La verdad de los estallidos delincuenciales:

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¿Habrá un nuevo estallido si asume un gobierno de derecha?

Por Sergio Muñoz Riveros

Ex-Ante

En los debates presidenciales, los periodistas deberían emplazar a los 8 candidatos a pronunciarse respecto de su compromiso con las reglas del juego establecidas por el Estado de Derecho. Les podrían preguntar, por ejemplo, qué harían en el caso de que vuelvan a producirse actos vandálicos como los incendios del Metro, los saqueos al comercio o la quema de iglesias.

Es enteramente válida la inquietud respecto de qué pasará con la paz social luego del cambio de gobierno en marzo próximo. Pero, eso no justifica dar a entender que la pesadilla del estallido antisocial vendrá inevitablemente en el caso de que asuma un gobierno de derecha, lo que puede ser usado por unos u otros para ganar puntos en la competencia electoral y, como consecuencia directa, crear un sentimiento fatalista que termine debilitando los mecanismos de autodefensa de la sociedad.

El economista Jorge Desormeaux, esposo de Evelyn Matthei, agitó las aguas recientemente al decir: “Yo creo que vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de Kast que en un gobierno de Evelyn Matthei. Es el enemigo ideal para la gente de extrema izquierda”. Es muy discutible el sentido político de tal razonamiento, puesto que podría interpretarse como que no hay que irritar a los violentos.

Ello llevó a Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, a recordar que, en 2019, el gobierno de Sebastián Piñera, que representaba a la centroderecha, enfrentó un intento de derrocamiento, y que eso podría reeditarse con cualquier gobierno al que se oponga la izquierda radical. Ella no desaprovechó la oportunidad regalada, y afirmó que en la calle se dice que Kast es “la única persona que vemos con los pantalones puestos” para enfrentar tal amenaza.

En realidad, ninguno de los aspirantes a la Presidencia está en condiciones de presentarse a sí mismo como quien puede garantizar que la paz social no será alterada. Aunque se entiende que todos echen mano a diversos recursos para sumar votos, hay que tratar de que este asunto no sea usado para maniobrar en el límite. Si llegara a repetirse una experiencia como la de 2019, la única respuesta racional sería llamar a moros y cristianos a defender la democracia.

La pugna de las corrientes de derecha no puede llegar al punto de confundir a los ciudadanos acerca de cómo actuar frente a un intento sedicioso. Algún bochorno debería existir en su seno por las confusiones, los cálculos partidistas y los oportunismos que hubo en 2019, cuando no pocos dirigentes, al parecer resignados al derrumbe, flaquearon en el momento de respaldar al presidente Piñera. El discurso “social” les sirvió para cubrir sus miedos y ambigüedades.

El octubre negro es el peor ataque sufrido por el régimen democrático desde la recuperación de las libertades, y vino desde donde todos sabemos. Quedaron marcadas las huellas digitales de los sectores golpistas de izquierda que, alentados por la indolencia de la centroizquierda, hicieron funcionar una verdadera tenaza: el vandalismo en las calles y la confabulación en el Congreso. No les preocupaba que se hundiera el régimen democrático; su prioridad era el asalto al poder de acuerdo a la modalidad financiada por Caracas.

Parte de la herencia envenenada de 2019 fue el clima de amedrentamiento aprovechado por los instigadores de la violencia. Descubrieron que esta poseía “propiedades persuasivas” que les servían para ganar influencia y poder. Tres días antes del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, Daniel Núñez, senador del PC, planteó sin tapujos: “Si gana el Rechazo, la crisis que se levantó con el estallido social va a volver a manifestarse” (La Segunda, 1/09/22). Esa ha sido la técnica perfeccionada en estos años.

En los debates presidenciales, los periodistas deberían emplazar a los 8 candidatos a pronunciarse respecto de su compromiso con las reglas del juego establecidas por el Estado de Derecho. Les podrían preguntar, por ejemplo, qué harían en el caso de que vuelvan a producirse actos vandálicos como los incendios del Metro, los saqueos al comercio o la quema de iglesias. Sería una burla que algunos de ellos aprovecharan las ventajas que les ofrece la democracia para postular a la Presidencia, y que, al mismo tiempo, dejaran en la nebulosa su lealtad con esa misma democracia.

Más vale ponerse en el escenario de que se repita la agresión político-delictual a nuestra convivencia. Lo primero es aprovechar las duras lecciones que nos quedaron. No puede haber dudas respecto de la obligación del Estado democrático de defender las libertades y proteger a la población con todos sus medios. En 2019, con las fuerzas de Carabineros golpeadas y sobrepasadas en muchos puntos, tuvo éxito la campaña de algunos parlamentarios para inhibir la presencia de los militares en las calles con el pretexto de que traía malos recuerdos. En los hechos, buscaron dejar el campo libre a los “guerreros de la molotov”.

Para preservar la paz social, solo nos sirve el compromiso de sostener el régimen democrático contra viento y marea. Ello implica no contemporizar con los violentos, cualesquiera que sean las banderas que levanten. El Estado tiene deberes superiores que no puede dejar de cumplir, y la comunidad tiene que asumir los suyos. Todos debemos asimilar la dolorosa experiencia de hace 6 años.