RESUMEN ESTADISTICO DDHH de FFAA y Policiales /Abril 2017

Total de miembros de FF.AA y de Orden cumpliendo condena en Punta Peuco: Ejercito : 65. Armada : 07. Fach: 04.Carabineros: 37 PDI: 13 (pero no todos por DDHH; hay condenados por casos de drogas). Gendarmería: 01. Ejercito de Uruguay: 1. Total : 126. Con lo cual colapsó el Penal y de aquí en adelante los próximos ingresos serán al módulo ya habilitado en la Cárcel Común de Colina I.

1) SITUACION EJERCITO: • Causas en desarrollo: 510 • Fallecidos en situación de procesados o condenados: 20 aprox. Incluye 7 suicidios. • Afectados por Causas Judiciales : 533 aprox. • Condenados Cumpliendo Condena efectiva en Punta Peuco: 65, más 1 en Arica, 1 en Cárcel Alta Seguridad, 1 en La Serena,1 en Cauquenes. En total: 69. Más 30 aprox. que en breve ingresarán al Penal Colina 1 • Han superado, 08 miembros de las FF.AA, 20 años de prisión. El subversivo que más años estuvo en prisión fueron 16 años y medio. • Potenciales nuevas querellas: muchas en un número inestimable porque ahora se están presentando grandes cantidades por Tortura a lo largo del país. Fuente abierta ONG JURE.

2) SITUACION DE CARABINEROS. Carabineros Procesados y Condenados: • Procesados (Of. y Subof.): 345 aprox. 2 • Condenados en Punta Peuco: 37 • Condenados en Temuco: 4 • Fallecidos en proceso: 10 Total de situaciones judiciales que afectan a Carabineros: 500 aprox. Carabineros tiene en su historia Institucional 1.102 Mártires aprox., de ellos 352 caídos en combate contra la delincuencia o “violencia justificada con fines políticos“ (léase víctimas de las subversión). Es decir NO se violaron los DDHH de los Carabineros asesinados, ellos fueron “víctimas de la violencia política“. Sutil… Así El Mercurio de 13 Jun 2015 informa que el Cabo Luis Lemún (29), quién recibió disparo de escopeta en el rostro, emboscado en Cañete, VIII Región, por miembros de la CAM perdió la vista, hubo de ser ingresado a la Fundación Educacional para Ciegos Santa Lucía, donde está aprendiendo a caminar con bastón y leer en sistema Braille. El no es tema para las organizaciones y ONG’s de Derechos Humanos. Solo su Institución asume el dolor y la impotencia. Nota: aún en incierto el total de causas que afectarán a Carabineros. Fuente abierta ONG Caballeros del orden.

3) SITUACION DE LA ARMADA. • Procesados : 92 • Condenados cumpliendo condena en Punta Peuco: 04. • Fallecidos en situación de procesados: 10 (Entre ellos varios Almirantes). • Nuevas condenas a esta fecha: 03 ( Tres mujeres ). Prontas a entrar a cumplir. 3 Nota: Por ahora con un resultado incierto para el Personal de la Armada, porque el Ministro Arancibia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso reabrió 44 nuevas causas que afectan a Personal Naval.

4) SITUACION FUERZA AÉREA. • Procesos: 61 aprox.( Santiago 54,Temuco 5,Pto Montt 2 ,Valparaíso 1) • Condenado cumpliendo condena en Punta Peuco : 04 • Condenado cumpliendo condena en Puerto Montt: 01. • Personal involucrado en estos procesos: Oficiales 45, Cuadro Permanente 26, Empleados Civiles 21. Total: 92 personas.

5) SITUACION PDI: • Cumpliendo condena en Punta Peuco : 13 • Procesados: 24 aprox.

