Por Fernando Thauby

La dramática experiencia chilena en el gobierno de la Unidad Popular con su orgía de estatizaciones y destrucción del sistema productivo nacional, en su intento por construir una economía estatal, dejó una profunda huella y el Gobierno Militar acogió una alternativa radicalmente opuesta, basada en el ”principio de subsidiariedad” que, en su definición más amplia, dispone que “los asuntos deben ser resueltos por la autoridad -normativa, política o económica- más próxima al objeto del problema”, dentro de una política económica de libre comercio, internacionalización y propiedad privada.

Este es uno de los principios sobre los que se sustenta la Unión Europea (Tratado de Maastricht” de 7 de febrero de 1992) y tiene sus raíces teóricas en la doctrina social de la Iglesia Católica, según la cual es el principio en virtud del cual el Estado entra en acción cuando los particulares no realizan adecuadamente una función social fundamental, sea por imposibilidad o cualquier otra razón. Al mismo tiempo, este principio demanda al Estado que se abstenga de intervenir allí donde los grupos o asociaciones más pequeñas pueden bastarse por sí mismas en sus respectivos ámbitos.

Los sectores de izquierda reaccionan fuertemente en contra del Estado-subsidiario que asocian con un Estado prescindente o pasivo, que ha permitido y favorecido un sistema económico neoliberal que -en su opinión- ha significado desigualdad, abusos e injusticia social.

Existe una ámbito de superposición entre ambas miradas que reconocen en la política económica liberal algo positivo en que ella ha traído criterios de eficiencia, tanto en la operación de empresas privadas como públicas; la apertura a la competencia externa y el uso extensivo de los mercados. Expresado de otro modo, lo que ha surgido es un reconocimiento de que la intervención excesiva, generalizada y con criterios poco claros del Estado en la economia, produce ineficiencias innecesarias y no logra necesariamente, los objetivos que se propone.

Lo que falta, sin embargo, es acordar si es que la acción del Estado es imprescindible para conseguir una distribucion más justa del ingreso y una inversión suficiente para alcanzar un crecimiento económico más elevado.

La izquierda sostiene que la historia económica reciente de Chile ha demostrado de manera fehaciente que esas tareas no las lleva a cabo el mercado. Por el contrario, con un Estado pasivo se agrandan las desigualdades y se frena el crecimiento.

¿Cómo puede actuar las persona que sienten que la calidad, precio y condiciones en que se le presta un determinado servicio fundamental para sus vidas no es adecuada o simplemente las deja afuera?.

Como el responsable principal – el Estado- no puede transferir su responsabilidad al responsable subsidiario -el Privado-, el Ciudadano debería reclamar la intervención del Estado y éste debería tomar acción. Y aqui enfrentamos el primer problema: En la vida real, en diversas ocasiones, el Estado es requerido de subsidiar, hacerse cargo del faltante o directamente tomar a su cargo la prestación del servicio que la ciudadanía percibe como insuficiente o inalcanzable.

Esto es lo que sucede, por ejemplo, con los reclamos de las personas frente al sistema de Pensiones (AFPs); Salud; (Isapre y Fonasa); Delitos de colusión, soborno y cohecho dentro del Estado o entre privados; Medicamentos (Precios y marcas); Transporte Público; Tarifas de servicios (sanitarios, agua, energía electrica, gas, combustibles) que se convierten en problemas políticos en que el Estado es el actor final. ¿Debe intervenir y hacerse cargo?, ¿Cuánto puede postergar la solución del problema?, ¿Puede comenzar el desmantelamiento del Principio de Subsidiariedad?

¿Qué pasó en Chile?. Durante muchas administraciones pos Gobierno Militar, años en que la economía se consolidaba y beneficiaba a mas y mas personas, los sucesivos gobiernos de la Concertación se fueron adaptando a una política económica que rechazaban ideológicamente, pero que practicaban con alegría. Aun así, hubo que corregir problemas como introducir elementos de regulación en el mercado cambiario, fijación de tarifas en los servicios constitutivos de monopolios naturales, regulación parcial de los mercados financieros y otros.

Pero también se hicieron presentes otros problema que no fueron resueltos, desajuste entre los ingresos de los trabajadores y los precios de los servicios (salud, educación, vivienda, pensiones), incapacidad del pais de salir del modelo de exportaciones primarias, y lo mas importante y corrosivo, la creciente corruptela en la asociación político – empresarial.

En efecto, los administradores políticos del estado, partidos políticos, operadores, familiares, miembros de los partidos de gobierno, dirigentes sindicales fueron apoderándose de parcelas mas y mas grandes del Estado, del Poder Judicial y del Poder Legislativo en un lado de la cancha, mientra en el otro se ubicaron grandes empresarios, comerciantes, financistas, bancos, exportadores, en que ambos grupos conformaron una red compacta de prebendas y protecciones, todo esto a la vista e impaciencia de la ciudadanía que veía como el tiempo, energía y recursos de esas instancias se empleaban en la promoción de sus propios intereses y dejaba completamente abandonados sus deberes complementarios entre “El Responsable Principal” y el “Resposable Subsidiario”.

Puedo concluir que mas que borrar la Constitución completa, podemos corregir la parte que no se aplicó (la supervisión de la aplicación de la subsidiaridad) y reemprender la marcha. No falló el principio, falló la acción del estado para exigir, supervisar y hacerse cargo de las limitaciones que no permitían una fluída vida en común.

La subsidiariedad no es compatible con un estado masivo, incompetente, corrupto o pasivo, por el contrario exige agilidad, atención, iniciativa, calidad, rapidez y sobre todo honradez y estricto e invariable cumplimiento de las leyes.