En la crónica publicada ayer, bajo el título “La caza de los agentes prófugos”, se dice que el comandante del Regimiento “Yungay” de San Felipe Héctor Orozco y los subtenientes Sergio Jara y Pedro Lovera fueron condenados por el homicidio de dos dirigentes políticos de izquierda a fines del año 1973.
Lo cierto es que el general Orozco —actualmente prisionero en Punta Peuco, nonagenario que no sabe en qué mundo vive— fue condenado porque, según reza la sentencia, “atendida su situación jerárquica, debió conocer y aún más, autorizar aquellas situaciones excepcionales como la ocurrida en autos, en que precisamente resultan dos personas muertas”.
Por otra parte, los subtenientes Jara y Lovera, que premunidos de armas cortas iban en la cabina de la camioneta en la que estaban siendo trasladados los fallecidos, custodiados por dos soldados, fueron condenados “porque tanto el número de disparos como las numerosas heridas que presentaban las víctimas, es demostrativo que fueron varias las personas que habrían disparado a las víctimas, pudiendo inferirse de lo hasta aquí analizado, que corresponde a disparos efectuados por Bañados, Jara y Lovera, por lo menos”.
El sentenciador no consideró que los disparos fueron hechos con un fusil SIG, un arma automática que puede disparar los veinte tiros de su cargador en una sola ráfaga; fusil que era portado por el soldado Bañados, quien efectuó los disparos y que estaba fallecido al momento de iniciarse el proceso. Constan en autos numerosas declaraciones de testigos que dicen haber escuchado una ráfaga de tiros; un ruido característico de disparos hechos con un fusil ametralladora y no con armas cortas por varias personas a la vez.
En cuanto a la reciente detención de Sergio Jara Arancibia en Argentina, es absolutamente razonable su decisión de no presentarse a cumplir una condena por un supuesto delito del cual es absolutamente inocente.
La verdad es que él no estaba prófugo de la justicia, sino que de la injusticia.

Adolfo Paúl Latorre
Abogado