6) SITUACION DE GENDARMERIA: • Condenado cumpliendo condena en Punta Peuco : 01

SITUACIÓN DEL PODER JUDICIAL: Durante el mes de julio de 2015, el entonces Presidente de la Corte Suprema don Sergio Muñoz Gajardo señaló al Mercurio (17 Jul.2015) que a lo largo de todo el país a la fecha, en causas de DDHH, se ha procesado 1.073 funcionarios de las FFAA, dictado 281 sentencias condenatorias ejecutoriadas, 75 condenados a pena de prisión efectiva, 08 de estos obtuvieron beneficio penitenciario de Gendarmería y 03 bajo el sistema de 4 Libertad condicional, confirmó que no hay fecha de término para dichos procesos. Antes, al mismo medio, pero en 2014, había dicho:”Chile debería ser destacado como un ejemplo en la materia ya que se ha construido el mensaje que sucesos de esta naturaleza serán siempre investigados y sancionados por los tribunales cualquiera sea el tiempo transcurrido“.

La advertencia es más que clara. Para tramitarlas con especial atención, se han nombrado 29 Ministros en Visita a lo largo del país. A esto hay que agregar que la Corte Suprema falla en definitiva un promedio anual 12 causas aprox., lo que en la práctica significa que hay para 100 años como mínimo. A su vez, en Agosto 2013, la Corte Suprema cita a los 29 Ministros que a lo largo del país tramitan causa de DDHH, para entregarles una orientación general de cómo, en lo sucesivo, se debería abordar el tema, de manera que fueron alineados en un sentido determinado, el que a estas alturas parece claro.

Si a lo anterior sumamos que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema se está negando a conceder beneficios a los condenados, ingresarán a los penales una cantidad altísima de personal de las FFAA, 43 años después de ocurridos los hechos. Fuente: abiertas y en su momento Pagina Web de Poder Judicial. A mayor abundamiento el 27 de Marzo de 2015 mediante Boletín 8182-2010 informando consulta del Senado sobre proyecto de Ley41-2014, el Pleno de la Corte Suprema de Chile, vale decir sus 21 Ministros, en su numeral 05 del Oficio respuesta señalan textualmente: “El Estatuto de Roma representa una concreta expresión del mundo civilizado para defenderse de las situaciones extremas a que pueda ser sometido, desde que la experiencia universal es que al momento de buscar solución jurídica al conflicto y/o sancionar a los responsables no existía un sistema jurídico Penal adecuado, es el caso del término de la Segunda Guerra Mundial, en que los Tribunales de Núremberg no contaban con Legislación que contemplara delitos tan atroces como que los países ocupados se había cometido, lo mismo ocurrió en Chile en que la Legislación sustantiva no tienen delitos adecuados a esa realidad, pero sobre todo, en lo Procesal, las instituciones tradicionales, inhiben o impiden la investigación como lo son por ejemplo, la prescripción, la territorialidad y la 5 retroactividad de la ley Penal, como así también la disposición sobre amnistía normalmente ad doc. Bien sabemos que solo fue posible el procesamiento y la sanción, con lo que salvamos en parte nuestra responsabilidad histórica como depositarios de la jurisdicción, al introducir nuestras decisiones por la vía del artículo quinto de la Constitución, los conceptos de delitos de lesa humanidad, ius cogens y otros, que tratan de distinta manera aquellas clásicas instituciones jurídicas. Clara manifestación de esta realidad y futura y eventual necesidad es que en Chile, tras la adhesión al Estatuto de Roma se dictó la Ley 20.357 de 18 de junio de 2009, en que se tipifican los crímenes de lesa humanidad y genocidio y los crímenes y delitos de Guerra, disponible en su artículo 40 que “la acción penal y la pena de los Delitos previstos en esta Ley no prescriben” Todo muy claro entonces, el Poder Judicial reconoce ante el Poder Legislativo que no aplicará ni la prescripción ni la amnistía a hechos ocurridos hace más de 43 años y, peor aún, reconoce que en forma artificiosa vía artículo 5 del la CPE, introdujo normas condenatorias NO vigentes en Chile sino a partir de 2009 en adelante, a hechos acecidos hace 43 años atrás.

