La confesión de un ex conscripto que integró la patrulla que detuvo a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas, víctimas del “caso quemados” ocurrido en 1986, durante una jornada de protesta, nos ha hecho volver la mirada nuevamente al escabroso tema de las “violaciones a los derechos humanos” del gobierno militar.

Según el tribunal, las víctimas fueron detenidas portando “elementos incendiarios” y, al tratar una de ellas de huir, uno de esos elementos se volteó e inflamó quemando a Quintana y Rojas, quienes fueron auxiliados por los militares. A continuación el capitán a cargo de la patrulla, a solicitud de Rojas, los liberó en vez de trasladarlos a un centro asistencial, lo que le valió ser condenado por cuasi delito de homicidio (esto significa que la culpabilidad del capitán consiste en haber omitido prestar a Rojas el auxilio que le habría evitado la muerte, actuando no con mala intención sino con descuido).

La otra versión consiste en que los muchachos fueron detenidos, luego uno de los militares los roció con combustible para amedrentarlos y a continuación otro les prendió fuego, aunque según otro ex conscripto una de las víctimas accidentalmente volteó una de las botellas con combustible generando la inflamación. Después, por orden de uno de los oficiales, las víctimas desfallecientes fueron metidas en sacos y arrojadas a una zanja en un lugar solitario. El hecho quedó sellado con un pacto de silencio entre los militares que se habría roto el 21 de julio recién pasado, motivando la reapertura del caso.

La versión del tribunal se me hace creíble porque está contenida en una sentencia pronunciada luego de un debido proceso, con primera y segunda instancia y ratificada por la Corte Suprema, y además esto último en 1993, más de tres años después de acabado el gobierno militar. Que las víctimas hayan sido detenidas portando bombas incendiarias también es creíble, pues en esa época era común que opositores realizaran actos de violencia con el fin de impedir el normal funcionamiento del país, como lanzar bombas molotov a microbuses o poner bombas en la calle o en universidades.

En favor de la otra versión, me parece posible que unos militares jóvenes y desquiciados hayan querido amedrentar a las víctimas rociándolos con combustible y que luego un accidente haya provocado la inflamación. Que uno de ellos haya actuado intencionalmente se me hace difícil de creer, aunque no lo descarto; sí así fue, se trata de un acto de salvajismo horroroso. Sin embargo, también hay razones para dudar: la publicidad con que ha actuado la Srta. Quintana y el ex conscripto que habló primero (incluyendo abrazo de perdón a la madre Rojas televisado en directo) y que el caso se haya reactivado en el momento más oportuno para el gobierno de Bachelet.

Primero, no es lógico ni justo usar el caso para desprestigiar al gobierno militar, pues ni el Presidente Pinochet, ni su Ministro del Interior, ni autoridad alguna de la época dieron orden de quemar a Quintana y a Rojas, más aún, me atrevo a asegurar que si hubiesen podido hacer algo para evitarlo, lo habrían hecho. Incluso para aquellos que atribuyen a las autoridades de la época una perversidad que raya en lo patológico, resulta claro que un caso como éste era inconveniente para la imagen tanto interna como externa del régimen.

Por lo mismo, en mi opinión las declaraciones de la Srta. Quintana en el sentido de querer proceder judicialmente en contra de autoridades civiles del gobierno militar desperfilan su actuar. Entiendo su rabia, pero sus declaraciones le dan a su caso una connotación política que, al no contar con fundamento racional, contribuye a dudar de sus intenciones y a generar asidero a una teoría de la conspiración. Me explico: el caso resurge cuando la popularidad de la presidenta cae en picada y el gobierno se ve complicado en su empeño por cambiar la Constitución de 1980, lo cual obviamente refuerza la idea de una supuesta necesidad moral de acabar con todo vestigio de la obra del gobierno de las FF.AA.

En enero de 2013 el matrimonio Luchsinger-Mackay fue asesinado y quemado en su casa de campo. En mi opinión, además de la responsabilidad directa de los asesinos, a la izquierda le cabe responsabilidad moral pues el hecho se enmarca en un conflicto que ha sido alentado explícita e implícitamente por ella. ¡Si hasta parlamentarios han asistido a reuniones de “comuneros” apoyándolos en sus reivindicaciones! Más responsabilidad tiene la izquierda en este caso que el gobierno militar en el caso quemados. Y, por supuesto, la presidenta Bachelet no ha recibido en La Moneda a los hijos del matrimonio, como tampoco el presidente del Senado o un periodista les ha perdido perdón a nombre del país.

Por todo esto, lamentando profundamente el drama ocurrido a la Srta. Quintana y a su compañero, y condenando tajantemente el actuar de los militares de ser cierta la segunda versión, le digo a usted, estimado lector, que si es de quienes valoran la obra del gobierno militar, no se sienta acomplejado, ni amedrentado ni culpable: la izquierda NO tiene autoridad moral para hablar de derechos humanos ni la tendrá nunca. En la historia ningún grupo humano, fuerza política, ideología, país o entidad del tipo que sea ha causado más muertes y sufrimiento que el socialismo desde 1917. Los izquierdistas de nuestro país lo saben y, cuando nos muestran su odio por apoyar las “violaciones a los derechos humanos”, en el fondo es el odio que sienten hacia ellos mismos por no poder liberarse de su ideología.

Tomado del artículo de Gastón Escudero Poblete

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