La prevaricación es el delito que consiste en el incumplimiento de las obligaciones propias del cargo por parte de un funcionario, un juez o un abogado. Se comete cuando un juez dicta una sentencia que no es justa, e implica dictar maliciosamente resoluciones injustas (judiciales o administrativas) o faltar a sabiendas al cumplimiento  de los  deberes del cargo.

El Código Orgánico de Tribunales establece que el plazo para deducir acción contra un juez para hacer efectiva su responsabilidad criminal o civil es de seis meses contados desde el momento en que se hubiere notificado o pronunciado.

Sin embargo hoy, el delito de prevaricación judicial no prescribe cuando esta conducta tiene lugar en causas criminales condenatorias, en donde las libertades de las personas se ven comprometidas, por cuanto tal delito  en  este  caso, es un delito de lesa humanidad, a lo que Chile suscribió en Mayo del año 2009, en el conocido Estatuto de Roma.

La OEA y del  Comité  de Derechos Humanos de la ONU, tienen competencia para recibir denuncias sobre violaciones al debido proceso legal, por lo que cualquier persona puede presentar denuncias o comunicaciones individuales ante dichas instancias, por violaciones a las garantías del debido proceso.

Prevaricar es aplicar torcidamente el derecho. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “los tratados concernientes a esta materia están orientados, más que a establecer un equilibrio de intereses entre Estados, a garantizar el goce de derechos y libertades del ser humano”. El objeto es la protección de los derechos fundamentales en toda circunstancia y respecto de toda persona, independientemente de su nacionalidad, sexo, edad, raza, religión, opinión política, forma de pensar, origen social, posición económica o cualquier otra condición.

Debemos exigir el cumplimiento del derecho y repudiar todo intento que llame a dejarse seducir por la equidad, que seguirá siendo una constante tentación de los jueces sin advertir el daño que provocan.

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