Como corolario de lo anterior el ex Ministro Solís, uno de los que más condenó uniformados, señaló en programas de TV (El Informante en foro con Hermógenes Pérez de Arce y también ante el Periodista Mosciatti) que su elucubración era “UNA FICCIÓN JURÍDICA “… Lo grave es que mediante ésta, se está condenado gente, dentro de un pretendido Estado de Derecho.

Sin embargo han surgido últimamente voces muy importantes sobre el tema jurídico aquí analizado: El Ministro de la Corte Suprema don Patricio Valdés señaló ante el Pleno del tribunal que “no era posible que se estuvieran aplicando figuras jurídicas ajenas a nuestra legislación positiva, aceptando principios internacionales” y en el reciente Fallo 2991 del Tribunal Constitucional en sus numerales 22 y 23, dichos Magistrados recomiendan a sus Colegas del Poder Judicial, hacer aplicable a los procesados y condenados por el Antiguo Sistema Penal los mismos beneficios procesales que tienes los del Nuevo Sistema Procesal Penal, todo ello en base al principio indubio pro-reo o más simple aún al Principio Constitucional de Igualdad ante 6 la Ley.

Es de esperar que los Jueces del Poder judicial tomen en consideración las versadas opiniones del Ministro Patricio Valdés y del Tribunal Constitucional.

SITUACIÓN DE LA SUBVERSION. Subversivos cumpliendo condena: NINGUNO. Están indultados, amnistiados o fugados. Varios tienen beneficios económicos de reparación, con un costo para el país de 200 MILLONES DE DOLARES al año aprox.

En virtud de la Ley de Transparencia se tuvo acceso a las cifras de los beneficios, solo a modo de ejemplo, en relación a los Exonerados, éstos comenzaron en 1993 con 100 millones de dólares anuales, aumentando significativamente hasta superar los 300 millones de dólares anuales desde 2009 en delante, de manera que en 20 años se han entregado 2.979 millones de dólares.

El aumento más importante fue el año en 1995, cuando creció abruptamente un 3.500% con respecto a 1994 (Fuente: Mercurio 23 de Sept. de 2013). Esto es solo por concepto de Exonerados, como se dijo. Ante la magnitud de la cifras y su repercusión para el Erario Nacional, se nombraron dos autoridades para investigar los hechos, Mireya López Ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y luego la Fiscal Ximena Chong, entre otras cosas, porque la Dirección de Presupuesto NUNCA ha revisado este programa ni sus fondos, en circunstancias que todos los programas públicos deben ser evaluados.

En 2015, la investigación arrojó los resultados con las primeras condenas a los Falsos Exonerados, por parte de la Ministro Mireya López, que por lo demás fueron muy pocos, no más de una docena, se sobreseyeron y se aplicó la prescripción en centenares de causas. No se sabe aún cual será el resultado final de la mencionada investigación.

Por ahora con muy poco futuro porque la Ministro reconoció la laxitud con que los parlamentarios emitían, por razones electorales, certificados de trabajo manifiestamente falsos, pero no condenó a ninguno y el Consejo de Defensa del Estado, a cargo del Abogado Piña, nombrado por Piñera, que persigue con ahínco a los Uniformados, esta vez NO 7 apeló, de manera que nos encontramos ante un caso cerrado y 3.000 Falsos Exonerados seguirán tranquilamente esquilmando al fisco.

Según antecedentes que ha dado a conocer públicamente (Radio Agricultura Programa “Directo al Grano” 27 Jun.016) el Senador Baldo Prokurica, los Exonerados son 75.000; de ellos 9.000 revisó la Contraloría y objetó 3.000 que no poseían los requisitos que exige la ley para calificar. Dichos antecedentes se remitieron a la Ministra Sumariante con los resultados ya señalados.

