciones sobre la culpabilidad de individuos e instituciones, expresadas sin ambages en libros, reportajes, blogs, conferencias de prensa, entrevistas, programas de televisión y diversos otros medios, han aparecido durante todo el proceso y especialmente después del fallo del juez Madrid. Es grave en cualquier circunstancia, pero peor si quienes lo hacen son personas notables y que, al momento de hacerlas, ejercen o han ejercido cargos públicos. 

Esto debiera preocuparnos y repugnarnos: el asesinato, si es que se cometió más allá de toda duda razonable, es, sin duda, un crimen deleznable y se debe perseguir al o a los responsables, pero considerar culpables a presuntos inocentes, y lo son mientras no exista una sentencia firme, es aún más vil, pues sus terribles consecuencias caen sobre los individuos y sobre sus familias. Este desacierto es mayor cuando esta presunción de culpabilidad se extiende a quienes no han sido involucrados ni condenados por nada, como el doctor Luis Castillo, quien, si se analizan los hechos y se lee el fallo bajo la presunción de inocencia y con recta intención, no participó en el presunto hecho punible, no sabía que existía información sobre el procedimiento de conservación del expresidente, y solo actuó siguiendo la recomendación ética y legal de sus superiores de entregar la información solo a los familiares o al tribunal cuando estos lo solicitasen formalmente. Eso fue lo que ocurrió.

Dr. Jorge Dagnino Sepúlveda