Por Cristián Labbé Galilea

El unánime fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, revocando la sentencia del Ministro Madrid que establecía que el Presidente Frei Montalva había sido asesinado por “agentes de la dictadura”, si bien -como era de esperarse- fue tratado mezquinamente por la prensa, con algunas excepciones, no se puede negar que dejó “epaté” a quienes por años se venían dado un festín con el tema.

Qué visita del Presidente Fernández, qué juez Guzmán, qué renuncia de Briones, qué triunfo de la Rincón, ¡qué payasadas ni qué ocho cuartos…! Nada de eso, lo importante es que por fin se empiezan a ver luces de verdad y justicia en nuestro país.

El análisis jurídico del fallo, en su forma y fondo, sin lugar a duda lo harán los especialistas; sin embargo, para cualquier lego en materias judiciales -entre los que incluyo a mis contertulios-, este es un dictamen contundente, ya que descarta de plano la tesis de que Frei Montalva fue víctima de un homicidio por envenenamiento. Una por una las pruebas, los informes de las peritas Börgel y Cerda, y los argumentos de Madrid, fueron descalificados mediante prolijos razonamientos. Ni qué decir de la vergüenza que da leer en el fallo que el Ministro acusador cae recurrentemente en faltas de ortografía, puntuación y redacción…

Con todo, sobre el tema hay algo que no se ha dicho con claridad, y es que todo este entramado fue ideado por “perversos carpinteros de la política”, para blindar ante la historia al presidente Frei Montalva, y de paso a la Democracia Cristiana, por su responsabilidad en haber justificado y apoyado el pronunciamiento militar del 73. A nadie se le puede olvidar las declaraciones del exmandatario señalando que: “los militares salvaron al país”, o la carta a Mariano Rumor afirmando que la intervención militar era inevitable.

Hay que decirlo derechamente: acusar al gobierno militar de haber causado la muerte del expresidente no sólo daba a la familia Frei la posibilidad de conseguir una jugosa indemnización, sino además hacía del exmandatario “una víctima de la dictadura”, con lo cual se abría la oportunidad de proyectarlo, ante el mundo, por sobre la figura de Allende. Esto sin que, a los constructores de ese andamiaje político, les importara que calificados falangistas y médicos fueran injustamente inculpados y procesados.

Lo cierto es que hubo quienes nunca creyeron la tesis del magnicidio, pero también reconozcamos que un grupo no menor de incautos fueron atrapados en un tinglado de falsas conspiraciones, y otros -como el propio gobierno- se aprovecharon creyendo que podían llevar agua a su molino.

Como me dijo un locuaz parroquiano… “si bien coincidió, no fue el terremoto el que les echó abajo el andamiaje que los políticos construyeron en torno al caso: fueron sus mentiras”.

Por fin, se les vino abajo el tinglado. Ahora la verdad y la justicia comienzan a demoler esa perversa estructura política, jurídica y comunicacional, que por años ha fomentado en el país una cultura de venganza y mentira.