A esto habría que agregar que este número es solo de Exonerados; hay además, Torturados, Ejecutados y Exiliados, en números y cifras que es casi imposible dimensionar. Al respecto la Sra. Evelyn Matthei (El Mercurio 07 Dic.2015), opinó que esto le constaba, porque este escándalo explotó cuando ella era Ministra de Trabajo en 2013, señalando: “El Estado ha destinado aproximadamente TRES MIL MILLONES DE DÓLARES al pago de pensiones a exonerados desde 1994 a la fecha. En mi época el gobierno calculaba que el monto comprometido en el pago de pensiones irregulares podía ser alrededor de MIL MILLONES DE DÓLARES en los últimos 20 años.”.

Tan es así que se le paga hasta al Comandante Salvador (Apablaza), uno de los asesinos del Senador Jaime Guzmán, fugado y protegido por el Kirchnerismo en Buenos Aires. Desglose de indultos: a) Presidente Aylwin: 283 (sólo subversivos) b) Presidente Frei: 343 (delincuentes comunes) c) Presidente Lagos: 244 (entre delincuentes comunes y ley especial para subversivos) e) Presidenta Bachelet: 62 (delincuentes comunes) f) Presidente Piñera: 01 (una Pastora Aymará del Norte ) TOTAL : 906 De esta cifra sólo UNO benefició a un Militar (Caso Tucapel Jiménez).

NOTA: se advierte que de los 906 beneficiados, no todos son subversivos, hay también narcos y delincuentes comunes. En todo caso, quién mas benefició subversivos fue Patricio Aylwin, alrededor de 283, la mayoría involucrados en hechos de sangre. A su vez, Ricardo Lagos excarceló a los últimos extremistas que quedaban encarcelados por delitos de sangre, pasando por el Congreso una Ley de Unificación de Penas, de manera que el que hubiere cumplido 10 años preso, quedaba en inmediata libertad.

Así fueron liberados los últimos MIR, Manuel Rodríguez, Lautaristas y movimientos guerrilleros afines. Basta con recordar que sólo el Lautarista Diego Ossandón Cañas, que con su equipo asesinó a casi 20 personas, murió de cáncer en libertad. Se hace presente que los indultados por Frei, Bachelet y Piñera son sólo delincuentes comunes. De todas formas, el subversivo que más tiempo estuvo preso enteró 16 años; Uniformados en cambio hay 08 que pasaron los 20 años, entre ellos varios octogenarios. De hecho, uno de los últimos en ingresar al penal de Punta Peuco fue el Sr. General ® Fach Ruiz Bunger con 87 años de edad.

El promedio de edad de los condenados es de 75 años, porque hay muchos presos de 80 a 90 años. Arrastran enfermedades, como cáncer terminal, Alzheimer, diabetes, problemas de desplazamiento, males propios de la Tercera Edad. Por eso en los países desarrollados dichas personas cumplen su sanción en su domicilio o en clínicas.

SITUACION DEL PODER POLITICO Con el advenimiento del Gobierno actual, la presión hacia las FFAA se ha radicalizado. En efecto, la Oficina del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, ha seguido presentado nuevas querellas y acciones lo largo de todo el país, principalmente en Santiago, San Miguel, Concepción, Chillán, Temuco y Valdivia.

Incluso se oponen a los beneficios que han otorgado los Tribunales relativos a penas alternativas para los ex – 9 funcionarios. El equipo jurídico lo componen alrededor de 20 Abogados, nombrados por los Gobiernos de la Concertación. Continúan con especial ahínco tramitando las causas antiguas y patrocinando las nuevas.

Se da la paradoja que el Uniformado llevado a juicio por hechos acaecidos hace 43 años enfrenta a varios adversarios potenciales: los querellantes particulares, la Oficina-Programa del Ministerio del Interior, el Consejo de Defensa del Estado en algunos casos y eventualmente al Instituto de Derechos Humanos que también está facultado para denunciar.

La desproporción es entonces evidente. En cuanto a la promesa del entonces candidato Sebastián Piñera, en el Circulo Español, ante cerca de mil miembros en retiro de las FFAA, en el sentido de hacer aplicar la ley para que los juicios “no se eternicen” en el tiempo, fue solo una promesa incumplida y, peor aún, cerró el Penal Cordillera, enviando a los más ancianos y enfermos también a Punta Peuco.

El Mercurio de fecha 30 Nov.2014 da cuenta del abultado aumento del presupuesto del INDH en el erario 2015, mediante ley despachada por el Congreso que duplica la disponibilidad de fondos del organismo. En efecto, fueron 3.823 millones para 2015 versus 2.017 millones de 2014, vale decir, un 85% más. Se dijo que era para abrir nuevas sedes y filiales a lo largo del país, que se sumarían a la ya existente en Santiago y se enmarca dentro del compromiso de la Presidenta Bachelet en “reforzar el trabajo“ del organismo.

Lo que con seguridad se transformará en un incremento de la persecución judicial a las FFAA. Recientemente, en Diciembre pasado, se creó con la firma presidencial la Subsecretaría de de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia. No cambió un ápice ésta del sesgo político que siempre ha caracterizado a estos organismos tanto en el plano nacional como internacional. Así se nombró como Directora Nacional a la Militante Socialista Lorena Fries quien se caracterizó por su sesgo político en el INDH.

En efecto las FFAA y de Orden ni siquiera están representadas por algún civil que haga valer sus derechos, es más, una de sus primeras intenciones fue de “no conceder ningún beneficio penitenciario o extra carcelario, a los condenados por DDHH “en circunstancias que esos beneficios están concedidos y autorizados por LEY, para todos 10 quienes cumplen alguna condena a lo largo del país. Esa fue la carta de presentación del recientemente creado organismo que nació cooptado por la izquierda.

– SITUACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL Nadie se quiere involucrar… “NO ES TEMA“, como dicen allá. Cabe destacar intentos que hicieron por dar una solución final algunos parlamentarios solamente. La Derecha prefiere no intervenir y hoy, además, no tienen mayoría en ninguna de la dos Cámaras como para pasar un proyecto de ley definitivo, como lo hicieron la Concertación, Patricio Aylwin y Francisco Cumplido. Con los votos de la misma Derecha por cierto. Y en esa oportunidad la frase para en bronce la dijo el Senador Hernán Larraín (UDI) : “ este beneficio que no se entienda como una moneda de cambio para después favorecer Militares…”. Todo muy claro.

CONSIDERACIONES FINALES: Si bien han surgido voces transversales favorables en los ámbitos políticos y religiosos, como el Padre Fernando Montes, Abogados de izquierda como José Zalaquett, Salazar Ardiles, en el ámbito Judicial nada menos que el Presidente de la Corte Suprema don Hugo Dolmestch, Parlamentarios como José Antonio Kast, Baldo Prokurica, María José Hoffman y Jacqueline Van Rysselberghe, entre otros, apoyando una solución humanitaria definitiva para los Presos Militares, esta eventual iniciativa necesariamente pasa por tramitar una ley en el Congreso, en el que la izquierda tiene mayoría en ambas Cámaras, de manera que, de no prosperar una eventual proyecto de este tipo, los Uniformados caerán en prisión uno a uno, en un número absolutamente indeterminado por la cantidad de causas que hay abiertas y las que están apareciendo a los largo de todo el país ahora por Torturas, uno de cuyos principales objetivos es obtener indemnizaciones económicas por parte del Estado. Si se dejan las cosas como están, la Justicia seguirá inexorablemente condenando Uniformados por “Ficciones Jurídicas“.

Marcelo Elissalde Martel Abogado, Abril 2017

El autor es Abogado de la Universidad de Chile, Profesor de Derecho Político, Magister en Derecho Público e Investigador y Observador de Derechos Humanos.